VENTO ABOGADOS. WEBINAR DE EXPERTOS MODERADO POR MATIAS MOVILLA. BREVE RESUMEN

Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo tras Obadal: ¿qué cambia para los empleados públicos?

Estudio exhaustivo del impacto judicial para interinos y personal temporal

Índice de navegación por contenidos

• 1. ¿Se han asumido los criterios de la Unión Europea?
• 2. La gran distinción: fraude frente a abuso de temporalidad
• 3. Requisitos técnicos para el reconocimiento de la fijeza
• 4. Régimen de indemnizaciones y baremos de la LISOS
• 5. Tabla comparativa: las posturas de los expertos
• 6. Situación de demandas activas y personal jubilado
• 7. Conclusiones finales y el minuto de oro por autor

[00:07:33] ¿Se han asumido los criterios de la Unión Europea?

En este primer tramo del webinar, los ponentes debaten intensamente sobre si la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha sido realmente fiel al mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la sentencia Obadal. La sensación general es de una oportunidad perdida para unificar criterios de forma clara.

Cristóbal Molina:

Se posiciona de forma muy crítica, calificándola como "la peor de las sentencias posibles". Argumenta que el Supremo ha actuado con miedo, intentando blindar el sistema contra un aluvión de demandas en lugar de resolver el problema de raíz. Cree que el Supremo busca mantener la figura del indefinido no fijo a toda costa, creando cinco nuevos conflictos jurídicos en lugar de simplificar la doctrina existente.

Ignasi Beltrán:

Ve la sentencia como un ejercicio de puro pragmatismo judicial. Considera que es un "mínimo común denominador" alcanzado por los magistrados para evitar una ruptura interna en la sala. Para él, funciona como un árbol de decisión complejo que intenta poner orden ante el tsunami de litigios, reconociendo que el Supremo ha tenido que asumir funciones legislativas ante el vacío normativo.

Pablo Guntiñas:

Agradece la rapidez de la respuesta judicial, pero subraya que no aporta soluciones satisfactorias para los afectados. Desde su punto de vista como abogado, el trabajador no busca una compensación económica, sino la tranquilidad y estabilidad de conservar su puesto tras décadas de servicio, algo que esta sentencia no garantiza de forma amplia.

↑ volver al índice

[00:17:55] La gran distinción: fraude frente a abuso de temporalidad

El Tribunal Supremo introduce una nueva frontera conceptual que marcará el futuro de todas las reclamaciones judiciales en España. Esta distinción es vital para saber qué norma aplicar:

• El fraude de ley: Se aplica cuando no se cumple la causa de temporalidad o faltan requisitos formales mínimos. En este escenario, la solución sigue siendo la declaración de indefinido no fijo bajo la norma nacional, sin que entre en juego necesariamente la directiva europea de forma directa.
• El abuso de temporalidad: Se reserva exclusivamente para sucesiones de contratos inusualmente largas en el tiempo. Es aquí donde el Supremo admite que entra en juego la directiva europea, abriéndose la puerta a medidas extraordinarias como la fijeza o la indemnización adicional.

Cristóbal Molina advierte que esta distinción es extremadamente artificial y que el Supremo la utiliza como una herramienta para seguir siendo "soberano" en las soluciones nacionales, limitando el impacto de las sentencias europeas a casos muy específicos y acotados.

↑ volver al índice

[00:27:43] Requisitos técnicos para el reconocimiento de la fijeza

Pablo Guntiñas desgrana los tres pilares fundamentales que el Supremo exige ahora para que un trabajador interino pueda ser declarado fijo sin necesidad de superar una nueva convocatoria ordinaria:

1. Haber superado un proceso selectivo previo (fase de oposición) que respete escrupulosamente los principios de mérito y capacidad, incluso si dicha convocatoria era originalmente para una bolsa de trabajo temporal.
2. Haber aprobado dicho proceso pero no haber obtenido plaza en su momento debido a la limitación de vacantes disponibles.
3. Haber continuado prestando servicios para la misma administración sufriendo un abuso de temporalidad posterior a la celebración de dicho proceso.

Se introduce además el concepto de "unidad esencial del vínculo", lo que obligará a los equipos jurídicos a demostrar que no ha habido rupturas significativas en la relación laboral que puedan interrumpir legalmente el cómputo del abuso.

↑ volver al índice

[00:48:15] Régimen de indemnizaciones y baremos de la LISOS

Para aquellos empleados públicos que no cumplan los requisitos de fijeza, el Supremo establece un sistema de compensación económica dividido en dos vertientes claramente diferenciadas:

• Daños materiales: El trabajador tiene la carga de la prueba para demostrar pérdidas concretas. Esto incluye trienios no percibidos, pérdida de oportunidades de traslado o promoción profesional, e incluso el coste de los honorarios de abogados de procesos judiciales anteriores.
• Daños morales: Se establece una indemnización presunta (no requiere prueba del daño) pero rígidamente tasada bajo el baremo de la LISOS. La horquilla económica fijada oscila entre los 1.000 € y los 10.000 €.

Los ponentes han criticado con dureza este baremo. Cristóbal Molina lo califica de arbitrario y sostiene que el Supremo ha buscado una cifra que no comprometa la estabilidad financiera de las administraciones públicas pero que "aparente" cumplir con las exigencias de la Unión Europea, sin ser realmente una medida disuasoria.

↑ volver al índice

Tabla comparativa: las posturas de los expertos

En la siguiente tabla se resumen las diferencias fundamentales entre los ponentes respecto a la aplicación de la nueva jurisprudencia.

Tema analizado	Cristóbal Molina	Ignasi Beltrán	Pablo Guntiñas
Valoración general	Sentencia miedosa que intenta esquivar el mandato real del TJUE.	Sentencia pragmática y necesaria para poner orden al vacío legal.	Esfuerzo técnico valorable que deja insatisfechas a las víctimas.
Propuesta de fijeza	Propone indemnizaciones automáticas muy elevadas para castigar el abuso.	Acepta limitar la fijeza solo a quienes superaron una oposición previa.	Aboga por una fijeza más amplia basada en la antigüedad real.
Indemnización LISOS	Arbitraria; propone baremos objetivos tipo Italia o Reino Unido.	Preocupado por la gran disparidad de criterios en los juzgados locales.	Insuficiente; el dinero no compensa la pérdida de la estabilidad laboral.
Inspección de trabajo	La considera una broma jurídica sin ningún efecto punitivo real.	Duda de su eficacia real por la falta de culpa administrativa probada.	Sin impacto directo para la estabilidad o el futuro del afectado.

Conclusiones finales y el minuto de oro por autor

Como cierre del encuentro, cada experto resumió en un minuto su visión estratégica y recomendaciones para el futuro inmediato del empleo público en España.

El minuto de oro de Cristóbal Molina Navarrete

Su propuesta es que los tribunales de instancia no se limiten a seguir el baremo mínimo. Anima a los jueces a crear una "guía de indemnización" propia que contemple tramos temporales objetivos (por ejemplo, incrementos cada 3 años de abuso). Cree firmemente que la justicia de base debe autotutelarse y aplicar baremos que sean realmente proporcionales al daño vital sufrido, superando los estrechos límites impuestos por el Supremo.

El minuto de oro de Ignasi Beltrán de Heredia

Advierte con claridad que "esto no ha hecho más que empezar". Considera que estamos ante el nacimiento de una nueva disciplina del derecho laboral público. Vaticina que vendrán muchas más sentencias aclaratorias porque el Supremo tiene cientos de expedientes con matices muy distintos que no encajan en esta primera resolución. El camino será largo y exigirá mucha inteligencia colectiva.

El minuto de oro de Pablo Guntiñas

Se enfoca en la labor minuciosa del abogado. Solicita un esfuerzo especial para analizar cada caso de forma quirúrgica e individualizada, pues las generalizaciones han terminado con este fallo. Anticipa una avalancha de demandas y asegura que los profesionales del derecho tienen por delante años de trabajo intenso para pulir las cuantías e intentar conseguir la fijeza para el mayor número de personas.

↑ volver al índice

Resumen interactivo. Muchas gracias a Matías Movilla y a Vento Abogados.

```

PRESTACIONES POR DEPENDENCIA III+ EN CATALUNYA. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA

Decreto-ley 1/2026, de 17 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas para las personas con grado III+ de dependencia extrema y de modificación de la ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.

Departamento: Comunidad Autónoma de Cataluña.

Publicación: BOE nº 117 de 14/05/2026, p. 66455 a 66461 (7 páginas).

Ver documento: Enlace al BOE

Normativa adaptada: Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD) y las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña. Ver texto consolidado

Nuevas cuantías y nivel adicional de protección en Cataluña para el grado III+

Con la publicación del Decreto-ley 1/2026, Cataluña ejerce su facultad para establecer un nivel adicional de protección destinado a reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Esto se traduce en una ampliación significativa del límite estatal fijado previamente.

Para las personas con un grado III+ de dependencia extrema (como es el caso de las personas diagnosticadas con ELA en fase avanzada u otros procesos irreversibles de alta complejidad), la cuantía máxima estatal se amplía en 4.929,50 euros, alcanzando un importe máximo total de hasta 14.788,50 euros mensuales para la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio (PEV) o para la prestación económica de asistente personal.

Tabla de cuantías máximas mensuales según intensidad de apoyo

Las cuantías se determinan en función de la intensidad del apoyo fijada en el Programa Individual de Atención (PIA):

Intensidad del apoyo	Cuantía máxima mensual (Euros)
De 8 h diarias	4.930,00 €
De 12 h diarias	7.394,25 €
De 16 h diarias	9.859,00 €
De 20 h diarias	12.323,75 €
De 24 h diarias	14.788,50 €

Capacidad económica y porcentaje a percibir

El decreto-ley también introduce modificaciones (adaptando la Orden ASC/433/2007) para que las deducciones por capacidad económica sean mínimas. Los coeficientes para el grado III+ quedan de la siguiente manera:

• De 0 a 5,5 IRSC: Se percibe el 100% de la prestación.
• Más de 5,5 IRSC: Se percibe el 95% de la prestación.

Compatibilidad plena de servicios y agilización de trámites

Una de las novedades más importantes que introduce este decreto (modificando la Orden ASC/55/2008) es el régimen de plena compatibilidad. En caso de que la persona tenga reconocido el grado III+ de dependencia extrema, todas las prestaciones del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia son compatibles entre sí, operando como único límite la cuantía máxima estipulada para este grado.

Además, para garantizar una respuesta rápida a la evolución de la ELA, se modifica la Ley 12/2007 permitiendo que el Programa Individual de Atención (PIA) pueda ser propuesto directamente por el departamento competente, por medios propios o ajenos, y no exclusivamente por los servicios sociales básicos. De este modo se agiliza notablemente el proceso burocrático.

Acceso a mis entradas anteriores del blog sobre ELA y dependencia

• Resumen y esquema: el nuevo grado III+ y las ayudas económicas para los afectados por ELA.
• Análisis del RD 969/2025 y los criterios de atención a procesos irreversibles y de alta complejidad.
• A propósito del RD Ley 11/2025 y la mejora de la calidad de vida de las personas con ELA.
• Por fin, se ha publicado la ley 3/2024 para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA.

SOBRE LA “NUEVA” INDEMNIZACIÓN POR ABUSO DE TEMPORALIDAD: IMPACTO FISCAL, COTIZACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD

No quiero meterme en un jardín, pero allá voy. En mi condición de jurista, justifico mi posición respecto a la fiscalidad, cotización, plazos de prescripción y la activación de la garantía de indemnidad para la nueva indemnización por abuso de temporalidad establecida en la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, poniendo el foco en aquellas circunstancias que no han sido abordadas por la doctrina más cualificada, evidentemente, por su carácter más accesorio. Pero creo que vale la pena realizar una reflexión “a vuela pluma”. Por cierto, como me gusta esta expresión, siempre que puedo, la cuelo en mis entradas, como ya habrán advertido quienes me lean de vez en cuando.

En fin, la visión correcta de la sentencia son las que ya han realizado, y a los que me remito por lo acertado de sus comentarios:

• Ignasi Beltran, Primera reacción del Tribunal Supremo al asunto Obadal (STS 11/5/26): un comentario de urgencia.
• Cristobal Molina, El Tribunal Supremo tira de «tópica» para desplazar y multiplicar, sin solución cierta, el quid iuris del abuso de temporalidad pública.
• Eugènia Revilla, Joyas de Jurisprudencia | El Tribunal Supremo reconstruye la respuesta al abuso de temporalidad tras Obadal: entre fijeza, indemnización y sanción administrativa.
• Eduardo Rojo, ¿Punto y partido, o todavía solo match ball? Doce reflexiones y una recapitulación final sobre la sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 11 de mayo de 2026. Trabajadora interina laboral. Debate sobre la adquisición de fijeza y fijación de criterios generales.

Ante las opiniones tan cualificadas que ya se han publicado y que acabo de referenciar, no soy yo la persona adecuada para analizar detalladamente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 1959/2026, de 11 de mayo, ni mucho menos, pero sí me atrevo a valorar, las “probables” consecuencias -por favor, me atrevo a realizar estas reflexiones porque creo que no han sido abordadas aún por la doctrina más cualificada- derivadas de la naturaleza jurídica que hemos de otorgar a esta nueva figura de la indemnización por abuso de la temporalidad.

El punto de partida es que se trata de una indemnización que pretende reparar un daño sufrido por la persona trabajadora en el pasado -y que puede reflejarse o no en la actualidad- (la situación de precariedad o menoscabo, el daño material y moral) y cuya finalidad no es compensar la pérdida de ingresos por la extinción laboral, siendo "independiente de la extinción laboral". Sobre esta premisa, expongo mis reflexiones:

1. La percepción de esta indemnización ¿supone que ha de ser cotizado a la Seguridad Social? En su caso, ¿cómo se realiza?

Considero que esta indemnización sí debe formar parte de la base de cotización a la Seguridad Social. Según la regla general contenida en el artículo 23.1.B) del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, Reglamento General sobre Cotización, la base de cotización se constituye por "la totalidad de las percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie". En el artículo 23.2.B) se excluyen explícitamente "las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses". Evidentemente ni esta nueva indemnización por abuso de la temporalidad está allí reflejada, ni responde, creo que ni por analogía, a ninguno de los conceptos excluyentes.

Por tanto, como el Tribunal Supremo es tajante al señalar que esta indemnización tiene como objetivo sancionar el abuso sufrido y "reparar la situación de precariedad", diferenciándola claramente de la indemnización derivada del cese o despido (pudiendo nacer el derecho incluso sin que la relación se extinga), no es posible encuadrarla en la exención tasada del artículo 23.2.B. Por ende, la cantidad percibida en concepto de abuso de temporalidad cotiza.

Dado que el abono de esta indemnización consiste en la percepción de un concepto no periódico devengado de forma extraordinaria tras una reclamación o sentencia, se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 16.2.b) de la citada norma reglamentaria. Esta norma determina que aquellas retribuciones que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico "se prorratearán en las liquidaciones mensuales de dicho ejercicio". La empresa (o la Administración en este caso) deberá realizar las oportunas liquidaciones prorrateando el importe adjudicado a lo largo de los meses del año de devengo. Aunque tampoco es descabellado que se realicen las cotizaciones complementarias, en periodos anteriores y superiores en el tiempo, por la vía del apartado 2.c) del mismo artículo.

Y ojo, porque eso supone un claro reflejo futuro en prestaciones de Seguridad Social que pueda causar la persona trabajadora, pero quizás también en algunas otras ya causadas -por ejemplo, una IT, riesgo durante el embarazo, etc.-.

2. Fiscalidad ¿Tributa por el IRPF?

En materia tributaria, donde mi conocimiento es más bien irregular, mi razonamiento es que esta cuantía no goza de exención y tributará como rendimiento del trabajo. La Ley 35/2006 del IRPF contempla en su artículo 7 las rentas exentas. Las letras 7.d) y 7.e) eximen respectivamente las indemnizaciones por daños personales judicialmente reconocidas y las indemnizaciones por despido o cese. No creo que nos encontremos ante una auténtica indemnización civil, ya que el Ponente no utiliza dicha calificación en ningún momento. No obstante, quizás podría forzarse esa interpretación.

Ahora bien, en favor de mi tesis, el párrafo segundo que hace referencia a las indemnizaciones abonadas por compañías aseguradoras y el límite del baremo de accidentes de tráfico, abonan mi posición respecto al mal encaje de la nueva indemnización con este epígrafe. Al igual que expuse con la cotización, la desconexión que hace el Tribunal Supremo entre el cese y esta indemnización bloquea claramente la exención del 7.e). A su vez, el Tribunal advierte que esta indemnización resarce no solo daños morales, sino daños materiales como, por ejemplo, haber "percibido salarios inferiores a los que hubiera cobrado si hubiera sido un trabajador fijo". Al retribuir un daño patrimonial o económico derivado de la propia relación de servicios, encaja dentro del artículo 17.1, que define como rendimientos del trabajo "todas las contraprestaciones o utilidades... que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral".

Ahora bien, sí es de aplicación la reducción del 30%. A pesar de su tributación, sostengo que resultará de aplicación la reducción del 30 por ciento regulada en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, la cual se otorga a los rendimientos íntegros "que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo", cuando se imputen en un único período. Considerando que la aplicación de la Cláusula 5 del TJUE exige, precisamente, una duración "anormalmente larga" o "inusualmente larga" de al menos tres años continuados en el tiempo, la generación de esta compensación supera ampliamente los dos años requeridos por la norma tributaria.

Respecto a la declaración e imputación temporal, el artículo 14.2.a) de la ley del IRPF establece que, cuando el derecho a percibir la renta se halle pendiente de una resolución judicial, los importes se imputarán al "período impositivo en que aquélla adquiera firmeza".

3. Prescripción y plazo de reclamación

Abordando el supuesto de aquellas personas que ya no están ocupando la plaza, es necesario distinguir la forma en la que la relación se extinguió, basándome en el Estatuto de los Trabajadores y en las indicaciones que da la jurisprudencia:

Finalización por despido o cobertura de vacante

El Tribunal Supremo señala expresamente que el trabajador debe reclamar la indemnización reparadora del abuso de forma acumulada cuando "ejercite una acción de despido en la que impugne la extinción del contrato de trabajo". En este supuesto, nos regimos por el plazo de caducidad estricto, aplicándose el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, que fija un plazo inexorable de 20 días hábiles siguientes a la fecha de efectos del despido. Pero recordemos que, en doctrina matizada posteriormente, ya señaló que cuando la administración notificaba un despido sin indicar vía y plazo de impugnación, se mantenía suspendido el plazo de caducidad hasta interposición de demanda, aunque eso sí, operaba como máximo el plazo de prescripción supletoriamente fijado por el artículo 59.1 ET de un año. (STS 3523/2023).

Finalización por otras causas (jubilación, dimisión)

Cuando el contrato termina de manera voluntaria u ordinaria en la que no se demanda por despido, creo que debemos aplicar el plazo general de prescripción de las acciones derivadas del contrato. El artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores dispone que prescribirán "al año de su terminación", computándose desde que la acción pudiera ejercitarse. Atendiendo a la jurisprudencia del TJUE, el dies a quo (o inicio de cómputo) para los plazos no empieza a correr antes de "que haya cesado la infracción y de que la persona perjudicada tenga conocimiento" para reclamar. Por ende, al jubilarse o dimitir la persona es cuando se interrumpe la conducta continuada del abuso de temporalidad, disponiendo a partir de entonces de un año para formular su reclamación.

4. Activación de la garantía de indemnidad y posibles represalias

La sentencia y el voto particular concurrente ya se hacen eco de la litigiosidad sobre esta cuestión -que ya es muy alta- pero que se antoja será masiva en aras a obtener la indemnización por abuso. Pues bien, concluyo rotundamente, y ahora me pongo la toga de abogado, que solicitar esta indemnización dota a la persona trabajadora y a su círculo íntimo de la máxima protección laboral, activando la garantía de indemnidad.

Reclamar la compensación por la indemnización por abuso en la temporalidad no deja de ser un ejercicio legítimo de los derechos de la persona trabajadora. En este sentido, si la Administración – como empleadora- adoptara un despido como represalia, creo que estamos todos de acuerdo en que se activa la protección como despido nulo, en que el artículo 55.6 del ET impone a la empresa la "readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir".

Pero es más, esta protección individual ha quedado enormemente blindada gracias a la, yo creo que aún desconocida, Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa. Su disposición adicional tercera consagra expresamente el derecho a la indemnidad frente a "consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales".

Y, de manera novedosa e imperativa, su apartado 2 extiende expresamente esta coraza al "cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que presten servicios en la misma empresa, aun cuando éstos no hubieran realizado la actuación". Es decir, un despido orquestado no solo contra el reclamante, sino contra cualquiera de sus familiares que sean personal laboral en la misma Administración o entidad como represalia, estaría abocado a la nulidad absoluta.

Conclusión

Muy breve. Van a ver oleadas de demandas en solicitud de la indemnización por abuso de la temporalidad, y creo que hay que tener en cuenta:

• Está sujeta a cotización, lo que repercute favorablemente en prestaciones de Seguridad Social, futuras, pero también en algunas ya causadas de la persona trabajadora.
• Se ha de tributar por IRPF, aunque es, eso sí, un rendimiento irregular por haber sido generado en un periodo superior a dos años.
• Atentos al plazo de prescripción. Creo que es el de un año, y el dies a quo, a partir del momento en que cese el abuso ¿Y si ya transcurrió un año por dimisión o jubilación? ¿Cabría interpretar que el dies a quo es la STJUE Obadal?
• Y sí, creo firmemente que el ejercicio del derecho a percibir esta indemnización activa la garantía de indemnidad.

Finalizo, y pido perdón, porque no he sido capaz de poner “llum a la foscor”…

---

Lectura recomendada:

La garantía de indemnidad

Autores: Antonio Folgoso Olmo, Alfredo Montoya Melgar (pr.)

Editores: Boletín Oficial del Estado, BOE

Año de publicación: 2021 | País: España | Idioma: español

ISBN: 978-84-340-2710-7

📥 Texto Completo Libro (BOE)

No tengo ninguna duda que la tesis de mi admirado Antonio fue inspiradora de la DA 3ª LO 5/2024.

REFORMA DEL COPAGO SANITARIO EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA. EL NUEVO RDLEY 11/2026

El nuevo copago farmacéutico (RD-ley 11/2026): equidad, progresividad y la memoria de 2012

El 14 de diciembre de 2012 escribí en este mismo blog la entrada "¿Qué precio tiene estar enfermo? Asistencia sanitaria y el 'copago' en prestaciones farmacéuticas y protésicas". Hoy, más de 13 años después de aquel dramático recorte, hay que decir las cosas claras: poco hemos recuperado respecto a aquel hachazo que eliminó de un plumazo la gratuidad histórica en la prestación farmacéutica de los pensionistas. Aquel derecho arrebatado solo se ha recuperado en una pequeña parte.

Con este telón de fondo, se publica el Real Decreto-ley 11/2026. Su Exposición de Motivos reconoce abiertamente las disfunciones del modelo que arrastrábamos. El objetivo declarado de esta nueva reforma es no perjudicar más a las rentas bajas, corrigiendo una inequidad sangrante (donde trabajadores precarios pagaban más que pensionistas acomodados) y buscando una mayor progresividad. Al introducir nuevos tramos y topes mensuales, se intenta frenar un drama silencioso: el abandono de tratamientos por incapacidad económica.

1. Cuadro resumen: situaciones y tramos del nuevo copago (art. 102)

A continuación, detallamos todos los supuestos de aportación fijados en la nueva normativa, combinando el porcentaje sobre el Precio de Venta al Público (PVP) y los topes máximos mensuales.

Colectivo / situación	Nivel de renta anual	Aportación (% PVP)	Tope máximo mensual
Exentos (Discapacidad ≥33% en menores, IMV, rentas de integración, pensiones no contributivas, parados sin subsidio, accidentes de trabajo, síndrome tóxico)	Cualquiera	0%	0,00 €
Asegurado activo y beneficiarios	≥ 100.000 €	60%	Sin tope legal general
	60.000 € - 99.999 €	50%	Sin tope legal general
	35.000 € - 59.999 €	45%	Sin tope legal general
	18.000 € - 34.999 €	45%	61,75 €
	9.000 € - 17.999 €	40%	18,52 €
	< 9.000 €	40%	8,23 €
Pensionistas y beneficiarios	≥ 100.000 €	60%	61,75 €
	60.000 € - 99.999 €	10%	18,52 €
	18.000 € - 59.999 €	10%	13,37 €
	< 18.000 €	10%	8,23 €
	Con complementos a mínimos (Art. 59 LGSS)	0% (Exentos)	0,00 €
Extranjeros no registrados (art. 3 ter)	Cualquiera	40%	8,23 €
Mutualistas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU)	Cualquiera	30%	Sin tope general
Medicamentos ATC (aportación reducida)	Todos los colectivos (no exentos)	10%	4,98 €

2. Disposición transitoria única: protección a pensionistas "antiguos"

Cláusula de salvaguarda: El nuevo artículo 102.8.i asocia la exención total para pensionistas a la percepción de complementos a mínimos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya estaban exentos por renta pero que hoy no cobran ese complemento? La disposición transitoria única garantiza que seguirán estando exentos (tanto ellos como sus beneficiarios) si sus rentas anuales son inferiores a 5.635 € (o inferiores a 11.200 € si no están obligados a presentar el IRPF). De esta forma se blinda a quienes ya gozaban de este pequeño respiro.

3. Calculadora de copago Versión beta

Introduce los datos para calcular la aportación exacta que te correspondería en la farmacia según las nuevas reglas (el sistema tiene en cuenta automáticamente los porcentajes y los topes mensuales).

Calculadora interactiva (RD-ley 11/2026)

Tipo de usuario: Asegurado activo (trabajador) Pensionista Persona exenta (discapacidad, IMV, complemento a mínimos...) Mutualista (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) Extranjero no registrado (art. 3 ter)

Nivel de renta anual (casilla base liquidable):

¿Es un medicamento de aportación reducida (ATC)?

Coste total del medicamento (PVP en €):

Aportación a pagar en farmacia:
0.00 €

Consultar el texto refundido de la Ley de garantías (RDL 1/2015) en el BOE