04 noviembre 2026

LA PENSIÓN COMPENSATORIA NO LIMITA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN TANTO QUE SE TRATE DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. COMENTARIO DE LA STS 4337/2026

STS, a 09 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4337/2026

ECLI:ES:TS:2026:4337
Sala de lo Social
Nº de Resolución: 824/2026
Municipio: Madrid
Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO
Nº Recurso: 2049/2025

RESUMEN: Cuantía de la pensión de viudedad de una beneficiaria víctima de violencia de género que percibía pensión compensatoria acordada en el previo proceso de divorcio. Previsiones del art. 220.1 de la LGSS. No debe reducirse en su cuantía la prestación si ésta es superior a la pensión compensatoria. Interpretación literal, histórica, sistemática, y con perspectiva de género. Voto particular.

Tras leer la nota de prensa del CGPJ del miércoles, 28 de octubre de 2026 “El Tribunal Supremo establece que no cabe reducir la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género, aunque sea superior a la pensión compensatoria. En sentencia del Pleno de la Sala de lo Social” no puedo negar que tenía curiosidad y ganas de leer la sentencia, y es que, para los que seguimos desde hace años la evolución legislativa y jurisprudencial de la pensión de viudedad, nos parecía lógico y muy acertado un pronunciamiento en ese sentido. Decía así la noticia:

“El debate se centra en si las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación.

A la vista de la redacción de la norma, el Pleno ha entendido qué el fundamento de la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de VIOGEN no es compensar el desequilibrio económico que se produce a la muerte de quién les venía abonando la pensión compensatoria, como ocurre con los viudos y con las viudas que no son víctimas de VIOGEN; por el contrario entiende que el fundamento de la pensión de viudedad para estas mujeres es la situación excepcional en que se encuentran por ser víctimas de VIOGEN y la obligación social de protegerlas y aliviar su situación.

La sentencia realiza una interpretación literal, sistemática y en atención a la voluntad del legislador, así como una visión del problema analizado con perspectiva de género, al ser las mujeres las víctimas de esta lacra social”.

Existe un error respecto al artículo indicado en la nota de prensa, ya que se hace referencia al artículo 220.2 y 220.3, cuando en realidad es el 220.1 y los tres párrafos del mismo de la TRLGSS. Ya publicada la sentencia, la descargo, la imprimo, con la intención de analizarla desde un punto de vista jurídico. Pero no entiendo algunas cosas que han pasado con esta resolución. Comentaré más al final las cuestiones que me extrañan, quizás simples errores sin más importancia, pero antes sí realizaré una valoración de la decisión adoptada y del voto particular.

La cuestión objeto del recurso en unificación de doctrina era determinar si una beneficiaria de pensión de viudedad víctima de violencia de género, a la que le había sido reconocida en su momento una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio, tiene derecho a la percepción de la cuantía íntegra de la pensión de viudedad sin que se le aplique la reducción prevista en el párrafo segundo del art. 220.1 de la LGSS, hasta la cuantía de la pensión compensatoria, cuando aquella es superior a esta, o por el contrario debe ver reducida la prestación hasta la cuantía que venía percibiendo como pensión compensatoria. La propia Sala señala que no había resuelto ningún asunto como éste, es decir, que analice la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género con pensión compensatoria, aunque sí se ha pronunciado acerca de supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación.

En este caso concreto, acreditada la condición de la víctima de violencia de género, la cuestión fáctica era que el TSJ AND, siguiendo el criterio del INSS -por eso estimo el recurso de suplicación- entendía que al haberse establecido una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio de 600 € mensuales, la pensión a percibir quedaba topada a 542,57 € mensuales -no cuadra, pero entiendo que es el resultado de multiplicar 600 x 12 meses y dividido entre 14 pagas, lo que supone 514,29 €, a los que aplicando revalorizaciones debe alcanzar aquella cuantía de 542,57 €-. Sin embargo, aplicar el 52% sobre la base reguladora de 1.805,47 € arroja una pensión mensual, en 14 pagas, de 938,44 €. Está claro que la diferencia económica es importante.

En estas, el TS ha resuelto que, en aplicación del artículo 220.1 LGSS, especialmente en referencia a lo expuesto en el párrafo tercero, no puede suponer que la existencia de pensión compensatoria disminuya la pensión de viudedad a percibir, al tener la condición de víctima de violencia de género la beneficiaria.

Recordemos el artículo 220, en sede de “pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial”.

1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo siguiente.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”.

Antes de entrar en la solución final adoptada por el Pleno, el Ponente hace referencia a anteriores pronunciamientos de la Sala, que sin duda favorecen la interpretación de la norma favorable. A saber:

  1. Ya hemos dicho antes que sí había resuelto con anterioridad, de forma favorable para las beneficiarias, supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación. Aquellas resoluciones, entre otras, pero especialmente la sentencia de 20 de enero de 2016 (rcud 3106/2014) y la sentencia 300/2024, de 20 de febrero de 2024 (rcud 1698/2021) -se discutía en esencia si existía derecho de acceso a la pensión, no la cuantía-. Ya allí se hacía referencia a la aplicación literal de la norma: “ […] a la vista de la redacción del precepto, más que un supuesto excepcional es la regla general en los supuestos de violencia de género ya que así lo evidencia la expresión "en todo caso “que, en sí misma, patentiza que dichos supuestos no admiten excepción ni condicionamiento alguno”.
  2. Otra jurisprudencia de interés son la sentencia 120/2024, de 25 de enero de 2024 (rcud 2490/2021) analiza el derecho de una víctima de violencia de género que abandonó el domicilio conyugal y algunos años después obtuvo la sentencia de divorcio, sin que la misma estableciera pensión compensatoria, y aplica los criterios de flexibilidad, o la sentencia 784/2024, de 30 de mayo de 2024 (rcud 1116/2021) hace referencia a la de 2016 y aplica los criterios de flexibilidad que en ella se refieren. También la sentencia 1206/2024, 17 de octubre de 2024 (rcud 3336/2022) aborda un supuesto en el que se analiza si la actora, para tener derecho a la pensión de viudedad cumple con el requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, como exige el artículo 220.1 LGSS o la sentencia: 650/2025, de 27 de junio de 2025 (rcud 4252/2023). En todas ellas, lo hemos visto, se trata de indubitadas víctimas de violencia de género.

Todo ese acervo jurisprudencial – aquí ya comenté varias de ellas - lleva a que en el fundamento jurídico quinto, en el apartado V, a modo de conclusiones, afirme el Ponente, Félix Azón, que cabe extraer de todas ellas que la pensión de viudedad para la mujer víctima de violencia de género procede en interpretación literal sistemática e histórica, atendiendo a la realidad social del momento, y ampliando la consecuencia, no ya solo al reconocimiento del derecho a la pensión, sino extendiendo el alcance expresamente a la cuantía de la misma, “[…] que la finalidad de dicho párrafo tercero sea el de establecer una renta de sustitución para mantener la situación -sin que la viudedad implique desequilibrio económico- pues dicha interpretación ni resulta de la literalidad, ni se compadece con el reconocimiento legal de la pensión a quienes no eran acreedoras de pensión compensatoria; por fin, y a nuestro modo de ver, es elemento trascendental, el que debamos interpretar la normal legal y, resolver este debate, teniendo en cuenta la perspectiva de género que deriva de la Ley Orgánica 3/2007, de 22de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Por tanto, la Sala, de forma no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria, entiende que la resolución del recurso pasa por la aplicación y enjuiciamiento con perspectiva de género.

Así, las cosas, delimitado el sujeto afectado, mujer víctima de violencia de género divorciada, con derecho a percibir la pensión de viudedad -hasta aquí es indubitado que tiene derecho a percibir la prestación sin ninguna discusión- si concurre el derecho a pensión compensatoria, la discusión es si se reduce la pensión de viudedad para ajustarla al importe de la compensatoria o si no es pertinente realizar minoración alguna. Y el Supremo dice que no hay reducción alguna. La justificación del Alto Tribunal lleva incluso a remontarse a la TRLGSS 1994 y la modificación efectuada por la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, haciendo referencia al BOCG de 3/11/2009 y alguna otra reforma posterior, intentando “buscar” cual era la intención del legislador primigenio. Tampoco olvida que la actual TRLGSS 2015 ha heredado el redactado idéntico de la normativa anterior, aunque reordenando su contenido. Para la Sala coexisten:

  • Una regla general de acceso a la pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, que exige que concurran los requisitos de acceso a la pensión para quien fue cónyuge o pareja de hecho.
  • Un requisito adicional a lo anterior, que supone que la persona divorciada/separada tenga derecho a pensión compensatoria, que además actúa como límite de la prestación de viudedad.
  • Una excepción al requisito adicional que es la condición de víctima de violencia de género. Si este concurre, no se exige pensión compensatoria. A esta regla le da carácter autónomo frente al anterior requerimiento.

Frente a estas reglas aunque concurra la condición de víctima de violencia de género y derecho a percibir pensión compensatoria, la expresión del párrafo tercero del artículo 220.1 TRLGSS “en todo caso” se ha de interpretar en el sentido de que se trata de un único colectivo, a saber, el de las mujeres viudas víctimas de violencia de género sin que dentro de ese universo quepa diferenciación alguna”, por lo que asiste el mismo derecho a la pensión íntegra de viudedad, se tenga o no derecho a pensión compensatoria, añado yo, porque lo que prevalece es la “regla autónoma”, ser víctima de violencia de género.

De forma más gráfica, dice el magistrado Azón:

“En suma, existen dos universos de personas beneficiarias, a saber: el primero constituido por aquellas personas, hombres o mujeres, que antes del hecho causante de la prestación de viudedad venían percibiendo pensión compensatoria y no eran víctimas de violencia de género; el segundo universo está formado única y exclusivamente por mujeres, víctimas de violencia de género, con independencia de que antes del hecho causante percibieran o no la pensión compensatoria”.

Para rematar el razonamiento, y aplicando la interpretación en perspectiva de género afirmar contundentemente que:

“[…] las mujeres viudas víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir su pensión de viudedad sin que su cuantía pueda ser reducida por motivo alguno, aun cuando resulte superior a la que venían percibiendo por pensión compensatoria.

Esta interpretación se cohonesta con la interpretación de la norma contenida en el párrafo tercero que la Sala ha venido haciendo en los supuestos en que se ha visto en la necesidad de reconocer el derecho a la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de violencia de género que no percibían pensión compensatoria anteriormente, según hemos visto en las sentencias arriba referenciadas, especialmente en la 300/2024, arriba citada.

Esta interpretación además es la más adecuada realizando una aplicación de la norma desde una perspectiva de género, perfectly válida para el presente caso si tenemos en cuenta que desgraciadamente existen demasiadas mujeres víctimas de la lacra social de la violencia de género, lo que ha dado lugar a una importante actividad legislativa y reglamentaria que tiende a proteger a dichas mujeres, hasta el punto de que ha sido necesario la aprobación y entrada en vigor de un sin número de normas para protegerlas, muy específicamente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En todo caso, el que suscribe este comentario, en tanto que profesor y abogado se ha reconciliado con el Tribunal Supremo y aplaude esta interpretación, aunque cree que la interpretación era clara, y de aplicación el principio de la Navaja de Ockham que postula que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y es la acogida en el voto mayoritario de esta sentencia.

Pero, comentado el razonamiento y fallo de la sentencia, hay cosas que no entiendo de la misma, voy con ellas:

  • ¿Por qué la nota de prensa se equivoca en el apartado del artículo que realmente aborda la sentencia? ¿por qué hace referencia a “mujeres víctimas de VIOGEN”, que, a mi entender, cosifica a las víctimas de violencia de género, tratándolas no como víctimas, sino como “categoría”, que además no se utiliza en nuestra jurisdicción?
  • ¿Por qué en el resumen Cendoj se indica que la ponente es la magistrada Luisa María Gómez Garrido? Es cierto que fue designada inicialmente, pero al apartarse de la decisión de la mayoría se encomendó la redacción a Félix V. Azón Vilas.
  • ¿Por qué no está, a pesar de haberse constituido la Sala en Pleno, dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, completa? Al menos, en la relación de magistrados no constan ni Blasco Pellicer ni Martínez Montoya?
  • ¿Por qué no se ha pulido la conclusión del FD 7º que dice erróneamente “ […] declarar que la doctrina correcta es que las mujeres víctimas de violencia de género que acceden a pensión de jubilación tienen derecho a percibir la pensión de viudedad que les corresponda, sin que la misma pueda ser reducida a la cuantía de la pensión compensatoria establecida en la separación o divorcio, en el supuesto de que percibieran esta última antes del fallecimiento del causante”. Es evidente que sobra la parte que dice “que acceden a pensión de jubilación”, ya que nada se discute aquí entre compatibilidad de pensión de jubilación y viudedad.
  • ¿Por qué se afirma que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, y por más que leo ambas no soy capaz de encontrarla? Es cierto que en ambas sentencias se trata de víctimas de violencia de género, pero la Sentencia de Andalucía reduce la pensión de viudedad hasta el importe de la compensatoria, y explica el por qué, mientras que en la STSJ Navarra 284/2018, se observa que el tribunal no incluye una declaración literal única o aislada en su fundamentación propia con esa cuestión. El pronunciamiento de la Sala de Navarra deriva del hecho de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona (que había reconocido el derecho al 52% íntegro de la base reguladora sin aplicar la minoración), al desestimar el recurso planteado por el INSS, pero insisto, no aborda la cuestión directamente. La Sala de casación unificadora afirma, en beneficio de la concurrencia de contradicción que “…aunque el debate implícito subyacente era la cuantía de la pensión y la posibilidad de reducir la misma”. En fin, yo creo que la contradicción está claramente forzada, porque la cuestión resuelta expresamente en la Sala andaluza no se cuestiona en la navarra.

“En todo caso” lo que me preocupa profundamente es el voto particular, aunque no me extraña, al conocer previamente las STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026 -que denegó en Pleno el acceso a la pensión de viudedad de la pareja de hecho no registrada, a pesar de acreditar su condición de víctima de violencia de género - o la STS, a 29 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 4076/2026 -que si bien declara la nulidad del despido de una trabajadora víctima de violencia de género, no lo hace de forma automática-, en que se trata de la misma magistrada. Dice, no voy a comentar el voto, que la norma -el artículo 220.1 párrafo 3- es clara en cuanto a la limitación de la pensión si concurre pensión compensatoria. Además subraya que los colectivos a que hace referencia la normativa actual no es el de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y las que no lo han sido sino, muy al contrario, entre las personas separadas o divorciadas que obtuvieron el reconocimiento de una pensión compensatoria en sus respectivos procesos civiles, y las que no y, dentro de este diseño, dispensa un trato especial a las mujeres víctimas de violencia de género a las que no se hubiera reconocido pensión compensatoria, pero no a las que si tuvieron tal reconocimiento. O sea, orilla completamente la condición de víctima de violencia de género, dando prevalencia a si se obtuvo pensión compensatoria.

De “salto al vacío” califica la interpretación que efectúa la mayoría de la Sala para, finalmente, señalar que si se acreditara que en un caso concreto la pensión compensatoria se fijó en una cuantía anormalmente baja debido a la coerción psicológica o la violencia de género, el tribunal podría articular respuestas protectoras específicas para ese caso individual. Pero entiende que lo que no resulta admisible, según el voto, es desactivar de manera general el sentido claro de la norma para todo el colectivo escudándose en la perspectiva de género.

Como dice la magistrada refiriéndose a la expresión “en todo caso” y el alcance del voto mayoritario, ya que, dice, “… se trata de una locución adverbial que tanto puede significar "sea lo que fuere", "al menos, como mínimo", como "a lo sumo", y que va seguida de la estricta definición del caso al que se refiere (no ser la beneficiaria víctima de violencia de género acreedora de pensión” compensatoria)”. En fin, no sé qué decir. O mejor dicho, mejor me lo reservo.

No abandono aún el voto particular. Abordo en este último momento, ya que he pasado de puntillas, porque no lo comparto, ni con respecto al fallo del Pleno ni con respecto al voto minoritario, la referencia que efectúan a los antecedentes legislativos de 2009, correspondientes a la tramitación de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, que introdujo la regulación actual del artículo 220.1 del TRLGSS, que constituyen un elemento decisivo para el voto particular.

A través de estos antecedentes, primero el Ponente y después la magistrada disconforme argumentan cuál fue la verdadera intención del legislador al redactar la norma, identificando incluso que el texto legal actual proviene directamente de la enmienda nº 2614 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista, y que fue pactada con el Grupo Popular y CiU. Sin entrar en el contenido de las declaraciones de unos y de otros, los antecedentes parlamentarios son interpretados de manera opuesta por ambas posturas del Tribunal Supremo:

  • La posición mayoritaria sostiene que los debates parlamentarios demuestran que el legislador quiso recuperar para las víctimas de violencia de género el régimen previo a la Ley 40/2007, en el cual la pensión compensatoria o su cuantía no jugaban ningún papel para lucrar la viudedad o fijar su importe.
  • El voto particular reclama que dicha lectura "fuerza el sentido de las expresiones parlamentarias". Sostiene que ni en la enmienda ni en los diarios de sesiones existe el más leve atisbo de que el legislador quisiera eximir del tope económico a la mujer víctima de violencia que sí contaba con una pensión compensatoria previa. Para la magistrada discrepante, pretendía resolverse únicamente la desprotección de quienes no habían pactado pensión por causa del maltrato.

¿De verdad era necesario este nivel de detalle y viajar al pasado para resolver la cuestión objeto de recurso? ¿Es nuestro país el mismo que entonces? ¿Son los partidos políticos los mismos? Si no recuerdo mal, en aquella época era la diputada catalana López Chamosa la responsable de Seguridad Social del PSOE, y el mencionado señor Campuzano de Convergència i Unió, es Carles, hasta hace poco Conseller de Drets Socials de la Generalitat en el Govern de Esquerra Republicana de Catalunya. Ya me contesto yo: no, no hacía falta remontarse a aquel momento. Y tampoco la percepción hoy de la especial protección de las mujeres víctima de violencia de género es la misma que se tenía entonces. Desde luego que no, afortunadamente.

Llegados a este punto me atrevo a realizar una propuesta de lege ferenda, ya que estoy completamente de acuerdo con el criterio jurisprudencial, que es justo y coherente con el mandato constitucional de protección reforzada a las víctimas de violencia de género, para evitar la litigiosidad persistente y disipar las dudas sobre los límites de la interpretación judicial, sugieriendo esta redacción del artículo 220.1, párrafo 3º TRLGSS en los siguientes términos:

"En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad en su cuantía íntegra y sin minoración ni limitación por razón de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género..."

Finalizo, para celebrar que “en todo caso” la sentencia es favorable a conceder la pensión sin límites a una víctima de violencia de género. Y creo que debemos celebrarlo.

01 noviembre 2026

ÚLTIMAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, A 01/11/2026

Las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en el ámbito de la Seguridad Social y alguna cuestión conexa abarcan materias como el Ingreso Mínimo Vital, el cálculo de pensiones internacionales y la compleja prorrata temporis, y las prestaciones por desempleo e incapacidad permanente y el antiguo reglamento de accidentes de trabajo. Destaca especialmente una sentencia sobre la responsabilidad empresarial ante el impago de cotizaciones previas a un accidente laboral, examinando si la duración y gravedad del descubierto justifican desplazar la carga económica desde la mutua hacia la empresa -de hecho, he realizado una entrada por separado al respecto-. Asimismo, los textos abordan formalidades en parejas de hecho y la denegación ante la falta de registro formal -anteriores al RD-ley 31/2026, ojo-, otra vez el complemento por aportación demográfica y supuestos de incongruencia omisiva o plazos procesales. También, en otro plano, aborda las mejoras voluntarias con un par de sentencias en un premio por jubilación parcial y como interpretar una cláusula delimitatoria en declaración de incapacidad permanente. Vamos con ello.
ROJ: STS 4321/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4321
Fecha: 13 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 828/2026 Municipio: Madrid Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER Nº Recurso: 5421/2024
Resumen Cendoj: INGRESO MÍNIMO VITAL. Rentas computables a efectos de la determinación de ingresos para la fijación de su cuantía. El importe de la asignación económica por hijo o menor a cargo constituía ingreso computable antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre.
Comentario. Esta sentencia hace referencia a la impugnación de la beneficiaria que rechazaba la inclusión de la asignación económica por hijo a cargo como renta para calcular el IMV bajo el RD-ley 20/2020 -la primera norma que reguló el IMV-. La doctrina que fija determina que, con anterioridad a la Ley 19/2021 -la norma que sustituyó al primer RD-ley-, la asignación económica por hijo o menor a cargo constituía un ingreso computable a efectos de fijar el límite de rentas y la cuantía del Ingreso Mínimo Vital. Las cuantías, me remito a la sentencia, a percibir en concepto de IMV son muy pequeñas, la doctrina ya no es de aplicación tras la reforma legislativa de la Ley 19/2021. Pero vale la pena leerla para entender que nuestro sistema de protección no contributiva es actualmente muy enrevesado. Y dejo para otro día su encaje con el sistema de dependencia, que puede ser kafkiano.
ROJ: STS 4291/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4291
Fecha: 07 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 810/2026 Municipio: Madrid Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO Nº Recurso: 1523/2025
Resumen Cendoj: En la determinación de la prorrata temporis a cargo de España en una pensión de jubilación del régimen especial de la minería, causada al amparo de los reglamentos comunitarios, se debe computar las cotizaciones reales y las ficticias de España, pero no las ficticias del otro país en liza. Sigue el criterio de nuestra STS 1251/2024 de 19 de noviembre -rcud. 5042/2022-, para un caso también del régimen especial de la minería entre España y de Polonia, y la STS 586/2025 de 12 de junio -rcud. 1399/2023-, en este último caso entre España y Chequia. Hay contradicción, aunque la sentencia recurrida no se pronuncie expresamente sobre tal asunto, en cuanto una cosa es el fundamento de la decisión y otra la pretensión ejercitada, siendo la causa de dicha decisión implícita. Ahora bien, cuestión completamente distinta es que, como el INSS no recurrió en suplicación y solo lo hizo el beneficiario, al estimarse la casación y decidirse el debate en suplicación, no podamos aceptar en su integridad la posición del INSS (que el porcentaje a cargo de España era del 41,92 %), sino solo el 53,08% que reconoció el juzgado de lo social, frente al 54,89 % que reconoció el TSJ en la sentencia recurrida, ya que la diferencia quedó firme al no recurrirse en suplicación por la entidad gestora.
ROJ: STS 4297/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4297
Fecha: 07 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 807/2026 Municipio: Madrid Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE Nº Recurso: 543/2025
Resumen Cendoj: Prestación por desempleo. Incompatibilidad de la prestación por cese de actividad con la prestación por desempleo. Aplica doctrina de la STS 1222/2024, de 30 de octubre (rcud 1025/2022).
Comentario. En este caso el beneficiario pretendía compatibilizar el desempleo de un ERTE por cuenta ajena con la prestación por cese de actividad como autónomo. La doctrina que fija el Alto tribunal, o mejor dicho, que reitera, establece que la prestación por desempleo es incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad en el RETA salvo que ambas actividades fueran compatibles con carácter previo, regla general que no fue alterada por la normativa de emergencia del COVID-19.
ROJ: STS 4308/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4308
Fecha: 07 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 803/2026 Municipio: Madrid Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA Nº Recurso: 5523/2024
Resumen Cendoj: Desempleo. ERTE-COVID. Presentación extemporánea por la empresa de la solicitud de prórroga colectiva de prestaciones de desempleo a consecuencia de COVID-19, conforme al Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre. El SEPE no está obligado a realizar el requerimiento de subsanación previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, por lo que no le alcanza la responsabilidad del pago de la diferencia de prestación por desempleo que el trabajador demandante reclama. Estimación del rcud SEPE. Unifica doctrina.
Comentario. En este caso el SEPE recurrió la condena a pagar diferencias de prestaciones por no haber requerido de subsanación a la empresa que presentó la prórroga de ERTE fuera de plazo. La doctrina que fija resuelve que la presentación extemporánea por la empresa de la prórroga colectiva de ERTE no es un defecto formal subsanable (art. 68 LPAC), sino una falta de solicitud temporánea insubsanable, eximiendo al SEPE de responder por el periodo atrasado.
ROJ: STS 4313/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4313
Fecha: 07 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 801/2026 Municipio: Madrid Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO Nº Recurso: 5168/2024
Resumen Cendoj: AYUNTAMIENTO DE MADRID. Es discriminatoria la previsión convencional que obliga a indexar el tiempo de vinculación del jubilado parcial a efectos de lucrar el premio por veinticinco o más años de servicios efectivos. De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima recurso.
Comentario. Nos encontramos en este caso con el litigio promovido por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid frente a un trabajador en situación de jubilación parcial que reclamaba el premio económico por haber cumplido veinticinco años de servicios efectivos, o sea, una mejora voluntaria de origen convencional. La administración municipal denegó la gratificación amparándose en el artículo 73.4 del Acuerdo-Convenio 2019-2022, el cual prescribía que los servicios prestados durante la jubilación parcial debían minorarse en el porcentaje de la reducción de jornada; de este modo, para computar un año de servicio con una jornada reducida al 25 %, el empleado debía trabajar cuatro años naturales. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso del empleador público y confirma la sentencia del TSJ de Madrid, fijando como doctrina que reducir o indexar el tiempo computable durante la jubilación parcial vulnera los derechos del trabajador, pues el premio no recompensa la intensidad o duración de la jornada diaria, sino la dilatada vinculación y permanencia del empleado con la administración municipal.

Para fundamentar el carácter netamente discriminatorio de dicha regla convencional, el Tribunal Supremo apoya su decisión en un bloque normativo de obligado cumplimiento compuesto, en primer lugar, por la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, que proscribe tratar a los trabajadores a tiempo parcial de manera menos favorable que a los de tiempo completo sin razones objetivas. En el ámbito del derecho interno, la sentencia se apoya en el artículo 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, el cual garantiza la equiparación de derechos y prohíbe expresamente la discriminación directa o indirecta por razón de parcialidad en la jornada. Asimismo, Sempere Navarro invoca el artículo 14 de la Constitución Española sobre el principio de igualdad, destacando que su vinculación resulta especialmente rigurosa e inexcusable cuando el empleador es una administración pública. Con base en estas normas, la Sala concluye que convertir los años de servicio en un equivalente teórico de jornada completa destruye la garantía de no discriminación y exige el cómputo íntegro de los años naturales prestados en jubilación parcial.
ROJ: STS 4274/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4274
Fecha: 07 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 800/2026 Municipio: Madrid Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER Nº Recurso: 4382/2024
Resumen Cendoj: Air Europa. Tripulantes de cabina. Prestaciones por desempleo. Derecho a la percepción de prestación por desempleo de una persona trabajadora durante el tiempo en que permanece en situación de inactividad cuando es contratada por tiempo indefinido a tiempo parcial con concentración de la jornada y ve su contrato suspendido por un ERTE-COVID 19. Aunque la doctrina jurisprudencial es constante en señalar que no tienen derecho al desempleo durante el periodo de inactividad [por todas: SSTS 646/2021, de 23 de junio (rcud. 877/2000) 189/2026, de 24 de febrero (rcud 4793/2024); 323/2026, de 23 de marzo (rcud 4597/2024); 299/2026, de 25 de marzo (rcud 4134/2024) y 351/2026, de 9 de abril (rcud 806/2025)]; en este caso no puede aplicarse dado que quedó firme el pronunciamiento de instancia que apreció que la resolución revisora del SEPE se dictó transcurrido más de un año desde la resolución objeto de revisión por lo que carecía de eficacia.
Comentario. Examino la STS 4274/2026 con cierto estupor, en la que el SPEE impugnó el derecho al desempleo de una tripulante de cabina a tiempo parcial en jornada concentrada durante periodos de inactividad. La doctrina que fija confirma que, aunque sustantivamente el colectivo a tiempo parcial concentrado no ostenta derecho al desempleo en inactividad, en este caso debe confirmarse el derecho de la trabajadora porque la resolución revisora del SEPE resultó ineficaz por extemporánea al dictarse transcurrido más de un año (art. 146.2 LRJS). Así que realmente la entidad gestora no actuó en el plazo correcto, con lo que la prestación reconocida inicialmente ha quedado firme. Otra pérdida de tiempo y recursos de nuestro sistema de seguridad social -el SEPE reconoció el derecho y fue después cuando inició los trámites de revocación- y judicial -esto no puede ni debe llegar al TS-, que pagamos todos…
ROJ: STS 4210/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4210
Fecha: 06 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 782/2026 Municipio: Madrid Ponente: JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA Nº Recurso: 1765/2025
Resumen Cendoj: Determinar si, a efectos del art. 221.2 LGSS el requisito formal y constitutivo de constitución de la pareja de hecho (inscripción registral o documento público con dos años de antelación al fallecimiento) puede no exigirse cuando existen hijos comunes, bastando la acreditación de la convivencia y descendencia común; o, por el contrario, si dicho requisito resulta inexcusable también en esos supuestos. No existe derecho a la pensión. Reitera doctrina.
Comentario. La Sala recuerda que la constitución formal mediante inscripción registral o documento público con dos años de antelación al fallecimiento es un requisito constitutivo (ad solemnitatem) e inexcusable ex art. 221.2 LGSS, sin que la existencia de hijos comunes ni la perspectiva de género permitan eximir de dicho cumplimiento contra legem. No obstante, la sentencia es anterior a la reforma del RD-ley 31/2026 que ahora ya no exige el registro formal -si la convivencia como pareja de hecho durante dos años- si existen hijos en común. Aquí explico la nueva regulación https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/parejas-de-hecho-y-registro-formal-el.html
ROJ: STS 4324/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4324
Fecha: 07 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 811/2026 Municipio: Madrid Ponente: JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA Nº Recurso: 1543/2025
Resumen Cendoj: Determinar si, a efectos del art. 221.2 LGSS el requisito formal y constitutivo de constitución de la pareja de hecho (inscripción registral o documento público con dos años de antelación al fallecimiento) puede no exigirse cuando existen hijos comunes, bastando la acreditación de la convivencia y descendencia común; o, por el contrario, si dicho requisito resulta inexcusable también en esos supuestos. No existe derecho a la pensión. Reitera doctrina. Sentencia de Señalamiento Adicional.
Comentario. Hago extensivo el comentario a la STS 4210/2026. Añadir, eso sí, que en aquella sentencia constaban cuatro hijos en común, y aquí ninguno, con lo que la primera de las situaciones si dará lugar al reconocimiento de la pensión por la vía de la nueva DT48ª TRLGSS en sede de “reconocimiento de la pensión de viudedad de parejas de hecho en supuestos excepcionales” https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724#dt-20 que la viuda de la segunda sentencia no podrá ejercer.
ROJ: STS 4209/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4209
Fecha: 06 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 781/2026 Municipio: Madrid Ponente: JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA Nº Recurso: 1074/2025
Resumen Cendoj: Responsabilidad empresarial en materia de prestaciones por incumplimientos empresariales en materia de cotización.
Comentario. Aborda el recurso interpuesto por el INSS frente al intento de una mutua de trasmitir la responsabilidad directa a la empresa por descubierto de cotizaciones durante cinco meses antes de un accidente de trabajo. La doctrina que fija la Sala, reiterando anterior doctrina, consiste en establecer que un descubierto de cotización de cinco meses no es, por sí solo, suficiente para calificar el incumplimiento de "grave, contumaz y rebelde" que desplace la responsabilidad del pago de prestaciones a la empresa, requiriéndose probar una verdadera actitud de ruptura voluntaria del deber contributivo Me remito a lo que he comentado en esta entrada sobre esta sentencia:
https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/la-pugna-oculta-entre-el-inss-y-las.html
ROJ: STS 4301/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4301
Fecha: 13 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 827/2026 Municipio: Madrid Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA Nº Recurso: 2177/2025
Resumen Cendoj: COMPLEMENTO DE APORTACIÓN DEMOGRÁFICA ART. 60 LGSS. El derecho a la indemnización por vulneración del derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de sexo no desaparece porque la entidad gestora fundamente la denegación en la prescripción. Se reitera la doctrina establecida en las SSTS 735/2025 y 740/2025 y muchas otras posteriores. Sentencia de señalamiento adicional.
Comentario. Yo ya he perdido la cuenta con estas sentencias…
ROJ: STS 4294/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4294
Fecha: 06 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 778/2026 Municipio: Madrid Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE Nº Recurso: 726/2025
Resumen Cendoj: Grado de incapacidad permanente. Soldador. Corresponde la incapacidad permanente total cuando, en la profesión de soldador, se sufre una disminución de la agudeza visual de un ojo, en el que solo se ve movimiento en mano, y se conserva la del otro, en el que la visión es normal.
Comentario. Se trata del recurso interpuesto por un trabajador con la profesión habitual de soldador frente a la sentencia de suplicación que le denegó la Incapacidad Permanente Total (IPT). El origen del pleito se sitúa en el accidente de trabajo sufrido por el beneficiario tras impactarle un objeto metálico en el ojo izquierdo, lo que le causó una perforación corneal y derivó en una severa pérdida visual por la que solo distingue movimientos de la mano (visión monocular), manteniendo la agudeza normal en el ojo derecho. Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS reconoció inicialmente la pensión de IPT para su oficio, la Mutua Midat Cyclops -puedo asegurar que siempre es muy beligerante- impugnó la resolución solicitando que las secuelas se calificaran únicamente como incapacidad permanente parcial (IPP). La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó el recurso de la mutua argumentando que la pérdida de visión de un solo ojo no le impedía ejecutar las tareas fundamentales de la soldadura, lo que llevó al trabajador a formalizar el recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Para fundamentar la concesión de la IPT el Tribunal Supremo sustenta su fallo en un marco normativo específico integrado por el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 11.2 de la Orden de 15 de abril de 1969, los cuales definen la profesión habitual no por el concreto puesto de trabajo ni por la categoría, sino por el conjunto de funciones que caracterizan el oficio. Asimismo, la Sala evalúa el carácter orientador de la Escala de Wecker y de los derogados artículos 37 y 38 del Reglamento de Seguro de Accidentes de Trabajo de 1956, conectándolos con los requerimientos técnicos de la Guía de Valoración Profesional de Incapacidades del INSS. La doctrina que fija el Supremo establece que, en la profesión de soldador, la visión monocular destruye la visión binocular y la agudeza estereoscópica necesarias para calcular distancias y profundidades en los trabajos de precisión. Por ello, la calificación de la incapacidad no puede ser “ciega” -perdón por la expresión- a los riesgos laborales de la profesión habitual, concluyendo que la falta de visión binocular en soldadura genera un peligro grave e inasumible de sufrir lesiones en el único ojo sano y un riesgo apreciable para la seguridad de terceros, lo que justifica de forma plena el reconocimiento de la IPT. En fin, ya sabemos que son poquísimas las veces que el TS admite recursos en materia de grado de incapacidad, pero la de la agudeza visual y sus conexión con la profesión habitual es de las que sí permite ese acceso. Por mi parte, es una cuestión que ya he abordado en otras ocasiones https://miguelonarenas.blogspot.com/2024/02/vision-monocular-la-delgada-linea-que.html
ROJ: STS 4307/2026 - ECLI:ES:TS:2026:4307
Fecha: 06 de octubre de 2026 Sala: de lo Social Nº de Resolución: 779/2026 Municipio: Madrid Ponente: ANA MARIA ORELLANA CANO Nº Recurso: 407/2025
Resumen Cendoj: NATIONAL NEDERLANDEN GENERALES SA. La interpretación de la cláusula delimitadora del riesgo asegurado contenida en la póliza permite colegir que la fecha de efectos económicos de la incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional es la que ha de considerarse como fecha del siniestro a los efectos de lucrar la indemnización reclamada. Reitera doctrina.
Comentario. Finalizo con el comentario para el blog sobre la STS 4307/2026, de 6 de octubre (rcud 407/2025), a vueltas nuevamente sobre la diferencia entre las cláusulas limitativas y las cláusulas delimitatorias. Analiza la sentencia el recurso planteado por una compañía aseguradora frente a la sentencia de suplicación que la condenó a abonar una indemnización de 34.000 euros a un trabajador afectado por silicosis simple. El conflicto surge tras declararse al empleado en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 27 de enero de 2021, fijando la fecha de efectos económicos en el 26 de enero de 2021, si bien el informe médico del Instituto Nacional de Silicosis se había emitido previamente el 24 de septiembre de 2020. La empresa empleadora mantenía con la aseguradora una póliza colectiva para dar cobertura a la mejora voluntaria del artículo 19 del convenio colectivo del sector de la pizarra de Ourense y Lugo, la cual extendía sus garantías a la enfermedad profesional, pero dicho contrato expiró el 31 de diciembre de 2020. Mientras el entonces denominado aún Juzgado de lo Social desestimó la demanda por haber caducado el seguro antes de la fecha de efectos económicos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia revocó la resolución e impuso el pago al estimar que las cláusulas eran oscuras y debían interpretarse en favor del asegurado tomando la fecha del informe médico, lo que motivó el recurso de casación unificadora de la aseguradora denunciando la infracción de los artículos 1255, 1281 y 1283 del Código Civil y del artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro.

La doctrina que fija la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de la compañía aseguradora y determina que las cláusulas de la póliza no merecen ser calificadas como oscuras, debiendo aplicarse la regla general de interpretación gramatical del artículo 1281 del Código Civil. El Supremo enfatiza que las partes gozan de plena autonomía de la voluntad conforme al artículo 1255 del Código Civil para pactar cláusulas delimitadoras del riesgo que acoten el plazo y el momento temporal de la cobertura asegurada. De este modo, la cláusula 15.1.1 de la póliza establece de forma clara y explícita que la fecha del siniestro para el cobro de la indemnización por incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional coincide con la fecha de efectos económicos fijada en la resolución del órgano público competente. Al haber quedado acreditado que los efectos económicos de la incapacidad se iniciaron el 26 de enero de 2021 y habiendo caducado la póliza el 31 de diciembre de 2020, el siniestro acaeció fuera del periodo de vigencia del contrato, por lo que la entidad aseguradora queda totalmente exonerada de la obligación de indemnizar.
Buen y extenso estudio…

31 octubre 2026

CÓMPUTO DE COTIZACIONES FICTICIAS EN LA PRORRATA TEMPORIS INTERNACIONAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN. A PROPÓSITO DE LA STS 4291/2026

STS, a 07 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4291/2026
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cb50a239c70d9f8aa0a8778d75e36f0d/20261029
ECLI:ES:TS:2026:4291 | Sala de lo Social | Nº de Resolución: 810/2026 | Municipio: Madrid | Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO | Nº Recurso: 1523/2025
RESUMEN: En la determinación de la prorrata temporis a cargo de España en una pensión de jubilación del régimen especial de la minería, causada al amparo de los reglamentos comunitarios, se debe computar las cotizaciones reales y las ficticias de España, pero no las ficticias del otro país en liza. Sigue el criterio de nuestra STS 1251/2024 de 19 de noviembre -rcud. 5042/2022-, para un caso también del régimen especial de la minería entre España y de Polonia, y la STS 586/2025 de 12 de junio -rcud. 1399/2023-, en este último caso entre España y Chequia. Hay contradicción, aunque la sentencia recurrida no se pronuncie expresamente sobre tal asunto, en cuanto una cosa es el fundamento de la decisión y otra la pretensión ejercitada, siendo la causa de dicha decisión implícita. Ahora bien, cuestión completamente distinta es que, como el INSS no recurrió en suplicación y solo lo hizo el beneficiario, al estimarse la casación y decidirse el debate en suplicación, no podamos aceptar en su integridad la posición del INSS (que el porcentaje a cargo de España era del 41,92 %), sino solo el 53,08% que reconoció el juzgado de lo social, frente al 54,89 % que reconoció el TSJ en la sentencia recurrida, ya que la diferencia quedó firme al no recurrirse en suplicación por la entidad gestora.

En esta entrada de mi blog abordo la STS 4291/2026, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (ponente Excma. Sra. D.ª Luisa María Gómez Garrido), una resolución de indudable relevancia en el ámbito del Derecho Comunitario de la Seguridad Social y el Régimen Especial de la Minería del Carbón (REMC), y con repercusión en la aplicación de los instrumentos internacionales cuando se causa pensión de jubilación con periodos de empleo, cotización o seguro en España y otro país, ya sea por Reglamento Europeo, Convenio Bilateral o el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Voy con ello.

1. Antecedentes del litigio y presupuesto fáctico

El supuesto de hecho se centra en la reclamación formulada por un trabajador minero que prestó servicios en el interior de las minas tanto en España como en Polonia. Al causar el hecho causante de la pensión de jubilación al amparo de los Reglamentos Comunitarios de coordinación de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del INSS reconoció la prestación aplicando una cuantía teórica del 100 % sobre una base reguladora de 2.054,74 €. Sin embargo, para determinar la prorrata temporis a cargo de la entidad gestora española, el INSS contabilizó 4.181 días de cotización en España y 7.050 días en Polonia, fijando la cuota a cargo del sistema español en un 41,92 %.

Disconforme con dicho porcentaje, el trabajador promovió demanda exigiendo que la prorrata a cargo de España se situara en el 54,89 %, incluyendo en la cuota española las bonificaciones por edad reconocidas por la legislación polaca. El Juzgado de lo Social nº 6 de Oviedo estimó parcialmente la pretensión y fijó el porcentaje en el 53,08 %. Frente a dicho fallo, únicamente recurrió en suplicación el beneficiario persiguiendo el 54,89 %, mientras que el INSS no impugnó la resolución de instancia. La Sala de lo Social del TSJ de Asturias estimó la suplicación del trabajador y elevó la prorrata al 54,89 % al integrar los días bonificados en Polonia.

2. Motivo del recurso de casación unificadora y normativa invocada

Frente a la sentencia de la Sala del TSJ, el INSS formalizó recurso de casación para la unificación de doctrina articulando un motivo único. La entidad gestora denunció expresamente la infracción de los artículos 52, 56.1 y 56.1.b) del Reglamento (CE) 883/2004, de 29 de abril, en relación con el artículo 21.4 de la Orden de 3 de abril de 1973 (reguladora del REMC).

Para sostener la contradicción, la parte recurrente invocó de contraste la STS 1251/2024, de 19 de noviembre (rcud 5042/2022), referida también a un minero con historial laboral compartido entre España y Polonia. La controversia jurídica quedó delimitada en definir si la prorrata temporis española de una pensión de jubilación minera se calcula evaluando exclusivamente los días de cotización real y ficticia -asimilada- en España o si, por el contrario, deben adicionarse las cotizaciones ficticias o días de bonificación por adelanto de la edad de jubilación acreditados en el extranjero.

3. Interés Casacional Objetivo (ICO) e intensa litigiosidad

A la hora de abordar la viabilidad casacional, el Tribunal Supremo pone de manifiesto la presencia de un evidente interés casacional derivado de la recurrente litigiosidad que suscita la interpretación de los Reglamentos Comunitarios en regímenes especiales caracterizados por coeficientes reductores de la edad de jubilación, como la minería o el mar. La Sala considera imprescindible unificar el criterio para evitar respuestas dispares en la aplicación del principio de prorrata temporis entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia.

4. La doctrina fijada por la Sala IV del Tribunal Supremo

El Supremo estimó el recurso del INSS y fijó una tajante diferenciación entre el cálculo de la pensión teórica y la determinación del importe real de la prorrata:

  • Cómputo en la pensión teórica (art. 52.1.b.i del Reglamento 883/2004): A efectos de fijar la cuantía teórica que le correspondería al trabajador si toda su carrera se hubiera desarrollado en un único país, sí se totalizan todas las carreras de seguro (reales y ficticias) de los distintos Estados miembros. El objetivo constitucional y europeo de esta regla es impedir la desprotección y asegurar que los trabajadores migrantes no sufran penalizaciones por haber ejercido su derecho a la libre circulación.
  • Cómputo en la prorrata temporis española (art. 52.1.b.ii del Reglamento 883/2004): Para determinar la cuota concreta a cargo del sistema de Seguridad Social español, la norma comunitaria exige aplicar al importe teórico la proporción de los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación que aplique la institución competente. En consecuencia, España solo debe computar las cotizaciones reales y las ficticias/bonificadas generadas en territorio español.
  • Inadmisibilidad del traslado de bonificaciones extranjeras: Pretender incluir en la prorrata española las cotizaciones ficticias otorgadas por la legislación polaca o de cualquier otro país desbordaría los límites de la Seguridad Social coordinadora. De admitirse la tesis contraria, la carga financiera de la Seguridad Social española pasaría a depender unilateralmente de los coeficientes reductores que decida aprobar otro Estado miembro, alterando de forma injustificada el equilibrio contributivo nacional.

5. La peculiaridad procesal en la resolución del caso y fallo definitivo

Aunque en el plano sustantivo el Tribunal Supremo dio la razón íntegramente a la tesis del INSS, el fallo práctico se vio condicionado por la observancia rigurosa de las garantías procesales del recurso de suplicación y el principio de intangibilidad. Y es que, como el INSS no recurrió la sentencia inicial del Juzgado de lo Social de Oviedo (que fijó un 53,08 %), dicho porcentaje adquirió firmeza de manera inalterable frente a la entidad gestora. Por tanto, al estimarse la casación del INSS y anularse la resolución del TSJ de Asturias (que fijaba el 54,89 %), la Sala IV no pudo restablecer el porcentaje primigenio de la resolución administrativa (41,92 %), sino que se vio obligada a confirmar el 53,08 % dictado en la instancia.

6. En conclusión

Ya acabo. La prorrata temporis a cargo de la Seguridad Social española en jubilaciones internacionales de la minería solo debe integrar las cotizaciones reales y ficticias acreditadas en España, sin incorporar bonificaciones extranjeras. Y en el presente caso, el error de la entidad gestora al no recurrir la sentencia dictada en la instancia supone que el beneficio perciba actualmente un porcentaje superior en un 11% -algo más- al que realmente debió percibir.

En fin, ya he abordado esta cuestión en recientes ponencias, pero ante una población en nuestro país en la que una de cada cinco personas es ya de origen extranjero la aplicación de instrumentos internacionales será cada vez más frecuente. Y dentro de esa aplicación, la totalización de cotizaciones y la posterior aplicación de la prorrata temporis son el eje del sistema -sin despreciar como se aplican el complemento de mínimos y en su caso de residencia, pero eso será objeto de otra entrada-.

Por cierto, esta es mi calculadora para efectuar la prorrata temporis:
https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/calculadora-de-pension-con-prorrata.html

29 octubre 2026

LA PUGNA OCULTA ENTRE EL INSS Y LAS MUTUAS COLABORADORAS. A PROPÓSITO DE LA STS 4209/2026

STS Responsabilidad Empresarial

STS, a 06 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4209/2026

Enlace: Consultar resolución

ECLI: ES:TS:2026:4209

Sala: Sala de lo Social

Nº de Resolución: 781/2026

Municipio: Madrid

Ponente: JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA

Nº Recurso: 1074/2025

RESUMEN: Responsabilidad empresarial en materia de prestaciones por incumplimientos empresariales en materia de cotización.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Social) ha vuelto a pronunciarse en la STS 781/2026, de 6 de octubre (ROJ: STS 4209/2026), sobre la siempre compleja materia de la responsabilidad empresarial en el abono de prestaciones por contingencias profesionales en casos de descubierto de cotización. En esta resolución, el Alto Tribunal ratifica la doctrina clásica sobre la materia, recordando que un retraso o descubierto en el pago de cuotas a la Seguridad Social no genera automáticamente la responsabilidad directa del empresario. Para que proceda declarar dicha responsabilidad —y desplazar la responsabilidad sobre las prestaciones fuera de la entidad aseguradora—, la falta de cotización debe ser grave, continuada y reveladora de una actitud contumaz y voluntariamente rebelde al cumplimiento del deber contributivo, sin que un mero descubierto de cinco meses sea suficiente por sí solo para romper el nexo de aseguramiento.

Sin embargo, más allá de la estricta técnica jurídica, la sentencia deja al descubierto una dinámica económica e institucional de hondo calado. Destaca de forma muy clara por qué el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía un interés tan directo en combatir la declaración de responsabilidad empresarial. Se trata de una cuestión poco conocida en la práctica cotidiana: cuando la empresa incurre en incumplimientos en sus obligaciones de alta, afiliación o cotización, y ocurre un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social (MCSS) está obligada a anticipar al trabajador las prestaciones e indemnizaciones en virtud del principio de automaticidad. Si judicialmente se declara la responsabilidad empresarial directa por el descubierto y posteriormente se constata la insolvencia de la empresa incumplidora, la Mutua ostenta el derecho de reclamar posteriormente al INSS el reintegro de lo abonado, dado que el ente público actúa como responsable subsidiario en su condición de sucesor del extinto Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo.

De este modo, lo que formalmente se presenta como un debate sobre la gravedad de un descubierto contributivo es, en el fondo, la verdadera pugna entre el INSS y las Mutuas Colaboradoras para no asumir el coste de las empresas insolventes cuando incumplen sus obligaciones. Si el Supremo estimase que un descubierto de pocos meses basta para atribuir la responsabilidad a la empresa, en caso de insolvencia de esta, el coste final terminaría recayendo de forma subsidiaria sobre las arcas públicas del INSS. En cambio, si se desestima la responsabilidad empresarial por considerarse un incumplimiento meramente esporádico o no rupturista, es la Mutua la que debe soportar de forma definitiva la cobertura de la prestación.

Esta recurrente litigiosidad entre entidades del propio sistema de Protección Social encuentra su origen en una grave inercia legislativa: el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 167.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) nunca llegó a aprobarse. Ante este vacío, los tribunales se ven obligados a seguir aplicando los artículos 94, 95 y 96 de la añeja Ley de Seguridad Social de 1966 y a construir un juicio de proporcionalidad jurisprudencial para resolver el reparto de costes. ¿Quizás toca ya reformar la vieja normativa?