16 noviembre 2026

GUÍA INTERACTIVA SOBRE INCAPACIDAD TEMPORAL TRAS EL RDLEY 31/2026

La incapacidad temporal constituye una de las instituciones axiales -y más discutidas- del sistema de Seguridad Social, al articular la protección económica y sanitaria de la persona trabajadora frente a la pérdida sobrevenida de rentas derivada de alteraciones de la salud. La presente guía sistematiza de forma integral el régimen sustantivo, procedimental y de gestión de la prestación, actualizando cada una de sus fases e instituciones con las reformas estructurales introducidas por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. Esta norma implanta una nueva fórmula de determinación de la base reguladora referenciada al mes previo al anterior al hecho causante, reordena y amplía el catálogo de situaciones especiales de incapacidad temporal con perspectiva de género y vulnerabilidad, reconfigura las responsabilidades de abono y cotización empresarial, y dota de cobertura permanente a las situaciones de catástrofe extraordinaria.

1. Concepto legal, finalidad y estructura básica de la prestación

La incapacidad temporal se define en el artículo 169 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social como aquella situación en la que se encuentra la persona trabajadora que, estando impedida transitoriamente para desempeñar las tareas habituales de su profesión por causa de enfermedad o accidente, precisa y recibe asistencia sanitaria prestada por los servicios públicos de salud o por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Esta contingencia proyecta simultáneamente sus efectos sobre dos planos jurídicos complementarios:

  • Ámbito prestacional de la Seguridad Social: Origina el derecho a la percepción de un subsidio económico temporal destinado a neutralizar la falta de retribución salarial mientras subsiste la imposibilidad física o psíquica de prestar servicios.
  • Ámbito del contrato individual de trabajo: Actúa como causa típica de suspensión contractual al amparo del artículo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, exonerando con carácter recíproco de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo mientras dura la baja médica.

Si los requisitos constitutivos son recibir asistencia sanitaria y estar impedido para el trabajo, tampoco podemos perder de vista que la configuración legal descansa sobre otro presupuesto indispensable, que no es otro que la presunción de reversibilidad clínica de la alteración de la salud, elemento diferenciador respecto a las situaciones de incapacidad permanente, en las que las reducciones anatómicas o funcionales se presumen definitivas.

2. Requisitos generales de acceso y nuevo cuadro de carencia (art. 172 LGSS)

El devengo de la prestación económica de incapacidad temporal exige acreditar la condición de asegurado mediante los presupuestos generales de afiliación y alta, así como el cumplimiento de periodos mínimos de cotización que el ordenamiento modula en atención al origen del proceso y a la singularidad de la baja médica.

2.1 Presupuestos generales de aseguramiento

  • Afiliación y situación de alta: Hallarse válidamente afiliado y en alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o en situación formalmente asimilada a la de alta según lo establecido con carácter general en el artículo 165.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
  • Impedimento temporal y asistencia médica: Estar formalmente inhabilitado para el desempeño laboral ordinario y recibir asistencia médica continuada a cargo de los Servicios Públicos de Salud o de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

2.2 Exigencias de cotización previa tras el real decreto-ley 31/2026

El artículo 172 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción otorgada por el artículo primero, apartado cinco, del Real Decreto-ley 31/2026, armoniza el marco de cotización previa liberando de periodos de carencia a la gran mayoría de las situaciones especiales de contingencias comunes para salvaguardar de manera efectiva la cobertura de colectivos especialmente vulnerables:

Contingencia o supuesto determinante Periodo mínimo de cotización exigido Precepto legal aplicable
Enfermedad común ordinaria 180 días cotizados en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante Art. 172.a), primer párrafo LGSS
Accidente no laboral Exento de cotización previa (0 días) Art. 172.b) LGSS
Accidente de trabajo y enfermedad profesional Exento de cotización previa (0 días) Art. 172.b) LGSS
Menstruación incapacitante secundaria Exenta de cotización previa (0 días) Art. 172.a), segundo párrafo LGSS
Interrupción del embarazo (voluntaria o no) Exenta de cotización previa (0 días) Art. 172.a), segundo párrafo LGSS
Gestación avanzada (semana trigésima novena) Requiere los periodos del art. 178.1 LGSS según edad en la fecha de la baja Art. 172.a), tercer párrafo LGSS
Donación de órganos o tejidos para trasplante Exenta de cotización previa (0 días) Art. 172.a), segundo párrafo LGSS
Patología por trastorno menopáusico secundario Exenta de cotización previa (0 días) Art. 172.a), segundo párrafo LGSS
Lesiones derivadas de violencia de género Exenta de cotización previa (0 días) Art. 172.a), segundo párrafo LGSS

Esta dispensa generalizada de carencia previa en los supuestos especiales reconoce que las bajas vinculadas a la salud reproductiva, a la generosidad del donante en donaciones de órganos, y a agresiones por violencia contra la mujer no pueden subordinarse a cotización previa que impidan la tutela inmediata del sistema.

3. Dinámica temporal del proceso: fases, prórrogas y control (hasta los 545 días y más allá)

El desarrollo temporal del proceso de incapacidad temporal se encuentra rigurosamente reglado a través de fases cronológicas sucesivas en las que las competencias sanitarias y de gestión se van reasignando formalmente entre los diversos agentes del sistema de protección.

3.1 Fase ordinaria inicial: del día 1 al día 365

La duración ordinaria inicial tiene fijado un límite temporal de trescientos sesenta y cinco días naturales.

  • Emisión de partes médicos: En procesos derivados de contingencias comunes y de situaciones especiales, la expedición de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta corresponde en exclusiva a los médicos facultativos del Servicio Público de Salud. En procesos derivados de contingencias profesionales, dicha competencia corresponde a los facultativos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o de las empresas autoaseguradoras autorizadas.
  • Facultades inspectoras concurrentes: Sin perjuicio de la expedición de las bajas por los servicios sanitarios, las facultades de seguimiento, citación a reconocimientos médicos e inspección corresponden de manera concurrente a la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Inspección Sanitaria de las comunidades autónomas y a las mutuas colaboradoras en los términos reglamentariamente fijados.

3.2 El hito de los 365 días: prórroga automática y competencia exclusiva del INSS

Alcanzado el término de los 365 días iniciales, se produce una mutación competencial sustancial en virtud de los artículos 169 y 170 de la Ley General de la Seguridad Social:

  • Cesa la competencia de los Servicios Públicos de Salud y de las mutuas colaboradoras para la emisión de partes médicos de prórroga o alta.
  • El Instituto Nacional de la Seguridad Social asume la competencia exclusiva para prorrogar la situación con un límite de hasta 180 días adicionales cuando se presuma curación, emitir el alta médica a todos los efectos, o acordar la incoación de un expediente de incapacidad permanente.
  • Prórroga automática: Agotado el año de baja, la situación de incapacidad temporal se entiende prorrogada de forma automática mientras la entidad gestora procede a la revisión clínica y valoración documental del trabajador, conservándose inalterados los efectos económicos de la prestación.

3.3 Agotamiento de los 545 días y demora de calificación

Al consumarse el plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales (trescientos sesenta y cinco días ordinarios más ciento ochenta días de prórroga excepcional), el proceso alcanza su frontera temporal máxima:

  • Extinción de la obligación de cotizar: El artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social preceptúa que, al alcanzarse los 545 días de baja médica, cesa formalmente la obligación de cotizar a la Seguridad Social por parte de la empresa, extinguiéndose simultáneamente el deber patronal de abonar la prestación en régimen de pago delegado.
  • Obligación resolutoria de la entidad gestora: El INSS debe pronunciarse formalmente en un plazo perentorio máximo de 3 meses naturales desde el agotamiento del día 545, debiendo calificar al beneficiario en algún grado de incapacidad permanente o acordar su alta médica definitiva.
  • Demora de calificación: Si transcurrido el plazo trimestral la entidad gestora no ha dictado resolución expresa por motivos no imputables al beneficiario, el trabajador queda amparado en la denominada situación de "demora de calificación", prorrogándose la percepción económica del subsidio hasta que recaiga notificación fehaciente de la resolución administrativa.

4. Clasificación de contingencias y asimilación extraordinaria por catástrofes (nueva DA 64ª LGSS)

La calificación jurídica del origen del proceso patológico constituye la pieza angular para determinar la entidad responsable de la cobertura, la existencia o no de periodo de carencia previa y la cuantía del subsidio económico.

4.1 Contingencias comunes y profesionales

  • Contingencias comunes: Integradas por la enfermedad común (patología física o psíquica que no responde a la condición de accidente de trabajo o enfermedad profesional) y el accidente no laboral (evento lesivo imprevisto e involuntario sobrevenido al margen de la prestación del trabajo).
  • Contingencias profesionales: Comprenden el accidente de trabajo (toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo prestado por cuenta ajena o propia, integrando las modalidades de accidente in itinere) y la enfermedad profesional (aquella patología contraída a consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades y por los elementos especificados en el cuadro reglamentario oficial).

4.2 Procedimiento de determinación de contingencias

Cuando surja discrepancia entre el trabajador, el servicio sanitario de salud, la mutua colaboradora o la empresa empleadora respecto a la naturaleza común o profesional de la baja médica, se activa el cauce formal del Real Decreto 1430/2009:

  • Se incoa a solicitud de la persona trabajadora, de oficio por el propio INSS, o mediante comunicación motivada del Servicio Público de Salud o de la mutua colaboradora.
  • El Instituto Nacional de la Seguridad Social resuelve de forma vinculante previa emisión preceptiva de dictamen técnico por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).
  • La resolución administrativa fija con eficacia jurídica la contingencia originaria y ordena, si procede, la regularización económica de las prestaciones y los reintegros pertinentes entre la mutua colaboradora y la entidad gestora.

4.3 Asimilación de prestaciones a contingencias profesionales en situaciones catastróficas

El Real Decreto-ley 31/2026 incorpora en su artículo primero, apartado diecisiete, una previsión de carácter estructural mediante la nueva disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley General de la Seguridad Social:


«En aquellas normas con rango de ley que se aprueben para dar una cobertura extraordinaria tras un suceso o acontecimiento catastrófico, podrá acordarse que las prestaciones de Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, sean asimiladas a contingencia profesional, mejorando así su cobertura.»

Esta previsión normativa dota al sistema de un mecanismo legal permanente que faculta al legislador para equiparar de inmediato a contingencia profesional cualquier baja por incapacidad temporal causada por siniestros catastróficos o emergencias de protección civil, garantizando a las personas damnificadas el derecho al subsidio desde el día siguiente a la baja, la exoneración total de cotización previa y la aplicación directa del 75 por ciento de la base reguladora.

5. Cuantías, porcentajes y la nueva regla de cálculo de la base reguladora (reforma art. 171 LGSS)

La modificación del artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social operada por el artículo primero, apartado cuatro, del Real Decreto-ley 31/2026 introduce una transformación cardinal en el cálculo del subsidio, superando los desfases técnicos y operativos que planteaba el cálculo sobre el mes inmediatamente anterior en relación con los plazos de liquidación electrónica de cuotas a través del Sistema RED.

5.1 La fórmula legal de la base reguladora: el desplazamiento al mes «M-2»

Conforme a la nueva redacción legal, la base reguladora diaria de la prestación económica de incapacidad temporal no se obtiene ya de la base de cotización del mes inmediato anterior al hecho causante, sino de la base correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante (el segundo mes anterior a la baja, conocido técnicamente como mes M-2):

A) Fórmula en contingencias comunes

Base Reguladora Diaria =
Base de cotización por CC.CC. del mes inmediatamente anterior al previo al hecho causante (M-2)
Número de días a que dicha cotización se refiera

En supuestos en que la persona trabajadora perciba retribución mensual y haya permanecido en situación de alta durante la totalidad del mes natural computado, el divisor legal aplicable será invariablemente treinta (30).

B) Fórmula en contingencias profesionales

Base Reguladora Diaria =
Base CC.PP. (sin horas extras) del mes inmediatamente anterior al previo (M-2)
Días de cotización de dicho mes
+
Horas extraordinarias del año anterior al mes M-2
365

5.2 Reglas supletorias para contrataciones recientes

Para resolver los casos en que la persona trabajadora ha iniciado su relación laboral recientemente y no registra cotizaciones en el mes M-2, el artículo 171.3 de la Ley General de la Seguridad Social incorpora dos reglas escalonadas:

  1. Ingreso en la empresa en el mes anterior al del hecho causante: La base reguladora se determinará tomando la base de cotización (por contingencias comunes o profesionales) correspondiente al mes inmediatamente anterior al del hecho causante, dividida por el número de días a que corresponda dicha cotización.
  2. Ingreso en la empresa en el mismo mes del hecho causante: La base reguladora se obtendrá calculando la base de cotización de los días efectivamente transcurridos desde la fecha de alta en la empresa hasta el día anterior al de la baja médica inclusive, dividida entre dicho número de días.
Ejemplo Práctico de Cálculo:

Supongamos que un trabajador con salario mensual inicia una baja médica por enfermedad común el 15 de junio de 2027. Su base de cotización por contingencias comunes en abril de 2027 (el mes M-2, o sea, el mes inmediatamente anterior al mes previo al de la baja) fue de 1.800 euros.

Aplicando la nueva regla de la base reguladora:

  • Base Reguladora Diaria (BR) = 1.800 euros / 30 días = 60 euros/día

Con esta base, el subsidio se abonará del siguiente modo:

  • Días 1 al 3 de baja (15 al 17 de junio): Sin subsidio.
  • Días 4 al 20 de baja (18 de junio al 4 de julio): 60% de 60 € = 36 euros/día.
  • A partir del día 21 de baja (desde el 5 de julio en adelante): 75% de 60 € = 45 euros/día.

5.3 Tabla de porcentajes aplicables sobre la base reguladora

A continuación se resume la escala de porcentajes legalmente aplicables sobre la base reguladora calculada conforme a las nuevas reglas:

Contingencia o supuesto determinante Periodo de la incapacidad temporal Porcentaje aplicable sobre la base reguladora
Enfermedad común y accidente no laboral Días 1º a 3º de la baja 0% (sin derecho a subsidio, salvo mejora en convenio)
Días 4º a 20º de la baja (ambos inclusive) 60% de la base reguladora
A partir del día 21º en adelante 75% de la base reguladora
Accidente de trabajo y enfermedad profesional Primer día salario. Desde el día siguiente al de la baja médica 75% de la base reguladora durante todo el proceso
Donación de órganos o tejidos (art. 169.1.a.3ª) Durante todo el periodo de preparación y curación 100% de la base reguladora de contingencias comunes
Resto de situaciones especiales (1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª) Conforme a la escala de contingencias comunes Primer día salario -salvo gestación que el 1er día ya es IT-. 60% (días 2 a 20) y 75% (a partir del día 21)

6. Catálogo integral de las situaciones especiales de IT (reforma art. 169.1.a LGSS)

El Real Decreto-ley 31/2026 realiza una completa reordenación de las situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes reconocidas en el artículo 169.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, agrupando los supuestos preexistentes e instaurando dos nuevas figuras de acusada trascendencia social y sanitaria:

1.ª Menstruación incapacitante secundaria e interrupción del embarazo

  • Supuestos amparados: Comprende la situación de la mujer trabajadora diagnosticada de dismenorrea secundaria incapacitante vinculada a patologías ginecológicas previas, así como los procesos derivados de la interrupción del embarazo, ya sea esta voluntaria o involuntaria.
  • Salvedad profesional: Cuando la interrupción del embarazo derive de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, el proceso se encuadrará en el régimen de contingencias profesionales.
  • Régimen de protección: Exenta de cotización previa (artículo 172 LGSS) y con abono a cargo de la entidad gestora o mutua desde el día siguiente a la baja (artículo 173.1 LGSS).

2.ª Gestación avanzada de la mujer trabajadora (semana trigésima novena)

  • Supuesto protegido: Ampara a la trabajadora embarazada a partir del primer día de la semana 39 de gestación hasta el inicio del descanso por nacimiento y cuidado de menor.
  • Singularidad contributiva: Requiere reunir los periodos mínimos de cotización tasados en el artículo 178.1 de la LGSS en función de la edad cumplida a la fecha de la baja.
  • Régimen de abono: Subsidio a cargo del INSS o de la mutua colaboradora desde el día siguiente al del hecho causante.

3.ª Donación de órganos y tejidos para trasplante

  • Extensión de la cobertura: Protege a la persona trabajadora donante tanto durante los periodos (continuados o discontinuos) en los que deba someterse a la preparación médica y preoperatoria de la cirugía de extracción, como a lo largo de todo el periodo transcurrido desde el ingreso hospitalario hasta la obtención del alta médica definitiva.
  • Régimen económico privilegiado (art. 171.1 LGSS): Consiste en un subsidio singular equivalente al 100 por ciento de la base reguladora de contingencias comunes, sin periodo previo de cotización y con devengo desde el día siguiente a la baja a cargo de la entidad gestora o colaboradora.

4.ª Patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado (novedad RDLey 31/2026)

  • Delimitación legal: Reconoce como situación especial de incapacidad temporal aquella en la que pueda encontrarse la mujer trabajadora en caso de patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario debidamente codificado al efecto en los historiales clínicos, mientras reciba asistencia por el Servicio Público de Salud y se halle impedida para prestar servicios.
  • Condiciones protectoras: Exenta del cumplimiento de periodo de cotización previa (artículo 172 LGSS) y con abono del subsidio desde el día siguiente a la baja médica a cargo directo de la entidad gestora o mutua colaboradora (artículo 173.1 LGSS).

5.ª Lesiones corporales derivadas de violencia de género (novedad RDLey 31/2026)

  1. Delimitación objetiva y subjetiva: Ampara a la mujer trabajadora que se encuentre impedida para el trabajo y reciba asistencia sanitaria como consecuencia de lesiones físicas o quebrantos psicológicos causados por el hombre que sea o haya sido su cónyuge, o que esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin mediar convivencia.
  2. Presupuestos formales y probatorios de procedibilidad:
    • Con anterioridad a la fecha en que se expida el alta médica por curación o mejoría, deben haberse librado documentos sanitarios oficiales de remisión a la Fiscalía o al juzgado de guardia, una orden de protección judicial, una resolución judicial de medidas cautelares, un informe del Ministerio Fiscal apreciando indicios de violencia de género, o una sentencia penal condenatoria.
    • En tales títulos y documentos debe constar de forma expresa e inequívoca la relación directa de causalidad entre la lesión determinante de la incapacidad temporal y el acto de agresión enjuiciado o investigado.
    • El facultativo del Servicio Público de Salud consignará la situación mediante la codificación clínica específica habilitada para este fin.
  3. Régimen protector: Exoneración de cotización previa (artículo 172 LGSS) y devengo del subsidio desde el día siguiente a la baja médica a cargo de la entidad gestora o colaboradora (artículo 173.1 LGSS).

6.ª Extensión a los regímenes especiales de funcionarios y del mar

El Real Decreto-ley 31/2026 traslada este catálogo renovado a los diversos regímenes del sistema de protección:

  • Modifica el artículo 23.2 de la Ley 47/2015 para extender las situaciones especiales del artículo 169.1.a) al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (artículo segundo de la norma).
  • Modifica la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS, artículo cuarto), del personal de la Administración de Justicia (MUGEJU, artículo quinto) y de los Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE, artículo sexto), garantizando la homologación protectora de estas situaciones en el empleo público.

7. Responsabilidad del pago, costes empresariales y reducción de cuotas (arts. 144.4 y 173.1 LGSS)

La reforma acota con nitidez la imputación temporal de las cargas económicas entre la empresa y la Seguridad Social, al tiempo que introduce un incentivo directo a la cotización empresarial para favorecer el mantenimiento del empleo en personas trabajadoras de edad avanzada.

7.1 Imputación temporal del abono económico (art. 173.1 LGSS)

  • Contingencias profesionales (accidente laboral o enfermedad profesional):
    • Salario íntegro del día de la baja médica: Abonado en su totalidad por la empresa empleadora.
    • Subsidio de IT: Nace el día siguiente al de la baja, con cargo directo a la mutua colaboradora o entidad gestora.
  • Enfermedad común y accidente no laboral ordinario:
    • Días 1º a 3º: Periodo carente de subsidio legal a cargo del sistema.
    • Días 4º a 15º (ambos inclusive): Subsidio a cargo directo de la empresa empleadora.
    • Día 16º en adelante: Subsidio a cargo de la entidad gestora o mutua colaboradora (canalizado ordinariamente mediante el sistema de pago delegado).
  • Todas las situaciones especiales de IT (art. 169.1.a LGSS):
    • Salario íntegro del día de la baja: A cargo de la empresa.
    • Subsidio económico de IT: Se abona desde el día siguiente al de la baja médica con cargo íntegro a la entidad gestora o colaboradora que cubra las contingencias comunes, liberando a la empresa de soportar el subsidio de los días cuarto al decimoquinto.

7.2 Continuidad de la cotización y reducción del 75% para mayores de 62 años (art. 144.4 LGSS)

El artículo primero, apartado dos, del Real Decreto-ley 31/2026 modifica el artículo 144.4 de la Ley General de la Seguridad Social estableciendo:

  • Continuidad de la obligación contributiva: La obligación de cotizar subsiste durante toda la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa o contingencia, incluidas expresamente las situaciones especiales del artículo 169.1.a).
  • Reducción empresarial del 75 por ciento:
    • Las empresas tienen derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido los 62 años de edad.
    • Esta bonificación no queda supeditada a los requisitos restrictivos del artículo 20.1 de la LGSS, facilitando su aplicación directa y automática en la liquidación de aportaciones.

8. Particularidades en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA)

El Real Decreto-ley 31/2026 adapta las reglas de incapacidad temporal al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los artículos 309.1 y 318.h de la Ley General de la Seguridad Social.

8.1 Determinación de la base reguladora en el RETA (art. 318.h LGSS)

  • Cualquiera que sea la contingencia originaria, la base reguladora diaria estará constituida por la base de cotización a este régimen especial correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante (mes M-2), dividida entre treinta (30).
  • Si el alta en el régimen especial se hubiera producido en el mismo mes de la baja médica, se tomará dicha base dividida entre treinta; si aconteció en el mes anterior al de la baja, se computará la base de cotización del mes inmediatamente anterior al de la baja médica.
  • En la aplicación del artículo 173.1 quedan excluidas las menciones relativas a los días de prestación a cargo del empresario.

8.2 Blindaje de bases frente a la regularización anual de cuotas (art. 309.1 LGSS)

Dentro del sistema de cotización en función de los rendimientos netos reales:

  • Quedan legalmente excluidas de la regularización anual de cotizaciones las bases de los meses tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal, así como las bases de los meses posteriores hasta el hecho causante.
  • Asimismo, durante los meses en que la persona autónoma perciba la prestación de incapacidad temporal, la base de cotización aplicada adquiere carácter definitivo, impidiendo que una posterior regularización modifique el importe de la prestación reconocida.

9. Efectos de la incapacidad temporal en el contrato de trabajo

La situación de incapacidad temporal afecta de modo directo a las relaciones laborales conforme al marco del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social:

  • Suspensión contractual (art. 45.1.c ET): Suspende temporalmente el deber recíproco de prestación de servicios y abono de retribución ordinaria. El salario queda legalmente sustituido por el subsidio de la Seguridad Social.
  • Régimen de pago delegado: El empresario abona el subsidio a la persona trabajadora en la misma periodicidad y fechas fijadas para los salarios, reteniendo la cuota obrera correspondiente, y resarciéndose posteriormente de dicho desembolso descontándolo de la liquidación electrónica de cuotas a la Seguridad Social.
  • Mejoras voluntarias y complementos de convenio: Si el convenio colectivo aplicable o pacto estatutario reconoce mejoras voluntarias sobre la prestación pública (por ejemplo, complementar hasta el 100% de la retribución ordinaria desde el primer día), dichas cantidades constituyen percepciones obligatorias de naturaleza contractual.
  • Reserva de puesto y cómputo de antigüedad: Emitida el alta médica, el trabajador tiene derecho a reincorporarse de forma inmediata a su puesto de trabajo habitual. La totalidad del periodo de baja computa a todos los efectos legales como tiempo de servicio efectivo y antigüedad en la empresa.

10. Impugnación de altas médicas y doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo

El régimen procesal de impugnación de las altas médicas y las consecuencias económicas de los actos administrativos se hallan delimitados por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo:

10.1 Procedimientos de impugnación administrativa y judicial

  • Altas en los primeros 365 días: Frente al alta médica expedida por el Servicio Público de Salud o las mutuas colaboradoras, cabe interponer reclamación previa en el plazo de once días hábiles ante el órgano gestor correspondiente, paso preceptivo para la posterior demanda en modalidad procesal urgente ante los Juzgados de lo Social.
  • Procedimiento de disconformidad a los 365 días: Emitida el alta médica por el INSS a los 365 días, el trabajador dispone de un plazo de cuatro días naturales para formular disconformidad ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, manteniéndose provisionalmente la prórroga de la baja si dicha inspección discrepa de la resolución gestora.

10.2 Pronunciamientos destacados del Tribunal Supremo

A) Calificación de contingencias y nexo de causalidad

  • Infarto de miocardio en el domicilio particular (STS 4ª de 2 de marzo de 2021, Rec. 1622/2019): Descarta la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la LGSS si la crisis aguda acontece en el domicilio antes de iniciar el desplazamiento al trabajo, exigiéndose prueba concluyente de un nexo causal laboral relevante para destruir la calificación de enfermedad común.
  • Accidente durante la pausa para el café (STS 4ª de 13 de enero de 2022, Rec. 2617/2019): Califica como accidente de trabajo la caída acaecida fuera del centro de trabajo durante la pausa para el desayuno, al ser considerado dicho intervalo tiempo de trabajo efectivo e inherente a la actividad laboral.
  • Delimitación del accidente in itinere en zonas privativas (STS 4ª de 22 de mayo de 2024, Rec. 813/2023): Establece que el trayecto laboral protegido no se inicia hasta que la persona abandona su ámbito de dominio privado (vivienda, parcela o escaleras privativas), requiriendo haber rebasado el portal o acceso público común.

B) Base reguladora, efectos económicos y cirugía electiva

  • Base reguladora en procesos de recaída (STS 4ª de 11 de septiembre de 2024, Rec. 2314/2021): Modifica la doctrina anterior y unifica criterio determinando que la base reguladora aplicable en una recaída médica por el mismo cuadro patológico debe calcularse con las bases de cotización correspondientes al periodo inmediatamente anterior a la recaída, sin arrastrar la base reguladora del proceso inicial.
  • Efectos económicos y notificación formal del alta (STS 4ª de 19 de diciembre de 2023, Rec. 705/2021): Reitera que el derecho al percibo del subsidio económico de incapacidad temporal se extiende de manera ininterrumpida hasta el día en que se notifica fehacientemente el alta médica a la persona trabajadora, y no hasta la fecha en que se emite o firma la resolución administrativa.
  • Incapacidad temporal por cirugía voluntaria no estética (STS 4ª de 19 de septiembre de 2023, Rec. 2991/2020): Admite el derecho a la prestación de incapacidad temporal cuando intervenciones electivas no estrictamente reparadoras pero con finalidad terapéutica (como la cirugía refractiva para corregir la miopía) inhabilitan temporalmente para el desempeño laboral, siempre bajo el seguimiento de los servicios públicos de salud.

11. Régimen transitorio, vigencia y efectos temporales de la reforma

La efectividad jurídica de las reformas del Real Decreto-ley 31/2026 se sujeta a las siguientes reglas de transitoriedad y vigencia:

  • Entrada en vigor formal del real decreto-ley: Conforme a la disposición final cuarta, la norma entró en vigor con carácter general el mismo día de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (21 de octubre de 2026).
  • Fecha de efectos en incapacidad temporal: La disposición final cuarta, apartado dos, precisa que las modificaciones en los artículos 144.4 (reducción de cuotas para mayores de 62 años), 169.1.a) (catálogo de situaciones especiales), 171 (nueva fórmula de base reguladora M-2 y subsidio de donación), 172 (régimen de carencias) y 173.1 (pago desde el día siguiente en situaciones especiales), así como las concordantes en los regímenes especiales, producirán efectos el día primero del segundo mes siguiente al de la publicación oficial, es decir, el 1 de diciembre de 2026.
  • Procesos a los que resulta aplicable (disposición transitoria primera): Las reformas operadas en materia de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes se aplicarán exclusivamente a los procesos de incapacidad temporal que se inicien con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de dichas modificaciones.
  • Vigencia del régimen de cotización en el RETA: La modificación del artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social referida a la inalterabilidad y exclusión de regularización de bases en supuestos de incapacidad temporal de trabajadores autónomos producirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

13 noviembre 2026

A VUELTAS CON EL CARÁCTER MIXTO DEL RECARGO DE PRESTACIONES: EL TRANSCURSO DE 135 DÍAS NO COMPORTA LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE (STS PLENO 4468/2026)

La sentencia del Tribunal Supremo resuelve sobre un recurso de casación interpuesto por EDS Ingeniería y Montajes SA, tras un accidente laboral que afectó a un trabajador subcontratado. La resolución analiza la falta de coordinación en prevención de riesgos laborales entre las empresas concurrentes y confirma la aplicación de un recargo en las prestaciones de la Seguridad Social. Pero la importancia de la sentencia radica en que aborda, nuevamente y en Pleno, la compleja naturaleza jurídica mixta del recargo, situada entre la indemnización y la sanción administrativa. Por último, incluye un voto particular formulado por dos magistrados que discrepaban de la decisión mayoritaria por motivos procesales -falta de contradicción- y de fondo relativos a las garantías sancionadoras aplicables -defienden el carácter sancionador y que es de aplicación la institución de la caducidad-.

ROJ: STS 4468/2026 - ECLI: ES:TS:2026:4468
Enlace a la resolución

Tipo órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Municipio: Madrid
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
Nº Recurso: 4863/2024
Fecha: 03/11/2026
Tipo Resolución: Sentencia

Resumen: EDS INGENIERÍA Y MONTAJES SA. Recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad. Se reitera su naturaleza mixta, que cumple las funciones indemnizatoria y sancionadora. La superación del plazo de 135 días del art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996 no determina la caducidad del expediente administrativo, sino que se considera resuelto por silencio administrativo negativo. Voto particular.

La sentencia es extensa, aunque no es novedosa en cuanto al resultado, ya que ha reiterado la anterior jurisprudencia de la Sala, pero entiendo es importante ya que recoge, especialmente en su fundamento tercero -fundamentos jurisprudenciales- y sexto -naturaleza del recargo de prestaciones-, los diferentes posicionamientos del TS sobre diversas cuestiones conexas con esta siempre discutida y compleja figura. Vamos con ello.

1. Breve referencia al supuesto de hecho

El litigio trae causa del accidente de trabajo sufrido el 22 de mayo de 2019 por D. Baldomero en Bakio, quien prestaba servicios como operador de grupo electrógeno para la empresa Morillo Energy Rent, S.A.U., mercantil subcontratada por Iberdrola. En el mismo centro de trabajo concurrían operarios de EDS Ingeniería y Montajes, S.A. (asimismo contrata de Iberdrola), encargados de sustituir tres cables paralelos en una torreta eléctrica de 9 a 11 metros de altura.

Para la maniobra de izado y descenso de cables de unos 67 kg y 25 metros de longitud, los trabajadores de EDS utilizaron una polea sujeta a la torreta. Aunque al inicio de la jornada varios empleados de EDS colaboraron a pie de poste, posteriormente abandonaron el lugar, quedando en altura únicamente dos operarios de EDS. Al concluir los trabajos en altura y comenzar a descender el tendido, uno de los operarios de EDS solicitó la ayuda de D. Baldomero para que acudiera a pie de torre a desenredar un cable conductor que se había trenzado con la cuerda de servicio de la polea. Al posicionarse bajo el radio de acción de las labores en altura, uno de los cables desatornillados del transformador se desprendió intempestivamente al ceder la única brida ahorcada que lo sujetaba a la estructura y escaparse de las manos del operario de EDS, precipitándose desde unos 9-10 metros de altura e impactando directamente en la nuca de D. Baldomero. A consecuencia del impacto, el trabajador permaneció en situación de incapacidad temporal durante 80 días.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) extendió acta de infracción el 1 de diciembre de 2020 contra EDS Ingeniería y Montajes, S.A., tipificando falta grave por omisión de las medidas de coordinación y cooperación preventiva (arts. 24.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —LPRL— y Real Decreto 171/2004), proponiendo tanto sanción económica como un recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social derivadas del siniestro.

2. Breve iter judicial

El Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao (Sentencia 320/2023, de 25 de octubre, autos 605/2020 acumulados 325/2022) desestimó la demanda promovida por EDS Ingeniería y Montajes, S.A. frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), D. Baldomero, Morillo Energy Rent, S.A.U. e I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.. El juzgador de instancia rechazó la caducidad del expediente administrativo y confirmó la procedencia del recargo del 30%.

Después, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sentencia 874/2024, de 9 de abril, rec. suplicación 220/2024), desestimó el recurso de suplicación de la empresa empleadora infractora, ratificando íntegramente el pronunciamiento de instancia.

Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Pleno) (Sentencia 852/2026, de 3 de noviembre de 2026, rcud 4863/2024; Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance), al conocer del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de EDS Ingeniería y Montajes, S.A., acuerda su debate y votación por el Pleno de la Sala, desestimando el recurso de la empresa y confirmando la firmeza de la resolución recurrida.

3. Motivo del recurso

La parte recurrente formalizó un único motivo de casación para la unificación de doctrina, denunciando la infracción del artículo 14 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996. Sostuvo que, habiendo superado el expediente administrativo de recargo el plazo máximo de 135 días sin resolución expresa, operaba de forma insoslayable la caducidad del procedimiento administrativo, lo que impedía la posterior imposición y efectividad del recargo del 30%.

En la tramitación de esta casación aún no operaba la obligación de invocar el Interés Casacional Objetivo.

4. Contradicción con la sentencia referencial

Para acreditar el presupuesto del art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), la empresa invocó como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1836/2004, de 3 de marzo (rec. 351/2002) Enlace a sentencia:

  • Identidad sustancial. En la referencial, tras un accidente de trabajo en Distribuciones Alco, S.A. y propuesta de la ITSS por falta de medidas de seguridad, el expediente administrativo de recargo excedió igualmente el plazo de duración de 135 días.
  • Disparidad de fallos. Mientras que la sentencia recurrida del País Vasco descartó la caducidad sosteniendo la naturaleza mixta del recargo y la operatividad del silencio negativo al amparo del art. 25 de la Ley 39/2015, la sentencia de contraste aplicó el art. 44.2 de la derogada Ley 30/1992, declaró la caducidad del expediente y acordó el archivo de las actuaciones por entender que se ejercitaban potestades de estricta índole sancionadora.
  • Apreciación de la contradicción por la Sala. El Tribunal Supremo concluye que concurre la contradicción requerida. Aclara que el hecho de que la empresa recurrente alegara la caducidad por primera vez en el acto del juicio oral no frustra la contradicción, pues el órgano judicial de suplicación entró a examinar el fondo de la caducidad y de la naturaleza del recargo; además, conforme a la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (STS 1718/2023, de 18 de diciembre), la caducidad procedimental puede y debe analizarse de oficio si constan indicios suficientes. Habiéndose aplicado marcos normativos equivalentes (Ley 30/1992 y Ley 39/2015) sobre una controversia idéntica (efectos de superar los 135 días), se impone unificar doctrina.

5. Análisis de los Fundamentos Jurídicos

Hago referencia e identifico los “fundamentos de derecho” específicos de la sentencia para facilitar la identificación de las múltiples sentencias que allí se refieren -aquí no menciono, por ejemplo, la numeración de los recursos-.

5.1. Precedentes jurisprudenciales -FD 3º-

Consolidación jurisprudencial. La Sala recuerda que una reiterada y uniforme línea doctrinal ya había rechazado que rebasar el plazo de 135 días establecido en el art. 14 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 acarrease la caducidad del expediente de recargo (SSTS de 9 de octubre de 2006, 21 de noviembre de 2006, 5 de diciembre de 2006, 12 de febrero de 2007, 6 de junio de 2007, 24 de septiembre de 2007 y 20 de junio de 2008).

Fundamentos tradicionales del rechazo a la caducidad:

  • Literalidad reglamentaria. El art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996 no dispone como efecto del transcurso de los 135 días la caducidad, sino la desestimación presunta para abrir la vía jurisdiccional.
  • Principio de jerarquía normativa. Una orden ministerial carece de habilitación legal para imponer la caducidad sin respaldo en una norma con rango formal de ley.
  • Relación jurídica triangular. El recargo (art. 123 LGSS 1994, actual art. 164 LGSS 2015) conforma un vínculo a tres bandas: la Entidad Gestora, la empresa infractora y el trabajador beneficiario. La inactividad de la Administración jamás puede redundar en perjuicio del trabajador accidentado.
  • Distinción sustantiva del procedimiento. El art. 44 de la Ley 30/1992 circunscribía la caducidad a procedimientos de ejercicio de potestades sancionadoras o de gravamen. El recargo carece de naturaleza meramente sancionadora y posee una doble finalidad: disuasoria (garantizar la prevención) y reparadora (aumentar la cuantía prestacional derivada de la deuda contractual de seguridad impuesta por el art. 19 del Estatuto de los Trabajadores). No surge de la potestad sancionadora punitiva que se agota en la multa, sino del incumplimiento contractual de protección.
  • Proyección sobre la prescripción. Asimismo, las SSTS de Pleno de 17 de julio y 12 de noviembre de 2013 sentaron que la interrupción del plazo prescriptivo cesa a los 135 días, momento a partir del cual el expediente se tiene por desestimado por silencio administrativo negativo, habilitando al trabajador para acudir a la vía judicial.

5.2. Normativa vigente -FD 4º-

El régimen normativo contemporáneo corrobora dicho esquema:

  • Art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996 y RD 286/2003. Mantienen el plazo de 135 días -que no se dice, pero entiendo son hábiles, y no naturales- sin asociar a su agotamiento la caducidad de las actuaciones.
  • Art. 25 de la Ley 39/2015 (LPAC). Discierne taxativamente dos categorías de procedimientos incoados de oficio ante la ausencia de resolución expresa:
    • Apartado a): Procedimientos de los que derive reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones favorables, donde rige la desestimación por silencio administrativo.
    • Apartado b): Procedimientos de ejercicio de potestades sancionadoras o de gravamen, donde opera la caducidad.
  • Art. 95.3 de la Ley 39/2015. Establece que la caducidad no extingue la acción por sí sola, pero los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción, obligando, en su caso, a reiniciar ex novo la tramitación con reproducción de alegaciones y audiencia.

5.3. Finalidad de la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores -FD 5º-

La caducidad en el ámbito sancionador tiene por cometido impedir dilaciones indebidas imputables a la Administración, liberando al administrado de una situación de gravamen perpetuo. Dicha extinción es de orden estrictamente formal y atañe al procedimiento incoado, sin extinguir de forma automática la infracción sustantiva, que persiste hasta que concurra su prescripción material.

5.4. Naturaleza del recargo de prestaciones -FD 6º-

(Aquí, porque creo que es el apartado de la sentencia más interesante para profundizar en el estudio de esta figura, reproduzco la estructura, numeración y letras del Fundamento Jurídico Sexto)

5.4.1. Para determinar si los expedientes administrativos de recargo prestacional iniciados de oficio que superan el plazo máximo tienen como consecuencia la denegación por silencio administrativo o la caducidad del expediente tenemos que dilucidar si se trata de un procedimiento de reconocimiento de derechos [art. 25.a) de la LPAC de 2015] o bien si se han ejercitado potestades administrativas sancionadoras o de intervención que puedan producir efectos desfavorables [art. 25.b) de la LPAC de 2015].

5.4.2. Reiterada doctrina jurisprudencial ha sostenido que el recargo prestacional cumple dos finalidades distintas, indemnizatoria y sancionadora:

A) Indemnizatoria

  • a) Aumenta la cuantía de la prestación económica de la Seguridad Social. El recargo materializa un derecho patrimonial directo del trabajador lesionado, incrementando la prestación económica que le corresponde más allá del nivel ordinario como compensación por el quebranto de la deuda de seguridad empresarial (STS 114/2024). La Entidad Gestora actúa cobrando del empleador en beneficio del asalariado, a diferencia de la multa administrativa ordinaria que ingresa en las arcas públicas sin enriquecer al trabajador. De ahí que en el art. 25 LPAC opere la denegación presunta para abrir la tutela jurisdiccional, mientras que en la sanción pura opera la caducidad porque no existe un tercero beneficiario perjudicado por el retraso de la Administración.
  • b) No se aplica el principio de tipicidad. En la sanción administrativa se exige tipicidad rigurosa; en cambio, en el recargo basta constatar cualquier incumplimiento empresarial culpable o negligente de la deuda general de seguridad con nexo causal lesivo, sin requerir una subsunción estricta en las infracciones tipificadas de la LISOS (SSTS 14 de septiembre de 2016, 443/2018 y 863/2019).
  • c) Efecto positivo de cosa juzgada respecto de la responsabilidad civil. Lo resuelto con firmeza sobre el recargo despliega eficacia vinculante prejudicial sobre los procesos ulteriores de reclamación de daños y perjuicios, pues el nexo causal entre la omisión preventiva y el resultado lesivo se valora bajo los mismos parámetros en ambas sedes (STS Pleno 48/2025).
  • d) Prescripción: Se disciplina por el régimen propio de las prestaciones de Seguridad Social (art. 53 LGSS) y no por el específico de la LISOS:
    • d.1) Plazo: Plazo prescriptivo de cinco años (art. 53.1 LGSS), cuyo cómputo se inicia únicamente a partir de la resolución administrativa o judicial firme que declare el origen profesional de la contingencia (STS Pleno 18 de diciembre de 2015), frente a las infracciones de la LISOS que prescriben desde la fecha de comisión de la infracción.
    • d.2) Interrupción: La reclamación judicial de responsabilidad civil interrumpe la prescripción para pedir el recargo. A su vez, la solicitud de recargo instada por el trabajador interrumpe la prescripción de la ulterior acción de daños, STS de 14 de julio de 2015, con la salvedad hecha del procedimiento incoado estrictamente de oficio (STS 982/2023). Es decir: Cuando la imposición del recargo se efectúa de oficio, el proceso en el que la empresa lo impugna no interrumpe el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo. Por el contrario, cuando es el propio trabajador el que solicita el recargo y combate su eventual denegación, sí que interrumpe el plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios.
  • e) Compatibilidad del recargo prestacional con la sanción administrativa. El art. 42.3 LPRL consagra la compatibilidad entre la sanción pecuniaria y el recargo, acreditando que este rebasa la esfera puramente punitiva.

B) Sancionadora

  • a) Porcentaje del recargo. El porcentaje (30% al 50%) se modula con arreglo exclusivo a «la gravedad de la falta» y no en función de la magnitud del quebranto físico o patrimonial sufrido por el operario (art. 164.1 LGSS; STS Pleno 114/2024, STS 1319/2024 y STS 2 de octubre de 2000).
  • b) Imposición de oficio. La Entidad Gestora ostenta facultades para incoarlo e imponerlo de oficio, atribución desconocida en el ámbito de la responsabilidad civil ordinaria (STS 114/2024).
  • c) Compatibilidad del recargo con la indemnización. Es plenamente acumulable a la indemnización reparatoria civil de daños y perjuicios, sin que quepa descontar lo abonado por recargo del montante indemnizatorio global (STS 2 de octubre de 2007).
  • d) El recargo no es asegurable. El art. 164.2 LGSS y el art. 15.5 LPRL prohíben taxativamente asegurar la responsabilidad dimanante del recargo, pesando de modo intransferible sobre el patrimonio del empleador.
  • e) Efecto positivo de cosa juzgada respecto de la sanción administrativa. La resolución firme sobre el recargo genera efecto de cosa juzgada sobre la impugnación de la sanción administrativa cuando guardan identidad fáctica, denotando la íntima conexión punitiva resaltada por la STC 143/2000 y la STS 881/2024.
  • f) Criterios de graduación de la LISOS. Para graduar la cuantía del recargo se acude a los baremos de graduación previstos en el art. 39.3 de la LISOS (STS 1319/2024).

5.4.3. Doble compatibilidad que ratifica su carácter sui generis:

  • A) Con la sanción administrativa. No vulnera el principio non bis in idem porque no se reduce a una pura sanción represiva pública.
  • B) Con la indemnización de daños y perjuicios. Es compatible sin incurrir en enriquecimiento injusto o doble indemnización, pues trasciende el baremo de reparación del daño.

5.4.4. Criterio convergente de la Sala Tercera. La STS (Contencioso-Administrativo) 943/2026, de 20 de julio (rec. 4270/2024), sintetiza que el recargo aúna un cariz punitivo (obligación intransferible e inasegurable) y un mecanismo de tutela reforzada a favor del trabajador.

5.5. Posición de la Sala -FD 7º-

La Sala de lo Social unifica doctrina asentando las siguientes conclusiones determinantes:

  • Calificación en el art. 25.a) LPAC. Dada su ontología híbrida y la primacía de su componente tutelar-prestacional, el procedimiento de recargo encaja en la previsión del art. 25.a) de la Ley 39/2015 (reconocimiento o constitución de derechos individualizados). La inactividad de la Entidad Gestora genera silencio administrativo desestimatorio, jamás la caducidad del expediente.
  • Inmunidad del trabajador frente a la desidia o inactuación administrativa. Si en el procedimiento sancionador estricto (LISOS) la caducidad opera sin perjudicar a terceros (solo decae la potestad punitiva estatal), en el recargo la demora del organismo gestor no puede lesionar los legítimos derechos económicos de la víctima.

Y especialmente interesante es esta reflexión de la Sala, advirtiendo de los peligros y distorsiones que generaría la caducidad:

  • Si hubiera transcurrido el plazo prescriptivo de cinco años, la caducidad extinguiría irreversiblemente el aumento de pensión del trabajador, obligándole a acudir a la compleja vía de la responsabilidad patrimonial del Estado.
  • Aunque no hubiese prescrito, declarar caducadas las actuaciones forzaría un absurdo «peregrinaje administrativo», obligando a reiniciar íntegramente la instrucción para arribar al mismo punto tras dilaciones injustificables.
  • Primacía de la tutela judicial efectiva. Entender desestimada la solicitud por silencio negativo faculta al demandante o la persona trabajadora para acudir directamente a los órganos judiciales del orden social, garantizando que el órgano jurisdiccional depure de inmediato el fondo del litigio: determinar la existencia de infracción de la deuda de seguridad y el consiguiente reconocimiento del recargo.

6. Mi reflexión crítica sobre el Voto Particular

Es evidente que estoy completamente a favor de las conclusiones de la sentencia y de la doctrina fijada. Pero quiero referirme al voto particular. Orillando deliberadamente la objeción procesal formulada por los magistrados disidentes —quienes sostuvieron con marcado rigor formalista la ausencia de contradicción argumentando que el litigio recurrido nació a instancia de parte y el referencial de oficio (arts. 24 y 25 LPAC)—, procede examinar críticamente su postura sustantiva respecto a la pretendida naturaleza sancionadora exclusiva del recargo, que ya anticipo, no comparto en absoluto.

El voto particular de los Excmos. Sres. Sempere Navarro y Blasco Pellicer aboga por extender al recargo las garantías del derecho administrativo sancionador y el ius puniendi estatal, invocando los arts. 9 y 25 de la Constitución y tachando de artificiosa su catalogación como figura sui generis. Sin embargo, esta tesis, formulada bajo un purismo dogmático abstracto, conlleva repercusiones prácticas inadmisibles en el ámbito de la protección social de las personas trabajadoras cuando sufren un accidente -o una enfermedad profesional-. A saber:

  • Desnaturalización de la deuda de seguridad. Considerar el recargo como una mera «sanción administrativa» pasa por alto que la obligación de indemnizar agravada brota de la transgresión contractual del deber de protección de los arts. 19 ET y 14 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en definitiva establecen que las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El recargo es, ante todo, un crédito a favor de la persona accidentada de carácter resarcitorio fijado en su favor o de sus causahabientes, quienes padecen directamente la merma física y moral devenida de la negligencia patronal. Indemnización, al fin y al cabo.
  • Transferencia del “castigo” a la víctima. En el expediente sancionador típico de la LISOS, decretar la caducidad por desidia o inactividad del instructor administrativo priva a la Administración del cobro de una multa, pero no arrebata al trabajador ningún derecho patrimonial. Por el contrario, consagrar la caducidad en el recargo supone convertir una medida procesal diseñada para disciplinar la lentitud burocrática en un castigo desmesurado contra el trabajador lesionado, que ve extinguido o demorado sine die el complemento de su pensión -de sus prestaciones, mejor dicho- por causas absolutamente ajenas a su conducta.
  • El calvario de la reiteración administrativa. Como acertadamente constató la mayoría del Pleno, asumir el criterio del voto particular provocaría que, si no ha prescrito la acción -recordemos que es de 5 años-, pero el mero transcurso de 135 días sin actividad del INSS, la víctima deba soportar la tramitación de un segundo – e incluso un tercero, o un cuarto si se mantiene la administración en su inactividad- expediente administrativo idéntico al ya sustanciado. No me parece justo, y menos si se trata de accidentes muy graves, en que quizás, como consecuencia de graves secuelas, el beneficiario no tan siquiera esté en condiciones físicas no psíquicas para ejercer sus derechos, y menos aún para instar la vía administrativa del recargo de prestaciones.

No tengo duda alguna que el voto particular solo pienso en clave de protección de las empresas infractoras, desatendiendo completamente el derecho de la víctima a ser resarcido, lo que, sin modificar el carácter mixto del recargo de prestaciones, no puede tener favorable acogida en nuestro ordenamiento. Afortunadamente.

En fin, celebro la posición mayoritaria de la Sala en Pleno, que garantiza que la lentitud del organismo gestor no sirva de excusa a la empresa incumplidora con sus obligaciones en materia preventiva para desentenderse de las consecuencias patrimoniales del daño corporal provocado. Quien la hace, la paga, no vale excusarse en caducidades que además fueron configuradas precisamente para garantizar el derecho de las personas trabajadoras.

Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 14. Plazo para resolver.

1. El plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en esta Orden será de ciento treinta y cinco días, que se computarán a partir de la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente en los demás casos.

2. También podrá acordarse una ampliación del plazo establecido, de conformidad con el artículo 42.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando por el número de solicitudes formuladas o por otras circunstancias que expresamente se determinen en el acuerdo de ampliación no se pueda cumplir razonablemente el plazo previsto en el apartado anterior.

3. Cuando la resolución no se dicte en el plazo señalado en el número 1 de este artículo, la solicitud podrá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, sin perjuicio de la obligación de resolver.

12 noviembre 2026

MODELOS INTERACTIVOS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD COMO PAREJA DE HECHO AL AMPARO DE LA NUEVA DT 48ª TRLGSS

Modelos de Solicitud de Pensión de Viudedad (DT 48.ª TRLGSS)

Desde mi actual condición de profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UOC no puedo ayudar personalmente a las viudas que ahora pueden recuperar su pensión, pero sí puedo realizar un modelo que sirva tanto a ellas como a las asociaciones como a otros operadores jurídicos. Por eso he preparado un modelo formal de solicitud administrativa inicial, fundamentado jurídicamente, y diseñado específicamente para ejercitar la acción extraordinaria de reconocimiento de la pensión de viudedad al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava (DT 48.ª) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. También he adaptado íntegramente el modelo genérico para el supuesto específico regulado en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, es decir, la rehabilitación de la pensión suspendida.

1. Modelo de solicitud administrativa inicial genérica

2. Modelo para la rehabilitación de la pensión suspendida