LA PUGNA OCULTA ENTRE EL INSS Y LAS MUTUAS COLABORADORAS. A PROPÓSITO DE LA STS 4209/2026

STS, a 06 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4209/2026

Enlace: Consultar resolución

ECLI: ES:TS:2026:4209

Sala: Sala de lo Social

Nº de Resolución: 781/2026

Municipio: Madrid

Ponente: JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA

Nº Recurso: 1074/2025

RESUMEN: Responsabilidad empresarial en materia de prestaciones por incumplimientos empresariales en materia de cotización.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Social) ha vuelto a pronunciarse en la STS 781/2026, de 6 de octubre (ROJ: STS 4209/2026), sobre la siempre compleja materia de la responsabilidad empresarial en el abono de prestaciones por contingencias profesionales en casos de descubierto de cotización. En esta resolución, el Alto Tribunal ratifica la doctrina clásica sobre la materia, recordando que un retraso o descubierto en el pago de cuotas a la Seguridad Social no genera automáticamente la responsabilidad directa del empresario. Para que proceda declarar dicha responsabilidad —y desplazar la responsabilidad sobre las prestaciones fuera de la entidad aseguradora—, la falta de cotización debe ser grave, continuada y reveladora de una actitud contumaz y voluntariamente rebelde al cumplimiento del deber contributivo, sin que un mero descubierto de cinco meses sea suficiente por sí solo para romper el nexo de aseguramiento.

Sin embargo, más allá de la estricta técnica jurídica, la sentencia deja al descubierto una dinámica económica e institucional de hondo calado. Destaca de forma muy clara por qué el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía un interés tan directo en combatir la declaración de responsabilidad empresarial. Se trata de una cuestión poco conocida en la práctica cotidiana: cuando la empresa incurre en incumplimientos en sus obligaciones de alta, afiliación o cotización, y ocurre un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social (MCSS) está obligada a anticipar al trabajador las prestaciones e indemnizaciones en virtud del principio de automaticidad. Si judicialmente se declara la responsabilidad empresarial directa por el descubierto y posteriormente se constata la insolvencia de la empresa incumplidora, la Mutua ostenta el derecho de reclamar posteriormente al INSS el reintegro de lo abonado, dado que el ente público actúa como responsable subsidiario en su condición de sucesor del extinto Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo.

De este modo, lo que formalmente se presenta como un debate sobre la gravedad de un descubierto contributivo es, en el fondo, la verdadera pugna entre el INSS y las Mutuas Colaboradoras para no asumir el coste de las empresas insolventes cuando incumplen sus obligaciones. Si el Supremo estimase que un descubierto de pocos meses basta para atribuir la responsabilidad a la empresa, en caso de insolvencia de esta, el coste final terminaría recayendo de forma subsidiaria sobre las arcas públicas del INSS. En cambio, si se desestima la responsabilidad empresarial por considerarse un incumplimiento meramente esporádico o no rupturista, es la Mutua la que debe soportar de forma definitiva la cobertura de la prestación.

Esta recurrente litigiosidad entre entidades del propio sistema de Protección Social encuentra su origen en una grave inercia legislativa: el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 167.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) nunca llegó a aprobarse. Ante este vacío, los tribunales se ven obligados a seguir aplicando los artículos 94, 95 y 96 de la añeja Ley de Seguridad Social de 1966 y a construir un juicio de proporcionalidad jurisprudencial para resolver el reparto de costes. ¿Quizás toca ya reformar la vieja normativa?

FRAUDE DE LEY Y PRESTACIÓN DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR. AL HILO DE LA STS 4206/2026

STS, a 06 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4206/2026

Enlace a la resolución

ECLI: ES:TS:2026:4206

Sala de lo Social

Nº de Resolución: 783/2026

Municipio: Madrid

Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA

Nº Recurso: 2209/2025

RESUMEN: Infracción administrativa. Incremento base de cotización durante embarazo. Trabajadora autónoma. Interpretación del art. 26.1 LISOS. No existe fraude acreditado.

Índice Interactivo

• A modo de introducción. Análisis jurídico y fáctico de la STS 4206/2026
• 1. Análisis Fáctico (Antecedentes de Hecho)
• 2. Sentencia de contraste y juicio de contradicción
• 3. Motivo del Recurso de Casación
• 4. Normativa Infringida y Marco Legal Analizado
• 5. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y Doctrina Aplicada
• 6. Resultado final y Fallo
• 7. Comentario final

A modo de introducción. Análisis jurídico y fáctico de la STS 4206/2026

(Sala de lo Social, Sección 1ª, Sentencia núm. 783/2026, de 6 de octubre de 2026; Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2209/2025; Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Antonio López Parada).

Esta sentencia del Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en contra de una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El litigio gira en torno a una trabajadora autónoma que fue sancionada administrativamente tras elevar voluntariamente su base de cotización durante el embarazo, lo que incrementó el cálculo de su prestación por nacimiento y cuidado de menor. La Seguridad Social alegó que dicha modificación constituía una infracción muy grave por fraude de ley, argumentando que se buscaba obtener una prestación superior de manera artificial. Sin embargo, el alto tribunal desestimó el recurso de la entidad gestora al concluir que la normativa vigente permitía a los autónomos modificar libremente sus bases de cotización y que la mera situación de gestación no puede presumir un fraude ni justificar una sanción sin incurrir en vulneraciones de los principios de legalidad y tipicidad.

1. Análisis Fáctico (Antecedentes de Hecho)

• Sujeto y actividad: La demandante, Dª Catalina, figuraba dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desarollando una actividad agraria en una empresa constituida conjuntamente con su esposo.
• Historial de cotizaciones: Tanto la trabajadora como su cónyuge cotizaron históricamente por la base mínima del RETA (919,80 € en 2017; 932,70 € en 2018; y 944,40 € en el primer trimestre de 2019).
• Modificación voluntaria de la base: Con efectos de 1 de abril de 2019, la trabajadora optó por incrementar su base de cotización a la cuantía máxima permitida de 4.070,10 €.
• Situación de gestación y prestación: En el momento de solicitar la modificación, la trabajadora se encontraba embarazada. El parto tuvo lugar tres meses y veinte días después de surtir efectos la nueva base. El 20 de julio de 2019, la beneficiaria solicitó la prestación por nacimiento y cuidado de menor.
• Actuación administrativa del INSS: Mediante resolución de 12 de junio de 2020 (a propuesta de Acta de la Inspección de Trabajo de 5 de noviembre de 2019), la Dirección Provincial del INSS de A Coruña le impuso la sanción de pérdida de la prestación por un periodo de seis meses, al considerar que había incurrido en la infracción muy grave del artículo 26.1 de la LISOS por "actuar fraudulentamente" para elevar la cuantía del subsidio (o sea, "compra de prestaciones").
• Evolución judicial en instancia y suplicación:
  • Juzgado de lo Social nº 4 de Santiago de Compostela: En sentencia de 26 de septiembre de 2023, desestimó la demanda y confirmó la sanción por entender que existió fraude de ley y basándose en la presunción de certeza del acta.
  • TSJ de Galicia (Sentencia de 2 de abril de 2025, rec. 828/2024): Estimó el recurso de suplicación de la trabajadora, revocó la sentencia de instancia y anuló la resolución sancionadora del INSS. El TSJ razonó que el fraude no se presume, que la presunción de certeza del acta no alcanza a las valoraciones jurídicas y que imputar fraude por el mero hecho de estar embarazada supone una discriminación indirecta por razón de sexo contraria al art. 14 CE y a la Ley Orgánica 3/2007.

2. Sentencia de contraste y juicio de contradicción

• Sentencia invocada como contraste: Sentencia nº 2163/2024 de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, de 6 de mayo de 2024 (rec. 5261/2022).
• Hechos de la sentencia de contraste: Una trabajadora encuadrada en el RETA que cotizaba por la base mínima incrementó su base a 2.000 € con efectos de 1 de abril de 2019 estando embarazada. Tras solicitar riesgo durante el embarazo y la posterior prestación por nacimiento y cuidado de menor, fue sancionada por el INSS con la pérdida de la prestación por 6 meses. En dicho asunto, el TSJ de Galicia confirmó la sanción al apreciar la existencia de fraude de ley en la elevación de bases próxima al parto.
• Apreciación de la contradicción (art. 219.1 LRJS): El Tribunal Supremo determinó que sí concurre la contradicción procesal, al tratarse de supuestos sustancialmente idénticos en cuanto a hechos, normativa y pretensiones, habiéndose dictado pronunciamientos opuestos (en la sentencia recurrida se anula la sanción negando el fraude y en la de contraste se confirma estimando que sí existió).

3. Motivo del Recurso de Casación

• Fundamentación del INSS: El recurso de casación unificadora del INSS se articuló mediante un único motivo al amparo del artículo 207.e) de la LRJS.
• Tesis del recurrente: La entidad gestora sostuvo que el incremento voluntario de bases de cotización durante la gestación sin aportación de prueba de mayor actividad constituye un acto en fraude de ley (art. 6.4 del Código Civil) con el objetivo de lograr una "compra de prestaciones".
• Instrumentos probatorios alegados: El INSS defendió que el fraude podía deducirse mediante la prueba de presunciones e indiciaria (art. 386 LEC) y que contaba con el respaldo de la presunción de certeza del acta de la Inspección de Trabajo (art. 23 de la Ley 23/2015).

4. Normativa Infringida y Marco Legal Analizado

• Artículos 26.1 y 47.1.c) del RD Legislativo 5/2000 (LISOS): Preceptos que tipifican la infracción muy grave por actuar fraudulentamente para obtener prestaciones superiores e imponen la sanción de pérdida de la prestación.
• Artículo 6.4 del Código Civil: Institución del fraude de ley.
• Artículos 310 y 318 del TRLGSS (RD Legislativo 8/2015):
  • Art. 310 LGSS: Consagración de la libre elección de bases de cotización en el RETA aplicable en la fecha de los hechos.
  • Art. 318 LGSS (modificado por Ley 6/2017): Regla especial que establece que la base reguladora de la prestación por nacimiento y cuidado de menor en el RETA se calcula sobre el promedio de las bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al hecho causante.
• Artículo 43 bis del RD 2064/1995 (Reglamento de Cotización, ex Ley 6/2017): Norma reglamentaria que habilitaba a los trabajadores autónomos a cambiar hasta cuatro veces al año su base de cotización con efectos trimestrales (1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre, 1 de enero).
• Artículo 23 de la Ley 23/2015 (Inspección de Trabajo): Régimen de la presunción de certeza de las actas de inspección.
• Artículo 25.1 de la Constitución Española y Artículo 28.1 de la Ley 40/2015 (LRJSP): Principios constitucionales de legalidad, taxatividad, tipicidad y culpabilidad en materia sancionadora.
• Artículo 14 CE y Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH): Prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo y especial protección a la maternidad y al embarazo.

5. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y Doctrina Aplicada

• Aclaración sobre la STS 489/2022, de 31 de mayo (rcud 290/2019): La Sala precisa que aquel antecedente resolvió únicamente sobre la sanción aplicable (art. 47.1 LISOS) cuando la infracción ya venía dada como premisa, por lo que no existía doctrina previa sobre la tipicidad de la conducta en el art. 26.1 LISOS. Recordemos que confirmó la sanción de pérdida de la prestación de nacimiento y cuidado de menor y la de riesgo durante el embarazo, por haber pasado de bases mínimas a otras superiores. Pero es cierto que la STS no gira en torno a la concurrencia o no de fraude -que no se discute allí que sí concurría- sino en una cuestión puramente económica, a saber, si, ante el incremento fraudulento de las bases de cotización en el RETA, procedía la extinción de las prestaciones y la devolución de las cantidades percibidas; o. por el contrario, sólo procede la devolución de la diferencia entre las prestaciones calculadas conforme a las bases mínimas que venía cotizando y las que percibió que se calcularon con arreglo a las máximas que fueron cotizadas tras el incremento producido en el período inmediatamente anterior al hecho causante.
• Valor probatorio de las Actas de Inspección (art. 23 Ley 23/2015): El TS reitera su doctrina (SSTS 1140/2024, 282/2025, 436/2025, 845/2025, 331/2026) sistematizando tres planos:
  • Hechos constatados directamente por apreciación sensorial del inspector: Tienen presunción iuris tantum de certeza.
  • Hechos deducidos por el inspector: No gozan de presunción legal de veracidad y el juez los valora libremente conforme a la sana crítica.
  • Conclusiones y valoraciones jurídicas (como aquí ocurre, calificar un fraude de ley): No opera presunción de ningún tipo. Rige el principio iura novit curia y el órgano judicial no está vinculado por el criterio de la Inspección.
• Exigencias del Derecho Administrativo Sancionador ex Art. 25.1 CE:
  • Diferenciación de procedimientos: La Sala remarca que se juzga un procedimiento sancionador y no un procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas, por lo que rigen con todo su rigor los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad.
  • Principios de taxatividad y tipicidad: Exigen predeterminación normativa suficiente. Para aplicar el art. 26.1 LISOS se requiere concurrentemente: a) la obtención de una prestación indebida o superior, y b) un "actuar fraudulentamente" mediante engaño, ocultación, falsedad o simulación.
  • Proscripción del "fraude" como cláusula abierta: No cabe utilizar el concepto de fraude como una cláusula abierta moral que permita sancionar la conducta según valoraciones éticas discrecionales del juzgador o de la Administración.
  • Principio de culpabilidad e interpretación razonable: Exige dolo o culpa (art. 28.1 Ley 40/2015 y STC 120/2024). No hay culpabilidad sancionable cuando la conducta del ciudadano se respalda en una interpretación razonable de la norma jurídica.
• Lógica del RETA y técnica legislativa:
  • Bajo la normativa aplicable al caso, el sistema RETA atribuía libertad de elección de base al autónomo. La decisión de cotizar más no es una donación desinteresada, sino la predeterminación voluntaria del nivel de sus futuras prestaciones.
  • El propio legislador ya previó el corrector específico ante cambios de base al reformar el art. 318 LGSS mediante la Ley 6/2017, fijando la base reguladora en el promedio de los seis meses anteriores. Si la trabajadora cumplió con dicho prorrateo legal, la prestación percibida era la legalmente debida.

6. Resultado final y Fallo

• Desestimación del recurso: La Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Firmeza del fallo del TSJ de Galicia: Confirma y declara la firmeza de la Sentencia nº 1804/2025, de 2 de abril de 2025, del TSJ de Galicia, que había anulado la sanción impuesta a la trabajadora autónoma.
• Costas: No se efectúa expresa imposición de costas del recurso ex art. 235.1 LRJS.
• Doctrina fijada: El Tribunal Supremo sienta la doctrina unificada de que el incremento voluntario de la base de cotización realizado por una trabajadora autónoma durante su embarazo, ejercitado al amparo de las normas de libre elección y cambio de base del RETA, no constituye la infracción muy grave del artículo 26.1 de la LISOS ni supone un fraude de ley sancionable.

7. Comentario final

Está claro que desde el ejecutivo se dice defender la igualdad de género, pero las instituciones públicas predican de forma diferente. Esta sentencia es un buen ejemplo de la criminalización de la mujer cuando accede a las prestaciones públicas, en este caso por nacimiento y cuidado de menor. El embarazo no impide trabajar y tampoco cotizar por bases más altas. Y entender, como hizo la entidad gestora, que una mujer embarazada que se eleva la base de cotización actúa fraudulentamente, es como mínimo, inmoral. Me alegro de la contundente respuesta del Ponente y animo a la lectura de la sentencia, porque además hacer un recorrido cronológico y normativo de la forma de cálculo de la prestación y, de rebote, de la incapacidad temporal.

Por cierto, que no es la única vez que el TS interviene en cuestiones fácticas en que se considera a la mujer embarazada como persona fraudulenta. Animo a leer la STS, a 30 de octubre de 2023 - ROJ: STS 4822/2023, de la que es Ponente la actual Presidenta de la Sala, Concepción Ureste, que enjuiciando con perspectiva de género, dictó la nulidad de una resolución del SPEE que declaró indebida la prestación de desempleo por entender que la contratación en el sexto mes de embarazo de la trabajadora era fraudulenta -por cierto, la ITSS emitió informe entendiendo que concurría fraude-. En aquella otra sentencia, después de examinar la propia doctrina del TS, la del TC e incluso del TJUE, dice:

“La especial protección de la maternidad en general y del embarazo en particular se proyecta sin ambages en la fase de acceso al empleo, erradicando no sólo los casos más habituales en los que se veda o trunca esa posibilidad a instancias del empleador, ya fuere público o privado, sino también aquellas conductas que vienen a considerar que la contratación de una mujer embarazada constituye en sí misma un indicio de fraude para la obtención de las prestaciones de seguridad social. Será preciso un panorama indiciario relevante y sólido para sostener la tesis de rechazo de las posibilidades laborales -y de encuadramiento en el sistema de la seguridad social-, de una trabajadora en proceso gestacional. De lo contrario se produciría una expulsión del mercado de trabajo y del correlativo aseguramiento de la mujer embarazada, constitutiva de una discriminación en el acceso al empleo por razón de sexo”.

En eso seguimos, pero parece que las entidades gestoras no se dan por aludidas…

JUBILACIÓN ACTIVA Y PLURIACTIVIDAD. A PROPÓSITO DEL CRITERIO DE GESTIÓN 22/2026

Índice de contenidos

• Introducción: El Criterio de Gestión 22/2026 del INSS
• 1. Pluriactividad cuando se reúnen los requisitos para la jubilación activa en AMBOS regímenes
• 2. Pluriactividad cuando se accede a la jubilación activa en UN régimen y se continúa trabajando en el OTRO sin solicitar pensión

Si la gestión de la jubilación activa puede ser complicada, y más con las disposiciones transitorias respecto a la cotización para determinar la edad ordinaria de jubilación y los cambios legislativos que afectan al régimen jurídico de esta concreta figura, cuando una persona se encuentra en situación de pluriactividad en dos sistemas diferentes, como el régimen general y el de autónomos, la cuestión, al menos para mí, aún es más compleja.

El Criterio de Gestión 22/2026 del INSS, de fecha 19 de octubre de 2026, aborda el acceso a la jubilación activa desde la situación de pluriactividad, es decir, cuando se han causado dos pensiones de jubilación en dos regímenes diferentes y ambas son compatibles.

📄 Consultar el Criterio de Gestión 22/2026 del INSS (PDF)

A modo de resumen, en primer lugar, determina que es totalmente admisible y posible recibir dos prestaciones de jubilación activa de manera simultánea si se cumplen los requisitos necesarios en ambos regímenes. Por otro lado, cuando el beneficiario solo solicita la jubilación activa en uno de los regímenes y sigue trabajando en el otro, es obligatorio adaptar las cotizaciones de todas las actividades a las normas específicas de la jubilación activa. Ahora bien, en este segundo supuesto, si en alguno de los regímenes se continuara cotizando de forma ordinaria por todas las contingencias, la pensión se volvería incompatible y tendría que suspenderse por completo. Y avanzo que la postura en el segundo supuesto es más hipótesis de laboratorio que una cuestión real.

En fin, al menos el criterio jurídico aclara las condiciones de compatibilidad y los métodos de cotización aplicables para garantizar que los pensionistas puedan acceder a la jubilación activa en caso de tener derecho a percibir dos pensiones de jubilación compatibles.

A continuación detallo la regulación del estructurada de forma esquemática, e integrando un ejemplo práctico en cada uno de los supuestos:

1. Pluriactividad cuando se reúnen los requisitos para la jubilación activa en AMBOS regímenes

Regla de compatibilidad. Es compatible percibir dos pensiones de jubilación activa cuando el trabajador reúne en ambos regímenes los requisitos exigidos por el artículo 214 del TRLGSS (edad legal sin bonificaciones ni anticipaciones, período mínimo de cotización y al menos un año transcurrido desde la edad ordinaria) y mantiene o inicia trabajo en cualquiera de los dos regímenes.

Cuantía y cotización:

• Se abona el porcentaje de pensión de jubilación activa que corresponda según la escala legal en cada régimen.
• Durante el período en activo, se cotiza únicamente por las contingencias especiales -incapacidad temporal y contingencias profesionales- y la cuota de solidaridad del 9%, fijadas en el artículo 310 del TRLGSS. Entiendo que el “redactor” del Criterio está dando por hecho que la actividad se realizará por cuenta propia, pero, entiendo yo, que también es posible por cuenta ajena lo que supone la aplicación de la cotización especial de solidaridad del 9% del art. 153 TRLGSS, a la que se añadiría IT y contingencias profesionales.
• Estas cotizaciones especiales no incrementan la base reguladora ni dan derecho a complementos de demora.

Efecto al cesar la actividad. Al finalizar la actividad laboral por cuenta propia o ajena, se restablece de forma automática el percibo del 100% (pago íntegro) de ambas pensiones. O, añado yo, el límite máximo de pensión si la suma en concurrencia es superior.

Incompatibilidad expresa. No se permite percibir la pensión de jubilación activa en un régimen y la pensión de jubilación ordinaria al 100% en el otro.

Ejemplo de actividad por cuenta propia. Una persona reúne los requisitos legales para la jubilación activa tanto en el Régimen General (RGSS) como en el de Autónomos (RETA) por tener un empleo por cuenta ajena y un negocio propio. Al solicitar la jubilación activa en ambos regímenes y mantener abierto su negocio, es decir si realiza una actividad por cuenta propia, percibirá el porcentaje legal correspondiente de ambas pensiones de jubilación y cotizará en el RETA únicamente mediante la cuota reducida de solidaridad. Cuando cierre definitivamente su negocio, pasará a cobrar automáticamente el 100% de las dos pensiones.

Porcentaje inicial de la Base Reguladora (Cálculo de la pensión inicial)

• Porcentaje alcanzado por cotización (100%). Con 38 años y 6 meses cotizados, el trabajador ha superado el período necesario para tener derecho al 100% de la base reguladora tanto en el Régimen General (RGSS) como en el Régimen de Autónomos (RETA).
• Cumplimiento del requisito de demora (1 año). Al jubilarse a los 66 años (un año después de los 65 años, que era su edad ordinaria por tener más de 38 años cotizados), cumple estrictamente la condición exigida por el artículo 214.1 del TRLGSS de haber dejado transcurrir al menos un año desde la edad legal de jubilación.

Porcentajes a cobrar DURANTE la Jubilación Activa (Manteniendo el negocio)

Mientras continúe realizando su actividad por cuenta propia con la persiana del negocio abierta:

• Porcentaje sobre las pensiones (Regla general del 50%). Conforme al artículo 214.3 del TRLGSS y al Criterio 22/2026, percibirá el 45% de la pensión del RGSS y el 45% de la pensión del RETA.
  (Excepción legal por contratación): Si en su negocio por cuenta propia acreditase la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión activa abonada en dicho régimen ascendería al 75%.
• Incremento anual por permanencia. Por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezca en situación de jubilación activa, el porcentaje asignado se incrementará en 5 puntos porcentuales en cada una de las pensiones (pasando al 50% el segundo año de jubilación activa, al 55% el tercero, etc., hasta un tope del 100%).
• Impacto del año de demora: Por el año que retrasó su jubilación (de los 65 a los 66 años), se le aplica el complemento o incentivo por demora sobre la pensión inicial. Sin embargo, las cotizaciones reducidas realizadas mientras está en jubilación activa (cuota de solidaridad, art. 310 TRLGSS) no incrementarán posteriormente ni la base reguladora ni el complemento de demora.

Porcentaje a cobrar AL CESAR definitivamente la actividad

• Restablecimiento íntegro (100% de ambas pensiones): En el momento en que cierre su negocio por cuenta propia y finalice todo trabajo, en virtud del artículo 214.8 del TRLGSS, la Seguridad Social le restablecerá de forma automática el cobro del 100% del importe de ambas pensiones (RGSS y RETA).

Cotización. En este supuesto de pluriactividad, la persona deberá cotizar bajo las reglas reducidas de la jubilación activa en todos los regímenes en los que permanezca en activo en el RETA por su actividad por cuenta propia, únicamente por Incapacidad Temporal y Contingencias Profesionales, quedando sujeta a una cuota especial de solidaridad del 9% sobre la base por contingencias comunes. Dichas cotizaciones no generan nuevos derechos ni incrementan la base reguladora ni el complemento de demora, y se debe considerar que si en alguno de los regímenes se cotizase conforme a las reglas ordinarias por todas las contingencias, la pensión de jubilación activa devendrá incompatible y se suspenderá de forma íntegra.

2. Pluriactividad cuando se accede a la jubilación activa en UN régimen y se continúa trabajando en el OTRO sin solicitar pensión

Regla de compatibilidad y condición de cotización. Es posible cobrar la pensión de jubilación activa de un régimen mientras se continúa trabajando en el otro régimen sin haber causado pensión en este último. Sin embargo, al adquirir la condición de jubilado activo en el primer régimen, el trabajador debe cotizar obligatoriamente bajo las reglas de la jubilación activa (cotización reducida y cuota de solidaridad, arts. 153 y 310.1 TRLGSS) en TODOS los regímenes en los que continúe trabajando.

Consecuencia del incumplimiento (Suspensión). Si en el segundo régimen se mantuviese la cotización ordinaria por todas las contingencias (por ejemplo, para intentar acumular derechos de cara a una futura pensión), la pensión de jubilación activa del primer régimen deviene incompatible y debe suspenderse íntegramente.

Ejemplo. Un profesional trabaja por cuenta ajena en una empresa (RGSS) y realiza trabajos por cuenta propia (RETA). Al cumplir los requisitos en el RGSS, decide acogerse a la jubilación activa en dicho régimen para seguir en la empresa, manteniendo su actividad en el RETA sin solicitar aún la pensión del RETA.

Actuación correcta. Para poder percibir la pensión de jubilación activa del RGSS, debe aplicar la cotización reducida de solidaridad del 9%, más IT y contingencias profesionales, tanto en el RGSS como en el RETA.

Actuación incorrecta que no da lugar a jubilación activa. Si en el RETA continuase cotizando por la base ordinaria completa con la intención de generar una pensión futura más alta en ese régimen, lo cual es completamente legítimo, la Seguridad Social suspenderá por completo la pensión de jubilación activa que venía cobrando del RGSS. En fin, creo que esta es una hipótesis extraña.

Seguimos.

ACCESO A LOS CRITERIOS E INSTRUCCIONES DEL SEPE

No tenía conocimiento de la existencia de este repositorio del SEPE, pero en sintonía con los criterios del INSS y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen en la gestión de sus prestaciones, se puede acceder, al menos de momento, a las siguientes instrucciones, criterios y fichas.

Puedes consultar y descargar todos los documentos originales desde su fuente oficial:
🔗 Repositorio de Instrucciones y Directrices del SEPE

Instrucciones SEPE

Título de la Instrucción	Resumen / Temática
Acceso a las prestaciones por desempleo de trabajadores que han finalizado una relación laboral estando en excedencia voluntaria en otra.	Regula el derecho a cobrar el paro al terminar un contrato temporal si el trabajador mantiene una excedencia voluntaria en otra empresa.
Acreditación del hecho causante del subsidio para víctimas de violencia sexual.	Establece los documentos y requisitos necesarios para demostrar la condición de víctima de violencia sexual y acceder al subsidio.
Instrucciones provisionales para la aplicación del Real Decreto Ley 16/2022 para la mejora de condiciones de personas trabajadoras del hogar.	Define cómo se aplica el derecho a la prestación por desempleo (paro) para las empleadas del hogar, novedad introducida en 2022.
Compatibilidad de la prestación y el subsidio de desempleo con el trabajo por cuenta ajena a partir del 1 de noviembre de 2024.	Detalla las nuevas reglas que permiten cobrar parte del paro o subsidio mientras se trabaja como asalariado a partir de noviembre de 2024.
Incidencia en la situación de incapacidad temporal en la protección por desempleo.	Explica cómo afecta estar de baja médica (IT) al cobro, consumo o solicitud de las prestaciones por desempleo.
Incidencia del trabajo por cuenta propia en la prestación por desempleo.	Aclara en qué casos y condiciones es posible compatibilizar o suspender el paro al darse de alta como autónomo.
Régimen compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena aplicable a partir del 1 de junio de 2025 (emigrantes retornados y víctimas de violencia).	Normativa futura sobre cómo estas poblaciones específicas podrán compatibilizar sus subsidios con un empleo asalariado.
Régimen de compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial aplicable a partir del décimo mes (prestaciones nacidas abril 2025).	Condiciones específicas para quienes compatibilizan paro y trabajo a tiempo parcial en prestaciones largas, aplicable en 2025.
Resolución de 30 de abril de 2025 (ampliación de plazos por interrupción eléctrica).	Medida administrativa excepcional que amplía los plazos de trámites debido a un corte de luz generalizado.
Prestación especial de artistas (RDL 1/2023).	Regula la prestación específica por desempleo diseñada para los profesionales del sector cultural y artístico.
Modificación de Instrucciones provisionales de la reforma laboral (RDL 32/2021 y 3/2022).	Actualización de los criterios sobre cómo las modalidades de contratación de la última reforma laboral afectan al desempleo.
Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con la prestación de invalidez no contributiva.	Criterios para determinar si una persona puede percibir simultáneamente el paro y una pensión de invalidez no contributiva.
Acreditación del requisito del art. 274.4 “IN FINE” TRLGSS. Certificados del INSS.	Directrices sobre cómo justificar requisitos médicos o de seguridad social mediante certificados emitidos por el INSS.
Certificado de empresa trabajadores al servicio del hogar familiar.	Formato y obligación de presentar el certificado de empresa para las trabajadoras del hogar al solicitar el desempleo.
Modificación del artículo 36.2 del Código Penal.	Incidencia en las prestaciones de los cambios penales, habitualmente relacionados con el trabajo en beneficio de la comunidad o penas de prisión.
Eliminación de intereses en compensaciones parciales de cobros indebidos.	Instrucción que exime del pago de intereses de demora cuando el SEPE descuenta cobros indebidos de la nómina actual del beneficiario.
Solicitud de subsidio con responsabilidades familiares en caso de nacimiento de hijos (300 días).	Regula el reconocimiento de un hijo como carga familiar si nace en los 300 días siguientes al hecho causante del desempleo.
Suspensión de la obligación de presentar declaración de IRPF 2024.	Exime temporal o definitivamente a ciertos beneficiarios de desempleo de la obligación de presentar la renta del ejercicio 2024.
Instrucciones para la aplicación del RDL 1/2023 (Incentivos y protección de artistas).	Desarrollo normativo inicial sobre mejoras sociales y ayudas a la contratación en el sector artístico.
Capitalización de la prestación por desempleo (Ley 5/2011, Economía Social).	Procedimiento para cobrar el paro de golpe (pago único) si se va a formar una sociedad laboral o cooperativa desde una empresa en concurso.
Instrucciones provisionales de la Ley Orgánica 10/2022 (Libertad sexual).	Adaptación de las prestaciones y subsidios a los nuevos derechos reconocidos para las víctimas de violencias sexuales.
Incidencia en los subsidios y RAI de la ayuda de 200 euros (RDL 11/2022).	Aclara que recibir el cheque de 200€ del Gobierno no penaliza ni se computa como renta para perder el subsidio o la RAI.
Protección social tras la activación del Mecanismo RED (Flexibilidad y Estabilización).	Regula el cobro de prestaciones para trabajadores en ERTEs especiales bajo el nuevo Mecanismo RED de la reforma laboral.
Medidas urgentes de apoyo al sector agrario por sequía (RDL 4/2022).	Flexibilización de los requisitos (como las peonadas) para acceder al subsidio agrario debido a los efectos de la sequía.
Aplicación de la reforma laboral (RDL 32/2021) en materia de protección por desempleo.	Criterios iniciales sobre cómo los nuevos contratos indefinidos fijos-discontinuos y la desaparición de los temporales afectan al paro.
Medidas para autónomos, ERTEs y recuperación de La Palma (RDL 2/2022).	Regula las ayudas y prestaciones por desempleo derivadas de la erupción del volcán de La Palma y la transición post-pandemia.
Topes de cuantía de la prestación contributiva (situaciones 30 o 31-12-2021).	Fija las cuantías máximas y mínimas a cobrar de paro para aquellos que quedaron desempleados en los últimos días de 2021.
Instrucciones para el Programa de Renta Activa de Inserción (RAI).	Manual de aplicación y requisitos para cobrar la RAI, destinada a colectivos con especial dificultad para encontrar empleo.
Emisión del Certificado de Emigrante Retornado.	Protocolo que deben seguir las Delegaciones para certificar que un español que vuelve del extranjero tiene derecho a ayudas.
Medidas laborales y de desempleo por la borrasca «Filomena» (Orden TES/1223/2021).	Protección especial por desempleo para los trabajadores afectados por el temporal de nieve Filomena a principios de 2021.
Modificación Instrucción de rentas y responsabilidades familiares (07/11/2019).	Actualización sobre qué ingresos se tienen en cuenta para determinar si se cumplen los requisitos de carencia de rentas en los subsidios.
Protección del empleo y recuperación económica (RDL 18/2021).	Instrucciones derivadas de las prórrogas de los ERTE COVID y la transición hacia la normalidad económica a finales de 2021.
Defensa del empleo y protección de autónomos (RDL 11/2021).	Medidas del escudo social para trabajadores y empresas en la fase media de recuperación de la pandemia.
Ampliación de plazos por incidencia técnica en los sistemas del SEPE.	Extensión de los plazos para solicitar el paro sin penalización tras el ciberataque sufrido por el SEPE en 2021.
Determinación de la fecha de inicio de prestaciones en ERTE COVID (Sep 2020 - Ene 2021).	Aclaración sobre desde cuándo empezaban a cobrar los trabajadores afectados por rebrotes en la segunda ola de la pandemia.
Fecha tope y cuantía en accesos sucesivos por distintos ERTE COVID.	Instrucción para calcular cuánto le corresponde a un trabajador que ha encadenado varios ERTEs durante la pandemia.
Desempleo de jubilados parcialmente que acrediten situación legal de desempleo.	Regula cómo pueden cobrar el paro quienes compatibilizaban una pensión de jubilación parcial con un trabajo del que son despedidos.
Refuerzo y consolidación de medidas sociales (RDL 2/2021).	Ampliación de las coberturas de los ERTE y ayudas a fijos discontinuos a principios de 2021.
Medidas sociales complementarias y apoyo al sector cultural (RDL 32/2020).	Subsidio excepcional por desempleo para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura durante la pandemia.
Medidas sociales en defensa del empleo (RDL 30/2020).	Extensión de los ERTEs en otoño de 2020 y protección a trabajadores con contratos temporales finalizados.
Instrucción de rentas y responsabilidades familiares (07/11/2019).	Reglas generales sobre cómo calcular los topes de ingresos per cápita para acceder a los distintos subsidios por desempleo.
Medidas urgentes de protección social y precariedad laboral (RDL 8/2019).	Instrucciones derivadas de la obligatoriedad del registro de jornada y la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Extensión de la protección por desempleo a deportistas profesionales.	Regulación que permite a los deportistas de élite y profesionales acceder al paro al finalizar sus contratos deportivos.
Trabajadores extranjeros no comunitarios al finalizar el MIR.	Criterios sobre el derecho a cobrar paro y situación de residencia de médicos extracomunitarios tras acabar su especialidad.
Programa de Activación para el Empleo (PAE).	Directrices sobre un programa (actualmente derogado) que ofrecía una ayuda económica a parados de larga duración con cargas familiares.
Incidencia de la sentencia del TC 61/2018 en subsidios de mayores de 55 años.	Adaptación de los requisitos del subsidio tras declarar inconstitucionales algunas restricciones impuestas en años anteriores.
Subsidio extraordinario por desempleo (SED).	Requisitos y funcionamiento de esta ayuda de último recurso para quienes han agotado todas las prestaciones y subsidios ordinarios.
Reducción del nº mínimo de jornadas reales en Andalucía y Extremadura.	Instrucción que baja el requisito de peonadas necesarias para cobrar el PER/Subsidio agrario debido a malas cosechas o clima.
Incidencia en prestaciones de algunas situaciones de excedencia.	Cómo afecta tener una excedencia por cuidado de hijos, familiares o forzosa de cara a acumular días de paro o cobrarlo.
Varios contratos a tiempo parcial: cese en uno y mantenimiento de otro.	Explicación de cómo se calcula y cobra el paro si tienes dos trabajos a media jornada y te despiden solo de uno.
Contratación por autónomos de hijos menores de 30 años.	Criterios sobre si los hijos contratados por sus padres autónomos tienen derecho o no a paro al finalizar el contrato.
Cómputo de cotizaciones en contratos a tiempo parcial.	Nuevo método para equiparar el trabajo a tiempo parcial con el tiempo completo a efectos de reunir el tiempo mínimo cotizado.
Intereses de demora a cargo del SEPE.	Procedimiento por el cual el SEPE debe indemnizar al ciudadano si se retrasa injustificadamente en el pago de su prestación.
Pérdida ocasional del requisito de carencia de rentas.	Qué ocurre y cómo recuperar el subsidio si durante un mes puntual se superan los límites de ingresos permitidos.
Medidas por inundaciones y pedrisco (Acuerdos dic. 2016).	Procedimientos especiales de desempleo para zonas declaradas como gravemente afectadas por emergencias climáticas.
Plazo de prescripción en procedimientos de responsabilidad empresarial.	Aclara cuánto tiempo tiene el SEPE para reclamar a una empresa el pago de cotizaciones o prestaciones indebidas.
Vacaciones retribuidas y no disfrutadas en ETT.	Cómo los días de vacaciones pagados en el finiquito de una ETT retrasan el inicio legal del cobro de la prestación.
Periodos de huelga y cierre patronal para duración de prestación.	Establece que los días en huelga legal no descuentan ni impiden generar derecho a prestaciones por desempleo.
Salarios de tramitación tras reconocimiento de pago único.	Cómo se regulariza el pago único si un juez dictamina un despido nulo/improcedente y obliga al pago de salarios atrasados.
Acreditación de responsabilidades familiares en países extra-comunitarios.	Documentos válidos (consulares, envío de remesas) para demostrar que se mantienen económicamente familiares fuera de Europa.
Subsidio por desempleo: Cómputo de rentas.	Reglas técnicas para sumar ingresos agrarios, inmobiliarios, premios, etc., y determinar si se supera el umbral del 75% del SMI.
Acceso al Programa de Renta Activa de Inserción (Parados larga duración).	Detalla los requisitos (como la Búsqueda Activa de Empleo) para que los mayores de 45 años de larga duración accedan a la RAI.
Compatibilidad e incompatibilidad de las prestaciones por desempleo con prácticas formativas o no laborales. (Anulada).	Instrucción previa (ya sin vigor) sobre cómo el paro interactuaba con becas y prácticas no laborales en empresas.
Derecho de opción entre subsidio para personas trabajadoras mayores de 52/55 años y la prestación contributiva de personas eventuales agrarias.	Permite al jornalero andaluz o extremeño elegir la prestación que le resulte más beneficiosa económicamente.
Titulares de autorizaciones de residencia de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre.	Derecho a prestaciones de inversores, investigadores y profesionales altamente cualificados extranjeros residentes en España.
Instrucciones provisionales para el acceso al subsidio de los liberados de prisión.	Trámites para que los exreclusos (con más de 6 meses de privación de libertad) accedan al subsidio especial de excarcelación.
Situación legal de desempleo personas socias de cooperativas.	Casuística específica sobre cuándo un socio trabajador de una cooperativa que cesa su actividad tiene derecho a cobrar el paro.