Ya se está tramitanto el Proyecto de Reforma de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a las que se concedieron nuevas prerrogativas en materia de control de los procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes mediante el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (acceso a un breve comentario). No analizaremos dicha reforma hasta que sea finalmente aprobada, pero si me gustaría, para que veamos por donde va la reforma del Partido Popular, las opiniones de tres diputados, todos ellos bastante alejados entre sí ideológicamente, pero que coinciden en que no debería aprobarse esta reforma. A saber:
—Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En definitiva, un Proyecto de Ley de Mutuas debería —tras la experiencia de estos últimos veinte años, que ha acreditado que no gestionan mejor la incapacidad temporal de contingencias comunes, ni otras prestaciones, y que ha habido despilfarros y mala gestión administrativa— haber concretado su campo de actuación de nuevo a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y haber acometido las verdaderas reformas que se necesitan, que en ningún caso deben ir hacia la privatización de la gestión de la Seguridad Social para supuestamente ahorrar, cuando esto se ha demostrado falso. Por todo ello se presenta la siguiente enmienda a la totalidad y se solicita la devolución del texto al Gobierno.
—Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social (en adelante «Ley de Mutuas») impulsada por el Gobierno, supone un retroceso importante en sistema público de Salud, una vía abierta a la privatización de importantes servicios sanitarios y un más que previsible atentado contra la salud de los trabajadores y trabajadoras. Las actuales Mutuas Patronales (no nos olvidemos nunca de que ese es su verdadero carácter, «patronal», y, por lo tanto, «privadas») en cuanto estructura privada paralela a la Seguridad Social y colaboradora oficial de esta, tan solo existe hoy en toda Europa en el Estado español y Alemania, si bien aquí con otro carácter diferente. En el resto de países las Mutuas desaparecieron hace ya medio siglo quedando con carácter general estas competencias en manos de la Administración Pública. Sin embargo, aquí, al igual que sucedió con otras instituciones franquistas, las Mutuas siguieron campando a sus anchas y eso, al entender de Amaiur y de muchos especialistas en la materia, tiene bastante que ver con el crónico puesto de cabecera que el Estado español ocupa en la Unión Europea en materia de accidentes de trabajo y ocultación de enfermedades profesionales
—Miguel Ángel Heredia Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En resumen, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno del Partido Popular por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en vez de afrontar los problemas indicados y que hoy se presentan en la gestión de estas Entidades, se dirige a acentuar el control por parte de las Mutuas en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en base a una desconfianza en la actuación de los profesionales de la atención primaria, incidiendo de forma negativa en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y profundizando en el propósito de privatización de servicios esenciales, que es una de las banderas con las que siempre ha actuado el Gobierno del Partido Popular, pero que se ha acentuado en la presente legislatura. Los socialistas no podemos ser cómplices de esta actuación, ni compartir los objetivos de la reforma. Y por ello, solicitamos de esta Cámara que se proceda a la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, al tiempo que reiteramos y reafirmamos nuestra voluntad de diálogo y cooperación en una reforma de la regulación de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, precedida de una reflexión serena y completa sobre la actuación en el siglo XXI de unas Entidades casi centenarias, previo acuerdo social.
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