LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN EN ESPAÑA: PONENCIA DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. MADRID 17/09/2026

Agradezco sinceramente la invitación del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España para participar como ponente en el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, celebrado en Madrid. Ha sido un verdadero honor compartir mesa y debate con destacados juristas, magistrados y profesionales del ámbito laboral y de la protección social.

En mi intervención analicé la compleja arquitectura jurídica que sostiene la coordinación internacional de las pensiones de jubilación contributivas en España, un tema de máxima trascendencia ante los crecientes flujos de movilidad geográfica y las nuevas formas de trabajo transnacional.

A continuación, comparto un resumen de las principales claves y conclusiones del artículo doctrinal que sirvió de base a mi ponencia.

Los 4 Pilares de la Coordinación Internacional

Dado que la Seguridad Social es una competencia de naturaleza soberana de cada Estado, el ordenamiento internacional no busca la unificación o armonización de los sistemas, sino su coordinación jurídica a través de cuatro grandes bloques normativos:

• Reglamentos Comunitarios de la UE (883/2004 y 987/2009): Cúspide del sistema, dotados de primacía y aplicación directa. Garantizan la igualdad de trato, unicidad de legislación aplicable, totalización de periodos, prorrata temporis y exportabilidad de las prestaciones.
• Marco Post-Brexit con el Reino Unido: Articulado mediante el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2021, donde la pensión británica pasa a computar como concurrente a todos los efectos para el cálculo de complementos por mínimos y se establece un régimen de excepción territorial para Gibraltar mediante el RD-Ley 38/2020.
• Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS): Marco regional regido de forma transversal por el principio pro persona, limitado estrictamente al nivel contributivo de protección.
• Convenios Bilaterales con Terceros Estados: Una densa red de 26 tratados individuales que permiten la agregación de cotizaciones con países de los cinco continentes.

Principales Campos de Batalla Jurisprudencial

La aplicación de estas reglas no está exenta de una intensa litigiosidad ante los tribunales nacionales y el TJUE. En el artículo profundo tres correcciones doctrinales de especial relieve práctico:

• Doctrina Rönfeldt (Bases Reales vs. Bases Medias): Posibilita la aplicación de convenios bilaterales antiguos anteriores a 1986 si resultan más favorables que el reglamento europeo (aplicando el método de espigueo o comparación regla por regla).
• Caso Salgado González (Neutralización de la "Doble Prorrata"): Prohíbe devaluar la base reguladora al meter divisores fijos por periodos en el extranjero, obligando a neutralizar esos vacíos en la fórmula del cálculo.
• Asunto Barreira Pérez (Cotizaciones Ficticias): Reconoce la obligación de computar las bonificaciones por edad o por trabajos penosos (mar y carbón) para determinar la prorrata temporis de la pensión española.
• Tutela del Retornado (Caso Venezuela): El Tribunal Supremo ha sentado doctrina estableciendo que el INSS debe abonar el complemento por mínimos ordinario sin descontar la parte de la pensión impagada por Venezuela, garantizando la subsistencia del beneficiario.

La Nueva Frontera: Teletrabajo Transnacional y Nómadas Digitales

La irrupción del teletrabajo y la Ley de Startups ha quebrado el principio clásico de la lex loci laboris (presencia física en el lugar de trabajo). Para evitar la dispersión de cotizaciones, destaca el Acuerdo Marco Multilateral de la UE de 1 de julio de 2023, que introduce la regla de flexibilidad del 49,9%: permite teletrabajar desde el país de residencia hasta un 49,9% del tiempo manteniendo la cotización en la sede de la empresa (vía opt-in voluntario con formulario A1).

Sin embargo, persiste una seria asimetría extramuros de la UE, ya que la red de convenios bilaterales no contempla el teletrabajo deslocalizado, generando situaciones de doble cotización o desprotección para los nómadas digitales.

Acceso a la Grabación en Vídeo del Congreso

Para quienes no pudisteis asistir en directo o queráis volver a visualizar todas las sesiones del Congreso, está disponible la grabación completa del evento a través del siguiente enlace:

📺 Ver grabación completa de las ponencias del II Congreso en YouTube

LA JURISDICCIÓN SOCIAL ESTÁ COLAPSADA Y TOCADA DE MUERTE. NO ES ADMISIBLE QUE SE REALICEN SEÑALAMIENTOS PARA EL AÑO 2029 E INCLUSO MÁS ADELANTE

Esto es un "pantallazo" de un decreto de señalamiento recibido hoy, en un procedimiento de despido, en un Juzgado de lo Social de Barcelona

Es inadmisible. No hay otra palabra para describir la situación actual de los Juzgados de lo Social. Recientemente, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha tenido que lanzar una campaña desesperada, bautizada como SOS SOCIAL, para denunciar un colapso que es, simple y llanamente, una vergüenza para nuestro Estado de Derecho.

Se están señalando juicios para el año 2030. Repito: ¡2030! Estamos hablando de despidos, de incapacidades, de gente que no cobra su salario. ¿De qué sirve una sentencia favorable dentro de cuatro o cinco años cuando la familia necesita comer hoy o pagar el alquiler mañana?

Esta no es una simple cuestión de "atasco burocrático". Esta demora estructural, consentida y cronificada, es un atropello directo al artículo 24 de la Constitución Española. La tan cacareada "tutela judicial efectiva" se convierte en papel mojado, en una burla macabra para el ciudadano que acude al sistema buscando amparo frente a la pérdida de su medio de vida o su salud.

El ICAM ha puesto sobre la mesa 19 medidas de choque, exigiendo que las administraciones dejen de pasarse la pelota y asuman su responsabilidad. Señalan que los juzgados madrileños cerraron 2025 con casi 80.000 asuntos pendientes. Entran más casos de los que salen. El sistema está roto.

Lectura obligatoria para entender el desastre: "La demora del enjuiciamiento laboral"

Para entender la raíz y las consecuencias de este despropósito, os planteo como lectura (más que recomendada, diría indispensable) el artículo del profesor Francisco Vigo Serralvo, publicado en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF.

En este brillante análisis, el autor no se anda por las ramas y aborda directamente la herida abierta de nuestra jurisdicción:

• El mito de la celeridad: Destroza la idea de que el proceso laboral cumple hoy con su vocación original de proporcionar una tutela rápida y sencilla. La celeridad es hoy una quimera.
• Radiografía del colapso: Apoyado en datos demoledores del CGPJ, evidencia cómo el orden social es el gran castigado (y marginado) frente a la sobrecarga del sistema.
• La vía del resarcimiento: Analiza la doctrina del Tribunal Constitucional que, por fin, parece abrir la puerta a exigir responsabilidades a la Administración de Justicia por estas dilaciones indebidas. Si el Estado falla, que pague.
• Crítica a los parches legislativos: Hace una valoración implacable de las últimas "reformas de eficiencia" procesal, que en su afán por maquillar las estadísticas, están dinamitando las garantías de la tutela judicial y los principios históricos del derecho procesal laboral.

Es hora de dejar de normalizar lo inaceptable. Os animo a leer el artículo completo, reflexionar y, sobre todo, a ser críticos con el sistema que heredaréis (o sufriréis) los profesionales y los justiciables.

Leer el artículo completo aquí

PUBLICADO EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DEPENDENCIA

Resolución de 27 de agosto de 2026, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 13 de agosto de 2026, para el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2026 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

• Departamento: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Publicación: BOE nº 223 de 09/09/2026, p. 120769 a 120802 (34 páginas)
• Ver documento: BOE-A-2026-18897
• Documento de referencia: Resolución de 27 de agosto de 2026.docx

Ya expliqué en entradas anteriores las “mejoras” económicas en materia de dependencia que se han producido a nivel estatal, como no, subrayando lo que ocurre en mi territorio, Catalunya (aquí: Actualización de las ayudas por dependencia, RD ley 17/2026. Especial incidencia en Catalunya).

Pues bien, la resolución de 27 de agosto de 2026 sigue en esa dirección apuntada por las normas de rango legal y señala expresamente:

IV. Determinación de los compromisos financieros de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas

1. La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Las cuantías del nivel mínimo para el año 2026, tras la actualización efectuada por el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, son las siguientes:

Grado de dependencia	Nivel mínimo de protección garantizado (Euros/mes)
Grado III + Dependencia Extrema.	4.930,00
Grado III Gran Dependencia.	660,00
Grado II Dependencia Severa.	260,00
Grado I Dependencia Moderada.	90,00

2. Para la financiación del nivel de protección acordado, previsto en el artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por el que se establecen los diferentes niveles de protección del sistema, en el ejercicio presupuestario de 2026, la AGE contribuye a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con un crédito presupuestario de 904.197.420,00 euros que se distribuirá de conformidad con los criterios anteriormente señalados.

3. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra que corresponda, según lo previsto en el artículo 32 de la citada Ley, a la Administración General del Estado con cargo a su presupuesto de gastos se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.

4. Anualmente, en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) se consignarán las cantidades necesarias para la financiación del SAAD y la atención a las personas en situación de dependencia en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Dichos créditos se suplementarán con la parte correspondiente, para ambas ciudades autónomas, procedente del fondo de acreditación y calidad de centros y servicios.

5. Tal y como se establece en el artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, las Comunidades Autónomas contribuirán a la financiación del SAAD con una cantidad al menos igual a la aportada por la AGE para el nivel mínimo y acordado.

¿Qué significa todo esto? Traduciendo el BOE

Este texto del BOE detalla cómo se van a repartir y pagar los fondos para la Ley de Dependencia (el SAAD) durante el año 2026 en España. En resumen, establece las "reglas del juego" financieras entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. O sea, en un lenguaje más sencillo, lo que indica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es:

1. El dinero fijo por cada persona dependiente (Nivel Mínimo) El Gobierno de España (la Administración General del Estado) garantiza y paga todos los meses una cantidad fija a las Comunidades Autónomas por cada persona que tenga reconocida la dependencia. Cuanto mayor es la gravedad, más dinero aporta el Estado. Para 2026, las cifras mensuales por persona son:

• 4.930 € para el Grado III + Dependencia Extrema (una nueva categoría introducida en 2026).
• 660 € para el Grado III (Gran Dependencia).
• 260 € para el Grado II (Dependencia Severa).
• 90 € para el Grado I (Dependencia Moderada).

2. La "bolsa" extra a repartir (Nivel Acordado) Además de ese pago fijo por persona, el Estado destina un fondo global de algo más de 904 millones de euros. Este dinero extra se reparte entre las Comunidades Autónomas para ayudar a sostener la infraestructura del sistema de dependencia (residencias, ayuda a domicilio, profesionales, etc.).

3. La excepción fiscal de País Vasco y Navarra Como estas dos comunidades recaudan sus propios impuestos a través de su régimen foral (Concierto y Convenio Económico), el Estado no les transfiere el dinero directamente como al resto. En su lugar, el coste de su dependencia se descuenta de lo que estas regiones tienen que pagarle anualmente al Estado (el "Cupo" vasco y la "Aportación" navarra).

4. La gestión en Ceuta y Melilla Al ser Ciudades Autónomas, las competencias no están transferidas del mismo modo. Por tanto, es directamente el IMSERSO (un organismo del Estado central) quien reserva el dinero en sus presupuestos para pagar y gestionar la dependencia allí.

5. La regla de la cofinanciación (El esfuerzo autonómico) Es una norma clave del sistema: exige que cada Comunidad Autónoma ponga de sus propios presupuestos, como mínimo, la misma cantidad de dinero que pone el Estado. Por cada euro que aporta el Gobierno central (sumando el punto 1 y el punto 2), el gobierno autonómico correspondiente está obligado legalmente a poner al menos un euro más para financiar los servicios en su territorio.

Las personas en situación de dependencia necesitan que se ejecuten ya las ayudas.

ESTUDIO ESQUEMÁTICO DEL COMPLEMENTO DE MÍNIMOS PARA LA PENSIÓN ESPAÑOLA EN CONCURRENCIA CON PENSIÓN EXTRANJERA

El funcionamiento del complemento a mínimos de las pensiones públicas en España, con especial énfasis en la concurrencia con pensiones extranjeras

Índice del estudio jurídico

• Sección 1: Naturaleza jurídica del complemento a mínimos en España
• Sección 2: Concurrencia de pensiones extranjeras según su origen y cálculo
• Sección 3: Evolución cronológica y régimen transitorio
• Sección 4: Influencia del marco de coordinación internacional
• Sección 5: El requisito de residencia en España
• Fundamentaciones jurídicas destacadas
  • 1. El rol del artículo 18.4: cláusula de mantenimiento de derechos adquiridos
  • 2. El cambio de fórmula del artículo 18.2 (RD 241/2026)
  • 3. La influencia de los Reglamentos de la UE y la doctrina del TJUE
  • 4. El requisito de residencia y exportabilidad
• Caso práctico: simulación de concurrencia y cálculo (ejercicio 2026)
• Conclusiones jurídicas clave

Esquema de estudio

Sección 1: Naturaleza jurídica del complemento a mínimos en España

• Análisis constitucional: el compromiso de suficiencia económica de los artículos 41 y 50 de la Constitución Española.
• Configuración legal nacional: regulación bajo el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS).
• Naturaleza prestacional: autonomía respecto a la pensión contributiva, carácter asistencial frente a la pobreza y naturaleza no contributiva según el art. 86.2.b) del TRLGSS.
• El límite de ingresos: reglas de compatibilidad económica y exclusión de la pensión propia en el cómputo anual basados en la normativa del IRPF.

Sección 2: Concurrencia de pensiones extranjeras según su origen y cálculo

• Pensiones liquidadas a prorrata (por totalización de períodos): explicación de cómo operan en virtud de normas internacionales de coordinación. Análisis del gran cambio introducido por el artículo 18.2 del Real Decreto 241/2026, donde el porcentaje de prorrata se aplica directamente sobre el mínimo legal limpio antes de deducir la pensión concurrente, comparándolo con la fórmula menos favorable previa.
• Pensiones autónomas (calculadas únicamente por legislación nacional): el cambio de paradigma. Hasta 2021 se consideraban ingresos de trabajo (sin sumarse directamente). Desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, las pensiones públicas extranjeras de previsión social se asimilan y computan como pensión concurrente. Detalle de las dificultades administrativas de identificar pensiones públicas frente a fondos privados extranjeros.

Sección 3: Evolución cronológica y régimen transitorio

• El impacto según la fecha de causación de la pensión:
  • Pensiones causadas antes del 1 de enero de 2021: mantenimiento del derecho adquirido (la pensión extranjera autónoma se sigue tratando como ingresos o rendimientos del trabajo, aplicando el artículo 16.2 y 18.4 del RD 241/2026).
  • Pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2021: aplicación de la asimilación como pensión concurrente.
• La revalorización del ejercicio 2026: aplicabilidad de las nuevas cuantías mínimas (anexos I y II del RD 241/2026) y efectos retroactivos económicos desde el 1 de enero de 2026.

Sección 4: Influencia del marco de coordinación internacional

• Reglamentos de la Unión Europea (CE 1408/71 y 883/2004):
  • El principio de no discriminación e igualdad de trato (Art. 4) y el principio de asimilación de prestaciones, hechos o ingresos (Art. 5).
  • Sustento jurisprudencial del TJUE: el impacto clave de las sentencias del TJUE en los asuntos acumulados Bocero Torrico y Fritz Bode (2019) y la doctrina Landtová (2011).
  • La garantía del mínimo ordinario por el Art. 50 del Reglamento 1408/71 y el Art. 58 del Reglamento 883/2004.
• Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CIMSS) y Convenios Bilaterales: totalización de períodos de seguro para causar derecho.
• Excepciones de los convenios bilaterales con Marruecos y EE. UU. (y convenios históricos de Chile, Perú, etc.): el cálculo de cuantías teóricas revalorizadas que operan como mínimo garantizado al amparo del convenio, sin sujeción a residencia, límites de ingresos ni concurrencia de otras pensiones.

Sección 5: El requisito de residencia en España

• Evolución temporal: pensiones causadas antes del 1 de enero de 2013 (exportables, sin exigencia de residencia) frente a pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2013 (exigencia estricta de residencia efectiva de acuerdo con el Art. 50.1 del TRLGSS).
• El concepto de residencia efectiva: estancias en el extranjero inferiores a 90 días naturales al año (Art. 51.2 TRLGSS) y régimen de asimilación territorial para nacionales de la UE/EEE/Suiza.
• ¿No exportabilidad en la UE?: el encuadre del complemento a mínimos en el anexo X del Reglamento 883/2004 como prestación especial no contributiva de carácter mixto y la definición del art. 70.

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Fundamentaciones jurídicas destacadas

A continuación, destaco las principales fundamentaciones jurídicas desarrolladas en el estudio que responden directamente a tus inquietudes, incluyendo la aclaración clave sobre el artículo 18.4:

1. El rol del artículo 18.4: cláusula de mantenimiento de derechos adquiridos

El artículo 18.4 del Real Decreto 241/2026 actúa como un régimen transitorio protector para las pensiones con complementos por mínimos cuyo hecho causante sea anterior al 1 de enero de 2021:

• Tratamiento como rendimientos de trabajo: para estas pensiones "antiguas", las prestaciones percibidas de una entidad extranjera no se consideran pensión concurrente, sino ingresos o rendimientos de trabajo.
• Por qué es beneficioso: al no ser pensiones concurrentes, la pensión extranjera no se deduce euro a euro del importe del complemento a mínimos español. En su lugar, simplemente se computa dentro del límite general de ingresos anuales (fijado en 9.442,00 € para 2026 sin cónyuge a cargo). Si el pensionista no supera dicho límite acumulado de rentas externas, tiene derecho a percibir el 100% del complemento a mínimos español, sumado de forma íntegra e independiente a su pensión nacional.
• Pensiones a partir del 01/01/2021: para las pensiones causadas a partir de esta fecha, se aplica el principio de asimilación y concurrencia. La pensión pública extranjera se asimila a una pensión pública española, sumándose directamente para ver si se alcanza el mínimo y restándose de la cuantía del complemento, lo que suele reducir significativamente el importe final percibido.

2. El cambio de fórmula del artículo 18.2 (RD 241/2026)

Para las pensiones calculadas bajo normas internacionales de coordinación (prorrata por totalización de períodos), el artículo 18.2 corrige el método perjudicial de años anteriores (como el del RD 316/2025):

• Fórmula anterior: se calculaba la diferencia entre el 100% de la pensión y el mínimo general, y a esa diferencia se le aplicaba la prorrata antes de restar la pensión extranjera.
• Fórmula de 2026: se aplica la prorrata directamente sobre el importe mínimo general (creando un "mínimo prorrateado" limpio, ej: 40% de 936,20 € = 374,48 €) y a esa cuantía se le resta la suma de las pensiones concurrentes (española prorrateada + extranjera). Esto, en principio, puede incrementar de forma sustancial la cuantía del complemento resultante si las pensiones concurrentes son muy bajas.

3. La influencia de los Reglamentos de la UE y la doctrina del TJUE

El estudio analiza la sólida base del derecho de la Unión Europea:

• Principio de asimilación (Art. 5 del Reglamento CE 883/2004): exige dar los mismos efectos jurídicos a los ingresos y prestaciones equivalentes obtenidos en otro Estado miembro.
• Jurisprudencia clave: se destaca la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los asuntos acumulados Bocero Torrico (C-398/18) y Fritz Bode (C-428/18), que impidió discriminar a los trabajadores migrantes en el cálculo de sus pensiones, forzando la reforma legislativa española que asimiló las pensiones públicas extranjeras como concurrentes.
• Garantía del mínimo (Art. 58 del Reg. 883/2004): si la suma de las pensiones coordinadas es inferior al mínimo del Estado de residencia, este debe garantizar la diferencia mediante el complemento (mínimo por residencia, reflejado en el artículo 18.3).

4. El requisito de residencia y exportabilidad

• Pensiones anteriores al 01/01/2013: el derecho al complemento no está supeditado a la residencia efectiva en España, siendo plenamente exportable.
• Pensiones posteriores al 01/01/2013: el artículo 59.1 del TRLGSS y el artículo 9.5 del RD 241/2026 exigen residencia efectiva en territorio español. Se permiten estancias en el extranjero inferiores a 90 días naturales al año (Art. 51.2 TRLGSS).
• Regulaciones de la UE y convenios: en la UE, el complemento a mínimos se cataloga en el anexo X del Reglamento 883/2004 como prestación especial no contributiva de carácter mixto, lo que jurídicamente ampara la exigencia de residencia para pensiones nuevas. En convenios bilaterales (ej. Marruecos o EE. UU.), existen reglas específicas que garantizan cuantías teóricas revalorizadas sin estar sujetas a límites de rentas ni de residencia.

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Caso práctico: simulación de concurrencia y cálculo (ejercicio 2026)

Para comprender con absoluta precisión el impacto de las reformas y cómo opera la protección de los derechos adquiridos, analizaremos un caso práctico comparativo detallando tres escenarios legales distintos, basados estrictamente en el Real Decreto 241/2026 y la normativa de revalorización precedente.

Para esta simulación, utilizaremos parámetros que reflejan una carrera de cotización más sólida en España y una pensión extranjera algo superior. Este ejemplo resulta técnicamente fascinante porque demuestra cómo el cálculo antiguo podía llegar a excluir por completo del complemento a mínimos a un pensionista, mientras que la reforma de 2026 y la cláusula de salvaguarda le garantizan una protección económica muy sustancial.

Parámetros de la simulación (ejercicio 2026)

• Coeficiente de prorrata española: 60% (mayor peso de cotización en España).
• Pensión base española (prorrateada): 200,00 €/mes (pensión teórica al 100% de 333,33 €).
• Pensión pública extranjera percibida: 180,00 €/mes (suma de ambas pensiones = 380,00 €/mes).
• Mínimo general 100% (2026): 936,20 €/mes. El mínimo prorrateado limpio al 60% es de 561,72 €/mes.

Escenario A: pensión internacional causada antes de 2021

(Salvaguarda de derechos adquiridos - Artículo 18.4 del RD 241/2026)

• Aplicación jurídica: la pensión extranjera de 180,00 €/mes se trata como rendimiento de trabajo y no como pensión concurrente. El importe anual (2.520,00 €) está muy por debajo del límite de rentas de 9.442,00 €.
• Cálculo: España garantiza de forma independiente que su prorrata alcance el mínimo prorrateado limpio (561,72 €). El complemento a mínimos es la diferencia directa: 561,72 € - 200,00 € (pensión española) = 361,72 €/mes.
• Resultado final:
  • Abonado por España: 200,00 € + 361,72 € (complemento) = 561,72 €/mes.
  • Pensión extranjera: 180,00 €/mes.
  • Ingresos mensuales totales del beneficiario: 741,72 €/mes.

Escenario B: pensión internacional causada a partir de 2021

(Nuevo cálculo de concurrencia - Artículo 18.2 del RD 241/2026)

• Aplicación jurídica: la pensión extranjera es pensión concurrente y se resta directamente de la prorrata limpia del mínimo general (561,72 €).
• Cálculo: se calcula el complemento restando la suma de ambas pensiones (380,00 €) del mínimo prorrateado de referencia: 561,72 € - 380,00 € = 181,72 €/mes.
• Resultado final:
  • Abonado por España: 200,00 € + 181,72 € (complemento) = 381,72 €/mes.
  • Pensión extranjera: 180,00 €/mes.
  • Ingresos mensuales totales del beneficiario: 561,72 €/mes (el sistema de concurrencia garantiza que alcance exactamente la prorrata del mínimo general).

Escenario C: pensión internacional causada a partir de 2021 bajo el sistema previo

(Efecto de exclusión total - Antiguo artículo 18.2 del RD 316/2025)

• Aplicación jurídica: aplicando el método vigente hasta el ejercicio de 2025.
• Cálculo: el mínimo aplicable se diluía aplicando la prorrata sobre la diferencia entre el mínimo del 100% y la pensión teórica: (936,20 € - 333,33 €) × 60% = 361,72 €. Al restar las pensiones concurrentes (380,00 €) de este mínimo diluido, el complemento a mínimos resulta negativo (-18,28 €), por lo que se reduce a 0,00 €.
• Resultado final:
  • Abonado por España: 200,00 €/mes (sin derecho a ningún complemento a mínimos).
  • Pensión extranjera: 180,00 €/mes.
  • Ingresos mensuales totales del beneficiario: 380,00 €/mes.

Resumen comparativo de la simulación (prorrata 60%)

Componente del ingreso	Escenario A (hecho causante < 2021)	Escenario B (nuevo RD 241/2026)	Escenario C (fórmula anterior RD 316/2025)
Pensión española base	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Pensión extranjera	180,00 € (renta)	180,00 € (concurrente)	180,00 € (concurrente)
Mínimo de referencia	561,72 €	561,72 €	361,72 € (diluido)
Complemento a mínimos España	361,72 €	181,72 €	0,00 €
Abonado por España (total)	561,72 €	381,72 €	200,00 €
Ingresos totales del pensionista	741,72 €	561,72 €	380,00 €

Análisis de los resultados de esta simulación

• Evitación de la exclusión por el nuevo cálculo (B vs C): este caso evidencia la profunda injusticia que corregía la reforma de 2026. Con la fórmula previa (escenario C), el pensionista quedaba completamente excluido del complemento a mínimos (0,00 €) a pesar de que sus ingresos totales (380,00 €) eran muy inferiores a la prorrata de la pensión mínima que por derecho le correspondía (561,72 €). Gracias al RD 241/2026 (escenario B), el pensionista pasa a percibir 181,72 € mensuales de complemento, incrementando sus ingresos anuales en 2.544,08 €.
• La enorme brecha de los derechos consolidados (A vs B): el artículo 18.4 sigue blindando de forma extraordinaria a las pensiones más antiguas. Al no asimilarse la pensión extranjera como concurrente, el pensionista en el escenario A percibe 180,00 € más al mes que el pensionista del escenario B (quien se jubiló después de 2021 bajo idénticas condiciones de cotización).