martes, 24 de septiembre de 2013

YO NO VOTÉ LA CONSTITUCIÓN...

Leo en el diario EL PAÍS que el Sr. Miguel Ayuso Torres, actualmente Teniente Coronel, catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad Pontifica de Comillas y presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, será promocionado por el Ministerio de Defensa. Quizás sus méritos sean sus declaraciones sobre la Constitución Española, de la que ha dicho “Estamos en presencia de una seudoconstitución, que no puede tener principios en función de su origen bastardo y espúreo. El sistema [constitucional] del 78 se basó en la mentira, por lo que antes o después tenía que desmoronarse. El desfondamiento institucional, moral y religioso hace, sin embargo, que no podamos celebrar en exceso el fiasco”. Escalofriante...

Como jurista no puedo poner en duda que la Constitución Española se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, e informa y vincula a cualquier norma que se emita, sea por parte del parlamento estatal o por cualquiera de los parlamentos autonómicos. Su vulneración comporta la inconstitucionalidad de la norma que la haya contrariado. Y ahí está el Tribunal Constitucional para velar por "la protección de la supremacía constitucional, y la consiguiente depuración del ordenamiento de las normas contrarias a los mandatos constitucionales", o eso es lo que dice el preámbulo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero, tengo que decirlo claramente, la Constitución no está legitimada...y es que yo no la voté...!

El Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución... que tuvo lugar el miércoles 6 de diciembre de 1978. Se llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto. La pregunta planteada fue "¿Aprueba el Proyecto de Constitución?". El Proyecto fue aprobado por el 87,78 por 100 de votantes que representaba el 58,97 por 100 del censo electoral". Esos datos suponen que votaron a favor 15.706.078 de ciudadanos, sobre un total censado de 26.632.180. ¿Que diría Soraya Sáenz de Santamaría sobre los prácticamente 11.000.000 de ciudadanos que no votaron?. Entiendo que eso implica que estaban en contra de la Constitución, o les importaba muy poco.



Pero, insisto, yo no voté la Constitución. Tenía en aquel momento 8 años, evidentemente, y aunque en el hogar de mis padres también teníamos un ejemplar de aquella norma -en papel claro, aún no existían los tablets-, intenté leerlo, y no lo entendí...hoy 35 años después, tras haber estudiado derecho constitucional -aunque en mi época de estudiante aún le denominaban derecho político-, y habiendo leído en alguna ocasión los artículos de aquella, sigo sin entenderla, y sigo sin haberla votado. Como tampoco la han votado quienes en aquel lejano 1978 eran menores de edad, o todos los que nacieron con posterioridad...y somos varios millones.


Y como decía antes, de verdad, yo la Constitución no la entiendo. Como es posible, y pongo los siguientes ejemplos, que se estén produciendo las siguientes situaciones:

- La CE dice que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reeducación y la reinserción social (art. 25.2) , y que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15). Y sin embargo, el actual Gobierno del PP aprueba la cadena perpétua, a la que denomina prisión permanente "revisable". 


- Señala el art. 35 CE que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Y sin embargo, son ya más de 6 millones las personas desempleadas en este país. Y en cuanto a la "remuneración suficiente", el salario mínimo interprofesional apenas supera los 640 euros mensuales. Y sin olvidar los continuos recortes en su remuneración que sufren los funcionarios desde hace varios años.



- Indica el art. 37.1 CE que "la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". Y sin embargo, la reforma laboral del PP establece sin ningún tapujo todas las restricciones posibles para evitar que los sindicatos puedan negociar y dejar sin efecto los convenios actuales.

- Dice el at. 41 CE que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo", y el art. 50 afirma que esos mismos poderes públicos "garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Y sin embargo, el PP -y antes el PSOE- reforman el sistema de pensiones y elevan la edad de jubilación, se reduce el importe medio de las pensiones, se desvincula la actualización de las pensiones del IPC real, y se golpea brutalmente la protección de desempleo, fundamentalmente la que actúa como paso previo a la jubilación, es decir, el subsidio de mayores de 55 años.

-  Afirma categóricamente el art. 43 CE que "se reconoce el derecho a la protección de la salud". Y sin embargo se privatiza su servicio, poniendo además precio, muy alto, al acceso a las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas. Quien quiera salud, que la pague.

- El art. 47, literalmente, dice: "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Y sin embargo nadie nos avisó que los bancos tenían un derecho aún mayor para robarnos con sus hipotecas, y el sistema judicial a su servicio para desahuciarnos si no pagamos.

- Y, en el primer artículo de la Constitución se afirma que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Y sin embargo, el PP ya se ha encargado de destrozar el apelativo "social" por el de "neoliberal", el de "democrático" por el de "autoritario" -¿cuantos reales decretos-ley han publicado ya?... y escaso pluralismo político, cuando fomentan descaradamente la alternancia bipartidista PP-PSOE, dos caras de la misma realidad neoliberal, evitando el ascenso de cualquier partido que pueda ser contrario a los "mercados".

- Y sin embargo, al margen de los ciudadanos, el PPSOE reforma el art. 135.3 CE de la Constitución para establecer que "los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta". Y aunque el 28% de las pensiones de este país se perciben con complemento de mínimos, a pesar de más de 6 millones de desempleados... la deuda con los bancos alemanes y el Banco Central Europeo se han de pagar antes que atender a las necesidades de los ciudadanos españoles -o residentes en España, que también son seres humanos-. Repugnante.

Son muchos los "y sin embargo"...Y no, yo no estoy de acuerdo con el Sr. Miguel Ayuso Torres, ni comparto su ideología -afortunadamente- pero, ya que no se cumple, recuerden señores políticos que se escudan en la Constitución para defender el actual sistema opresor, que yo, así como otros cuantos millones de ciudadanos, no votamos esta constitución...



4 comentarios:

  1. Y la Ley de Enjuiciamiento Civil... ¿la votaste?

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  2. Hola,yo tenia quince años y tampoco la vote,de haber tenido la edad legal para hacerlo la hubiera rechazado pues no hubiera dado mi consentimiento a que con esta Constitución se diera legitimidad a un régimen monárquico con el que no estaba,estoy ni estare de acurdo pues fue designado como por aquel que durante cuarenta años coacciono y coarto los derechos y libertades de un país al que sometio mediante las armas.

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Te contestaré lo más rápido que me sea posible, pero ten paciencia. Mi opinión no sustituye la de un profesional jurídico que pueda asesorarte directamente y examinar documentación.