MODELOS INTERACTIVOS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD COMO PAREJA DE HECHO AL AMPARO DE LA NUEVA DT 48ª TRLGSS

Desde mi actual condición de profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UOC no puedo ayudar personalmente a las viudas que ahora pueden recuperar su pensión, pero sí puedo realizar un modelo que sirva tanto a ellas como a las asociaciones como a otros operadores jurídicos. Por eso he preparado un modelo formal de solicitud administrativa inicial, fundamentado jurídicamente, y diseñado específicamente para ejercitar la acción extraordinaria de reconocimiento de la pensión de viudedad al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava (DT 48.ª) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. También he adaptado íntegramente el modelo genérico para el supuesto específico regulado en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, es decir, la rehabilitación de la pensión suspendida.

1. Modelo de solicitud administrativa inicial genérica

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NOTA TÉCNICA INTRODUCTORIA PARA EL SOLICITANTE

Antes de cumplimentar el formulario, conviene tener presentes tres claves sustantivas y temporales:

• Ámbito temporal del hecho causante: El fallecimiento del causante debe haberse producido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, es de decir, antes del 22/10/2026.
• Plazo de caducidad perentorio: La solicitud debe formularse imperativamente dentro del plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, es decir, antes del 22/10/2027.
• Efectos económicos: Por expresa disposición legal, no existe retroactividad al hecho causante; los efectos económicos se devengan a partir del día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.

MODELO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DE [INDICAR PROVINCIA]

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del sobreviviente]
DNI / NIE: [Número de documento]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Plaza [.......................................], n.º 8, piso [...], C.P. [........], Localidad [........................], Provincia [........................]
Teléfono de contacto: [........................] | Correo electrónico: [........................]

DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (FALLECIDA):

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del causante]
DNI / NIE: [Número de documento]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Fecha de fallecimiento: [Día / Mes / Año]
Régimen de la Seguridad Social: [Régimen General / RETA / Minería / Mar]

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PRECEDENTE (EN SU CASO):

Número de Expediente anterior: [............................................................]
Resolución administrativa denegatoria de fecha: [Día / Mes / Año]

Comparezco por medio del presente escrito y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar formalmente el RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES, al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en atención a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.– De la relación de pareja de hecho y fallecimiento del causante.
Don/Doña [Nombre del solicitante] y Don/Doña [Nombre del causante] mantuvieron una relación de afectividad análoga a la conyugal, constituyendo una pareja de hecho estable y notoria, sin impedimento legal alguno para contraer matrimonio y libres de cualquier otro vínculo matrimonial o unión formal previa.
Dicha unión se vio truncada por el óbito del/ de la causante en fecha [Día / Mes / Año], habiéndose producido el fallecimiento con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre.

SEGUNDO. – De la denegación previa de la pensión de viudedad.
En su momento, con fecha [Día / Mes / Año], esta parte solicitó ante esta Dirección Provincial del INSS el reconocimiento de la pensión de viudedad. Mediante Resolución de fecha [Día / Mes / Año], dicha prestación fue denegada por motivos estrictamente formales derivados del marco normativo entonces vigente [detallar brevemente: ej. no acreditar dependencia económica en su momento / falta de cumplimiento de las exigencias estrictas de registro previo bajo normativas extinguidas / aplicación de la derogada DA 40.ª].

TERCERO. – Concurrencia de los requisitos exigibles al causante (artículo 219.1 del TRLGSS).
En la fecha de su fallecimiento, el causante cumplía con los requisitos legales previstos en el artículo 219.1 del TRLGSS, al hallarse:
(Elegir la opción que corresponda):
En situación de alta o asimilada a la de alta en la Seguridad Social, con un período de cotización superior a 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al deceso (al derivar de enfermedad común) / sin exigencia de cotización previa (al derivar de accidente o enfermedad profesional).
En situación de no alta, habiendo completado un período de cotización a lo largo de su vida laboral superior a los quince años.
En condición de pensionista de jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social.

CUARTO.– Concurrencia y acreditación de los requisitos de pareja de hecho (artículo 221.2 del TRLGSS).
La persona beneficiaria acredita que, en el momento del fallecimiento del causante, concurrían los presupuestos materiales y formales legalmente exigidos actualmente por el artículo 221.2 del TRLGSS en la redacción efectuada, sucesivamente, por el art. 1.10 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre y el art.1.10 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. A saber:

• Declare el derecho de Don/Doña [Nombre del solicitante] a percibir la pensión contributiva de viudedad derivada del fallecimiento de Don/Doña [Nombre del causante].
• Fije los efectos económicos de dicha pensión a partir del día primero del mes siguiente a la presentación de la presente solicitud.

OTROSÍ DIGO: Que para la debida acreditación de los presupuestos de hecho y de derecho alegados, se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

• Documento n.º 1: Certificado literal de defunción de la persona causante.
• Documento n.º 2: Certificado histórico y colectivo de empadronamiento que acredita la convivencia ininterrumpida e inmediata al fallecimiento en el domicilio común.
• Documento n.º 3: [En su caso] Libro de Familia o certificados literales de nacimiento de los hijos comunes.
• Documento n.º 4: Copia de la resolución administrativa previa de denegación de la pensión de viudedad dictada por el INSS con fecha [Día / Mes / Año].

En [Localidad], a [Día] de [Mes] de [Año].

(Firma de la persona solicitante)
Fdo.: [Nombre y Apellidos]

Recomendaciones prácticas

• Presentación formal: Es recomendable registrar este escrito a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (mediante certificado digital o Cl@ve) utilizando el trámite general de presentación de solicitudes, o bien presencialmente en el Registro de la Dirección Provincial del INSS solicitando el correspondiente justificante de entrada con fecha y sello.
• Efecto de la concurrencia: Si la persona beneficiaria ya percibe una pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva, la suma de ambas prestaciones no podrá superar el tope máximo de pensiones públicas vigente.
• Si la persona percibe pensión propia de jubilación o incapacidad permanente con complemento de mínimos, este podría ser compensado con el importe de la nueva pensión.
• Al no existir plazo específico del ejercicio de esta solicitud, bien por analogía con las solicitudes de viudedad iniciales, bien por el procedimiento administrativo común, el silencio negativo se produce a los 3 meses de la petición.

2. Modelo para la rehabilitación de la pensión suspendida

📄 Descargar o ver documento original en Google Drive: Modelo solicitud DT 48 levantamiento suspensión

CLAVES SUSTANTIVAS Y PROCESALES DE ESTA REHABILITACIÓN

• Destinatarios de la norma: Personas a las que en su día se les reconoció formalmente la pensión de viudedad al amparo de la derogada Disposición adicional cuadragésima (DA 40.ª) del TRLGSS (introducida originariamente por la Ley 22/2021) y que, con posterioridad, vieron suspendido el percibo de dicha pensión de viudedad (o de otra pensión contributiva concurrente) por la aplicación estricta de la regla de incompatibilidad / concurrencia de la letra c) de aquella disposición adicional.
• Objeto de la petición: No se solicita un nuevo reconocimiento originario del derecho a ser pareja de hecho ni de la muerte del causante, sino la rehabilitación (alzamiento de la suspensión y reactivación del pago) de la pensión suspendida, acreditando que se mantienen el resto de los requisitos.
• Plazo perentorio: Solicitud dentro del plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026.
• Efectos económicos: Desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.
• Tope de concurrencia: Se mantiene la aplicación del límite máximo legal de pensiones públicas del artículo 57 del TRLGSS.

MODELO DE SOLICITUD DE REHABILITACIÓN DE PENSIÓN SUSPENDIDA

(Al amparo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, según redacción dada por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre)

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DE [INDICAR PROVINCIA]

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / BENEFICIARIA:

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos de la persona interesada]
DNI / NIE: [Número de documento de identidad]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Plaza [.......................................], n.º [...], piso [...], C.P. [........], Localidad [........................], Provincia [........................]
Teléfono de contacto: [........................] | Correo electrónico: [........................]

DATOS DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA OBJETO DE REHABILITACIÓN:

Prestación suspendida: Pensión de Viudedad de Pareja de Hecho [o indicar si la suspendida fue la otra pensión contributiva: Jubilación / Incapacidad Permanente]
Número de expediente / Registro de prestación: [............................................................]
Resolución inicial de reconocimiento: Dictada por la Dirección Provincial del INSS de [Provincia] en fecha [Día / Mes / Año] al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
Resolución administrativa que acordó la suspensión: Dictada en fecha [Día / Mes / Año].

DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (EN CASO DE REHABILITACIÓN DE VIUDEDAD):

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del causante fallecido]
DNI / NIE: [Número de documento]
Fecha de defunción: [Día / Mes / Año]

Comparezco por medio del presente escrito y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante este escrito vengo a solicitar formalmente la REHABILITACIÓN DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA [indicar si es la de viudedad o la pensión contributiva concurrente], al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción añadida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en atención a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.– Reconocimiento inicial de la pensión de viudedad al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
Mediante Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha [Día / Mes / Año], a esta parte le fue formalmente reconocido el derecho a la pensión contributiva de viudedad como sobreviviente de la pareja de hecho causante, al amparo de lo previsto en la derogada Disposición adicional cuadragésima del TRLGSS.

SEGUNDO.– Suspensión sobrevenida por concurrencia con otra pensión contributiva.
Con posterioridad a dicho reconocimiento, mediante Resolución administrativa de fecha [Día / Mes / Año], esta entidad gestora procedió a decretar la suspensión de la percepción de la pensión [especificar: de la pensión de viudedad / de la pensión de jubilación o incapacidad permanente n.º (...)], como consecuencia directa y exclusiva de la aplicación de la regla de incompatibilidad prevista en la letra c) de la referida Disposición adicional cuadragésima del TRLGSS, al ser titular la compareciente de otra pensión contributiva del sistema.

TERCERO.– Mantenimiento íntegro de los requisitos constitutivos del derecho.
A la fecha de la presente solicitud, la persona beneficiaria mantiene inalterados todos los requisitos legalmente exigidos para la titularidad del derecho:

• No haber contraído matrimonio ni constituido una nueva pareja de hecho formalmente inscrita o documentada en documento público.
• Inexistencia de causa legal alguna determinante de la extinción definitiva del derecho a la prestación.

CUARTO.– Ejercicio de la acción dentro del plazo legal improrrogable.
La presente solicitud se interpone dentro del plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, dando estricto cumplimiento al mandato imperativo fijado en el párrafo segundo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y legitimación. Corresponde el conocimiento de este expediente a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en aplicación del artículo 66 del TRLGSS. La legitimación activa corresponde a la persona solicitante por ostentar la condición de titular reconocida de la prestación que fue objeto de suspensión administrativa.

II. Habilitación legal expresa para la rehabilitación (Apartado 3 de la DT 48.ª del TRLGSS). El artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, ha incorporado al TRLGSS la Disposición transitoria cuadragésima octava, cuyo apartado 3 dispone taxativamente:

«3. Aquellas personas a las que se les hubiera reconocido la pensión de viudedad al amparo de lo previsto en la derogada disposición adicional cuadragésima que hayan visto suspendido el derecho a su percepción o el de otra pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social como consecuencia de la aplicación de la letra c) de la citada disposición adicional, podrán solicitar la rehabilitación de la pensión suspendida siempre que acrediten el mantenimiento del resto de requisitos exigidos. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del límite máximo previsto para el supuesto de concurrencia de pensiones públicas.
La solicitud deberá presentarse en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. La rehabilitación de la pensión suspendida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud.»

Concurriendo de forma plena y justificada los presupuestos de hecho contemplados en la citada norma transitoria (reconocimiento previo ex DA 40.ª, suspensión por la letra c, acreditación del mantenimiento de condiciones y solicitud en plazo), procede de forma el alzamiento de la suspensión y la inmediata rehabilitación de la pensión de viudedad.

III. Límite de concurrencia de pensiones públicas. La rehabilitación solicitada se formula asumiendo expresamente la cláusula de salvaguarda prevista en el propio apartado 3 de la DT 48.ª, sujeta al límite máximo de percepción señalado en el artículo 57 del TRLGSS para supuestos de concurrencia de pensiones públicas contributivas.

IV. Efectos económicos. De acuerdo con el mandato legal expreso, la rehabilitación de la pensión suspendida desplegará efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma junto con la documentación que se acompaña y, en su mérito, tenga por solicitada la REHABILITACIÓN DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA al amparo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (añadida por el RDL 31/2026, de 20 de octubre); y, tras los trámites oportunos, dicte resolución administrativa por la que:

• Acuerde el alzamiento de la suspensión que venía pesando sobre la pensión [Pensión de Viudedad / otra pensión contributiva], rehabilitando plenamente su abono ordinario.
• Fije los efectos económicos de dicha rehabilitación a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de presentación de esta solicitud, procediendo a la regularización y puesta al cobro de las nóminas mensuales que correspondan, con aplicación, en su caso, del límite legal de concurrencia de pensiones.

OTROSÍ DIGO: Que a los efectos de acreditar los presupuestos invocados, se adjuntan los siguientes DOCUMENTOS:

• Documento n.º 1: Copia de la resolución inicial del INSS reconociendo la pensión al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
• Documento n.º 2: Copia de la resolución administrativa que declaró la suspensión de la pensión por aplicación de la letra c) de la referida DA 40.ª.

En [Localidad], a [Día] de [Mes] de [Año].

(Firma de la persona interesada)
Fdo.: [Nombre y Apellidos]

ALGUNAS REFLEXIONES, QUIZÁS EQUIVOCADAS (O NO) PARA NO JURISTAS SOBRE LA HUELGA DEL 11/11

Pequeños apuntes respecto a la huelga general

• La falsa dicotomía de la "huelga política": El RD-ley 17/1977 prohíbe las huelgas estrictamente políticas, pero la jurisprudencia española avala las huelgas generales contra políticas socioeconómicas del Gobierno (huelgas mixtas) por afectar a los intereses profesionales de los trabajadores. En un contexto donde las decisiones legislativas impactan directamente en nuestro día a día, la protesta es plenamente legítima, laboral y necesaria.
• La vivienda y el salario son inseparables jurídicamente: El "interés profesional" hoy no se limita a las paredes de la empresa. Defender el valor real del salario frente al desproporcionado coste de vida y de la vivienda es el núcleo del derecho de huelga actual. De nada sirve lograr incrementos salariales en convenio si estos son devorados inmediatamente por un mercado inmobiliario sin control.
• El recordatorio legal para las empresas - cuidado con el esquirolaje: La sustitución de huelguistas está terminantemente prohibida. Las empresas no pueden tratar de mantener su producción habitual contratando a gente externa, reubicando trabajadores de otros departamentos para cubrir las bajas, ni recurriendo al "esquirolaje tecnológico" (automatizar o usar software extraordinario para suplir al trabajador en huelga).
• El efecto en el bolsillo y los servicios mínimos: Hacer huelga suspende el contrato temporalmente. Es cierto que el trabajador asume un pequeño sacrificio al no cobrar ese día (se descuenta el salario y la prorrata de pagas extra), pero la empresa no le da de baja en la Seguridad Social ni le puede descontar días de vacaciones. Los servicios mínimos, cuando proceden, son el único límite justificado, y siempre bajo estrictos criterios de proporcionalidad.

Marco normativo y jurisprudencia clave

Aspecto Jurídico	Normativa / Sentencia	Resumen y Alcance
Naturaleza del Derecho y Servicios Esenciales	Art. 28.2 CE. STC 11/1981, de 8 de abril.	Consagra la huelga como derecho fundamental. Límite: servicios esenciales.
Legalidad de la Huelga (Política vs. Mixta)	Art. 11.a) del RDL 17/1977. STC 11/1981 y STS de 15 de enero de 2020.	Avala huelgas socioeconómicas o mixtas en defensa de los salarios.
Efectos Económicos y Contractuales	Art. 6.1, 6.2 y 6.3 del RDL 17/1977. STS de 18 de marzo de 1996.	Se suspende temporalmente el contrato (se descuenta día y prorrata), pero no se extingue. Cero sanciones o despidos.
Prohibición de Esquirolaje y Represalias	Art. 6.5 del RDL 17/1977. STC 11/1981 y STC 33/2011.	La empresa no puede usar sustitutos, reubicar o usar medios tecnológicos excepcionales.

Algunas preguntas y respuestas más relevantes

Pregunta 1: ¿Es una huelga política ilegal por la cercanía de las elecciones del 29N?

Un rotundo 'no'. La STC 11/1981 avala las huelgas mixtas o socioeconómicas. Exigir medidas frente a la inflación o vivienda es una reivindicación laboral, haciendo que el calendario electoral sea irrelevante en términos legales.

Pregunta 2: ¿Qué culpa tiene el empresario del problema de los alquileres?

El 'interés profesional' no termina en la fábrica ni en la oficina. El mercado inmobiliario absorbe y neutraliza las subidas de convenio. El Tribunal Constitucional protege el derecho a presionar a los poderes públicos para modificar el entorno económico que afecta a los trabajadores.

Pregunta 3: Los límites de la empresa y el 'esquirolaje'.

La libertad de empresa es importante, pero no tiene el nivel de protección de un derecho fundamental como la huelga. Se prohíbe el esquirolaje tanto externo como interno, incluyendo el tecnológico (según estipula la STC 33/2011).

Pregunta 4: ¿Dónde termina el 'piquete informativo' y empieza el delito?

El art. 6.6 del RDL 1977 protege expresamente al piquete para informar pacíficamente y publicitar la huelga. Impedir físicamente entrar a trabajar o ejercer violencia o coacción es lo que traspasa la línea al delito penal. El piquete informa y convence, no obliga.

Pregunta 5: ¿Puede el empresario imponer teletrabajo para esquivar la huelga?

No. Imponer teletrabajo ese día de forma excepcional para sortear los efectos del paro es una vulneración del derecho de huelga. Para quien ya teletrabaje por su calendario habitual y decida secundar la huelga, el proceso es simple: apaga el equipo, no ficha y se le descuenta el día con normalidad.

Pregunta 6: ¿Es legal pasar una circular preguntando quién hará huelga?

El trabajador no tiene ninguna obligación legal de avisar con antelación a su empresa de si va a hacer huelga o no. Si la empresa envía un cuestionario previo, puede interpretarse como una elaboración de 'listas negras' o un mecanismo de presión inaceptable (lo cual vulnera la Libertad Sindical).

Reflexiones finales

Los días de huelga siempre generan cierta inquietud, ya que suponen un constante ejercicio de equilibrismo jurídico entre el derecho a la huelga, el derecho al trabajo de quienes deciden no secundarla y la libertad de empresa. Sin embargo, no debemos olvidar que la huelga es un mecanismo plenamente democrático y legítimo para reequilibrar la balanza frente a problemas socioeconómicos que asfixian a la clase trabajadora, como es la crisis de la vivienda.

El éxito y la legalidad de la jornada exigen una responsabilidad compartida y mutua: requiere un alto grado de civismo y firmeza sin coacciones por parte de los huelguistas, y una estricta asunción del impacto económico sin recurrir a sustituciones ilegales por parte de las empresas. Pero, sin duda, el derecho de huelga nos empodera, a los que aún nos consideramos clasentrabajadora, para reclamar nuestros derechos.

Posición personal: Porque el derecho a una vida digna y a una vivienda accesible no se negocia,
Yo sí haré huelga este 11 de noviembre.

DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL CUME CON EL RD 957/2026. REGULACIÓN Y ESQUEMA

Nota: El contenido de esta entrada toma como referencia íntegra el RD 957/2026.

Índice de contenidos

• 1. Introducción
• 2. Qué modifican las normas legales y el nuevo RD respecto a la regulación anterior
  • 2.1. Prórroga extraordinaria más allá de los 26 años
  • 2.2. Corresponsabilidad y disfrute simultáneo por ambos progenitores
  • 2.3. Compatibilidad con la escolarización del menor
  • 2.4. Situaciones de crisis familiar, custodia compartida y violencia de género
  • 2.5. Eliminación de trabas en contratos a tiempo parcial
• 3. El nuevo desarrollo reglamentario
  • 3.1. CAPÍTULO I. Disposiciones generales
  • 3.2. CAPÍTULO II. Situación protegida
  • 3.3. CAPÍTULO III. Personas beneficiarias
  • 3.4. CAPÍTULO IV. Prestación económica
  • 3.5. CAPÍTULO V. Duración del derecho
  • 3.6. CAPÍTULO VI. Supervisión de los requisitos
  • 3.7. CAPÍTULO VII. Gestión y procedimiento
  • 3.8. Disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales
  • 3.9. Anexos del Real Decreto
• 4. Principales diferencias respecto al anterior desarrollo reglamentario

1. Introducción

El documento normativo de referencia publicado en el BOE es el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/11/04/957. Esta norma deroga íntegramente el anterior Real Decreto 1148/2011 y establece el marco reglamentario completo para la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). Deroga expresamente el RD 1148/2011, de 29 de julio, al que sustituye.

En cuanto a la reforma legal previa, de la que trae causa la nueva reglamentación, me remito a estas dos entradas de mi blog:

• Poniendo orden a la regulación cume: breve esquema tras la ley 4/2026 y el RD ley 31/2026
  https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/poniendo-orden-la-regulacion-cume-breve.html
• Reforma del cume en la Ley 4/2026. Esquema y crítica
  https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/reforma-del-cume-en-la-ley-42026.html

El marco normativo de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) ha experimentado un proceso de reforma en tres escalones interconectados, primero con la Ley 4/2026, de 1 de octubre, posteriormente con el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre y su desarrollo reglamentario definitivo en el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre.

2. Qué modifican las normas legales y el nuevo RD respecto a la regulación anterior

Destacaría como novedades más importantes:

2.1. Prórroga extraordinaria más allá de los 26 años

La Ley 4/2026 modificó el artículo 37.6 párrafo 4.ºET para establecer que, cuando la persona causante se encuentre en situación de gran discapacidad o gran dependencia, la reducción de jornada laboral de los cuidadores puede mantenerse más allá de los límites de edad previstos mientras persista la convivencia y la necesidad de cuidado.

Existió un inicial desajuste que fue solventado, antes por el RD-ley 31/2026 y ahora por el RD 957/2026. Y es que la Ley 4/2026 creó la prórroga del permiso laboral en el ET pero no modificó en paralelo los preceptos económicos de la Ley General de la Seguridad Social, lo que dejaba el derecho a reducir la jornada sin cobertura económica explícita. No pasó desapercibida para la doctrina más cualificada esta cuestión -aquí lo señalaba ya Eduardo Rojo http://www.eduardorojotorrecilla.es/2026/10/ley-42026-cume-derecho-reduccion-de.html -. Ahora bien, esta incongruencia se subsanó con el RD-ley 31/2026 y el artículo 13.3 del RD 957/2026, garantizando el abono del subsidio económico más allá de los 26 años si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65% o Grado III de dependencia y se mantiene la convivencia.

2.2. Corresponsabilidad y disfrute simultáneo por ambos progenitores

El art. 37.6 ET permite ahora que ambos progenitores o cuidadores compartan el porcentaje de reducción de jornada de forma simultánea y proporcional, eso sí, sin superar el 100% de la jornada laboral, con el fin de evitar la perpetuación de roles de género y fomentar la corresponsabilidad.

Régimen de la prestación (arts. 8 y 11.2 RD 957/2026). El desarrollo reglamentario concreta que, para el disfrute simultáneo de la prestación económica, cada uno de los progenitores o cuidadores debe reducir su jornada al menos un 50%. En este supuesto, la cuantía del subsidio para cada beneficiario consistirá en el 50% de su respectiva base reguladora de incapacidad temporal.

2.3. Compatibilidad con la escolarización del menor

El art. 190.5 TRLGSS introducido por la Ley 4/2026 positivizó la doctrina previa del Tribunal Supremo estableciendo expresamente que la asistencia del menor al centro educativo (ya sea ordinaria, parcial, adaptada o terapéutica) no constituye por sí misma causa de denegación, suspensión o extinción del subsidio.

Concreción reglamentaria (art. 4.3 y Anexo II del RD 957/2026). Establece el modelo de la declaración médica oficial para certificar que la escolarización es plenamente compatible con el CUME si persisten tratamientos, episodios de crisis, medicación o necesidad de disponibilidad efectiva de la persona cuidadora.

2.4. Situaciones de crisis familiar, custodia compartida y violencia de género

El art. 37.6 ET, párrafo 7.º determina que, en caso de nulidad, separación, divorcio, extinción de pareja de hecho o violencia de género, la reducción de jornada se atribuye a favor de la persona progenitora o guardadora con quien conviva la persona enferma.

En el nuevo reglamento del CUME (arts. 7, 8 y 15 RD 957/2026) se protege el derecho del progenitor conviviente de modo que la prestación no se extingue, aunque el otro progenitor cese en su trabajo, evitando situaciones muy injustas. Además, para casos de custodia compartida, regula el cobro alterno del subsidio en periodos acordados o coincidentes con el régimen de convivencia acreditado.

2.5. Eliminación de trabas en contratos a tiempo parcial

El art. 9.2 RD 957/2026 elimina la restricción histórica que impedía acceder a la prestación a trabajadores a tiempo parcial cuya jornada fuera igual o inferior al 25% de la de un trabajador a tiempo completo comparable. Ahora se garantiza la cobertura proporcional al porcentaje de reducción sobre su jornada real.

3. El nuevo desarrollo reglamentario

El RD 957/2026 se estructura reglamentariamente en 19 artículos (repartidos en 7 capítulos), 2 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria, 4 disposiciones finales y 2 anexos. Los analizamos brevemente.

3.1. CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. Tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de conformidad con los artículos 190 -situación protegida-, 191 -beneficiarios- a 192 -prestación económica- del TRLGSS.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Se aplica a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Se excluye expresamente al personal funcionario regulado por el artículo 49.e) del TREBEP.

3.2. CAPÍTULO II. Situación protegida

Artículo 3. Situación protegida. Define la situación protegida como la reducción de jornada laboral de al menos el 50% para el cuidado directo, continuo y permanente del menor con cáncer o enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario o situación asimilada. Requiere que ambos progenitores trabajen o se trate de familia monoparental. Equipara legalmente la adopción, guarda permanente, tutela representativa familiar y la curatela representativa plena. Exige un ingreso hospitalario o una situación asimilada a la de alta -las del artículo 4-. Contempla la recaída del cáncer o de la misma enfermedad, que permite, previa acreditación médica y necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, un nuevo derecho.

El cese parcial de actividad en trabajadores autónomos permite el acceso al derecho.

Artículo 4. Situaciones asimiladas a ingreso hospitalario. Establece cuatro categorías de asimilación: a) hospitalización a domicilio, b) tratamientos ambulatorios o continuados, c) cuidados domiciliarios por terapias especializadas complejas, y d) cuidados domiciliarios complejos por prescripción facultativa. Exige que la ausencia de hospitalización convencional responda a dos requisitos: criterio clínico u organizativos del sistema sanitario y que no concurra menor intensidad asistencial, que han de constar en la declaración médica del anexo II. Consagra la compatibilidad expresa con la escolarización cuando persistan necesidades de disponibilidad efectiva de la persona cuidadora. No obstante, y personalmente no comparto en absoluto este requisito restricitivo, es incompatible con la realización de por la persona causante -ya no dice menor, porque claro, puede superar ampliamente los 18 años- con la realización de actividades que comporten su alta en la Seguridad Social -con la excepción de las prácticas formativas de la DA 52ª TRLGSS-.

Artículo 5. Enfermedades graves. Remite la consideración de enfermedad grave a la lista cerrada fijada en el Anexo I.

Artículo 6. Acreditación del padecimiento del cáncer u otra enfermedad grave. Se efectúa mediante la declaración médica oficial normalizada (Anexo II) emitida por el facultativo del Servicio Público de Salud (Atención Primaria o Especializada) responsable del paciente. También ha de constar la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

3.3. CAPÍTULO III. Personas beneficiarias

Artículo 7. Personas beneficiarias. Trabajadores por cuenta ajena, propia o asimilados con reducción de jornada >=50%, afiliados, en alta y con el periodo mínimo de cotización del artículo 10. En unidades familiares con dos cuidadores, exige el alta de ambos o que la otra esté de alta en una mutualidad alternativa. También permite el acceso si el otro progenitor está en situación de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad -pregunto yo: ¿y si es beneficiaria de una pensión de incapacidad no contributiva?, no me parece lógica la exclusión-. Incluye como beneficiarios a familias monoparentales y al cónyuge o pareja de hecho de la persona causante si esta contrae matrimonio tras cumplir 18 años.

Artículo 8. Concurrencia de personas beneficiarias. Permite el reconocimiento a favor de una persona o de ambas, si es que los dos reúnen los requisitos de acceso, de forma simultánea o alterna, en este segundo caso en periodos no inferiores a 15 días. En separaciones, divorcios, nulidad o violencia de género, el derecho se atribuye al progenitor o guardador conviviente con la persona causante. En custodia compartida, se establece la percepción alterna según el régimen de convivencia.

Artículo 9. Situaciones especiales. Regula los supuestos de pluriactividad -se puede percibir en ambos regímenes-, pluriempleo -en proporción a reducción que se efectúe respecto al total de jornada en todos los trabajos-. También se permite en contratos a tiempo parcial, entiendo, el redactado es confuso al menos para mí, siempre y cuando la reducción sea al menos del 50% de una persona trabajadora a tiempo completo comparable. En los trabajadores por cuenta propia han de acreditar estar al corriente en el pago de cuotas, aunque en ese caso se activa, en su caso, el mecanismo de invitación al pago de cuotas pendientes para trabajadores autónomos.

Artículo 10. Periodos mínimos de cotización. Mismos requisitos que nacimiento y cuidado de menor: menores de 21 años (sin carencia); de 21 a 25 años (90 días en los últimos 7 años o 180 días en toda su vida laboral); desde 26 años (180 días en los últimos 7 años o 360 días en toda su vida laboral).

3.4. CAPÍTULO IV. Prestación económica

Artículo 11. Prestación económica. Subsidio en proporción al porcentaje de reducción de la jornada de trabajo respecto a una jornada a tiempo completo. Si es trabajadora por cuenta propia se toma como referencia la realización de 40 horas a la semana.

La prestación es el 100% de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales (o comunes si no se optó por la profesional) proporcional, como hemos dicho, a la reducción de jornada. En disfrute simultáneo por ambos progenitores, la cuantía para cada uno es del 50% de su respectiva base reguladora -aunque la reducción sea superior-. Fija reglas específicas para tiempo parcial -la BR es el promedio de tres meses anteriores o los días naturales se no llega a un trimestre de actividad- y regula la consolidación definitiva de bases provisionales en autónomos.

3.5. CAPÍTULO V. Duración del derecho

Artículo 12. Nacimiento y prórrogas del derecho. Efectos desde la fecha de reducción de jornada si se solicita en 3 meses, si no retroactividad máxima de 3 meses. Reconocimiento inicial por 4 meses, 1.ª prórroga por 6 meses y prórrogas sucesivas cada 8 meses. Tras los primeros 24 meses y cada dos años, exige un informe vinculante de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, siendo el silencio positivo.

Artículo 13. Duración del derecho. Regla general hasta los 23 años si persiste el padecimiento diagnosticado antes de la mayoría de edad; si tras los 18 años aparece la enfermedad y necesidad cabe la prestación hasta los 23 años; hasta los 26 años si se acredita discapacidad >=65% antes de cumplir los 23; y prórroga extraordinaria más allá de los 26 años si se acredita discapacidad >=65% o Grado III de dependencia, manteniendo la convivencia y el cuidado.

Artículo 14. Suspensión del derecho. Se produce en: a) suspensión durante IT, nacimiento/cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o lactancia, o por cualquier otra causa de suspensión de la relación laboral, aunque cabe posterior nuevo reconocimiento y b) también cabe suspensión durante la alternancia en la percepción.

Artículo 15. Extinción del derecho. Causas de extinción: a) reincorporación a jornada completa, b) si deja de existir necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, c) trabajo incompatible del beneficiario y d) alta del causante en Seguridad Social, salvo por prácticas formativas no laborales de la DA 52ª TRLGSS, e) cese de actividad laboral del progenitor o cónyuge, f) pérdida de la condición de discapacidad/dependencia/edad, g) y h) fallecimiento del beneficiario o del causante, o i) matrimonio/pareja de hecho del causante.

3.6. CAPÍTULO VI. Supervisión de los requisitos

Artículo 16. Obligación de mantener el cumplimiento de los requisitos. Obligación del beneficiario de comunicar variaciones en un plazo de 30 días. Facultades permanentes de comprobación administrativa por la entidad gestora o Mutua Colaboradora, pero si resulta posible el incumplimiento de requisitos se abre un trámite de audiencia de 10 días, y resolución en un máximo de 30 días. Cabe reclamación previa del artículo 71 LRJS.

Artículo 17. Seguimiento del cumplimiento del requisito de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante. Tramitación del expediente en caso de informe desfavorable de la Inspección Médica: trámite de audiencia de 10 días, remisión para revisión médica para su revisión y resolución en un máximo de 30 días. Cabe reclamación previa del artículo 71 lRJS.

3.7. CAPÍTULO VII. Gestión y procedimiento

Artículo 18. Gestión y pago de la prestación económica. Atribuida a la Entidad Gestora (INSS/ISM) o Mutua Colaboradora que cubra las contingencias profesionales. Pago mensual por periodos vencidos. Regula el trasvase de información sin consentimiento previo en caso de cambio de Mutua y la cesión telemática de datos con la TGSS.

Artículo 19. Procedimiento para el reconocimiento del derecho. Inicio mediante solicitud del trabajador acompañada de certificados de empresa con la reducción, y los autónomos con declaración responsable de la reducción de su actividad, declaración médica oficial (Anexo II), acreditación del parentesco/convivencia y régimen de custodia en su caso, etc. Plazo de resolución de 30 días con efecto desestimatorio por silencio administrativo, aunque claro, cabe reclamación previa.

3.8. Disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales

Disposición adicional primera. Acreditación de la situación protegida en las ciudades de Ceuta y Melilla. Adapta las competencias sanitarias atribuyéndolas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Disposición adicional segunda. Elaboración de una guía técnica de apoyo a la valoración de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Encomienda a los Ministerios de Inclusión y Sanidad elaborar en 6 meses una guía técnica orientativa para homogeneizar la valoración médica de los cuidados en todo el Estado.

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a los procedimientos y prestaciones en curso. Aplica la nueva regulación a procedimientos en curso sin necesidad de retrotraer actuaciones validadas. Consagra la aplicación preferente de las disposiciones más favorables para la persona interesada. Adapta las referencias del antiguo RD 1148/2011 al Anexo I y difiere la exigencia del informe de Inspección Médica a los dos años desde la última prórroga.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Deroga expresamente el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido.

Disposición final primera. Actualización del listado de enfermedades graves. Habilita a la persona titular del Ministerio de Inclusión para añadir nuevas patologías al Anexo I mediante orden ministerial, previo informe del Ministerio de Sanidad.

Disposición final segunda. Título competencial. Fundamentado en el art. 149.1.17.ª CE (competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social).

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo normativo. Faculta al Ministerio de Inclusión para dictar las disposiciones generales necesarias.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Entra en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Publicado el 5 de noviembre de 2026, será el 05 de enero de 2027.

3.9. Anexos del Real Decreto

Anexo I (Listado de enfermedades graves). Recoge 125 patologías divididas en 17 áreas médicas, incluyendo nuevas enfermedades como el trastorno del espectro autista en nivel 3 de apoyo y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. Acceso aquí https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/11/04/957/con#ai

Anexo II (Declaración médica). Modelo oficial unificado y actualizado que evalúa detalladamente los requerimientos clínicos (terapias intravenosas, soporte respiratorio, ostomías, diálisis, escolarización y basales) para acreditar la situación protegida o asimilada a hospitalización. Acceso aquí https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/11/04/957/con#ai-2

4. Principales diferencias respecto al anterior desarrollo reglamentario

Materia / Aspecto	Real Decreto 1148/2011 (Norma derogada)	Real Decreto 957/2026 (Norma actual)
Estructura normativa y vigencia	9 artículos, 1 disposición adicional, 1 transitoria, 6 finales y 1 anexo.	19 artículos (7 capítulos), 2 adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria, 4 finales y 2 anexos. Deroga íntegramente el RD 1148/2011 y la Orden TMS/103/2019.
Enfermedades incluidas	Listado inicial de 113 patologías en el Anexo.	Listado actualizado de 125 patologías en el Anexo I (incluye autismo nivel 3 y Poirier-Bienvenu).
Situaciones asimiladas a ingreso hospitalario	Exigía ingreso hospitalario, hospitalización en domicilio o tratamiento continuado.	Regula 4 categorías claras de asimilación (hospitalización en domicilio, tratamientos ambulatorios complejos, terapias especializadas y cuidados domiciliarios complejos por prescripción facultativa).
Compatibilidad con la escolarización	Generaba litigiosidad y denegaciones frecuentes si el menor acudía al colegio.	Consagra la compatibilidad explícita con la escolarización (ordinaria, parcial, adaptada o terapéutica) y con prácticas no laborales.
Plazos de prórroga del subsidio	Renovaciones en periodos breves (cada 2 meses).	Periodos más amplios: 4 meses (inicial), 6 meses (1.ª prórroga) y 8 meses (prórrogas sucesivas). Exige informe de la Inspección Médica tras 24 meses acumulados.
Disfrute simultáneo por ambos progenitores	Solamente una persona progenitora podía percibir el subsidio económico.	Permite la percepción simultánea de la prestación por ambos progenitores, cobrando cada uno el 50% de su respectiva base reguladora.
Límite de edad del causante	18 años originariamente, ampliado hasta los 23/26 años por reformas posteriores.	Mantiene los 23/26 años e introduce la prórroga extraordinaria más allá de los 26 años para grandes dependientes o discapacidad ≥65%.
Acreditación y modelo oficial	La declaración médica se regulaba mediante orden ministerial externa y requería informe de Atención Primaria.	El modelo oficial se integra en el Anexo II del propio Real Decreto y puede emitirse indistintamente por facultativos de Atención Primaria o Especializada.

LA PENSIÓN COMPENSATORIA NO LIMITA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN TANTO QUE SE TRATE DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. COMENTARIO DE LA STS 4337/2026

STS, a 09 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4337/2026

ECLI:ES:TS:2026:4337
Sala de lo Social
Nº de Resolución: 824/2026
Municipio: Madrid
Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO
Nº Recurso: 2049/2025

RESUMEN: Cuantía de la pensión de viudedad de una beneficiaria víctima de violencia de género que percibía pensión compensatoria acordada en el previo proceso de divorcio. Previsiones del art. 220.1 de la LGSS. No debe reducirse en su cuantía la prestación si ésta es superior a la pensión compensatoria. Interpretación literal, histórica, sistemática, y con perspectiva de género. Voto particular.

Tras leer la nota de prensa del CGPJ del miércoles, 28 de octubre de 2026 “El Tribunal Supremo establece que no cabe reducir la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género, aunque sea superior a la pensión compensatoria. En sentencia del Pleno de la Sala de lo Social” no puedo negar que tenía curiosidad y ganas de leer la sentencia, y es que, para los que seguimos desde hace años la evolución legislativa y jurisprudencial de la pensión de viudedad, nos parecía lógico y muy acertado un pronunciamiento en ese sentido. Decía así la noticia:

“El debate se centra en si las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación.

A la vista de la redacción de la norma, el Pleno ha entendido qué el fundamento de la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de VIOGEN no es compensar el desequilibrio económico que se produce a la muerte de quién les venía abonando la pensión compensatoria, como ocurre con los viudos y con las viudas que no son víctimas de VIOGEN; por el contrario entiende que el fundamento de la pensión de viudedad para estas mujeres es la situación excepcional en que se encuentran por ser víctimas de VIOGEN y la obligación social de protegerlas y aliviar su situación.

La sentencia realiza una interpretación literal, sistemática y en atención a la voluntad del legislador, así como una visión del problema analizado con perspectiva de género, al ser las mujeres las víctimas de esta lacra social”.

Existe un error respecto al artículo indicado en la nota de prensa, ya que se hace referencia al artículo 220.2 y 220.3, cuando en realidad es el 220.1 y los tres párrafos del mismo de la TRLGSS. Ya publicada la sentencia, la descargo, la imprimo, con la intención de analizarla desde un punto de vista jurídico. Pero no entiendo algunas cosas que han pasado con esta resolución. Comentaré más al final las cuestiones que me extrañan, quizás simples errores sin más importancia, pero antes sí realizaré una valoración de la decisión adoptada y del voto particular.

La cuestión objeto del recurso en unificación de doctrina era determinar si una beneficiaria de pensión de viudedad víctima de violencia de género, a la que le había sido reconocida en su momento una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio, tiene derecho a la percepción de la cuantía íntegra de la pensión de viudedad sin que se le aplique la reducción prevista en el párrafo segundo del art. 220.1 de la LGSS, hasta la cuantía de la pensión compensatoria, cuando aquella es superior a esta, o por el contrario debe ver reducida la prestación hasta la cuantía que venía percibiendo como pensión compensatoria. La propia Sala señala que no había resuelto ningún asunto como éste, es decir, que analice la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género con pensión compensatoria, aunque sí se ha pronunciado acerca de supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación.

En este caso concreto, acreditada la condición de la víctima de violencia de género, la cuestión fáctica era que el TSJ AND, siguiendo el criterio del INSS -por eso estimo el recurso de suplicación- entendía que al haberse establecido una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio de 600 € mensuales, la pensión a percibir quedaba topada a 542,57 € mensuales -no cuadra, pero entiendo que es el resultado de multiplicar 600 x 12 meses y dividido entre 14 pagas, lo que supone 514,29 €, a los que aplicando revalorizaciones debe alcanzar aquella cuantía de 542,57 €-. Sin embargo, aplicar el 52% sobre la base reguladora de 1.805,47 € arroja una pensión mensual, en 14 pagas, de 938,44 €. Está claro que la diferencia económica es importante.

En estas, el TS ha resuelto que, en aplicación del artículo 220.1 LGSS, especialmente en referencia a lo expuesto en el párrafo tercero, no puede suponer que la existencia de pensión compensatoria disminuya la pensión de viudedad a percibir, al tener la condición de víctima de violencia de género la beneficiaria.

Recordemos el artículo 220, en sede de “pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial”.

1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo siguiente.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”.

Antes de entrar en la solución final adoptada por el Pleno, el Ponente hace referencia a anteriores pronunciamientos de la Sala, que sin duda favorecen la interpretación de la norma favorable. A saber:

1. Ya hemos dicho antes que sí había resuelto con anterioridad, de forma favorable para las beneficiarias, supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación. Aquellas resoluciones, entre otras, pero especialmente la sentencia de 20 de enero de 2016 (rcud 3106/2014) y la sentencia 300/2024, de 20 de febrero de 2024 (rcud 1698/2021) -se discutía en esencia si existía derecho de acceso a la pensión, no la cuantía-. Ya allí se hacía referencia a la aplicación literal de la norma: “ […] a la vista de la redacción del precepto, más que un supuesto excepcional es la regla general en los supuestos de violencia de género ya que así lo evidencia la expresión "en todo caso “que, en sí misma, patentiza que dichos supuestos no admiten excepción ni condicionamiento alguno”.
2. Otra jurisprudencia de interés son la sentencia 120/2024, de 25 de enero de 2024 (rcud 2490/2021) analiza el derecho de una víctima de violencia de género que abandonó el domicilio conyugal y algunos años después obtuvo la sentencia de divorcio, sin que la misma estableciera pensión compensatoria, y aplica los criterios de flexibilidad, o la sentencia 784/2024, de 30 de mayo de 2024 (rcud 1116/2021) hace referencia a la de 2016 y aplica los criterios de flexibilidad que en ella se refieren. También la sentencia 1206/2024, 17 de octubre de 2024 (rcud 3336/2022) aborda un supuesto en el que se analiza si la actora, para tener derecho a la pensión de viudedad cumple con el requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, como exige el artículo 220.1 LGSS o la sentencia: 650/2025, de 27 de junio de 2025 (rcud 4252/2023). En todas ellas, lo hemos visto, se trata de indubitadas víctimas de violencia de género.

Todo ese acervo jurisprudencial – aquí ya comenté varias de ellas - lleva a que en el fundamento jurídico quinto, en el apartado V, a modo de conclusiones, afirme el Ponente, Félix Azón, que cabe extraer de todas ellas que la pensión de viudedad para la mujer víctima de violencia de género procede en interpretación literal sistemática e histórica, atendiendo a la realidad social del momento, y ampliando la consecuencia, no ya solo al reconocimiento del derecho a la pensión, sino extendiendo el alcance expresamente a la cuantía de la misma, “[…] que la finalidad de dicho párrafo tercero sea el de establecer una renta de sustitución para mantener la situación -sin que la viudedad implique desequilibrio económico- pues dicha interpretación ni resulta de la literalidad, ni se compadece con el reconocimiento legal de la pensión a quienes no eran acreedoras de pensión compensatoria; por fin, y a nuestro modo de ver, es elemento trascendental, el que debamos interpretar la normal legal y, resolver este debate, teniendo en cuenta la perspectiva de género que deriva de la Ley Orgánica 3/2007, de 22de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Por tanto, la Sala, de forma no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria, entiende que la resolución del recurso pasa por la aplicación y enjuiciamiento con perspectiva de género.

Así, las cosas, delimitado el sujeto afectado, mujer víctima de violencia de género divorciada, con derecho a percibir la pensión de viudedad -hasta aquí es indubitado que tiene derecho a percibir la prestación sin ninguna discusión- si concurre el derecho a pensión compensatoria, la discusión es si se reduce la pensión de viudedad para ajustarla al importe de la compensatoria o si no es pertinente realizar minoración alguna. Y el Supremo dice que no hay reducción alguna. La justificación del Alto Tribunal lleva incluso a remontarse a la TRLGSS 1994 y la modificación efectuada por la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, haciendo referencia al BOCG de 3/11/2009 y alguna otra reforma posterior, intentando “buscar” cual era la intención del legislador primigenio. Tampoco olvida que la actual TRLGSS 2015 ha heredado el redactado idéntico de la normativa anterior, aunque reordenando su contenido. Para la Sala coexisten:

• Una regla general de acceso a la pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, que exige que concurran los requisitos de acceso a la pensión para quien fue cónyuge o pareja de hecho.
• Un requisito adicional a lo anterior, que supone que la persona divorciada/separada tenga derecho a pensión compensatoria, que además actúa como límite de la prestación de viudedad.
• Una excepción al requisito adicional que es la condición de víctima de violencia de género. Si este concurre, no se exige pensión compensatoria. A esta regla le da carácter autónomo frente al anterior requerimiento.

Frente a estas reglas aunque concurra la condición de víctima de violencia de género y derecho a percibir pensión compensatoria, la expresión del párrafo tercero del artículo 220.1 TRLGSS “en todo caso” se ha de interpretar en el sentido de que se trata de un único colectivo, a saber, el de las mujeres viudas víctimas de violencia de género sin que dentro de ese universo quepa diferenciación alguna”, por lo que asiste el mismo derecho a la pensión íntegra de viudedad, se tenga o no derecho a pensión compensatoria, añado yo, porque lo que prevalece es la “regla autónoma”, ser víctima de violencia de género.

De forma más gráfica, dice el magistrado Azón:

“En suma, existen dos universos de personas beneficiarias, a saber: el primero constituido por aquellas personas, hombres o mujeres, que antes del hecho causante de la prestación de viudedad venían percibiendo pensión compensatoria y no eran víctimas de violencia de género; el segundo universo está formado única y exclusivamente por mujeres, víctimas de violencia de género, con independencia de que antes del hecho causante percibieran o no la pensión compensatoria”.

Para rematar el razonamiento, y aplicando la interpretación en perspectiva de género afirmar contundentemente que:

“[…] las mujeres viudas víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir su pensión de viudedad sin que su cuantía pueda ser reducida por motivo alguno, aun cuando resulte superior a la que venían percibiendo por pensión compensatoria.

Esta interpretación se cohonesta con la interpretación de la norma contenida en el párrafo tercero que la Sala ha venido haciendo en los supuestos en que se ha visto en la necesidad de reconocer el derecho a la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de violencia de género que no percibían pensión compensatoria anteriormente, según hemos visto en las sentencias arriba referenciadas, especialmente en la 300/2024, arriba citada.

Esta interpretación además es la más adecuada realizando una aplicación de la norma desde una perspectiva de género, perfectly válida para el presente caso si tenemos en cuenta que desgraciadamente existen demasiadas mujeres víctimas de la lacra social de la violencia de género, lo que ha dado lugar a una importante actividad legislativa y reglamentaria que tiende a proteger a dichas mujeres, hasta el punto de que ha sido necesario la aprobación y entrada en vigor de un sin número de normas para protegerlas, muy específicamente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En todo caso, el que suscribe este comentario, en tanto que profesor y abogado se ha reconciliado con el Tribunal Supremo y aplaude esta interpretación, aunque cree que la interpretación era clara, y de aplicación el principio de la Navaja de Ockham que postula que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y es la acogida en el voto mayoritario de esta sentencia.

Pero, comentado el razonamiento y fallo de la sentencia, hay cosas que no entiendo de la misma, voy con ellas:

• ¿Por qué la nota de prensa se equivoca en el apartado del artículo que realmente aborda la sentencia? ¿por qué hace referencia a “mujeres víctimas de VIOGEN”, que, a mi entender, cosifica a las víctimas de violencia de género, tratándolas no como víctimas, sino como “categoría”, que además no se utiliza en nuestra jurisdicción?
• ¿Por qué en el resumen Cendoj se indica que la ponente es la magistrada Luisa María Gómez Garrido? Es cierto que fue designada inicialmente, pero al apartarse de la decisión de la mayoría se encomendó la redacción a Félix V. Azón Vilas.
• ¿Por qué no está, a pesar de haberse constituido la Sala en Pleno, dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, completa? Al menos, en la relación de magistrados no constan ni Blasco Pellicer ni Martínez Montoya?
• ¿Por qué no se ha pulido la conclusión del FD 7º que dice erróneamente “ […] declarar que la doctrina correcta es que las mujeres víctimas de violencia de género que acceden a pensión de jubilación tienen derecho a percibir la pensión de viudedad que les corresponda, sin que la misma pueda ser reducida a la cuantía de la pensión compensatoria establecida en la separación o divorcio, en el supuesto de que percibieran esta última antes del fallecimiento del causante”. Es evidente que sobra la parte que dice “que acceden a pensión de jubilación”, ya que nada se discute aquí entre compatibilidad de pensión de jubilación y viudedad.
• ¿Por qué se afirma que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, y por más que leo ambas no soy capaz de encontrarla? Es cierto que en ambas sentencias se trata de víctimas de violencia de género, pero la Sentencia de Andalucía reduce la pensión de viudedad hasta el importe de la compensatoria, y explica el por qué, mientras que en la STSJ Navarra 284/2018, se observa que el tribunal no incluye una declaración literal única o aislada en su fundamentación propia con esa cuestión. El pronunciamiento de la Sala de Navarra deriva del hecho de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona (que había reconocido el derecho al 52% íntegro de la base reguladora sin aplicar la minoración), al desestimar el recurso planteado por el INSS, pero insisto, no aborda la cuestión directamente. La Sala de casación unificadora afirma, en beneficio de la concurrencia de contradicción que “…aunque el debate implícito subyacente era la cuantía de la pensión y la posibilidad de reducir la misma”. En fin, yo creo que la contradicción está claramente forzada, porque la cuestión resuelta expresamente en la Sala andaluza no se cuestiona en la navarra.

“En todo caso” lo que me preocupa profundamente es el voto particular, aunque no me extraña, al conocer previamente las STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026 -que denegó en Pleno el acceso a la pensión de viudedad de la pareja de hecho no registrada, a pesar de acreditar su condición de víctima de violencia de género - o la STS, a 29 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 4076/2026 -que si bien declara la nulidad del despido de una trabajadora víctima de violencia de género, no lo hace de forma automática-, en que se trata de la misma magistrada. Dice, no voy a comentar el voto, que la norma -el artículo 220.1 párrafo 3- es clara en cuanto a la limitación de la pensión si concurre pensión compensatoria. Además subraya que los colectivos a que hace referencia la normativa actual no es el de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y las que no lo han sido sino, muy al contrario, entre las personas separadas o divorciadas que obtuvieron el reconocimiento de una pensión compensatoria en sus respectivos procesos civiles, y las que no y, dentro de este diseño, dispensa un trato especial a las mujeres víctimas de violencia de género a las que no se hubiera reconocido pensión compensatoria, pero no a las que si tuvieron tal reconocimiento. O sea, orilla completamente la condición de víctima de violencia de género, dando prevalencia a si se obtuvo pensión compensatoria.

De “salto al vacío” califica la interpretación que efectúa la mayoría de la Sala para, finalmente, señalar que si se acreditara que en un caso concreto la pensión compensatoria se fijó en una cuantía anormalmente baja debido a la coerción psicológica o la violencia de género, el tribunal podría articular respuestas protectoras específicas para ese caso individual. Pero entiende que lo que no resulta admisible, según el voto, es desactivar de manera general el sentido claro de la norma para todo el colectivo escudándose en la perspectiva de género.

Como dice la magistrada refiriéndose a la expresión “en todo caso” y el alcance del voto mayoritario, ya que, dice, “… se trata de una locución adverbial que tanto puede significar "sea lo que fuere", "al menos, como mínimo", como "a lo sumo", y que va seguida de la estricta definición del caso al que se refiere (no ser la beneficiaria víctima de violencia de género acreedora de pensión” compensatoria)”. En fin, no sé qué decir. O mejor dicho, mejor me lo reservo.

No abandono aún el voto particular. Abordo en este último momento, ya que he pasado de puntillas, porque no lo comparto, ni con respecto al fallo del Pleno ni con respecto al voto minoritario, la referencia que efectúan a los antecedentes legislativos de 2009, correspondientes a la tramitación de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, que introdujo la regulación actual del artículo 220.1 del TRLGSS, que constituyen un elemento decisivo para el voto particular.

A través de estos antecedentes, primero el Ponente y después la magistrada disconforme argumentan cuál fue la verdadera intención del legislador al redactar la norma, identificando incluso que el texto legal actual proviene directamente de la enmienda nº 2614 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista, y que fue pactada con el Grupo Popular y CiU. Sin entrar en el contenido de las declaraciones de unos y de otros, los antecedentes parlamentarios son interpretados de manera opuesta por ambas posturas del Tribunal Supremo:

• La posición mayoritaria sostiene que los debates parlamentarios demuestran que el legislador quiso recuperar para las víctimas de violencia de género el régimen previo a la Ley 40/2007, en el cual la pensión compensatoria o su cuantía no jugaban ningún papel para lucrar la viudedad o fijar su importe.
• El voto particular reclama que dicha lectura "fuerza el sentido de las expresiones parlamentarias". Sostiene que ni en la enmienda ni en los diarios de sesiones existe el más leve atisbo de que el legislador quisiera eximir del tope económico a la mujer víctima de violencia que sí contaba con una pensión compensatoria previa. Para la magistrada discrepante, pretendía resolverse únicamente la desprotección de quienes no habían pactado pensión por causa del maltrato.

¿De verdad era necesario este nivel de detalle y viajar al pasado para resolver la cuestión objeto de recurso? ¿Es nuestro país el mismo que entonces? ¿Son los partidos políticos los mismos? Si no recuerdo mal, en aquella época era la diputada catalana López Chamosa la responsable de Seguridad Social del PSOE, y el mencionado señor Campuzano de Convergència i Unió, es Carles, hasta hace poco Conseller de Drets Socials de la Generalitat en el Govern de Esquerra Republicana de Catalunya. Ya me contesto yo: no, no hacía falta remontarse a aquel momento. Y tampoco la percepción hoy de la especial protección de las mujeres víctima de violencia de género es la misma que se tenía entonces. Desde luego que no, afortunadamente.

Llegados a este punto me atrevo a realizar una propuesta de lege ferenda, ya que estoy completamente de acuerdo con el criterio jurisprudencial, que es justo y coherente con el mandato constitucional de protección reforzada a las víctimas de violencia de género, para evitar la litigiosidad persistente y disipar las dudas sobre los límites de la interpretación judicial, sugieriendo esta redacción del artículo 220.1, párrafo 3º TRLGSS en los siguientes términos:

"En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad en su cuantía íntegra y sin minoración ni limitación por razón de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género..."

Finalizo, para celebrar que “en todo caso” la sentencia es favorable a conceder la pensión sin límites a una víctima de violencia de género. Y creo que debemos celebrarlo.