LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CULPA EN LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO. BREVÍSIMO RECORRIDO Y EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

Ando enfrascado en la recopilación de artículos, libros y sentencias respecto al daño a la salud que han sufrido las personas trabajadoras por inhalación de fibras de amianto. Desde la perspectiva actual parece incluso “fácil” la imputación de responsabilidad empresarial. Al fin y al cabo, no es más que la aplicación de la lógica del artículo 1.101 del Código Civil (CC):

«Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas».

Lo que comporta que si: 1) se acredita la exposición laboral al amianto, 2) se acredita el daño derivado de aquella exposición y 3) existe nexo causal entre ambos, existe el derecho a ser indemnizado.

Pero su interpretación no ha sido pacífica en el orden social y hoy, con la perspectiva del paso del tiempo, es sumamente interesante observar cómo ha mutado la interpretación judicial del artículo 1.101 del CC a lo largo de las décadas para adaptarse a la realidad del daño profesional.

1. Etapa inicial: Un enfoque restrictivo

¿Pero siempre fue así? NO, y lo digo en mayúsculas. Acabo de reencontrarme con una antigua sentencia del Tribunal Supremo que, aplicando el mismo artículo centenario, el 1.101 CC, hace casi 30 años decía en la STS, a 30 de septiembre de 1997 (ROJ: STS 5749/1997):

«Las consideraciones hechas en el fundamento precedente evidencian que en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que gozan de una protección de responsabilidad objetiva, venir a duplicar esta por la vía de la responsabilidad por culpa contractual o aquiliana, que nunca podrá ser universal como la prevenida en la legislación social ni equitativa entre los distintos damnificados, como la legislada, más que ser una mejora social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad. Por ello, en este ámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas e instauradas, con más seguridad y equidad. Por ello, el recurso debe de gozar de favorable acogida, pues como se admite en la propia sentencia impugnada, el empresario cumplió las exigencias legales de higiene y seguridad en el trabajo y no tuvo conducta o acto alguno que aumentara el riesgo propio del trabajo desempeñado por la damnificada, y cuyos daños están objetivamente cubiertos y en esta medida indemnizados, y en consecuencia no son de aplicación los artículos 1101 y 1902 del Código Civil».

2. Cambio de doctrina: La deuda de seguridad

En el camino, abandonando aquella interpretación restrictiva, el Magistrado Fernando Salinas Molina dictó la STS, a 24 de enero de 2012 (ROJ: STS 966/2012) que, cierto es, tuvo en cuenta la doctrina entonces reciente de la Sala dictada en la STS, a 30 de junio de 2010 (ROJ: STS 4801/2010), estableciendo:

«Además, como se razona en nuestra STS/IV 30-junio-2010 (Sala General -rcud 4123/2008), "la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable]". Por lo que a idéntica conclusión podemos llegar aplicando la jurisprudencia de esta Sala contenida en la referida STS/IV 30-junio-2010, que aplica la clásica normativa civil de la culpa contractual, conforme a la cual "la exigencia de responsabilidad necesariamente ha de calificarse como contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual", que "La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias" y que, en cuanto a la carga de la prueba, "ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC, del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta]" y que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente"».

Esta sentencia marcó un antes y un después entre la doctrina de 1997 y la actual. Abrió paso a la evolución del concepto de “culpa” empresarial con respecto a exposiciones laborales muy anteriores en el tiempo a que se dictasen las sentencias. En todo caso, infinitas gracias, maestro.

3. Etapa actual: Protección incondicionada

Hoy, como resolución más reciente (dictada en un rcud que interpuso Lidia Ripoll, una de mis excompañeras en Col·lectiu Ronda), la STS, a 22 de abril de 2026 (ROJ: STS 2062/2026) declara nuevamente la responsabilidad de la empresa estibadora en el Port de Barcelona, Estibarna, como sucesora desde 1986 de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), por los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional por exposición al amianto de uno de sus trabajadores.

Precisamente en la órbita del artículo 1.101 CC y la responsabilidad empresarial derivada del incumplimiento de falta de medidas de seguridad e higiene, la sentencia dictamina:

«Recordamos también el contenido del art. 1101 del Código Civil [...] Y que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se fundamenta en los siguientes principios [STS 1039/2018, de 11 diciembre (rcud 1653/2016)]: «b) el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (artículo 4.2.d) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene" (artículo 19.1). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL- determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran (STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00). c) Existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1101 CC, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas."»

Este pronunciamiento sintetiza perfectamente la doctrina del Alto Tribunal respecto a la obligación de indemnización civil adicional del empleador por los daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Cuadro Resumen de la Evolución Jurisprudencial

A continuación, presento un cuadro que sintetiza la evolución jurisprudencial del concepto de "culpa" en la indemnización civil por exposición al amianto, dividida en las tres grandes etapas que he señalado:

Fase Jurisprudencial	Concepción de la Responsabilidad y la Culpa	Exigencias y Carga de la Prueba
Enfoque Clásico y Restrictivo (STS 30 de septiembre de 1997)	La responsabilidad por culpa en este ámbito debía ceñirse a su sentido clásico y tradicional. Duplicar la protección de responsabilidad objetiva por la vía de la culpa contractual se consideraba un elemento de inestabilidad y desigualdad.	No se aplicaba el artículo 1101 del Código Civil si la empresa había cumplido las exigencias legales de higiene y seguridad. El empresario quedaba exonerado si no realizaba ningún acto que aumentara el riesgo propio del trabajo.
Transición e Inversión de Carga (STS 30 de junio de 2010 y STS 24 de enero de 2012)	La mera existencia de un daño puede implicar que la acción preventiva a la que está obligado el empresario ha fracasado. Se establece que el empleador es el titular de una "deuda de seguridad" frente a sus trabajadores.	Para enervar su responsabilidad, el empleador debe acreditar haber agotado toda la diligencia exigible, incluso más allá de lo que exigen los reglamentos. Se invierte la carga probatoria: es el empresario quien debe demostrar que el daño se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o negligencia exclusiva e imprevisible del trabajador.
Protección Incondicionada (Actual) (STS 22 de abril de 2026)	El deber de protección del empresario frente a la seguridad de los trabajadores es incondicionado y prácticamente ilimitado. La existencia de la deuda de seguridad enmarca claramente la situación en la responsabilidad contractual del art. 1101 CC.	Es obligatoria la adopción de las medidas de protección necesarias, cualesquiera que fuesen. La imputación de responsabilidad opera acreditando tres elementos básicos: 1) exposición laboral al amianto, 2) daño derivado y 3) nexo causal entre ambos.

Como señalo en el propio texto, esta transición jurisprudencial ilustra un recorrido desde una doctrina que exigía una culpa casi dolosa o un incumplimiento normativo flagrante por parte del empresario, hasta un modelo actual cuasi objetivo, donde la protección integral de la salud de la persona trabajadora sitúa sobre la empresa el máximo nivel de exigencia preventiva.

SILICOSIS, TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y LA REGLA DE TRES. LA STS 2060/2026 RESUELVE RESPECTO A LOS PERIODOS DE COBERTURA DE EE.PP A PARTIR DE 2004

La "regla de tres" del Tribunal Supremo: Reparto de responsabilidades en incapacidad permanente

Jurisprudencia y Seguridad Social

Resolución: STS 393/2026, a 16 de abril de 2026

ROJ: STS 2060/2026

ECLI: ES:TS:2026:2060

Sala: de lo Social

Municipio: Madrid

Ponente: ANA MARIA ORELLANA CANO

Nº Recurso: 1952/2024

RESUMEN: Reparto de responsabilidades en los supuestos de incapacidad permanente derivada de la contingencia de enfermedad profesional, en los supuestos con periodos de alta en RETA sin opción por la cobertura de dicha contingencia.

Tengo conocimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 393/2026), en la que el Tribunal Supremo aplica la “regla de tres”, por un mensaje que me remite mi compañera en la UOC, la profesora Eugènia Revilla. Y aunque en un primer momento pensé que era doctrina idéntica a la ya comentada en esta anterior entrada de mi blog, sobre la STS 209/2025, la verdad es que sí abordan el mismo problema jurídico central, que no es otro que la distribución de la responsabilidad en el pago de prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT en este caso, pero extrapolable a cualquier otro grado e incluso a prestaciones por muerte y supervivencia) derivada de una enfermedad profesional en trabajadores que, durante parte de su vida laboral, han estado afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin cobertura por contingencias profesionales.

O sea, que en función de los años de exposición al agente causante -aquí sílice- se reparte, mediante una regla de tres, la responsabilidad entre la entidad gestora y las sucesivas mutuas colaboradoras, en función de los años en que estuvo protegido por cada una de ellas. A más tiempo, mayor responsabilidad.

Pero no, el problema no es idéntico, en este caso se vuelve a tratar de silicosis, cierto, y sin embargo llegan a conclusiones diferentes respecto a la responsabilidad del INSS, basándose en el marco temporal y normativo en el que se produjo la falta de cobertura de la contingencia profesional en los periodos en que las personas trabajadoras estuvieron adscritos al RETA.

Vamos con ello.

1. La doctrina de la STS 209/2025. Periodos sin cobertura por inexistencia legal antes de 2004.

La STS 209/2025 analiza y resuelve el caso de un trabajador autónomo cuyos periodos en el RETA sin cobertura de contingencias profesionales son anteriores al 1 de enero de 2004. Históricamente, antes de la Ley 53/2002, los trabajadores autónomos no tenían el derecho ni la obligación legal de cotizar por contingencias profesionales. La doctrina jurisprudencial aplicable a estos supuestos establece que los periodos anteriores a 2004 no pueden computarse a efectos de repartir la responsabilidad. El razonamiento del Supremo es que, al no prever la ley esta cobertura, el Fondo Compensador (actual INSS) no se nutría de ninguna aportación o prima por parte de estos trabajadores, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna. La consecuencia práctica de no computar este periodo es que el tiempo total de exposición considerado a efectos legales se reduce, lo que incrementa sustancialmente el porcentaje de responsabilidad de la Mutua que sí aseguró al trabajador en periodos posteriores.

2. La reciente STS 393/2026. Periodos sin cobertura por renuncia voluntaria a partir de 2004.

En contraposición, la STS 393/2026 aborda la situación de un marmolista expuesto al polvo de sílice mientras estuvo de alta en el RETA entre febrero de 2006 y junio de 2009. La diferencia fundamental es que, para esas fechas (tras la entrada en vigor del Real Decreto 1273/2003), la cobertura por contingencias profesionales en el RETA ya existía, aunque tenía carácter voluntario. En este caso, el trabajador optó voluntariamente por no acogerse a dicha cobertura. Frente a la situación anterior, el Tribunal Supremo resuelve que este periodo post-2004 sí debe computarse dentro del tiempo total de exposición al riesgo para fijar los porcentajes de responsabilidad. El Tribunal razona que excluir este periodo reduciría el divisor en la regla de cálculo proporcional, lo que supondría cargar a las Mutuas aseguradoras con un porcentaje mayor (y ficticio) de responsabilidad que el que realmente les corresponde por el tiempo efectivo en que cubrieron el riesgo. Por ello, concluye que el porcentaje de responsabilidad de ese periodo no asegurado voluntariamente debe ser asumido por el INSS como continuador del extinto Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

3. Comentario. La "posibilidad legal" como criterio delimitador.

La comparativa entre ambas resoluciones es altamente ilustrativa sobre cómo la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aplica el principio de proporcionalidad en las enfermedades profesionales de desarrollo lento, cuya responsabilidad debe imputarse a todas las entidades en proporción estricta al tiempo de exposición. En definitiva, la doctrina de la exposición al riesgo. Lo que ocurre es que esta doctrina complica en infinitas ocasiones el derecho de las personas beneficiarias a obtener la pensión, porque se ven en la obligación de demandar a todas las mutuas colaboradoras que cubrieron el riesgo de enfermedad profesional. Eso, en el ámbito del régimen general de la seguridad social, en enfermedades como el síndrome del túnel carpiano en limpiadoras es un obstáculo a veces insalvable. Pero como estas dos sentencias son en referencia al RETA, retomo el hilo.

El Alto Tribunal establece una frontera doctrinal muy clara basada en la "posibilidad legal" de aseguramiento, creando dos soluciones distintas para los "vacíos de cobertura":

Vacío por inexistencia normativa antes de 2004. Como la ley no permitía la cobertura, es un tiempo que jurídicamente "no existe" para el reparto. El INSS se exonera completamente porque el sistema de Seguridad Social no recaudaba por ese concepto. El efecto colateral es perjudicial para las Mutuas posteriores, que deben absorber el coste prestacional como si la exposición total hubiera sido más corta.

Vacío por decisión voluntaria del asegurado desde 2004. Una vez que el sistema habilitó legalmente la cobertura, aunque el autónomo renunciase a ella, ese tiempo de exposición al riesgo sí tiene trascendencia jurídica en la regla de cálculo. Para evitar que las Mutuas asuman una carga “desproporcionada” provocada por la falta de previsión del trabajador, el Tribunal impone al INSS el papel de garante subsidiario, debiendo responder económicamente por la cuota proporcional de los años en los que el trabajador autónomo, pudiendo asegurarse frente a la enfermedad profesional, decidió no hacerlo.

Por tanto, la doctrina unificada en ambas sentencias no es contradictoria, sino que responde a momentos de cobertura diferentes, garantizando que las Mutuas Colaboradoras respondan estrictamente de manera proporcional a su tiempo de aseguramiento cuando existía la opción de asegurar, cargando al sistema público (en definitiva, al INSS) la cuota correspondiente a los periodos donde el trabajador operó sin esta protección voluntaria, pero liberando a la Entidad Gestora, en los supuestos muy antiguos donde tal protección era, normativamente, imposible, es decir, antes del 2004.

Creo que la solución debería ser más sencilla, y tan simple como que la última mutua de cobertura sea la responsable del total del coste de la prestación. Puede parecer injusto, pero es equitativo, en tanto en cuanto, unas veces perjudicará a una mutua concreta y otras no, el efecto es absolutamente objetivo. Además, la multiplicidad de entidades colaboradoras en nuestro sistema, duplicadas en su actuación no tiene sentido -no sé si lo tuvo alguna vez- en un sistema único de Seguridad Social. En todo caso, evitaría que nuestro Tribunal Supremo se dedicase a realizar “reglas de tres”.

REPARTO INSS (2019)

(Sin computar RETA 2006-09)

• MAZ: 16,53%
• CESMA: 39,42%
• FREMAP: 4,11%
• INSS: 39,94%

MANDATO DEL TS

(A recalcular por el INSS)

• INSS: 39,94% + X
  (X = Cuota RETA 2006-09)
• MAZ: A la baja ↓
• CESMA: A la baja ↓
• FREMAP: A la baja ↓

Comparativa en la pizarra: La revisión de oficio del INSS frente a la decisión final del Tribunal Supremo.

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE DEPENDENCIA EN CATALUNYA. DECRET-LLEI 4/2026

Guía completa: Decreto-ley 4/2026 de medidas urgentes en la Dependencia

El Decreto-ley 4/2026, de 28 de abril, surge como respuesta al colapso del sistema de atención a la dependencia en Catalunya, que acumula más de 64.000 expedientes pendientes. A continuación, detallamos punto por punto las novedades contenidas en el texto oficial.

1. Agilización y priorización en la tramitación

La norma establece una vía de tramitación prioritaria para expedientes de personas con Grado III+ (como pacientes con ELA), permitiendo que la valoración y la elaboración del PIA se realicen de forma coordinada y abreviada.

2. Integración de sistemas de información

Se ordena la unificación de datos entre el SISCAT (Salud), Servicios Sociales y Discapacidad. Este cambio es estructural: evita que el ciudadano deba aportar documentos que ya obran en poder de la Administración, reduciendo drásticamente la burocracia.

3. Garantías económicas mínimas

Para evitar situaciones de vulnerabilidad mientras se espera la resolución definitiva, se establece el abono de una prestación económica mensual garantizada según el grado de dependencia:

• ✅ Grado I: 100 euros al mes.
• ✅ Grado II: 150 euros al mes.
• ✅ Grado III: 200 euros al mes.

4. Régimen de protección frente a deudas

El decreto incluye un "blindaje" para el ciudadano: si la resolución final de dependencia es inferior a la estimada inicialmente y se cobraron importes mínimos, la Administración no reclamará la devolución de estas cantidades, siempre que se hayan recibido de buena fe.

5. Disposición transitoria tercera: Casos prioritarios y retroactividad

Aquellas personas previsiblemente Grado III+ serán identificadas y tramitadas con prioridad. Si tras la valoración final se confirma este grado, recibirán las cantidades desde el mes natural siguiente a la entrada en vigor. Si inicialmente no fueron detectadas, pero finalmente se les reconoce el Grado III, se les abonarán las cantidades de forma retroactiva para equipararlas al resto.

6. Entrada en vigor y plazos de pago

Es vital diferenciar la validez legal del pago efectivo:

• Entrada en vigor: 30 de abril de 2026.
• Plazo de administración: La Generalitat tiene hasta 6 meses para implementar el pago.
• Fecha de inicio de cobro: 30 de octubre de 2026.
• Retroactividad: Los derechos económicos se devengan desde el primer día del mes siguiente a la entrada en vigor, por lo que el pago de octubre incluirá los atrasos acumulados.

Visualización de un resumen, algo más amplio

Documentación oficial:

Descargar Decreto-ley 4/2026 (BOE)

Este resumen tiene carácter informativo. Para dudas sobre casos específicos o reclamaciones, contacte con el Departament de Drets Socials i Inclusió.

PRIMERA SENTENCIA ABORDANDO LOS REQUISITOS DEL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN STS 2271/2026 (PLENO)

Ficha Técnica de la Resolución

Referencia STS, a 22 de mayo de 2026 - ROJ: STS 2271/2026

Identificador ECLI ECLI:ES:TS:2026:2271

Órgano / Municipio Sala de lo Social - Madrid

Resolución / Recurso Nº de Resolución: 495/2026 | Recurso: 3239/2025

Magistrado Ponente JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA

Resumen Oficial de la Resolución

Análisis global de los requisitos (extrínsecos e internos) de los escritos de preparación y de interposición del rcud, así como de los distintos supuestos de "Interés Casacional Objetivo" (ICO). Efectos de los diversos incumplimientos relacionados con tales escritos y desarrollo del contenido de los supuestos de ICO contemplados en el art 219.1 letras a), b) y c) LRJS. En cuanto al fondo, derecho de los jubilados en ENDESA a mantener los beneficios sociales tras la sentencia de conflicto colectivo dictada por la AN y confirmada por esta Sala. Efecto positivo de cosa juzgada. Reitera doctrina.

Acceder al Documento en el CENDOJ

Ya abordé en anteriores entradas en el blog la actual regulación del recurso de casación en unificación de doctrina, tras la reforma de la LO 1/2025, y especialmente por la aparición en escena del interés casacional objetivo (ICO).

Entradas y recursos anteriores en el blog:

Aquí realicé un esquema sobre el recurso de casación en unificación de doctrina.

Aquí mencioné el Acuerdo de 8 de abril de 2025, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2025, sobre extensión máxima y condiciones extrínsecas de los escritos de formalización o interposición y de impugnación de los recursos de casación dirigidos a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Aquí resumí la jornada técnico-práctica de 16/01/2026 celebrada en el ICAB, organizada por la Secció Laboral.

Fue precisamente en esta jornada en el ICAB en la que el Magistrado Sebastián Moralo advirtió que el Tribunal Supremo realizaría alguna sentencia a modo de faro y guía en este nuevo tránsito entre el rcud clásico y el actual, muy especialmente con respecto a los requisitos intrínsecos, extrínsecos y el interés casacional objetivo (ICO). Pues bien, se ha dictado en Pleno la Sentencia núm. 495/2026, de fecha 22 de mayo de 2026, en la que ha sido redactor el magistrado Juan Manuel San Cristóbal Villanueva. No creo que se casualidad además la designación del ponente, que ya había escrito algún artículo sobre este recurso (como este primer artículo doctrinal, este segundo trabajo de análisis o también este otro estudio especializado), incluso participando en alguna obra colectiva sobre la materia.

Sin entrar en la cuestión de fondo que aborda la sentencia -el derecho decaído de trabajadores jubilados de Endesa sobre beneficios sociales de convenios colectivos previos ya fenecidos-, me centro en resumir la “guía” que ha realizado el Alto Tribunal sobre las tres cuestiones que aborda, a saber, los requisitos intrínsecos, extrínsecos y el interés casacional objetivo (ICO) del recurso de casación en unificación de doctrina. Vamos con ello.

1. Nuevos requisitos formales extrínsecos

El Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia aborda exhaustivamente los nuevos requisitos formales extrínsecos que deben cumplir los escritos de formalización (o interposición) y de impugnación de los recursos de casación, analizando su origen, finalidad y validez constitucional.

A continuación, detallo el análisis realizado por la Sala:

1.1. Origen y fundamentación legal.

Los requisitos extrínsecos nacen de un Acuerdo no jurisdiccional de la Sala de lo Social, aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y publicado en el BOE el 29 de abril de 2025. La sentencia aclara que esta exigencia está amparada legalmente por los artículos 210.3 y 224.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), que habilitan a la Sala de Gobierno para determinar la extensión máxima, formato y otras condiciones de estos escritos. Además, subraya que esta práctica se alinea con la de otras salas del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso altos tribunales internacionales (como el TEDH o el TJUE).

1.2. Cuáles son los requisitos extrínsecos.

El tribunal especifica que los escritos presentados deben sujetarse a las siguientes reglas:

• Aportación de una carátula normalizada. Mejor utilizar la propuesta en el Acuerdo.
• Respeto a un límite de extensión máxima. (50.000 caracteres, que son 25 páginas)
• Cumplimiento de un formato interno concreto que determina el tipo y tamaño de la letra (Times New Roman, 12 ptos. e interlineado 1,5, márgenes 2,5 cms.).

1.3. La doble finalidad de las exigencias.

La Sala justifica la imposición de estos formatos señalando que persiguen dos objetivos fundamentales:

• Facilitar la labor de los litigantes: La carátula sirve como un guion claro y detallado de los apartados que forzosamente deben incluirse en los escritos, ayudando a los profesionales a evitar olvidos o errores que pudieran terminar en la inadmisión del recurso.
• Mejorar la gestión procesal e informática: Ante el "ingente número" de recursos tramitados, uniformar los escritos permite una rápida localización de datos, facilita su tratamiento digital y agiliza su lectura, análisis y resolución por parte del Tribunal Supremo.

1.4. Trámite de subsanación y archivo del recurso

El tribunal subraya que el incumplimiento de estos requisitos extrínsecos es subsanable. Cuando un escrito no se ajusta a lo previsto, se requerirá a la parte para que subsane el defecto. Únicamente en el caso de que la parte desatienda este requerimiento y no proceda a la subsanación, la consecuencia ordinaria será el archivo del recurso.

1.5. Plena validez constitucional

La sentencia dedica un amplio esfuerzo argumentativo a demostrar que este formalismo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, respaldándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional (TC). Concluye que el archivo por no subsanar la falta de estos requisitos es una respuesta legítima, constitucional y no desproporcionada porque:

• El acceso a los tribunales supremos o de casación admite condiciones y formalismos más rigurosos, dado que buscan proteger la buena administración de justicia, la seguridad jurídica y la labor unificadora (nomofiláctica) del tribunal.
• Los requisitos son previsibles al estar publicados oficialmente en el BOE.
• Se conciben como "cargas razonables" y la inadmisión solo se produce si la parte muestra falta de diligencia al no aprovechar la oportunidad de subsanación que se le otorga de manera preceptiva.

2. Requisitos internos del escrito de preparación

El Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia analiza en detalle los requisitos internos que debe cumplir el escrito de preparación del recurso de casación, centrándose especialmente en la nueva exigencia legal introducida por la reforma de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) relativa al Interés Casacional Objetivo (ICO).

A continuación, se detalla el análisis realizado por la Sala:

2.1. Los tres requisitos legales del escrito de preparación.

El tribunal recuerda que, tras la reforma, el artículo 221.2 de la LRJS exige que el escrito de preparación contenga tres elementos obligatorios:

• Exponer el núcleo de la contradicción entre las sentencias comparadas.
• Aportar los datos identificativos precisos de la sentencia o sentencias de contraste.
• Exponer de manera sucinta las razones por las que la cuestión posee interés casacional objetivo (ICO).

La Sala destaca que los dos primeros requisitos eran históricamente exigidos por la jurisprudencia y su omisión siempre ha sido causa de inadmisión, avalada por el Tribunal Constitucional.

2.2. El nuevo requisito del Interés Casacional Objetivo (ICO).

La sentencia subraya que la obligación de mencionar el ICO en esta fase preparatoria no es un formalismo inútil o exorbitantemente estricto, sino que supone un "cambio de paradigma" y se ha convertido en el soporte esencial o "nudo gordiano" para admitir el recurso.

El tribunal aclara qué significa exactamente "exponer de manera sucinta" este interés:

• No basta con citar el precepto legal (es decir, no es suficiente mencionar las letras a, b o c del artículo 219.1 de la LRJS).
• Se exige identificar cuál o cuáles de los tres supuestos de ICO concurren y ofrecer un breve resumen de las razones que lo justifican.
• No se requiere una fundamentación detallada ni exhaustiva en este momento (esa labor se reserva para el posterior escrito de interposición), pero sí es imperativa una alerta inicial y fundamentada al tribunal.

2.3. Consecuencias del incumplimiento: inadmisión por la "vía rápida".

Cualquier escrito de preparación que desconozca o vacíe de contenido esta exigencia de exponer el ICO provocará la inadmisión del recurso. El tribunal explica que esto abre un trámite de inadmisión por la "vía rápida", con la sola audiencia del Ministerio Fiscal, desembocando en un archivo mediante una providencia sucintamente motivada.

2.4. Control del TSJ y naturaleza "insubsanable" del defecto.

Un aspecto crítico que establece este fundamento es que el control de este requisito procesal puede y debe realizarse por el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) encargado de tramitar inicialmente el recurso. Y puedo asegurar que lo están haciendo, teniendo el recurso por no preparado.

A diferencia de los requisitos de formato de la carátula (analizados en el Fundamento Tercero, que sí admiten subsanación), la omisión del ICO en el escrito de preparación es un defecto insubsanable. El TSJ debe finalizar el trámite del recurso si el escrito no contiene esta mención, y no es posible otorgar un plazo para que la parte subsane o corrija este olvido, según reiterados autos del Tribunal Supremo de principios de 2026.

3. Requisitos internos del escrito de interposición

El Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia aborda los requisitos internos que debe cumplir el escrito de interposición (o formalización) del recurso de casación, detallando de forma exhaustiva cómo debe desarrollarse la nueva exigencia legal de argumentar el Interés Casacional Objetivo (ICO).

A continuación, se detalla el análisis realizado por la Sala:

3.1. Mantenimiento de requisitos clásicos y la nueva exigencia legal.

San Cristóbal Villanueva comienza recordando que los requisitos tradicionales e históricos del escrito de interposición se mantienen inalterados. Recordemos que son: 1) la relación precisa y circunstanciada de la contradicción y 2) la cita y fundamentación de la infracción legal. Sin embargo, a estos se suma ahora una tercera exigencia esencial introducida por el artículo 224.1.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) tras su reforma, que es “la exposición argumentada de la concurrencia del interés casacional objetivo”.

3.2. Consecuencia del incumplimiento: inadmisión directa.

La Sala eleva este nuevo requisito al mismo nivel, o incluso superior, que los clásicos. Su incumplimiento acarrea la inadmisión del recurso por defecto en el escrito, abriendo lo que el tribunal denomina la "vía rápida de inadmisión".

3.3. Reglas sobre cómo debe argumentarse el ICO.

Para superar con éxito este requisito, el tribunal establece pautas muy claras sobre lo que la parte recurrente debe (y no debe) hacer en su escrito:

• Separación formal: Es conveniente y exigible que la argumentación sobre el ICO se realice en un apartado claramente separado o, al menos, suficientemente identificado dentro del escrito de interposición para facilitar su análisis por parte de la Sala. Ojo, mucho ojo con los modelos que utilicemos a partir de ahora.
• Prohibición de fórmulas genéricas: No basta con afirmar simplemente que existe interés casacional. Tampoco es suficiente limitarse a reproducir o parafrasear el texto legal de los supuestos del artículo 219.1 de la LRJS sin aportar ningún razonamiento.
• Exposición circunstanciada: Se exige una argumentación real. El recurrente debe fundamentar razonadamente por qué concurre alguno (o varios) de los supuestos legales de ICO, realizando una explicación que esté estrechamente vinculada a las "concretas vicisitudes del pleito concernido".

3.4. Diferencia fundamental entre Contradicción e ICO.

El tribunal hace una advertencia crítica: no es admisible utilizar el núcleo de la contradicción para fundamentar el ICO. El simple hecho de que existan sentencias contradictorias ("enfrentamiento de doctrinas para supuestos iguales") no significa automáticamente que haya interés casacional objetivo.

La parte recurrente debe realizar un esfuerzo argumental adicional destinado a convencer al tribunal de que, más allá de la contradicción, existen razones de peso que hacen necesario y oportuno que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la materia debatida.

4. Justificación de la reforma y constitucionalidad

El Tribunal Supremo dedica el Fundamento de Derecho Sexto de forma muy extensa y sumamente doctrinal a justificar la reforma legislativa, algo que en la práctica resultaba innecesario. El motivo subyacente de esta extensa justificación parece ser el de "blindar" doctrinalmente su nuevo sistema de inadmisiones rápidas frente a la ¿avalancha? de recursos de amparo que previsiblemente llegarán al Tribunal Constitucional. Si es así, ya tendrá el propio TC sus argumentos al respecto, creo…

Paso un poco "de puntillas", y señalo las ideas fundamentales con las que el Supremo defiende la constitucionalidad de este filtro (el Interés Casacional Objetivo o ICO) se resumen en tres puntos:

4.1. El cambio de función del Tribunal Supremo.

El tribunal explica que el recurso de casación no es una "tercera instancia" destinada a darle la razón a una de las partes en su caso concreto (lo que denomina ius litigatoris), sino un recurso extraordinario cuya función principal es proteger el ordenamiento jurídico, crear jurisprudencia y dar seguridad jurídica (lo que denomina ius constitutionis o función nomofiláctica).

4.2. Nos igualamos al resto de tribunales.

La sentencia dedica gran parte del fundamento a recordar que la exigencia de un filtro de "interés casacional" lleva aplicándose con éxito desde hace años en las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativa y Penal, e incluso en el propio Tribunal Constitucional con su requisito de "especial trascendencia constitucional". El Supremo argumenta que admitir todos los recursos generaría un colapso que derivaría en una justicia tardía, lo cual también vulnera la tutela judicial efectiva.

4.3. El aval de Europa y del Tribunal Constitucional.

Para zanjar el asunto, el TS despliega una batería de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional (TC) para demostrar que cerrar la puerta a los recursos que no argumenten el ICO es plenamente constitucional. El TEDH ha establecido reiteradamente que el derecho a acceder a los recursos no es absoluto, y que imponer filtros estrictos para acceder a los tribunales supremos es legítimo si persigue garantizar la buena administración de justicia y evitar la saturación del tribunal con asuntos menores.

O sea, el Tribunal Supremo deja establecido desde esta primera sentencia que exigir y aplicar rígidamente el ICO no vulnera derechos fundamentales, preparándose así, creo que es el claro “objetivo”, para inadmitir de forma masiva (por la vía rápida) los recursos que no cumplan con esta nueva exigencia. Que ya avanzo, van a ser muchísimos.

5. Delimitación de los supuestos del art. 219.1 LRJS

El Fundamento de Derecho Séptimo es, sin duda, el núcleo más importante de esta sentencia. Todas las cuestiones abordadas hasta ahora quedaban muy claras en la norma procesal y en el Acuerdo dictado. Pero es ahora cuando, por primera vez, el Tribunal Supremo se encarga de desgranar, interpretar y delimitar qué significa exactamente cada uno de los tres supuestos de Interés Casacional Objetivo (ICO) recogidos en el nuevo artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

A continuación, detallo el análisis de los tres supuestos y las reglas generales que establece la Sala:

5.1. Supuesto a), artículo 219.1 LRJS. "Circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la Sala".

Este supuesto sirve para que el Tribunal Supremo revise, actualice o modifique su propia doctrina. La Sala explica que encajan aquí los siguientes casos:

• Cuando hay una modificación legislativa que cuestiona la jurisprudencia anterior.
• Cuando un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del Tribunal Constitucional (TC) altera la corriente jurisprudencial.
• Cuando la jurisprudencia preexistente es antigua o la realidad social demuestra que se ha quedado obsoleta.
• Cuando la Sala considera que su propia doctrina no se ha comprendido bien y necesita aclararla, matizarla, reafirmarla o incluso rectificarla.

5.2. Supuesto b), artículo 219.1 LRJS. "La cuestión posee una trascendencia o proyección significativa".

Aquí se agrupan los debates cuyos efectos van mucho más allá del caso concreto de los litigantes. Se aplica cuando:

• Existe una "afectación general", es decir, el problema afecta a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social.
• Afecta a un solo caso, pero la realidad social le otorga una proyección general indudable.
• Están en juego derechos fundamentales y la sentencia recurrida se ha separado abiertamente de la doctrina del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.
• Se discute la aplicación del Derecho Europeo y la sentencia recurrida contradice al TJUE, o bien cuando no existe un pronunciamiento previo del TJUE sobre esa norma.

5.3. Supuesto c), artículo 219.1 LRJS. "El debate presenta relevancia para la formación de la jurisprudencia".

Este supuesto no se limita solo a crear doctrina desde cero, sino también a mantenerla y unificarla. Incluye:

• Casos donde no existe jurisprudencia previa sobre la cuestión (o no existe una sentencia dictada por el Pleno de la Sala).
• La necesidad de mantener y consolidar la jurisprudencia en el tiempo.
• La necesidad de acomodar la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) a la del Supremo; por ejemplo, si la sentencia recurrida es claramente contraria a la doctrina de la Sala.

5.4. Reglas sobre las infracciones procesales.

Ahora bien, dicho lo anterior, el tribunal aclara cómo opera el ICO cuando se denuncian defectos de forma o procesales:

• Sigue siendo necesario aportar una sentencia contradictoria y, si el Supremo aprecia indicios de que la infracción procesal generó indefensión, admitirá el recurso.
• Excepción: Cuando se cuestiona la competencia internacional, funcional o territorial (que son cuestiones de orden público apreciables de oficio), no se exige el requisito de contradicción ni justificar el ICO, ya que al estar en juego la competencia del propio tribunal, el interés casacional se da por supuesto. Sin embargo, si se discute la competencia material u objetiva, sí se exige cumplir todos los requisitos.

5.5. Consideraciones generales y el nuevo papel de la Abogacía.

Finalmente, la sentencia establece unas reglas transversales muy importantes para entender el nuevo modelo procesal, y en vez de entender que es una nueva y pesada carga para la Abogacía, le da la vuelta como a un calcetín -perdón por la expresión- para poner de manifiesto la importancia de nuestra profesión. Dice así:

• Los tres supuestos son autónomos pero acumulativos, por lo que se puede invocar solo uno o varios de ellos al mismo tiempo.
• Quedan excluidas las controversias puramente casuísticas, las discusiones sobre los hechos probados y los recursos meramente repetitivos (donde ya hay doctrina clara y el TSJ la ha aplicado bien).
• Cambio de enfoque para los abogados: La Sala destaca que la labor de los abogados cobra ahora una importancia decisiva. Ya no basta con argumentar que la sentencia recurrida cometió un error jurídico; ahora el abogado debe realizar una "tarea argumental más relevante" para convencer al Tribunal de que el asunto tiene tal repercusión que merece su intervención para proteger la seguridad jurídica y el ordenamiento legal. ¿Lo conseguiremos? Hay cosas difíciles en esta vida, pero una de las más complicadas es hacer cambiar de criterio u opinión a la judicatura -y lo digo desde el máximo respeto, “en estrictos términos de defensa”-.

6. A modo de conclusión

Por favor, de todo lo expuesto nos hemos de quedar con que El TS señala que justificar el ICO implica:

«[...] construir una razón institucional de admisión: identificar la incertidumbre interpretativa existente, mostrar la insuficiencia o evolución de la doctrina precedente, evidenciar la proyección general del problema y explicar por qué la respuesta del Tribunal resulta necesaria para preservar la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley, la consolidación de la jurisprudencia y la coherencia del sistema»

Y, que todos los nuevos requisitos son subsanables -especialmente los extrínsecos-, menos orillar e ignorar el ICO, tanto en la preparación -al menos hay que abordarla sucintamente- como en la interposición -desarrollando ampliamente su núcleo y razón de ser-.

Mucha suerte a todos.