sábado, 18 de septiembre de 2021

DISECCIONANDO UNA RESOLUCIÓN DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. EXPLICACIÓN PRÁCTICA.

Como no es fácil para el común de los mortales entender una resolución de una pensión de jubilación, aquí "cuelgo" una resolución anonimizada, y a continuación explico los aspectos más interesantes para entender la misma.

EXPLICACIÓN PRÁCTICA DE UNA RESOLUCIÓN DE JUBILACIÓN

1. La decisión administrativa.

 


Aquí nos aparecen los datos de la persona que accede a la pensión de jubilación, el número de expediente, y la Dirección Provincial que ha resuelto (lugar de residencia del beneficiario), así como la fecha en que se ha dictado el acto administrativo.

Importante, ya nos manifiesta que, si hay disconformidad con la resolución administrativa, la forma de impugnación es mediante reclamación previa del art. 71 LRJS, mediante escrito ante la misma Dirección Provincial, en la que manifestaremos nuestros motivos de oposición. La fecha de 30 días hábiles no se inicia desde la fecha de la resolución, sino desde su notificación.

  

2. Características de la prestación reconocida.

 



Por partes:

Régimen: GENERAL. Refleja el régimen de la seguridad social por el que se accede a la pensión de jubilación, en este caso, el Régimen General.  Normalmente es aquel en que el pensionista acredita un mayor número de cotizaciones.

La Base reguladora, en este caso 890,98 € es el resultado del promedio, en este caso al ser una resolución del año 2020, del cálculo de las bases de cotización de los últimos 23 años, según anexo que veremos más adelante.

Porcentaje de la pensión: 66,800%. Éste queda fijado por el “total de años cotizados”, que como podemos ver es de “21 años y 259 días”. Así, a los 15 primeros años le corresponde un porcentaje del 50% (a), y el resto, que son 6 años y 259 días, hay que transformarlo en meses, lo que supone 16,8 meses (b). Por tanto, (a+b) son 66,800%, que es el resultado de multiplicar los 16,8 meses por 0,21% mensual y sumarle el 50% de los primeros 15 años de cotización.

Coeficiente global de parcialidad. En este caso es del 91%. Aquí lo que se determina es, en función del trabajo y cotización realizada por el trabajador a lo largo de su vida laboral, la incidencia del trabajo a tiempo parcial (un coeficiente del 100% significa que no ha trabajador a tiempo parcial). Es muy importante porque reduce el tiempo de cotización del trabajador para acceder a la pensión. En este supuesto la trabajadora ha alcanzado sin problemas la cotización mínima de 15 años (5.475 días), pero en aplicación del CGP del 91%, con 4.982 días, o sea, algo menos de 14 años cotizados, también habría accedido a la pensión.

Número de pagas anuales. Al ser la jubilación una pensión de contingencia común, el abono de la pensión siempre es en 14 pagas idénticas, que se perciben en junio y noviembre.

Tipo retención IRPF. La pensión de jubilación está sujeta al impuesto del IRPF, al estar asimilada a los rendimientos del trabajo. En este supuesto es “cero”, debido a que se trata de una pensión final muy pequeña. También ha de valorarse que el INSS, como pagador, computa el pago que efectuará anualmente a efectos del impuesto, por lo que es usual que si se reconoce, en pensiones más altas, por ejemplo, la pensión en junio, no haya retención en ese ejercicio, pero al recalcular los pagos que efectuará en el ejercicio siguiente, sí exista retención.


3. Pensión final.

 



Determinada la base reguladora (890,98 €) y el porcentaje por años cotizados (66,800%), la pensión inicial mensual es de 595,17 €.

Revalorizaciones. No corresponde en este caso porque solo se revalorizan las pensiones a partir del año posterior al reconocimiento.

Mínimos. Hace referencia a la cuantía mínima reconocida anualmente para cada tipo de pensión. Aquí, al ser tan baja la pensión inicial (595,17) y ser la pensión mínima de jubilación en 2020 de 648,70 €, se le reconoce un complemento mensual de 53,53 €. Ojo, porque el complemento es diferente según la prestación, situación familiar, ingresos propios e incluso puede no reconocerse si coinciden en el beneficiario dos pensiones.

Complemento de maternidad. Ahora llamado complemento de brecha de género, habiendo cambiado sus características. Es este caso, con dos hijos, tiene un incremento del 5% sobre su pensión inicial al tener dos hijos (lo que computa es “haber tenido los hijos”, no que a día de hoy sean dependientes de la madre), por tanto, 29,76 € mensuales. Con el nuevo complemento, que es una cuantía fija por hijo de 27 €/mes, habría percibido 54 € mensuales.

Ya tenemos por fin la pensión mensual final, que es la suma de abonos menos el IRPF: 678,46 €.

 

4. Desglose del cálculo de la base reguladora.

 Como indicábamos, la base reguladora es en este caso el promedio de los últimos 23 años de cotización (a partir de 2022 serán 25 años):

 


Cuestiones a tener en cuenta:

Aquella suma de cotizaciones de 286.895,02, que se corresponde con 276 meses, se divide por 322, que es múltiplo de 14 (recordemos que se cobra la pensión en 14 pagas, y por eso se hace esta operación).

Los últimos 24 meses lo son por su valor nominal:, sin actualizaciones:


 

Los anteriores años, se actualizan según el IPC -índice de actualización-, lo que da lugar a “bases actualizadas”. Por ejemplo:


La base de cotización de abril de 2011, actualizada, supone un incremento hasta 1.187,57 €.


5. Derecho a la asistencia sanitaria.

 Y finalmente, se nos informa que, no solo hay derecho a la prestación económica, sino también al derecho a la asistencia sanitaria como pensionista.

 


Espero que está "disección" sirva para entender un poco mejor una resolución de jubilación.

martes, 14 de septiembre de 2021

BREVE COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES .

Recientemente comentaba el Borrador de Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones" (aquí). Pues bien, ya se ha publicado en la web del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley (aquí). Básicamente, y remitiéndome a lo ya reseñado en la anterior entrada, supone:

- Establecer la revalorización anual de las pensiones contributivas según el IPC medio del mes de noviembre del año anterior, sin que un posible índice negativo suponga reducción alguna de la pensión. Lo mismo se establece para los pensionistas de Clases Pasivas.

- Exención de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y los trabajadores por cuenta ajena por contingencias comunes (también para desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional), salvo por incapacidad temporal, cuando el trabajador llegue a su edad de jubilación ordinaria. Se entenderán como cotizados a los efectos de acceso y determinación de la cuantía de las prestaciones, sin que eso suponga entonces un perjuicio para el cálculo de su pensión futura. Sí cotizan, por tanto, por la contingencia de AT/EP.

- La misma exención se establece para los trabajadores autónomos

- Se establece un nuevo procedimiento para determinar que trabajadores pueden acceder a la jubilación anticipada por razón de su actividad, permitiendo que conjuntamente sindicatos y organizaciones empresariales puedan solicitar el inicio del reconocimiento de los colectivos afectados por trabajos con siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad, acreditadas mediante los estudios pertinentes. Se incluye ahora a los trabajadores autónomos. Ahora bien, el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo. Se establecerá una cotización adicional, la anticipación de la edad no podrá ser inferior a los 52 años... y todo queda pendiente de desarrollo reglamentario.

- Se crea un nuevo art. 206 bis LGSS en el que permanece la posibilidad de realizar jubilación anticipada por discapacidad, bien por las dos vías ya existentes, una la de las personas con un 65% reconocido, la otra con un 45% y por enfermedades concretas. Habrá que ver el desarrollo reglamentario, ¿se rectificarán los reglamentos existentes?. No se permite acceder a dicha modalidad con menos de 52 años. En principio no observo novedad alguna.

- Con respecto a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria del art. 207 LGSS:

1) El servicio social femenino se equipara a prestación social y servicio militar de los hombres para acreditar los 33 años de cotización.

2) Se amplían los supuestos que dan acceso a esta modalidad, y en concreto, la extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. También en estos supuestos, como en las extinciones por causas objetivas, se ha de acreditar o bien haber percibido la indemnización legal, o bien haber reclamado judicialmente su abono.

3) La reducción por anticipar la edad ordinaria de jubilación ya no será por trimestres o fracción del mismo, sino por meses o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. La reducción será diferente según un escalada de años cotizados.

4) Los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora resultante según los años cotizados, sin que pueda superarse el importe de la pensión máxima establecida cada año reducida en un 0,50% por trimestre o fracción en que se anticipe la jubilación.

- Con respecto a la jubilación anticipada voluntaria del art. 208 LGSS:

1) También aquí el servicio social femenino se equipara a prestación social y servicio militar de los hombres para acreditar los 35 años de cotización.

2) También aquí la reducción por anticipar la edad ordinaria de jubilación ya no será por trimestres o fracción del mismo, sino por meses o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. La reducción será diferente según una escala de años cotizados.

3) Quien perciba el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, al menos durante tres meses, le serán de aplicación los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de esta concreta modalidad.

4) ¡¡¡Ojo!!!. Una de las reformas "estrella" es que, aunque en principio los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora resultante según los años cotizados, si de aquel cálculo resulta que la base reguladora es superior al importe de la pensión máxima (para 2021 son 2.707,49 €), los coeficientes reductores se aplicarán sobre la indicada pensión máxima. Se excepciona a quien acceda desde la percepción, al menos durante 3 meses, del subsidio de desempleo, a los que se aplica el "descuento" de la misma forma que a los jubilados anticipadamente de forma involuntaria. No obstante, esta nueva penalización no sería de aplicación hasta 01/01/2024, y con una transitoriedad de 10 años, em que se irán incrementando los porcentajes de reducción. Y se establece, una especie de cláusula de salvaguarda que permite las reducciones de la anterior normativa si el trabajador extinguió su relación laboral antes de 01/01/2022 o posteriormente a esa fecha, pero por eres, etc... anteriores también a ese momento.

- Se establecen nuevos incentivos para quien realice la jubilación "demorada", o sea, para quien, teniendo en cuanta años completos de retraso, se jubile después de su edad ordinaria de jubilación. Y en concreto:

1) Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión.

2) Una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió la ordinaria de jubilación y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía vendrá determinada en función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas indicadas. 

3) Una combinación de las soluciones anteriores en los términos que se determine reglamentariamente.

En todo caso, la indemnización a tanto alzado es incompatible con la jubilación activa, la parcial, la flexible y a quien accede desde una situación "asimilada a la de alta".

- En cuanto a la jubilación activa, ahora se exige como requisito nuevo que el acceso a la pensión sea al menos un año después de haber cumplido la edad de jubilación.

- Se mantiene, ahora ya con carácter indefinido, la cláusula de "salvaguarda" de la DT 4º, apartado 5º LGSS, o sea, la posibilidad, ya para pocos trabajadores, de poder jubilarse de acuerdo a la normativa anterior a la Ley 27/2011.

- Se establece un complemento para mejora de las pensiones de jubilación de los beneficiarios con al menos 44 años y 6 meses de cotización que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada "involuntaria" entre el 0/01/2002 y el 31/12/2021. Será el INSS quien lo haga de oficio, y siempre y cuando la pensión hubiese resultado superior de aplicarse los nuevos coeficientes reductores de esta nueva ley -vamos, yo creo que nadie-.

- Sí, se deroga el art. 211 LGSS, o sea, el factor de sostenibilidad. Peeeeeroooo, se señala que, previa negociación en el marco del diálogo social, se establecerá un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027.

- Se da una nueva redacción a la DA10ª ET, que ahora solo permitirá clausulas convencionales de extinción del contrato de trabajo a partir de los 68 años -caben algunas excepciones-, siempre y cuando se tenga derecho al 100% de la pensión y se establezcan políticas activas de empleo, y en concreto la contratación de un trabajador por tiempo indefinido a jornada completa. Se prevé el mantenimiento de las cláusulas ya establecidas durante 3 años.

- Se prevé un plazo de 6 meses para crear la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, que ya estaba anunciada en la ley 27/2011.

En fin, es esta una visión a "vuelapluma" del Proyecto, el estudio definitivo y la comparación con la actual normativa, lo dejamos para la aprobación definitiva de la Ley, que se indica entrará en vigor el 01/01/2022.







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lunes, 2 de agosto de 2021

HOY HACE 10 AÑOS SE PUBLICÓ LA LEY 27/2011...Y SE DIÓ UN GOLPE BRUTAL A NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES, Y ESPECIALMENTE A LA JUBILACIÓN.

Pues pasa el tiempo muy rápido, y es que hace hoy 10 años se publicó la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que, en una visión rápida, supuso, como mínimo tres graves perjuicios:

1. El incremento de la edad ordinaria de jubilación hasta 65 años, en función de la carrera de cotización. Lo que en la práctica supone que tengamos dos edades ordinarias de jubilación -el "privilegio" es poder jubilarse con 65 años quien acredite, eso será en 2027, al menos 38 años y 6 meses de cotización efectiva-. Pero también supone retrasar la jubilación involuntaria, que ya no será siempre con 61 años, sino en función de la edad ordinaria de cada beneficiario. También, por supuesto afectó a la jubilación parcial, aunque ahí también puso su granito de arena Rajoy, mediante el RDLey 5/2013.

En clave de género, es evidente, que no se sustenta por ninguna parte y es claramente discriminatorio, ya que las carreras de cotización de las mujeres son, estadística en mano, inferiores a la de los hombres.

Por cierto, tanto el convenio OIT 102 de norma mínima en materia de Seguridad Social, como el Código Europeo de Seguridad Social establecen la edad ordinaria de jubilación en 65 años, y no más (art. 26.2 en ambas normas). Pero nuestro legislador parece que no quiere darse por aludido.

2. Ampliación del cálculo de la pensión de jubilación desde los últimos 15 años hasta 25. Y esto, decía Zapatero, para reforzar la contributividad del sistema -tanto aportas, tanto te llevas-....en el punto siguiente veremos que era mentira.

3. Realiza una nueva regulación de la integración de lagunas, limitada en el tiempo a 48 mensualidades. Es decir, en aquellos supuestos en que para efectuar el cálculo de la pensión de jubilación, existan periodos de cotización en blanco, se aplicará la base mínima de cotización entre todas las existentes. Antes de la reforma, no existía límite alguno en su aplicación, ahora solo se extiende a 48 mensualidades, el resto, al 50% de la base mínima. ¿Por qué?. Fácil, al aumentar el periodo para efectuar el cálculo de la pensión hasta 25 años, es más fácil que haya periodos sin cotización. Antes se mitigaba ese impacto mediante la integración de lagunas, ahora, queda reducida la corrección con este "nuevo" sistema a un tiempo no superior a 4 años, lo que resulta más perjudicial para el beneficiario. Por cierto, eso para quien sea de régimen general. Para trabajadores autónomos no existe dicha figura, con lo que los vacíos de cotización son un enorme "cero". ¡Ah!, y las empleadas del hogar, merced de sucesivas suspensiones, tampoco tienen este "beneficio".

Hay otras cuestiones, pero las he analizado en numerosas entradas -peor regulación de la jubilación anticipada, importe del complemento de mínimos, incremento del periodo para llegar al 100% de la pensión, etc...- que, quizás, con las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, supongan aún un sistema de pensiones que cada vez nos aleje un poco más de la vieja aspiración: pensiones dignas, públicas y suficientes.




viernes, 23 de julio de 2021

¿LA INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA ES COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA O AJENA?.

La respuesta no es fácil. Voy a tratar de explicarlo, señalando previamente las características de esta pensión asistencial.

1. REQUISITOS DE ACCESO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA.

¿Cuáles son?. Fácil, el art. 363 LGSS señala los requisitos de acceso:

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.

Nota: No hay desprotección si se es menor de 18 años -cabe la prestación por hijo a cargo con discapacidad- y si es mayor de 65 años lo que corresponde es la jubilación no contribitiva.

b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.

Nota: Ojo, y según el TS ha de ser residencia "legal".

c) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por ciento.

Nota: Y para establecer dicho porcentaje, se aplican las reglas, muy complejas para los que no tenemos conocimientos médicos, del RD 1971/1999. Es importante destacar que se suman los factores sociales, que derivan de la situación familiar, social, laboral, nivel de estudios, que pueden ayudar a obtener dicho porcentaje.

d) Carecer de rentas o ingresos suficientes.

Nota: Este requisito es muy exigente, a nivel individual (5.369,20 € anuales) o en unidad de convivencia con el cónyuge o con familiares de segundo grado es complicado cumplir con el mismo -aunque desgraciadamente hay gente muy pobre, sin ingresos ninguno- y se flexibiliza si los convivientes son hijos o padres. En 2021 son los siguientes límites:

Fuente: IMSERSO

Unos ejemplos:

1) Matrimonio, él percibe la pensión de jubilación contributiva con complemento de mínimos con cónyuge a cargo, o sea, 851 € mensuales (11.914 € anuales). Ella, menor de 65 años, con discapacidad del 65% nunca ha cotizado: No tiene derecho a la pensión de invalidez no contributiva, porque la unidad de convivencia supera los 9.586, 64 € anuales.

2) Matrimonio, con dos hijos de 14 y 16 años, él percibe 30.000 euros anuales como rendimientos del trabajo, ella con discapacidad del 65%, no tiene ingresos: Sí tiene derecho a la pensión de invalidez no contributiva, al no superar el límite de 43.703,80 € anuales.

3) Matrimonio, sin hijos, ella percibe 20.000 euros anuales como rendimientos del trabajo, él con discapacidad del 65%, no tiene ingresos. Convive con ellos el hermano de él, en paro y sin rendimientos: No tiene derecho a la pensión de invalidez no contributiva, al superar el límite de 13.534,08 € anuales.

2. GESTIÓN E IMPORTE.

La gestión está transferida a las CCAA, por lo que las entidades gestoras de esta prestación serán las "consejerías" competentes de cada una de ellas. En Catalunya, por ejemplo, es el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una cuestión importante es que, si bien se puede solicitar antes el grado de discapacidad y posteriomente la pensión, nada impide solicitar en un solo trámite, para quien no tenga ningún grado de discapacidad, directamente la prestación.

El importe anual es, para un solo beneficiario, de 5.369,20 € anuales, que se percibe en 14 pagas. No es inusual que además se establezcan en las diferentes CCAA complementos a la pensión básica. O que si el grado de discapacidad es igual o superior al 75% y concurre necesidad de tercera persona, se perciba un complemento por dicha situación.

Tampoco debe olvidarse que tienen derecho a asistencia sanitaria, y que pueden acceder a otras ayudas, como por ejemplo, 

3. COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO.

Llegamos ya a la cuestión objeto de esta entrada, ¿es compatible esta pensión con el trabajo por cuenta propia o ajena?.

a) La primera respuesta sería negativa, y es que el art. 363.1, párrafo final, LGSS establece: "Los beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva que sean contratados por cuenta ajena, se establezcan por cuenta propia ..... recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral ....... o, no obstante lo previsto en el apartado 5, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia ...... en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato, el cese en la actividad laboral ....".

¿Qué quiere decir?. Tres cuestiones importantes:

- Que en caso de iniciar una actividad laboral la pensión queda automática en SUSPENSO. 

- Que al finalizar la actividad laboral, AUTOMÁTICAMENTE, se recupera el derecho a la pensión.

- Que los ingresos recibidos por dicha actividad laboral NO COMPUTAN a efectos del cumplimiento del requisito de carencia de ingresos suficientes.

b) Ahora bien, dicho lo anterior, el art. 366 LGSS establece, en sede de "compatibilidad de pensiones", un precepto muy parecido al art. 198 LGSS en relación a la pensión de incapacidad permanente contributiva, al señalar que "las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo". A continuación establece las reglas de compatibilidad, que son:

- la compatibilidad será como máximo, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad lucrativa.

- Los ingresos obtenidos como consecuencia del ejercicio de esta actividad pueden afectar a los límites de ingresos o rentas establecidos legalmente, pueden alterar la cuantía de la pensión e incluso pueden provocar la extinción, si se superan los límites legalmente establecidos.

Recapitulando:

- el inicio de una actividad por cuenta propia o ajena, suspende la percepción de la prestación de invalidez no contributiva.

- los ingresos de la actividad laboral durante el periodo de suspensión no computan para la carencia de ingresos del ejercicio en cuestión.

- finalizada la actividad laboral, se recupera automáticamente el derecho a percibir la pensión.

- percibir la pensión de invalidez no contributiva no impide el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.

- en los cuatro primeros años del inicio de la actividad laboral, cabe compatibilizar pensión y rendimientos de aquella, aunque según la cuantía puede reducir la pensión e incluso anularla.

- y no es posible el acceso "inverso", es decir, si ya estoy trabajando, y desde esa situación se declara una discapacidad del 65%, no será compatible mi situación laboral con la pensión no contributiva.

4. VALORACIÓN FINAL.

No entiendo el por qué de la limitación de la compatibilidad a solo 4 años y me parece que la modulación de la cuantía final de la pensión, según los rendimientos obtenidos, no propicia la realización de actividades laborales. Si valoro positivamente la regulación de la suspensión durante la actividad laboral, ya que, ni los ingresos generados perjudican para el requisito de carencia de rentas posterior y la recuperación de la pensión es automática tras la finalización de la actividad.

Ahora bien, los datos actuales nos indican que el número actual de pensionista de invalidez no contributiva es de 184.765 en todo el país....Pero, ¿sabemos cuanta gente con un 65% de discapacidad, o bien no puede acceder a la pensión por superar los ingresos o por realizar una actividad por cuenta ajena?.


Más información IMSERSO




viernes, 2 de julio de 2021

SOBRE LA ANUNCIADA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES. CRÍTICA DE URGENCIA.

Tras el último acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo (aquí lo comenté), el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha hecho público el que ha firmado ahora con los interlocutores sociales, señalando cuales son los parámetros de las reformas iniciales (acceso a la nota de prensa). Creo que el análisis concreto lo deberemos realizar cuando dispongamos de la norma que finalmente se apruebe, pero podemos hacer ahora una reflexión inicial sobre los aspectos que el Ministerio destaca en su comunicación dirigida a los medios, y el documento con el acuerdo firmado y el denominado "Borrador de Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones". Vamos con ello:

Una previa, en referencia a la nota de prensa: "El Gobierno y los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han suscrito un gran acuerdo en materia de pensiones, trasladando las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es el primer gran pacto sobre pensiones en el marco del diálogo social desde el año 2011".

Comentario: Pues si la comparación de este acuerdo para "alabar" sus bondades es tomar como referencia el acuerdo que dio nacimiento a la Ley 27/2011, mal empezamos. Allí fue donde decidieron el incremento de la edad de jubilación ordinaria hasta 67 años, endureció y dificultó el acceso a la jubilación anticipada, creó un nuevo sistema de integración de lagunas más injusto, limitó el importe máximo del complemento de mínimos a la cuantía de las pensiones no contributivas, y ya anunció el factor de sostenibilidad....Y aquellas reformas -recortes- vinieron para quedarse, porque sí se hace referencia a las reformas de la época Rajoy (básicamente el RDLey 5/2013), pero aquella actuación lo que hizo es "afinar" la ley aprobada por Zapatero.

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO (acceso al documento). Ojo, en una primera lectura, y de forma breve.

En 6 apartados diferentes, y seguiré el mismo esquema, se desarrollan los aspectos de la reforma. Son los siguientes:

I. NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES.

II. MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN.

III. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA: CULMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUENTES.

IV. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

V. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL.

VI. OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA.

Los analizamos:

I. NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES.

En resumen, supone derogar el actual "índice de revalorización de pensiones" del art. 58 LGSS -que en su aplicación práctica suponía que las pensiones quedasen congeladas al "incrementarlas" solo en un 0,25% anual- para establecer ahora un sistema automático de incremento según la "inflación media anual" hasta noviembre de cada año. Además, en caso de que dicho parámetro fuese negativo, no actuaría en el sentido de reducir las pensiones -¡pues solo faltaría eso!-. Cada cinco años será reevaluado por el Gobierno y los agentes sociales.

Es una buena medida, claro que sí, las pensiones deben ser revalorizadas según IPC. Pero ojo, esto no supone blindar en absoluto el nuevo mecanismo. Antes de la época Rajoy ya se actualizaban las pensiones de forma periódica y de acuerdo al IPC, y a golpe de Decreto Ley (RDL 28/2012), avalado por el TC, se congelaron.

II. MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN.

Es quizás la reforma de más importancia en este "borrador", ya que afecta a diversas modalidades de jubilación. Y está claro que la finalidad es doble: 1) desincentivar la jubilación anticipada y 2) incentivar el retraso de la jubilación.

1. Jubilación anticipada voluntaria.

Esta modalidad, regulada en el art. 208 LGSS es la que permite acceder, acreditando al menos 35 años de cotización, a la jubilación anticipada hasta dos años antes de la edad ordinaria, incluso aunque no se haya extinguido la relación laboral, pudiendo también acceder a la misma los trabajadores autónomos e inclusos los funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social.

La novedad viene determinada por la modificación de los coeficientes reductores, que pasan de ser trimestrales a mensuales, y que, cuanto más meses se anticipe la jubilación, son mayores que en la redacción anterior:


Como ejemplo práctico: Quien, con menos de 38 años y 6 meses de cotización, anticipaba dos años su edad de jubilación, veía reducida su base reguladora en un 16% (8 trimestres * 2%). Ahora, en el borrador, se le descontaría un 21%. Si anticipase un año la jubilación, en el actual sistema comportaría un descuento del 8%, y en el borrador un 5,50% (en este tramo intermedio es más favorable el nuevo sistema). Y ya en los últimos tramos, aunque pudiera parecer a simple vista lo contrario, el nuevo sistema aún perjudica más. Si, siguiendo con el ejemplo, anticipase un trimestre la jubilación, con el sistema aplicable hoy tendría una reducción del 2% sobre su base reguladora, y con la propuesta del borrador sería del 3,52%.

En una visión rápida con respecto al resto de "periodos cotizados", aunque se favorece a las carreras de cotización más largas, el efecto es parecido, y claramente desmotivador.

No obstante, como positivo, es que, si se accede a esta modalidad desde la situación de subsidio de desempleo -3 meses, al menos- serían de aplicación los nuevos coeficientes reductores del art. 207 LGSS -anticipada involuntaria- y que luego veremos. De todas formas, y retomo el ejemplo anterior, supondría que si anticipara dos años su edad de jubilación, no se le descontaría un 21%, sino un 15%. Anticipando un año la jubilación, coincidiría el mismo descuento del 5,50%. Y si anticipase un trimestre la jubilación,  con la propuesta del borrador no sería del 3,52%, sino del 1,88%.

En fin se desincentiva claramente esta modalidad de jubilación, a la que hay que añadir la reforma de la penalización para quienes alcancen la pensión máxima, que será muy superior (aquí explico el sistema actual), aunque se establece un periodo transitorio para minimizar su impacto.

2. Jubilación anticipada involuntaria.

Es la modalidad regulada en el art. 207 LGSS para quien vio extinguido su contrato por causas de reestructuración empresarial, habiendo cotizado al menos 33 años y acredite 6 meses en situación de desempleo. Las modificaciones, alguna muy positiva, son las siguientes:

- Se añade que cualquier despido de carácter objetivo (por ejemplo, la ineptitud sobrevenida), permite acceder a esta modalidad. También lo permitirá la resolución voluntaria al amparo de los arts. 40.1, 41.3, 49.1m y 50 ET, es decir, traslado, modificación sustancial de condiciones de trabajo, decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, o incumplimientos graves del empresario.

- En principio los dos años anteriores a la edad de jubilación ordinaria, supone la aplicación de coeficientes reductores más favorables que el actual sistema.

- Los coeficientes reductores se aplicarán por meses:

Con estos nuevos coeficientes mensuales, incluso cabe una menor reducción, en función del momento de la jubilación que con respecto a la ley actual, aunque son parámetros prácticamente idénticos.

3. Jubilación anticipada por razón de la actividad.

Se respetan las actividades que ya tienen reconocida esta modalidad (régimen del mar, ferroviarios, minería, etc...), pero se estudiará la posibilidad de ampliar a otros supuestos ahora no incluidos, y que podrán acogerse, modificando el decreto que regula el procedimiento de reconocimiento (RD1698/2011). ¿Se incluirán por fin a los trabajadores expuestos al amianto?. Ya veremos. 

4. Jubilación demorada.

La clara intención de retrasar la jubilación ordinaria, se ve claramente en esta reforma del artículo 210 LGSS, estableciendo la posibilidad, para quien acceda a la prestación más allá de la edad ordinaria (ojo, que para muchos será más allá de los 67 años), bien mediante un incremento del 4% de su pensión o mediante el pago de una cuantía a tanto alzado -incluso cabe combinar ambas-.


5. Jubilación activa.

Se añade, y me parece correcto, un nuevo requisito, y es que solo cabe acceder a esta modalidad del 214 LGSS -que permite percibir el 50% de la pensión y trabajar por cuenta propia o ajena- si se demora en un año el acceso a la jubilación ordinaria, manteniendo el resto de requisitos.

6. Jubilación forzosa.

Una cuestión recurrente en nuestro sistema, el objetivo ahora es que no puedan establecerse nuevas clausulas convencionales de jubilación forzosa, salvo para trabajadores de más de 68 años, con derecho al 100% de la pensión y la contratación de otro trabajador de forma indefinida y a tiempo completo. Es posible establecer excepciones a esta regla para determinadas actividades en función de ciertas tasas de ocupación.

7. Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT.

Se establece, en estos casos una reducción del 75% de la cuota empresarial por contingencia comunes, sin que afecte a los derechos que pueda generar el trabajador, ya que se considera como cotización efectiva.

III. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA: CULMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUENTES.

Esta es ya una tarea que se ha acometido en la actual Ley de Presupuestos, pero ahora se hace visible, y se indican los conceptos que no han de cubrirse con cargo a cotizaciones, y su cuantía. Son los siguientes:


IV. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

A vueltas con la "ansiada" equiparación de los trabajadores autónomos entre sus ingresos reales y la cotización que efectúan -la realidad actual es que a veces ingresos muy pequeños dan lugar a cotizaciones muy altas, y en otras, ingresos muy altos dan lugar a cotizaciones muy pequeñas, en base a la capacidad de elección de la base de cotización del trabajador autónomo, solo mitigada en parte por la edad-, llevará, dicen, a un sistema nuevo que se implantará con efectos de 01/01/2022, pero que aún no se ha aprobado. O sea, se apunta en que puede consistir: elección de cotización entre diferentes tramos, ajuste con respecto a los ingresos reales, posibilidad de regularización anual, modificación de bases hasta en seis ocasiones al año, etc.... Pero insisto, es una declaración de intenciones y no tiene aún regulación real, o al menos no aparece en el borrador.

V. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL.

Yo creo que a veces se piensan que somos tontos, y me sabe mal utilizar esta expresión. En el borrador la DA segunda dice que se sustituirá el factor de sostenibilidad del art. 211 LGSS -actualmente en suspenso- por un "mecanismo de equidad intergeneracional" que operará a partir de 2027-. Llámenlo como quieran, pero será un recorte en la pensión final. ¿O es que ya no se acuerdan de la época del PP en que su "comité de expertos" -todos del sector financiero- hablaban de los factores de equidad que dieron lugar al factor de revalorización y al de sostenibilidad?. Yo sí, y aquí lo explicaba (acceso).  En fin, me voy a poner "peliculero", pero esta medida, si fuera un film sería "Por qué le llaman amor, cuando quieren decir sexo"?.

VI. OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA.

Y en la parte final, un carrusel, de buenas intenciones, y de alguna medida concreta.

1. Agencia Estatal de la Seguridad Social.

Se aprobará en 6 meses. Hace tantos años que se pretende crear, que difícil me parece que por fin se haga. Además, el problema no es de estructura, es de falta de funcionarios en el INSS.

2. Viudedad de parejas de hecho.

En 6 meses se "abordará" para equipararlas a las parejas matrimoniales. ¿Qué hay que abordar....?. La cuestión es muy clara, la actual regulación del 221 LGSS es discriminatoria e injusta. Por favor, equiparación ya, eliminando los requisitos de convivencia de 5 años y de dependencia económica. 

3. Base reguladora de las prestaciones de IT en casos de trabajadores fijos-discontinuos.

Calcular su base con los 3 meses anteriores al hecho causante, con cotizaciones efectivas, como en los trabajadores a tiempo parcial. 

4. Cláusula de salvaguarda.

Por fin, mantener la DT 4ª, apartado 5º LGSS de forma permanente, y no estar sujeto a las sucesivas prórroga anuales (aquí explico la última prórroga). Supone, en definitiva, mantener la posibilidad de jubilarse de acuerdo a la normativa anterior a la Ley 27/2011 quien fue despedido antes de 01/04/2013, eso sí, con derecho de opción por la posterior ley si le es más favorable. 

5. Cotización de becarios.

Pues eso, que cotizarán. Y a lo mejor hasta cobran algún día y realizan actividades de formación y no de carácter laboral.

6. Convenios especiales cuidadores SAAD.

O sea, que se regulará la posibilidad de suscribir convenio especial para los cuidadores (debería decir cuidadoras, soy consciente), que han reducido su jornada para cuidar a personas dependientes a su cargo, y que ven afectada su base de cotización por dicha reducción. Buena medida.


CONCLUSIÓN.

1. Hachazo a la jubilación anticipada voluntaria, que deja de ser "atractiva". La realidad no es que se vean muchas jubilaciones por esta modalidad, pero creo que el Ministerio tiene claro que el aumento de la edad ordinaria hasta los 67 años conllevará que más gente se plantee acceder por esta vía....y aquí le ponen el primer freno.

Como positivo, el mejor trato a quien accede desde el subsidio de desempleo.

2. Mejor regulación de la jubilación anticipada involuntaria, ampliando los supuestos que permitan el acceso y con el descuento en coeficientes mensuales.

3. Me parece correcto incentivar económicamente la demora de la jubilación y que la activa exija demorar un año la jubilación para poder acceder.

4. No lo he comentado, pero se aborda la jubilación por discapacidad, aunque quedará pendiente del desarrollo reglamentario.

5. Muchas declaraciones de intenciones que no se han visto plasmadas en el borrador....cotización de autónomos, viudedad de parejas de hecho....

6. Me parece demagogia pura decir que se elimina el factor de sostenibilidad para cambiarlo por otro de "equidad intergeneracional".

7. Es positivo que por ley volvamos a la revalorización anual según parámetro de IPC.

En fin, espero no haber cometido demasiados errores en esta lectura rápida. Y queda por hacer una análisis en profundidad, pero lo dejaremos para el momento en que sí se apruebe la reforma.


martes, 22 de junio de 2021

INCAPACIDAD PERMANENTE Y FECHA DE EFECTOS ECONÓMICOS. BREVE APUNTE.

Una de las cuestiones más desconocidas en materia de incapacidad permanente es la cuestión relativa a la fecha de efectos económicos de la prestación. A ver si soy capaz de arrojar un poco de luz. Antes que nada, aviso que vamos a diferenciar entre declaración inicial de incapacidad permanente y revisión de grado, y dentro de cada una de ellas los diferentes supuestos que se pueden producir.

1. INCAPACIDAD PERMANENTE, DECLARACIÓN INICIAL.

a) Sin proceder de una IT previa (o procediendo de IT, no se ha extinguido la misma): fecha del dictamen de la EVI. 

En estos casos, que suele tener lugar cuando la declaración de IP es a instancia del trabajador, bien porque se encuentre en situación de alta o, en general y de forma más frecuente, en situaciones "asimiladas a la de alta", como pueda ser el desempleo, subsidiado o no, convenio especial, etc... pero también en situación de "no alta", que permite, esta última, el acceso al grado de absoluta o superior. La fecha de efectos es la de emisión del dictamen de la EVI (en Catalunya, de la SGAM). Art. 13. 2 Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social), que dice expresamente:

"En los supuestos en que la invalidez permanente no esté precedida de una incapacidad temporal o ésta no se hubiera extinguido, se considerará producido el hecho causante en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de valoración de incapacidades".

En estos supuestos, al no solaparse las prestaciones de IT e IP, no tiene importancia el grado de IP concedido.

b) Procediendo de una IT previa. En principio es la fecha de la resolución del INSS declarando la IP, salvo que sea más favorable para el trabajador la pensión, en que tiene efecto retroactivo.

Aunque es también de aplicación el art. 13. 2 Orden de 18 de enero de 1996 , en este caso en su párrafo inicial ("El hecho causante de la prestación se entenderá producido en la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la invalidez permanente"), habrá que distinguir, al menos dos supuestos diferentes:

- agotamiento plazo máximo de 545 días o alta con propuesta incapacidad permanente. En estos casos, en que el trabajador percibe la prestación de IT en situación de prórroga de efectos económicos, el art. 174.5 LGSS establece, en principio el mismo efecto que el art. 13.2 Orden 18/01/1996, pero con una excepción: "Los efectos de la prestación económica de incapacidad permanente coincidirán con la fecha de la resolución de la entidad gestora por la que se reconozca, salvo que la misma sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de la incapacidad temporal, en cuyo caso se retrotraerán aquellos efectos al día siguiente al de extinción de la incapacidad temporal". A su vez el art. 15 Orden 18/01/1996 establece la compensación, en caso de efecto retroactivo, de las cantidades ya percibidas.

Un par de ejemplos. Si el trabajador venía percibiendo 1.000 euros mensuales en concepto de IT (prestación básica por seguridad social, no se tiene en cuenta las mejoras voluntarias), y por incapacidad permanente tiene derecho a percibir 1.200 euros mensuales, siendo la fecha de extinción del proceso de IT del 01/01/2021, y la fecha de resolución de IP 31/03/2021, el trabajador tendría derecho, en el ejemplo que señalo, a percibir la IP con fecha de efectos retroactivos, es decir, desde 01/01/2021, al ser superior la pensión a la prestación de IT.

Si por el contrario, el trabajador venía percibiendo 1.000 euros mensuales en concepto de IT, y por incapacidad permanente tuviese derecho a percibir 800 euros mensuales, siendo las mismas fechas que antes indicaba (extinción del proceso de IT el 01/01/2021, y la fecha de resolución de IP 31/03/2021), el trabajador tendría derecho, en el ejemplo que señalo, a continuar percibiendo la IT hasta 30/03/2021 y la pensión de IP desde 31/03/2021.

Por tanto, en estos supuestos lo que suele ocurrir en la práctica es que si la pensión de IP es reconocida en el grado de total y es menor de 55 años (percibiría el 55% de la base reguladora), se inicia el pago de la pensión coincidiendo con la fecha de resolución de IP. En el resto de supuestos, IPT Cualificada al 75%, absoluta o gran invalidez, se suele retrotraer el efecto económico de la pensión a la fecha de agotamiento de IT o del alta con propuesta de IP.

- en caso de demora de calificación. Fecha de resolución del grado de incapacidad permanente. Establece el art. 174.2 LGSS la posibilidad, una vez pasado el periodo de 545 días en IT, de "demorar la citada calificación" de IP, hasta un máximo de 730 días. En este supuesto, no está prevista la retroactividad del art. 13.2 Orden 18/01/1996, por lo que la fecha de efectos es la de la resolución del INSS declarando la IP, sea cual sea el importe de la misma. Es más, a diferencia del supuesto anterior, aquí sí se habría dictado una nueva resolución por parte del INSS, de demora en este caso, por lo que parece que no se justificaría la retroactividad. En todo caso, si manifiesto que me genera dudas, pero el INSS siempre otorga los efectos con la fecha de resolución de declaración IP, sea cual sea el grado. Quizás justificado porque el transito aquí no es 545 días IT-prórroga efectos económicos-resolución INSS IP (545 días + máximo 90 días), sino 545 días IT-prórroga efectos económicos-resolución INSS demora- resolución INSS IP (730 días),

2. REVISIÓN DE GRADO.

La regulación de la revisión de las situaciones de incapacidad permanente se encuentran reguladas en el art. 200 LGSS, pero no hacen referencia alguna a la fecha de efectos de las mismas. Y nada se establece al respecto ni en el RD 1300/95, ni en la Orden de 18/01/1996. Es el art. 40 de la Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social, la que marca las reglas. Vamos a diferenciar los diferentes supuestos siguiendo el orden del artículo, pero dejando fuera algunos supuestos solo relativos a tantos alzados, centrándonos en materia de pensiones.

a) Derecho a pensión, pero de diferente cuantía. Pasará a percibir la nueva pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado. Es el caso de revisión de una total a absoluta o gran invalidez, pero también si se reduce el grado, por ejemplo de absoluta a total.

b) Se revisa la pensión pasando a ser un indemnización. Dejará de percibir la pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado y percibirá la parte de la indicada cantidad que, en su caso, exceda del importe total percibido en concepto de pensión. Es el supuesto, por ejemplo, de quien, teniendo declarada una IPT pasa a ser declarado en situación de Parcial.

c) Declaración de mejoría sin ningún grado de incapacidad permanente. Dejará de percibir la pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado. Esta, desgraciadamente, es una situación que ocurre en muchas ocasiones.

d) Declaración de incapacidad permanente en grado de total o superior, y ya tenía reconocido previamente una parcial o LPNI. Se devengará a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado, pero no comenzará a percibirse hasta que se haya deducido de la misma el importe correspondiente a las mensualidades de la cantidad alzada percibida que excedan de las transcurridas desde que se reconoció el derecho a ella.



sábado, 12 de junio de 2021

NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSS Y EL ICAM/SGAM. ¿NUEVAMENTE MÁS ALTAS MÉDICAS?

... la respuesta al título es afirmativa, y añado que también más denegaciones de pensiones de incapacidad permanente en los que el ICAM/SGAM emite el preceptivo dictamen médico de valoración de las limitaciones funcionales.

Y es que el nuevo acuerdo, que se publicó mediante la Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2021 a 2022 aventura malos tiempos para la población  trabajadora en los nuevos tiempos post-covid. La realidad es que durante el periodo de pandemia se han relajado, incluso excesivamente, los controles de los procesos de ITCC (incapacidad temporal por contingencias comunes) que nos ha llevado a ver básicamente tres cuestiones claves:

1. Procesos de baja médica que se han eternizado, al punto de llegar a superar, no ya los 18 meses, sino llegando incluso a dos años de duración.

2. Superación del periodo de 365 días en IT, en que a pesar de la obligación del INSS a pronunciarse sobre la continuidad (o no) del mismo, solo se obtenía el silencio por respuesta. 

3. Escasas y, a veces, inexistentes controles presenciales por parte de las mutuas y del ICAM.

Al contrario de lo que se pueda pensar, lo que ha provocado en las personas en situación de IT es una verdadera situación de desconcierto, no sabiendo cuando debía solicitar el pago directo ante mutua o INSS, sin saber cuando debía acudir al control del ICAM, y generando una auténtica situación de miedo con respecto, para quienes son indefinidos en su trabajo, con respecto a la continuidad de la relación laboral. Y todo ello en el contexto de la pandemia, obligando a los beneficiarios a comunicarse por vía electrónica con el INSS (para algunos, y lo he vivido en primera persona, prácticamente imposible).

Pero eso está cambiando en las últimas semanas, y sin duda, ha sido tras la suscripción del acuerdo INSS-ICAM que hemos anunciado, y ya se pueden constatar el incremento de altas médicas, bien dictadas por el ICAM en los primeros 365 días de la baja médica en su labor de Inspección Médica, bien a través de resolución del INSS extinguiendo la situación de incapacidad temporal una vez superados los 12 primeros meses de la baja médica. ¿Vuelven entonces lo que PAICAM había denunciado tantas veces, los criterios "economicistas" del INSS y el ICAM en su actuación en procesos de IT?. Pues mucho me temo que así es. Veamos algunas "perlas" del convenio de colaboración.

  • El Presupuesto del INSS, para el año 2021, para dar cobertura económica a las actuaciones de control de las diferentes "Inspecciones Médicas" de las CCAA es de 315.023.458,60 €.
  • La Administración catalana participa en el reparto de aquella cuantía "en función del grado de cumplimiento de la realización de determinadas actuaciones de gestión y control de la IT, fijadas en cada ejercicio económico". Y para ello se ha fija un Plan de actuaciones para la modernización y mejora de la gestión de la IT y la racionalización del gasto de la prestación, durante toda la vigencia del Convenio....vamos, dicho en lenguaje llano: más altas médicas y menor duración de las bajas.
  • Y ya se ha iniciado el pago: "Durante el primer cuatrimestre de 2021, el INSS realizará un anticipo a cuenta, en un pago único, del importe total del crédito asignado". Por tanto, es evidente que el ICAM ya está actuando.
  • La Administración de la Generalitat de Catalunya deberá destinar los créditos percibidos en aplicación de este Convenio a la mejora de los procesos de control y gestión de la Incapacidad Temporal, a la modernización de sus equipos informáticos, materiales y humanos y a la incentivación de estos. Pregunto, ¿incentivar a los equipos humanos es dar altas médicas?. Mucho me temo que sí.
Y, no perdamos de vista, que continuamente se menciona en el convenio el concepto, como objetivo de "racionalización del gasto"...llegando incluso a establecerse como una de las situaciones que ha de cumplir el ICAM "la reducción establecida en el coste afiliado real". O sea, que por cada beneficiario de IT el coste sea menor para la  Seguridad Social, y eso solo se obtienen, o reduciendo la base reguladora, o reduciendo el periodo de IT. Sin duda, el segundo es el objetivo del convenio, y su "arma" es el alta médica.

En  fin, vienen tiempos complicados, altas médicas que muchas veces serán injustificadas, y denegaciones de pensiones injustas. Aunque finalmente no reclames judicialmente contra la decisión del ICAM -a veces no se justifica el coste económico con el posible beneficio del recurrente- vale la pena que por los menos conste en vía administrativa el desacuerdo contra la actuación de la SGAM. Y aquí te dejo alguna herramienta, gratuita, por supuesto:





martes, 8 de junio de 2021

DESEMPLEO EXTRAORDINARIO POR ERTES COVID Y CONSUMO DE FUTURAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO.

Tenía pendiente realizar una entrada como esta, para, si es posible, desenredar la cuestión del descuento de prestaciones de desempleo futuras, cuando se ha accedido anteriormente a la prestación extraordinaria de desempleo como consecuencia de un ERTE COVID. No sé si lo conseguiré, pero vamos con ello. Ahora bien, mi consejo es que creas ciegamente en mí, difícil, lo sé, y pases directamente a la “Conclusión” que expongo al final. Vamos con ello:

1) El RDLey 30/2020 (publicado el 30 de septiembre de 2020), en su art.8, en sede de “Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo”, estableció lo siguiente:

- Se prorrogaron hasta 31/01/2021 las medidas de protección por desempleo de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de la DA 1ª RDLey 24/2020, y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto fueron: 1) no era necesario acreditar la cotización mínima y 2) también eran de aplicación a cooperativistas adscritos al régimen general, pero el ERTE ha de ser constatada por la Autoridad Laboral.

- En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31/12/2020 (pero ese no era ya el plazo que estableció el RDLey 15/2020, ¿no querrián decir 31/12/2021?).

- Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de desempleo extraordinaria sería hasta 31/01/2021.

- La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 31/01/2021 - o sea, no hay reducción al 50% a partir de los 180 días del inicio de la prestación-, sin perjuicio de la aplicación de las cuantías máximas y mínimas previstas en el artículo 270.3 LGSS.

- El art. 8.7 es de especial interés, ya que, de forma muy confusa, establece tres situaciones:
i. Mantiene la previsión relativa al "no consumo" de la prestación de desempleo (art. 25.1 b RDLey 8/2020), al no computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa de los ERTES-COVID, pero solo hasta el 30/09/2020.

ii. Sin embargo, a continuación señala que "la reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1/10/2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026". Nota: Pues claro, es que eso supone cotizar 6 años más, con lo que el trabajador genera un nuevo derecho de desempleo con 720 días de prestación, con el consiguiente derecho de opción. ¿Cuál es la ventaja?.

iii. No obstante, si se produce la extinción de la relación laboral antes de 1/01/2022, bien por finalización del contrato, bien por despido, colectivo o individual objetivos, o declarado improcedente, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas ERTE-COVID, si se causa ¿un nuevo derecho de desempleo?. Entiendo que lo que quiere decir es que el despido, supone un acceso a la prestación de desempleo, que será sin descuento.

2) Posteriormente se publicó el RDLey 2/2021 (aprobado el 27/01/2021). Su art. 4, en sede de “Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidos en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo” estableció con respecto a lo dispuesto en el anterior art. 8 RDLey 30/2020:

- Se prorrogaba hasta 31/05/2021 las medidas en materia de protección de desempleo (antes era hasta 31/01/2021).

- El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantenía vigente según los términos y plazos previstos en el mismo.

- Se prorrogaron hasta 31/05/2021 (antes 31/01/2021) las medidas de protección por desempleo del art. 8.1 (o sea, recuerdo, de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de la DA 1ª RDLey 24/2020, y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad, y en concreto que no era necesario acreditar la cotización mínima).

3) Y ahora, el RD Ley 11/2021 (aprobado el 28/05/2021), nuevamente en su art. 4, en sede de “Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo”, señala ahora:

- Se prorrogan hasta 30/09/2021 las medidas en materia de protección extraordinaria de desempleo (antes era hasta 31/05/2021).

- El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantiene vigente según los términos y plazos previstos en el mismo.

- Se prorrogan hasta 30/09/2021 (antes 31/05/2021) las medidas de protección por desempleo del art. 8.1.


CONCLUSIÓN

O sea, a día de hoy, y hasta el 30/09/2021 -y ya veremos si habrá nueva prórroga-:

1) Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.

2) La regla relativa a “no computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos” del art. 25 1. b) RDLey 8/2020 se ha mantenido hasta 30/09/2020. Desde 01/10/2021 sí se descuentan de prestaciones futuras de desempleo.

3) Pero, como excepción a lo anterior. no se efectuará descuento sobre prestaciones de desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDLey 30/2020 en los siguientes supuestos:

- No hay descuento -”no afectará”, dice la norma- a las nuevas prestaciones que se inicien a partir de 01/10/2026.

- Tampoco habrá descuento respecto a prestaciones de desempleo, si se accede antes de 01/01/2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente.

Y ahora vienen las consecuencias trágicas de lo anterior – la cara oculta de este lío de normas -:

a) Durante la percepción de la prestación de desempleo extraordinario ERTE COVID sí se cotiza por dicha prestación (así lo informa el propio SEPE, asumiendo la emtidad gestora la aportación empresarial Aquí), pero, si se accede en el futuro a un nuevo derecho de desempleo es más que probable que, de acuerdo a la escala del 269 LGSS, no se alcancen los 720 días de prestación, ya que habrá que ver si el SEPE acumula todas las cotizaciones -lo que parecería como más lógico- u obliga al beneficiario a ejercer opción entre el desempleo generado con las cotizaciones efectuadas con anterioridad al ERTE o el generado con las cotizaciones efectuadas con posterioridad. Espero que esto solo sea una reflexión mía equivocada.

b) Si accedemos a una nueva prestación antes de 01/10/2026, y si se trata de un despido disciplinario, una resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sí nos van a descontar la anterior prestación prcibida desde 01/10/2020.

c) Y si me descuentan el desempleo anterior como consumido, mucho me temo que el SEPE, sí ya habíamos superado los 180 primeros días de la prestación anterior, aplicará directamente a la nueva prestación el porcentaje del 50% sobre la base reguladora.

El tiempo lo dirá…

Fuente: El País


jueves, 20 de mayo de 2021

SENTENCIA SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL, Y SU PÉSIMA APLICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO. ¿EL OBJETIVO NO ERA ERRADICAR LA POBREZA?.

Ya dimos nuestra opinión, y breve análisis sobre la prestación del Ingreso Mínimo Vital (aquí), alabando su finalidad, la erradicación de la pobreza extrema y que, quizás, sea el inicio para transitar hasta una verdadera renta básica universal.

Pero la realidad es terca, y aunque el Ministerio de Seguridad Social señala "El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega este mes a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, de las que más de 276.000 son menores. La nómina correspondiente a mayo será de 195 millones de euros.... La prestación media reconocida asciende a 448 euros al mes" (acceso aquí), diferentes medios de comunicación están denunciando que su implantación está siendo muy deficitaria. Aquí, ejemplo, se hace referencia a que de los 1.023.703 solicitudes tramitadas se denegaron 747.617, es decir, un 73% del total.

Hasta el Defensor del Pueblo se ha hecho eco en su último informe de la pésima aplicación del IMV (aquí): 

Es necesario también que se simplifique tanto el procedimiento como la regulación, que al día de hoy resulta muy compleja y exigente. De hecho, otro desafío consiste en lograr que la condicionalidad de la prestación y la complejidad de los trámites no impida la cobertura para aquellos cuya situación de vulnerabilidad económica merezca ser protegida. No debe olvidarse que, en las prestaciones de ingresos mínimos, el exceso de condicionalidad y la complejidad de los requisitos deja fuera a muchas personas en situación de pobreza y exclusión social.

160.000 hogares, lo que supone unas 460.000 personas, recibían el ingreso mínimo vital a mediados de diciembre, siempre según los datos aportados por el ministro. De esta forma, la cifra de personas que perciben esta prestación se quedó a final de año lejos de las 850.000 que se estimaba que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la aprobación de la norma. Aproximadamente el 50 % de las solicitudes tramitadas habían sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar los niveles de renta y patrimonio.

Es verdad que el texto legal se ha reformado varias veces y se han ido introduciendo mejoras para simplificar el procedimiento y facilitar el acceso a la prestación a otras unidades familiares y personas en situación de vulnerabilidad económica. El Defensor del Pueblo considera necesario que se siga evaluando la aplicación de la norma para introducir las modificaciones pertinentes y seguirá planteando al INSS y al ministerio aquellas cuestiones relativas al acceso y la cobertura de la prestación que se deduzcan de la tramitación de las quejas que recibe".

Y es que, como ahora explicaré, incluso en aquellos casos en que sí se reconoce la prestación, la aplicación de la norma se está realizando sin aplicar correctamente la normativa por parte de la Entidad Gestora, lo que produce situaciones de auténtico desamparo.

Un ejemplo de ello es la Sentencia dictada por el JS nº 28 de Barcelona en fecha de 14/05/2021, en que declara probados los siguientes hechos:

1) Por resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
de 28/10/2020, se aprobó la prestación de ingreso mínimo vital a favor del actor, en cantidad de 253,16 euros mensuales.

2) El actor interpuso reclamación previa a la vía jurisdiccional social, por considerar que su ingreso mínimo vital debía ser de 461,5 euros mensuales.

3) En el certificado de imputaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del actor, de 2019, figuran 2660,47 euros de retribuciones y 262,35 euros de deducciones y en la del 2020, figura: “negativa/sin actividad/resultado cero. Presentación 06/04/2021”

4) Se dan por reproducidos los Informes Sociales del Ayuntamiento de Barcelona,
Servei d’Inserció Social, de diversas fechas, de los años 2020 y 2021, conforme el actor es una persona sin domicilio y que pernocta en la calle.

¿Cuál era el problema?. Que reconocida la prestación con efectos del año 2020, para calcular la prestación, el INSS aplica el art. 10.1 del RDLey 20/2020 en el que se señala: La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 8, 13 y 17, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.». Y, como el  art. 18 RDLey 20/2020 indica que para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud, el resultado es que el beneficiario no percibe los 465,10 € mensuales, sino que ve reducidos hasta 253,16 euros mensuales, como consecuencia de unos rendimientos que, sí es cierto, percibió en 2019, pero que ya no percibe.

Y ahora viene cuando me indigno y digo que la aplicación de la norma por parte de la Administración no está siendo correcta, ya que a pesar de lo expuesto, no es menos cierto que la Disposición transitoria tercera RDLey 20/2020, en sede de «Régimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situación de carencia de rentas», permite que solo se consideren como rendimiento «...la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido en el año corriente». En el caso que nos ocupa, en 2020, el resultado de los ingresos es «cero». Y por ello el Magistrado, afortunadamente, estima la demanda y el derecho del beneficiario a percibir íntegramente la prestación del IMV.



Pequeña victoria. ¡Seguimos adelante!, pero mucho me temo, que prestaciones del IMV por debajo de su cuantía real o denegadas injustamente, no están llegando al juzgado, precisamente por la situación de precariedad de los beneficiarios.