martes, 22 de enero de 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO NIEGA QUE LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE SEA EQUIVALENTE AL 33% DE DISCAPACIDAD..."A TODOS LOS EFECTOS"

O, mejor dicho, interpreta que la declaración  de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez, aún a pesar de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, solo comporta el reconocimiento de discapacidad igual al 33% para  ciertos efectos, pero no para todos. Y lo ha dicho en Sala General.

La sentencia es de fecha 29/11/2018 (acceso a la sentencia) y el resumen que consta en CENDOJ es el siguiente:

"Grado de discapacidad a determinar después de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013, en aquellos casos en los que un beneficiario tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total o absoluta. El 33% de discapacidad no se atribuye de manera automática a éstos porque se aprecia por la Sala que el art. 4.2 de dicha norma contiene una regulación ultra vires en relación con el mandato de desarrollo del Texto refundido que le otorgaba la Ley 26/2011, de 1 de agosto, porque ésta mantenía en sus propios términos el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003, en la que se basaba la doctrina tradicional de la Sala en este tema, contenida en SSTS del Pleno, dos, ambas de 21 de marzo de 2.007, (dictadas en los recursos 3872/2005 y 3902/2005), a las que han seguido otras como las de 29 de mayo -invocada como contradictoria en este recurso- y 19 de julio de 2.007 (recursos 113/2006 y 3080/2006) y 22/07/2008 (rcud. 726/2008), que por esa razón sigue vigente bajo la nueva norma y ese 33% se atribuye exclusivamente a los propios efectos de la Ley 26/2011, no "a todos los efectos". Voto Particular".

La sentencia es extensa, pero entiendo que el FJ SEXTO es el que recoge el fundamento principal de su decisión, que no es otro que el Gobierno se excedió en las atribuciones que le otorgaron en la habilitación correspondiente para redactar el real decreto legislativo. Dice así:

"Precisamente en ejercicio de esa facultad, que además constituye una obligación, hemos de afirmar en consecuencia que el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013 ha incurrido en ultra vires por exceso en la delegación legislativa, porque no ha respetado el contenido del art.1 de la propia Ley 26/2011, de 1 de agosto, que, además de atribuirle esa delegación, ratifica el contenido de aquel art. 2.1 Ley 51/2003 en los términos que hemos expuesto, y que se han visto sustancialmente alterados en la redacción final del texto refundido, al sustituir la frase " a los efectos de esta ley" por la de " a todos los efectos", en una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir, hasta el extremo de que su aplicación conduciría a una interpretación contraria a la mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo conforme al contenido de la norma que el legislador no ha querido variar. Resulta con ello palmario que si el legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez a los exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su espíritu la extensión de este beneficio a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33%".

Es evidente que no estoy en absoluto de acuerdo con la decisión del Alto Tribunal, a mi entender injusta -¿una persona declarada en situación, no ya quizás de IPT, pero sí con una IPA ó GI, no tiene una discapacidad igual o superior al 33%?, ¿tiene entonces que pasar forzosamente por un nuevo procedimiento administrativo de valoración de sus patologías para que se entienda que su discapacidad supera aquel porcentaje "a todos los efectos"?. Flaco favor se hace a las personas con discapacidad, reconocida o no legalmente.

Como consuelo nos queda el voto particular efectuado por la Magistrada  Rosa Maria Viroles Piñol, al que se adhieren los Magistrados Fernando Salinas Molina y José Manuel López García de la Serrana, que también en extenso razonamiento llega a distinta conclusión que el voto mayoritario de la Sala, entendiendo, a la luz de normativa internacional, que la norma no incurre en regulación ultra vires y que, muy resumidamente, "siendo la parte demandante IPT, IPA o GI, debió estimarse su pretensión, por cuanto automáticamente y a todos los efectos tiene la consideración de persona con discapacidad, sin necesidad de acudir al procedimiento del RD. 1971/1999, salvo que se requiera acreditación de un porcentaje determinado de discapacidad".

Y sí, hago una crítica negativa de la sentencia, ya que la referencia a la anterior jurisprudencia del propio TS en  que ya limitaba el efecto de la declaración de IPT/IPA/GI a los exclusivos efectos de la Ley 51/2003, y no a todos los efectos, se dictó precisamente en diversos procedimientos en que desde Col.lectiu Ronda defendíamos que la interpretación debía ser más extensa. Pensábamos que con el RDL 1/2013 ya se había superado aquella doctrina restrictiva, pero está claro que no ha sido así. En fin, insisto, mala noticia para las personas con discapacidad, en las que esta sentencia, actúa como una barrera más que frena su integración social. Lástima.

Guía discapacidad -pero no para pensionistas IP-.


martes, 15 de enero de 2019

DEBATE: ¿COMO DEFENDEMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES?. JORNADA 18/01/2019


(Actualización: acceso al resumen y ponencias de la jornada: WEB ACASS)

El próximo viernes 18/01/2019, a las 10:00, tendrá lugar una jornada de debate sobre ¿cómo defendemos el sistema público de pensiones?. La jornada está organizada conjuntamente por el Grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UPF y ACASS (Associació Catalana per a la Seguretat Social). De esta última tengo la suerte de ser actualmente presidente, y en el área de DTiSS he sido profesor colaborador, por lo que, es más que evidente que me siento -soy- parte de ellos. La asistencia, que no es preciso confirmar y es absolutamente gratuita, cuenta con los siguientes participantes, ponentes y temas:




Presentación: Josep Fargas Fernández - Professor titular d’universitat de Dret del Treball i la Seguretat Social, UPF

Pensión de jubilación. Comparativa con otros paises de nuestro entorno: Eusebi Colàs-Neila - Professor agregat interí, UPF

Pobreza. Renda Garantida de ciutadania. Análisis crítico: Sixte Garganté Petit - Advocat i professor associat, UPF y Diosdado Toledano González - Grup promotor ILP per la Renda Garantida de Ciutadania

Discriminación de género en el acceso a las pensiones públicas: Núria Pumar Beltran - Professora titular, UB

La contrareforma de las pensiones. La lucha está en la calle. La experiencia de Marea Pensionista: Domiciano Sandoval Valbuena - Marea Pensionista

Lliurament del Premi Francesc Gallisà Roigè: Jordi Pujol Moix - Col·lectiu Ronda i Associació catalana per a la Seguretat Social


Cierre: Julia López López - Catedràtica Dret del Treball i de la Seguretat Social, UPF i IP del greDTiSS


Fecha: 18 de enero de 2019

Horario: de 10.00 a 14.30 h.

Lugar: Aula 40.002 (Edifici Roger de Llúria). Campus Ciutadella. UPF

Asistencia gratuita. No es precisa inscripción previa.

Acceso al programa (aquí)


Nos vemos!!!!



martes, 8 de enero de 2019

JUBILACIÓN EN EL 2019. ASPECTOS A TENER EN CUENTA. INFOGRAFÍA.

Una imagen vale más que mil palabras.

Más información en este enlace.

viernes, 4 de enero de 2019

JUBILACIÓN EN EL 2019. ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

NOTA: Aprovecho una entrada que publico cada año sobre las disposiciones transitorias de la Ley 27/2011 -y posteriores reformas- sobre la regulación de la pensión de jubilación, adecuando aquella al año actual y a la redacción del nuevo texto refundido de la LGSS (RDL 8/2015).

Después de haber alcanzado 2.180.000 de visitas en este blog (algo más de 280.000 visitas durante el año 2018) -nunca pensé que podría a llegar a tener un "tráfico" tan alto- y habiendo superado los 12.000 comentarios publicados, de los que la mitad son preguntas efectuadas por los lectores, reedito una entrada que es ya clásica en mi página, los aspectos prácticos que se han de tener en cuenta en cada nuevo ejercicio. Realmente este año debía finalizar el tránsito desde la antigua regulación de las pensiones de jubilación hasta el nuevo sistema establecido por la Ley 27/2011 y el Real Decreto Ley 5/2013, pero finalmente el RDL 28/2018 permitirá la coexistencia de ambas normas en determinados casos hasta el 1/1/2020. Sin embargo, en la mayoría de supuestos ya será de aplicación la nueva normativa, por lo que realizamos una breve pincelada de aquellas cuestiones que entendemos básicas en referencia a las pensiones de jubilación que se causen en este ejercicio 2019. Veamos cuales....

lunes, 31 de diciembre de 2018

PRORROGADA, PARA CIERTOS SUPUESTOS, LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE JUBILACIÓN ANTERIOR A LA LEY 27/2011

Pues sí, cuando ya esperábamos que entrase en vigor la reforma sobre la pensión de jubilación que se aprobó por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, y permite, modificando la D.T. 4, apartado 5 de la LGSS 2015, que al menos durante 2019 sigan coexistiendo antigua y nueva ley. Cómo es algo complejo, lo explicamos, paso a paso.


1. ¿QUÉ ESTABLECÍA LA LEY 27/2011?.
Aquella norma suponía un cambio radical respecto a las condiciones y requisitos de acceso a la jubilación anticipada, tanto ordinaria, como en sus modalidades anticipadas, endureciendo el acceso -baste como ejemplo el incremento de la edad ordinaria de jubilación hasta 67 años- o estableciendo mecanismos de reducción del importe final de la pensión -por ejemplo incrementando a 25 años el cálculo de la base reguladora o exigiendo 37 años para alcanzar el 100% de la pensión-.

Publicada el 1/8/2011, se estableció un periodo transitorio para que entrase en vigor la nueva norma, señalando para ella el 1/1/2013, y diversos periodos transitorios para que se aplicase la norma en toda su extensión hasta el 2027. Así, por ejemplo, el 1/1/2013 no se establecía directamente la nueva edad de jubilación ordinaria en 67 años, sino que se incrementa progresivamente año a año.

Pero claro, a pesar de la aplicación progresiva de la norma, y teniendo en cuenta su dureza y rebaja de derechos, se estableció la coexistencia de ambas regulaciones sobre jubilación -antigua y nueva ley, siendo la segunda la que regula la Ley 27/2011-. Por tanto era posible que en un mismo espacio temporal se aplicasen dos leyes distintas, en función de diversas circunstancias del beneficiario.

Esa distinción se efectuó en la D.F. 12 de la Ley 27/2011, que establecía, en su apartado segundo:


"Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso y condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de la publicación de la presente Ley.

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley, así como las personas incorporadas antes de la fecha de publicación de esta Ley a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013".


O sea, a pesar de la nueva normativa, se permitió a tres colectivos específicos, sin límite temporal, que pudiesen jubilarse de acuerdo a la normativa anterior. Esos colectivos específicos eran:

a) Trabajadores que extinguieron su relación laboral antes de 2/8/2011.

b) Trabajadores despedidos, independientemente de cual sea la fecha, siempre y cuando el ERE, concurso o acuerdo colectivo fuese aprobado antes de 2/8/2011

c) Jubilados parciales, en ciertas condiciones.

Dejo fuera de nuestra reflexión los supuestos de jubilación parcial para centrarme en los supuestos a) y b). Lo que pretendía el legislador con esta, llamada por muchos "claúsula de salvaguarda" no perjudicar a determinados trabajadores. Veamos dos ejemplos:

- Un trabajador despedido el 1/4/2011, que en sentencia judicial se declarase la improcedencia del despido, optando el empresario por la indemnización,no podría jubilarse anticipadamente con la nueva ley con 61 años, ya que, si bien la antigua ley exigía que la extinción fuese "por causa no imputable al trabajador", ahora requiere que se trate de un despido por causas objetivas.

- Un trabajador, afectado por un ERE aprobado el 1/5/2011, y despedido en fecha 01/01/2015, y que solo contase con 30 años de cotización efectiva, tampoco podría jubilarse anticipadamente con 61 años, ya que con la nueva norma debería acreditar 33 años de cotización efectiva.

Por estos ejemplos, y muchísimos más que podríamos señalar, el legislador estableció aquella transitoriedad de la norma.


2. EL RDL 5/2013. MODIFICACIÓN DE LA TRANSITORIEDAD. 
Pero llegó el fatídico 1/1/2013, y días antes el Gobierno -ahora ya del sr. Rajoy- decidió suspender la entrada en vigor de la Ley 27/2011, que reformó a su vez con el RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo -para endurecer aún más la reforma de las pensiones- y, a los efectos que aquí importan, para "demorar" la entrada en vigor de la Ley 27/2011, rectificando aquella DF 12, apartado segundo, que ahora venía a establecer:


«2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.»


Tres son las cuestiones que se introducen cómo novedad respecto a la inicial redacción de la DF 12.  saber:

1.La fecha que señala la aplicación de la legislación antigua a los colectivos indicados pasa a ser la de 1/04/2013, por lo que la extinción de la relación laboral o la aprobación del ERE o concurso deben ser anteriores (antes fue el 2/8/2011).

2. Antes no existía fecha límite en la aplicación de esta "claúsula de salvaguarda", que sin embargo ahora se fija el 1/1/2019. Las jubilaciones a partir de esa fecha ya se verán afectadas por la nueva ley.

3. Los afectados por acuerdos colectivos en los supuestos de los apartados b) y c) deben estar registrados en el INSS.


3. EL TRLGSS 8/2015. LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.
Realizó el ejecutivo un nuevo texto refundido de la LGSS del año 1994 e incluyó en el nuevo RDL 8/2015 todas la normas posteriores a aquel año, y entre ellas la Ley 27/2011, integrando, a los efectos que aquí nos interesa, el apartado segundo de la DF 12, en la nueva DT 4, apartado quinto, con idéntico redactado a aquella, por lo que no reproduzco su contenido.


4.  ¿QUÉ HA DETERMINADO EL LEGISLADOR EN EL R.D.L. 28/2018?.
Simple y llanamente, ha eliminado la limitación temporal hasta 1/01/2019, quedando ahora redactada la DT 4, apartado 5. de la siguiente forma:


«5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2020, en los siguientes supuestos:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2020.

Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.

c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.»

Por tanto, las novedades son tres:

1. A los trabajadores que se encuentren en los supuestos previstos en los apartados a) ó b) también se les aplicará durante todo el 2019, si se jubilan, lo dispuesto en la normativa anterior a la ley 27/2011.

2. Muy importante: establece un nuevo derecho de opción para aquellos dos colectivos, que durante el año 2019 podrán OPTAR en caso de jubilación porque se les aplique la normativa de jubilación que consideren oportuna.

3. Definitivamente desaparece la jubilación parcial de acuerdo a la normativa anterior a la Ley 27/2011.


5. A MODO DE CONCLUSIÓN.
Está claro que no es un más que un "parche", ya que en 2020 nos volveremos a encontrar con el mismo problema, pero de momento permite durante todo el año 2019:

1. Que trabajadores que fueron despedidos o que extinguieron su relación laboral antes de 1/4/2013, aunque no fuese por causas objetivas de re-estructuración empresarial, y que no han vuelto al mercado laboral, podrán jubilarse, mediante cualquier modalidad, de acuerdo a la antigua ley, si es que de acuerdo a la nueva no pueden jubilarse.

2. Que trabajadores que fueron despedidos, aunque sea con posterioridad a 1/4/2013, pero de acuerdo a ERES -o despidos colectivos-, procedimientos concursales o acuerdos de empresa, anteriores a aquella fecha, también podrán jubilarse de acuerdo a la antigua ley.

3. Que trabajadores, de los supuestos 1 y 2, que también pudiesen causar el derecho a jubilación de acuerdo a la nueva ley, podrán optar porque se les aplique la normativa que consideren oportuna.

En resumidas cuentas, durante 2019 siguen coexistiendo antigua y nueva ley -solo en los supuestos que hemos señalado- y también, solo en esos casos, existe un verdadero derecho de opción. Veremos como se plasma en la práctica.

Otras reformas del RDL 28/2018 -Rev. Seg. Social-.


jueves, 20 de diciembre de 2018

NUEVAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE JUBILACIÓN PARCIAL Y ANTICIPADA POR RAZÓN DE LA ACTIVIDAD

Ya próxima la finalización del ejercicio 2018, y a punto de entrar en vigor la reforma de la pensión de jubilación operada por la Ley 27/2011 y posteriores normas (entre otros RDL 5/2013) -de nefastas consecuencias-, el legislador ha dictado al menos dos Reales Decretos Leyes que mitigarán, aunque solo en parte y para dos colectivos muy concretos, el rigor de la nueva normativa. Son los siguientes:


Se añade un nuevo apartado 6 a la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con la siguiente redacción:

«6. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.

b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial acredite un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.

c) Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su plantilla.

d) Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por ciento, o del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

f) Que se acredite un período de cotización de treinta y tres años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años.»

Algunas notas sobre esta nueva disposición:

- Se está permitiendo más allá del 2019 la aplicación de la normativa "antigua" pero solo en un sector muy concreto -empresas clasificadas como industria manufacturera- y no a todos los trabajadores de dicha industria, sino solo a los que " realice(n) directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención".

- Se sigue solicitando una antigüedad mínima en la empresa de 6 años.

- Al menos el 70% de la plantilla debe ser indefinida.

- Los porcentajes no tienen nada que ver ni con los de la antigua ley ni con los de la actual: 25 por ciento y un máximo del 67 por ciento, y del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.

- Debe existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento. Igual que en la normativa que se aplica con carácter general, por lo tanto nueva redundancia.

- Y, debe acreditar el jubilado una cotización mínima de 33 años, que será de 25 si tiene discpacidad igual o superior al 25%. Igual que el régimen "norma" de jubilación parcial.

En fin, está claro, y así se deduce de la exposición de motivos, que el RDL está dirigido a los trabajadores del sector de la automoción, como explican, de forma más extensa,crítica y completa, mi compañero Àlex Tisminetzsky (AQUÍ) o el profesor Eduardo Rojo (AQUÍ).



La segunda norma hace referencia al "....reconocimiento de coeficiente reductor de la edad de jubilación al colectivo al que se refiere este real decreto toda vez que, realizados los pertinentes estudios, se desprende que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en ese cuerpo de seguridad, así como el desarrollo de la actividad inherente a ese cuerpo, no pueden realizarse o resultan más gravosos a partir de una determinada edad, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, para la reducción de la edad de acceso a la jubilación". Es decir, a los funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.

Notas:

- Se reduce la edad ordinaria de jubilación que resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente reductor del 0,20. O sea, para anticipar 5 años la edad de jubilación es preciso el ejercicio como policía local al menos durante 25 años.

- La reducción de edad no podrá ser superior a 5 años o 6 años si se acreditan 37 años de cotización (establece no obstante un periodo transitorio).

- La aplicación del coeficiente, salvo algunas excepciones, exige que el tiempo de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía local.

- El periodo de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.

- La aplicación de este beneficio supone un incremento en la cotización que se ha de efectuar por los mismos.

- El beneficiario debe comunicar a la Administración Local antes del 31/01 de cada ejercicio su intención de acogerse al beneficio.

En fin, estas son las dos novedades, esperaremos a ver si se produce alguna más hasta final de año.

Fuente: El Periódico

martes, 27 de noviembre de 2018

SUBSIDIO DE DESEMPLEO. EL T.S. SE PRONUNCIA SOBRE LA NO CONSIDERACIÓN COMO RENDIMIENTOS DE LOS INGRESOS DE LA PAREJA DE HECHO

Interesante sentencia del TS, de la que es ponente Mª Luisa Segoviano, que se ha pronunciado (acceso a la sentencia), en un supuesto de denegación del subsidio de desempleo por cargas familiares sobre cómo han de considerarse los rendimientos obtenidos por la pareja de hecho del beneficiario del subsidio, entendiendo que no computan a efectos del cumplimiento del requisito de rentas.


La sentencia en cuestión analiza el antiguo artículo 215.2 de la LGSS, actual artículo 275.3 LGSS 2015, que establece: "A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias".

Pues bien, en el supuesto de hecho, entiende que no deben computarse los rendimientos del trabajo de la pareja de hecho por varios motivos:

1. La interpretación literal del precepto. El tenor literal del precepto, con una claridad meridiana enumera de forma exhaustiva aquellas personas cuyo parentesco con el beneficiario supone que constituyen responsabilidades familiares. Y entre ellos está el cónyuge, pero no la pareja de hecho.

2. La interpretación teleológica de la norma. La protección se otorga al desempleado, no a la familia, que se tiene en cuenta a efectos de determinar la situación económica del solicitante de la prestación.

3. El examen de los antecedentes históricos y legislativos muestra que la redacción del precepto ha permanecido invariable desde el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, a pesar de las numerosas modificaciones que se han introducido en el mismo.

4. La propia doctrina del TS. Así, la STS, Sala Cuarta de 24 de febrero de 2000, recurso 2117/1999 ha reconocido el derecho a percibir prestación de desempleo a una trabajadora que era pareja de hecho del empresario, entendiendo que tal situación no es equiparable por analogía, a la de cónyuge.

En fin, en el actual contexto de necesidad de muchos beneficiarios de desempleo asistencial, y teniendo en cuenta que, cómo ocurre en el acceso a la pensión de viuedad, pareja de hecho y matrimonio no tienen un equiparación absoluta -en perjuicio de las primeras- parece lógica y razonable la decisión del alto tribunal. 

SPEE: Subsidio por cargas familiares




jueves, 15 de noviembre de 2018

PREMIO EN MEMORIA DE FRANCESC GALLISSÀ


Aún hace muy poco que nos despedimos de Francesc, pero es evidente que nunca le olvidaremos. De alguna forma, queremos rendirle homenaje, y desde la ACASS, aprovechando que hemos organizado una jornada en defensa del sistema público de pensiones, y en el seno de la misma, convocamos el "Premi en memòria de FRANCESC GALLISSÀ ROIGÉ", para contribuir al hecho que, junto a los debates, haya un cuerpo científico que permita profundizar en la materia. Los temas que han de abordar las comunicaciones han de ser de Seguridad Social y, preferentemente en los ámbitos de protección asistencial -pobreza, renta garantida-, género, pensiones mínimas, jubilación, discapacidad, etc...La dotación del premio es de 500 euros.


Las comunicaciones deben tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 20 páginas en format digital. El plazo para presentarlas vence el 10 de enero de 2019, por mail: associacioacass@gmail.com.


RECARGO DE PRESTACIONES: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y CASO FORTUITO.

Una reciente sentencia del TS, de la que ha sido ponente Vicente Sempere Navarro, ha venido ha señalar que la doctrina de casación permite que sean responsables en supuestos de contratas y subcontratas, en cuanto al recargo prestaciones del art. 164 LGSS, la empresa principal junto a la auxiliar, incluso aunque no se trate de contrata de la "propia actividad", reiterando doctrina, por cierto. (acceso a la sentencia del TS y el comentario a la sentencia efectuada por Ignasi Beltrán).


Pues bien, aunque parece una buena noticia, la realidad es que no siempre es fácil conseguir la extensión de la responsabilidad a otras empresas, y lo veremos claro mediante el caso que ahora expongo, en la que se declaró en sede de suplicación, no ya solo la solidaridad en el recargo, sino la propia existencia del mismo, ya que tanto ITSS como el juzgado de lo social habían considerado que nos encontrábamos ante un caso fortuito. Lo explico -reproduciendo en parte el recurso de suplicación formalizado-:

miércoles, 14 de noviembre de 2018

LAS PENSIONES PÚBLICAS A DEBATE EN NOU BARRIS

Ayer, en el Ateneu la Bobila, en Nou Barris, organizó Marea Pensionista una charla informativa sobre las pensiones públicas. Aquí os dejo el guión de mi intervención (acceso al documento).