A VUELTAS CON EL CARÁCTER MIXTO DEL RECARGO DE PRESTACIONES: EL TRANSCURSO DE 135 DÍAS NO COMPORTA LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE (STS PLENO 4468/2026)

Índice de contenidos

• Introducción y datos de la Sentencia
• 1. Breve referencia al supuesto de hecho
• 2. Breve iter judicial
• 3. Motivo del recurso
• 4. Contradicción con la sentencia referencial
• 5. Análisis de los Fundamentos Jurídicos
  • 5.1. Precedentes jurisprudenciales -FD 3º-
  • 5.2. Normativa vigente -FD 4º-
  • 5.3. Finalidad de la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores -FD 5º-
  • 5.4. Naturaleza del recargo de prestaciones -FD 6º-
  • 5.5. Posición de la Sala -FD 7º-
• 6. Mi reflexión crítica sobre el Voto Particular
• Artículo 14 (Orden de 18 de enero de 1996)

La sentencia del Tribunal Supremo resuelve sobre un recurso de casación interpuesto por EDS Ingeniería y Montajes SA, tras un accidente laboral que afectó a un trabajador subcontratado. La resolución analiza la falta de coordinación en prevención de riesgos laborales entre las empresas concurrentes y confirma la aplicación de un recargo en las prestaciones de la Seguridad Social. Pero la importancia de la sentencia radica en que aborda, nuevamente y en Pleno, la compleja naturaleza jurídica mixta del recargo, situada entre la indemnización y la sanción administrativa. Por último, incluye un voto particular formulado por dos magistrados que discrepaban de la decisión mayoritaria por motivos procesales -falta de contradicción- y de fondo relativos a las garantías sancionadoras aplicables -defienden el carácter sancionador y que es de aplicación la institución de la caducidad-.

ROJ: STS 4468/2026 - ECLI: ES:TS:2026:4468
Enlace a la resolución

Tipo órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Municipio: Madrid
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
Nº Recurso: 4863/2024
Fecha: 03/11/2026
Tipo Resolución: Sentencia

Resumen: EDS INGENIERÍA Y MONTAJES SA. Recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad. Se reitera su naturaleza mixta, que cumple las funciones indemnizatoria y sancionadora. La superación del plazo de 135 días del art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996 no determina la caducidad del expediente administrativo, sino que se considera resuelto por silencio administrativo negativo. Voto particular.

La sentencia es extensa, aunque no es novedosa en cuanto al resultado, ya que ha reiterado la anterior jurisprudencia de la Sala, pero entiendo es importante ya que recoge, especialmente en su fundamento tercero -fundamentos jurisprudenciales- y sexto -naturaleza del recargo de prestaciones-, los diferentes posicionamientos del TS sobre diversas cuestiones conexas con esta siempre discutida y compleja figura. Vamos con ello.

1. Breve referencia al supuesto de hecho

El litigio trae causa del accidente de trabajo sufrido el 22 de mayo de 2019 por D. Baldomero en Bakio, quien prestaba servicios como operador de grupo electrógeno para la empresa Morillo Energy Rent, S.A.U., mercantil subcontratada por Iberdrola. En el mismo centro de trabajo concurrían operarios de EDS Ingeniería y Montajes, S.A. (asimismo contrata de Iberdrola), encargados de sustituir tres cables paralelos en una torreta eléctrica de 9 a 11 metros de altura.

Para la maniobra de izado y descenso de cables de unos 67 kg y 25 metros de longitud, los trabajadores de EDS utilizaron una polea sujeta a la torreta. Aunque al inicio de la jornada varios empleados de EDS colaboraron a pie de poste, posteriormente abandonaron el lugar, quedando en altura únicamente dos operarios de EDS. Al concluir los trabajos en altura y comenzar a descender el tendido, uno de los operarios de EDS solicitó la ayuda de D. Baldomero para que acudiera a pie de torre a desenredar un cable conductor que se había trenzado con la cuerda de servicio de la polea. Al posicionarse bajo el radio de acción de las labores en altura, uno de los cables desatornillados del transformador se desprendió intempestivamente al ceder la única brida ahorcada que lo sujetaba a la estructura y escaparse de las manos del operario de EDS, precipitándose desde unos 9-10 metros de altura e impactando directamente en la nuca de D. Baldomero. A consecuencia del impacto, el trabajador permaneció en situación de incapacidad temporal durante 80 días.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) extendió acta de infracción el 1 de diciembre de 2020 contra EDS Ingeniería y Montajes, S.A., tipificando falta grave por omisión de las medidas de coordinación y cooperación preventiva (arts. 24.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —LPRL— y Real Decreto 171/2004), proponiendo tanto sanción económica como un recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social derivadas del siniestro.

2. Breve iter judicial

El Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao (Sentencia 320/2023, de 25 de octubre, autos 605/2020 acumulados 325/2022) desestimó la demanda promovida por EDS Ingeniería y Montajes, S.A. frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), D. Baldomero, Morillo Energy Rent, S.A.U. e I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.. El juzgador de instancia rechazó la caducidad del expediente administrativo y confirmó la procedencia del recargo del 30%.

Después, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sentencia 874/2024, de 9 de abril, rec. suplicación 220/2024), desestimó el recurso de suplicación de la empresa empleadora infractora, ratificando íntegramente el pronunciamiento de instancia.

Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Pleno) (Sentencia 852/2026, de 3 de noviembre de 2026, rcud 4863/2024; Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance), al conocer del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de EDS Ingeniería y Montajes, S.A., acuerda su debate y votación por el Pleno de la Sala, desestimando el recurso de la empresa y confirmando la firmeza de la resolución recurrida.

3. Motivo del recurso

La parte recurrente formalizó un único motivo de casación para la unificación de doctrina, denunciando la infracción del artículo 14 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996. Sostuvo que, habiendo superado el expediente administrativo de recargo el plazo máximo de 135 días sin resolución expresa, operaba de forma insoslayable la caducidad del procedimiento administrativo, lo que impedía la posterior imposición y efectividad del recargo del 30%.

En la tramitación de esta casación aún no operaba la obligación de invocar el Interés Casacional Objetivo.

4. Contradicción con la sentencia referencial

Para acreditar el presupuesto del art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), la empresa invocó como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1836/2004, de 3 de marzo (rec. 351/2002) Enlace a sentencia:

• Identidad sustancial. En la referencial, tras un accidente de trabajo en Distribuciones Alco, S.A. y propuesta de la ITSS por falta de medidas de seguridad, el expediente administrativo de recargo excedió igualmente el plazo de duración de 135 días.
• Disparidad de fallos. Mientras que la sentencia recurrida del País Vasco descartó la caducidad sosteniendo la naturaleza mixta del recargo y la operatividad del silencio negativo al amparo del art. 25 de la Ley 39/2015, la sentencia de contraste aplicó el art. 44.2 de la derogada Ley 30/1992, declaró la caducidad del expediente y acordó el archivo de las actuaciones por entender que se ejercitaban potestades de estricta índole sancionadora.
• Apreciación de la contradicción por la Sala. El Tribunal Supremo concluye que concurre la contradicción requerida. Aclara que el hecho de que la empresa recurrente alegara la caducidad por primera vez en el acto del juicio oral no frustra la contradicción, pues el órgano judicial de suplicación entró a examinar el fondo de la caducidad y de la naturaleza del recargo; además, conforme a la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (STS 1718/2023, de 18 de diciembre), la caducidad procedimental puede y debe analizarse de oficio si constan indicios suficientes. Habiéndose aplicado marcos normativos equivalentes (Ley 30/1992 y Ley 39/2015) sobre una controversia idéntica (efectos de superar los 135 días), se impone unificar doctrina.

5. Análisis de los Fundamentos Jurídicos

Hago referencia e identifico los “fundamentos de derecho” específicos de la sentencia para facilitar la identificación de las múltiples sentencias que allí se refieren -aquí no menciono, por ejemplo, la numeración de los recursos-.

5.1. Precedentes jurisprudenciales -FD 3º-

Consolidación jurisprudencial. La Sala recuerda que una reiterada y uniforme línea doctrinal ya había rechazado que rebasar el plazo de 135 días establecido en el art. 14 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 acarrease la caducidad del expediente de recargo (SSTS de 9 de octubre de 2006, 21 de noviembre de 2006, 5 de diciembre de 2006, 12 de febrero de 2007, 6 de junio de 2007, 24 de septiembre de 2007 y 20 de junio de 2008).

Fundamentos tradicionales del rechazo a la caducidad:

• Literalidad reglamentaria. El art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996 no dispone como efecto del transcurso de los 135 días la caducidad, sino la desestimación presunta para abrir la vía jurisdiccional.
• Principio de jerarquía normativa. Una orden ministerial carece de habilitación legal para imponer la caducidad sin respaldo en una norma con rango formal de ley.
• Relación jurídica triangular. El recargo (art. 123 LGSS 1994, actual art. 164 LGSS 2015) conforma un vínculo a tres bandas: la Entidad Gestora, la empresa infractora y el trabajador beneficiario. La inactividad de la Administración jamás puede redundar en perjuicio del trabajador accidentado.
• Distinción sustantiva del procedimiento. El art. 44 de la Ley 30/1992 circunscribía la caducidad a procedimientos de ejercicio de potestades sancionadoras o de gravamen. El recargo carece de naturaleza meramente sancionadora y posee una doble finalidad: disuasoria (garantizar la prevención) y reparadora (aumentar la cuantía prestacional derivada de la deuda contractual de seguridad impuesta por el art. 19 del Estatuto de los Trabajadores). No surge de la potestad sancionadora punitiva que se agota en la multa, sino del incumplimiento contractual de protección.
• Proyección sobre la prescripción. Asimismo, las SSTS de Pleno de 17 de julio y 12 de noviembre de 2013 sentaron que la interrupción del plazo prescriptivo cesa a los 135 días, momento a partir del cual el expediente se tiene por desestimado por silencio administrativo negativo, habilitando al trabajador para acudir a la vía judicial.

5.2. Normativa vigente -FD 4º-

El régimen normativo contemporáneo corrobora dicho esquema:

• Art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996 y RD 286/2003. Mantienen el plazo de 135 días -que no se dice, pero entiendo son hábiles, y no naturales- sin asociar a su agotamiento la caducidad de las actuaciones.
• Art. 25 de la Ley 39/2015 (LPAC). Discierne taxativamente dos categorías de procedimientos incoados de oficio ante la ausencia de resolución expresa:
  • Apartado a): Procedimientos de los que derive reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones favorables, donde rige la desestimación por silencio administrativo.
  • Apartado b): Procedimientos de ejercicio de potestades sancionadoras o de gravamen, donde opera la caducidad.
• Art. 95.3 de la Ley 39/2015. Establece que la caducidad no extingue la acción por sí sola, pero los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción, obligando, en su caso, a reiniciar ex novo la tramitación con reproducción de alegaciones y audiencia.

5.3. Finalidad de la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores -FD 5º-

La caducidad en el ámbito sancionador tiene por cometido impedir dilaciones indebidas imputables a la Administración, liberando al administrado de una situación de gravamen perpetuo. Dicha extinción es de orden estrictamente formal y atañe al procedimiento incoado, sin extinguir de forma automática la infracción sustantiva, que persiste hasta que concurra su prescripción material.

5.4. Naturaleza del recargo de prestaciones -FD 6º-

(Aquí, porque creo que es el apartado de la sentencia más interesante para profundizar en el estudio de esta figura, reproduzco la estructura, numeración y letras del Fundamento Jurídico Sexto)

5.4.1. Para determinar si los expedientes administrativos de recargo prestacional iniciados de oficio que superan el plazo máximo tienen como consecuencia la denegación por silencio administrativo o la caducidad del expediente tenemos que dilucidar si se trata de un procedimiento de reconocimiento de derechos [art. 25.a) de la LPAC de 2015] o bien si se han ejercitado potestades administrativas sancionadoras o de intervención que puedan producir efectos desfavorables [art. 25.b) de la LPAC de 2015].

5.4.2. Reiterada doctrina jurisprudencial ha sostenido que el recargo prestacional cumple dos finalidades distintas, indemnizatoria y sancionadora:

A) Indemnizatoria

• a) Aumenta la cuantía de la prestación económica de la Seguridad Social. El recargo materializa un derecho patrimonial directo del trabajador lesionado, incrementando la prestación económica que le corresponde más allá del nivel ordinario como compensación por el quebranto de la deuda de seguridad empresarial (STS 114/2024). La Entidad Gestora actúa cobrando del empleador en beneficio del asalariado, a diferencia de la multa administrativa ordinaria que ingresa en las arcas públicas sin enriquecer al trabajador. De ahí que en el art. 25 LPAC opere la denegación presunta para abrir la tutela jurisdiccional, mientras que en la sanción pura opera la caducidad porque no existe un tercero beneficiario perjudicado por el retraso de la Administración.
• b) No se aplica el principio de tipicidad. En la sanción administrativa se exige tipicidad rigurosa; en cambio, en el recargo basta constatar cualquier incumplimiento empresarial culpable o negligente de la deuda general de seguridad con nexo causal lesivo, sin requerir una subsunción estricta en las infracciones tipificadas de la LISOS (SSTS 14 de septiembre de 2016, 443/2018 y 863/2019).
• c) Efecto positivo de cosa juzgada respecto de la responsabilidad civil. Lo resuelto con firmeza sobre el recargo despliega eficacia vinculante prejudicial sobre los procesos ulteriores de reclamación de daños y perjuicios, pues el nexo causal entre la omisión preventiva y el resultado lesivo se valora bajo los mismos parámetros en ambas sedes (STS Pleno 48/2025).
• d) Prescripción: Se disciplina por el régimen propio de las prestaciones de Seguridad Social (art. 53 LGSS) y no por el específico de la LISOS:
  • d.1) Plazo: Plazo prescriptivo de cinco años (art. 53.1 LGSS), cuyo cómputo se inicia únicamente a partir de la resolución administrativa o judicial firme que declare el origen profesional de la contingencia (STS Pleno 18 de diciembre de 2015), frente a las infracciones de la LISOS que prescriben desde la fecha de comisión de la infracción.
  • d.2) Interrupción: La reclamación judicial de responsabilidad civil interrumpe la prescripción para pedir el recargo. A su vez, la solicitud de recargo instada por el trabajador interrumpe la prescripción de la ulterior acción de daños, STS de 14 de julio de 2015, con la salvedad hecha del procedimiento incoado estrictamente de oficio (STS 982/2023). Es decir: Cuando la imposición del recargo se efectúa de oficio, el proceso en el que la empresa lo impugna no interrumpe el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo. Por el contrario, cuando es el propio trabajador el que solicita el recargo y combate su eventual denegación, sí que interrumpe el plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios.
• e) Compatibilidad del recargo prestacional con la sanción administrativa. El art. 42.3 LPRL consagra la compatibilidad entre la sanción pecuniaria y el recargo, acreditando que este rebasa la esfera puramente punitiva.

B) Sancionadora

• a) Porcentaje del recargo. El porcentaje (30% al 50%) se modula con arreglo exclusivo a «la gravedad de la falta» y no en función de la magnitud del quebranto físico o patrimonial sufrido por el operario (art. 164.1 LGSS; STS Pleno 114/2024, STS 1319/2024 y STS 2 de octubre de 2000).
• b) Imposición de oficio. La Entidad Gestora ostenta facultades para incoarlo e imponerlo de oficio, atribución desconocida en el ámbito de la responsabilidad civil ordinaria (STS 114/2024).
• c) Compatibilidad del recargo con la indemnización. Es plenamente acumulable a la indemnización reparatoria civil de daños y perjuicios, sin que quepa descontar lo abonado por recargo del montante indemnizatorio global (STS 2 de octubre de 2007).
• d) El recargo no es asegurable. El art. 164.2 LGSS y el art. 15.5 LPRL prohíben taxativamente asegurar la responsabilidad dimanante del recargo, pesando de modo intransferible sobre el patrimonio del empleador.
• e) Efecto positivo de cosa juzgada respecto de la sanción administrativa. La resolución firme sobre el recargo genera efecto de cosa juzgada sobre la impugnación de la sanción administrativa cuando guardan identidad fáctica, denotando la íntima conexión punitiva resaltada por la STC 143/2000 y la STS 881/2024.
• f) Criterios de graduación de la LISOS. Para graduar la cuantía del recargo se acude a los baremos de graduación previstos en el art. 39.3 de la LISOS (STS 1319/2024).

5.4.3. Doble compatibilidad que ratifica su carácter sui generis:

• A) Con la sanción administrativa. No vulnera el principio non bis in idem porque no se reduce a una pura sanción represiva pública.
• B) Con la indemnización de daños y perjuicios. Es compatible sin incurrir en enriquecimiento injusto o doble indemnización, pues trasciende el baremo de reparación del daño.

5.4.4. Criterio convergente de la Sala Tercera. La STS (Contencioso-Administrativo) 943/2026, de 20 de julio (rec. 4270/2024), sintetiza que el recargo aúna un cariz punitivo (obligación intransferible e inasegurable) y un mecanismo de tutela reforzada a favor del trabajador.

5.5. Posición de la Sala -FD 7º-

La Sala de lo Social unifica doctrina asentando las siguientes conclusiones determinantes:

• Calificación en el art. 25.a) LPAC. Dada su ontología híbrida y la primacía de su componente tutelar-prestacional, el procedimiento de recargo encaja en la previsión del art. 25.a) de la Ley 39/2015 (reconocimiento o constitución de derechos individualizados). La inactividad de la Entidad Gestora genera silencio administrativo desestimatorio, jamás la caducidad del expediente.
• Inmunidad del trabajador frente a la desidia o inactuación administrativa. Si en el procedimiento sancionador estricto (LISOS) la caducidad opera sin perjudicar a terceros (solo decae la potestad punitiva estatal), en el recargo la demora del organismo gestor no puede lesionar los legítimos derechos económicos de la víctima.

Y especialmente interesante es esta reflexión de la Sala, advirtiendo de los peligros y distorsiones que generaría la caducidad:

• Si hubiera transcurrido el plazo prescriptivo de cinco años, la caducidad extinguiría irreversiblemente el aumento de pensión del trabajador, obligándole a acudir a la compleja vía de la responsabilidad patrimonial del Estado.
• Aunque no hubiese prescrito, declarar caducadas las actuaciones forzaría un absurdo «peregrinaje administrativo», obligando a reiniciar íntegramente la instrucción para arribar al mismo punto tras dilaciones injustificables.
• Primacía de la tutela judicial efectiva. Entender desestimada la solicitud por silencio negativo faculta al demandante o la persona trabajadora para acudir directamente a los órganos judiciales del orden social, garantizando que el órgano jurisdiccional depure de inmediato el fondo del litigio: determinar la existencia de infracción de la deuda de seguridad y el consiguiente reconocimiento del recargo.

6. Mi reflexión crítica sobre el Voto Particular

Es evidente que estoy completamente a favor de las conclusiones de la sentencia y de la doctrina fijada. Pero quiero referirme al voto particular. Orillando deliberadamente la objeción procesal formulada por los magistrados disidentes —quienes sostuvieron con marcado rigor formalista la ausencia de contradicción argumentando que el litigio recurrido nació a instancia de parte y el referencial de oficio (arts. 24 y 25 LPAC)—, procede examinar críticamente su postura sustantiva respecto a la pretendida naturaleza sancionadora exclusiva del recargo, que ya anticipo, no comparto en absoluto.

El voto particular de los Excmos. Sres. Sempere Navarro y Blasco Pellicer aboga por extender al recargo las garantías del derecho administrativo sancionador y el ius puniendi estatal, invocando los arts. 9 y 25 de la Constitución y tachando de artificiosa su catalogación como figura sui generis. Sin embargo, esta tesis, formulada bajo un purismo dogmático abstracto, conlleva repercusiones prácticas inadmisibles en el ámbito de la protección social de las personas trabajadoras cuando sufren un accidente -o una enfermedad profesional-. A saber:

• Desnaturalización de la deuda de seguridad. Considerar el recargo como una mera «sanción administrativa» pasa por alto que la obligación de indemnizar agravada brota de la transgresión contractual del deber de protección de los arts. 19 ET y 14 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en definitiva establecen que las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El recargo es, ante todo, un crédito a favor de la persona accidentada de carácter resarcitorio fijado en su favor o de sus causahabientes, quienes padecen directamente la merma física y moral devenida de la negligencia patronal. Indemnización, al fin y al cabo.
• Transferencia del “castigo” a la víctima. En el expediente sancionador típico de la LISOS, decretar la caducidad por desidia o inactividad del instructor administrativo priva a la Administración del cobro de una multa, pero no arrebata al trabajador ningún derecho patrimonial. Por el contrario, consagrar la caducidad en el recargo supone convertir una medida procesal diseñada para disciplinar la lentitud burocrática en un castigo desmesurado contra el trabajador lesionado, que ve extinguido o demorado sine die el complemento de su pensión -de sus prestaciones, mejor dicho- por causas absolutamente ajenas a su conducta.
• El calvario de la reiteración administrativa. Como acertadamente constató la mayoría del Pleno, asumir el criterio del voto particular provocaría que, si no ha prescrito la acción -recordemos que es de 5 años-, pero el mero transcurso de 135 días sin actividad del INSS, la víctima deba soportar la tramitación de un segundo – e incluso un tercero, o un cuarto si se mantiene la administración en su inactividad- expediente administrativo idéntico al ya sustanciado. No me parece justo, y menos si se trata de accidentes muy graves, en que quizás, como consecuencia de graves secuelas, el beneficiario no tan siquiera esté en condiciones físicas no psíquicas para ejercer sus derechos, y menos aún para instar la vía administrativa del recargo de prestaciones.

No tengo duda alguna que el voto particular solo pienso en clave de protección de las empresas infractoras, desatendiendo completamente el derecho de la víctima a ser resarcido, lo que, sin modificar el carácter mixto del recargo de prestaciones, no puede tener favorable acogida en nuestro ordenamiento. Afortunadamente.

En fin, celebro la posición mayoritaria de la Sala en Pleno, que garantiza que la lentitud del organismo gestor no sirva de excusa a la empresa incumplidora con sus obligaciones en materia preventiva para desentenderse de las consecuencias patrimoniales del daño corporal provocado. Quien la hace, la paga, no vale excusarse en caducidades que además fueron configuradas precisamente para garantizar el derecho de las personas trabajadoras.

Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 14. Plazo para resolver.

1. El plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en esta Orden será de ciento treinta y cinco días, que se computarán a partir de la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente en los demás casos.

2. También podrá acordarse una ampliación del plazo establecido, de conformidad con el artículo 42.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando por el número de solicitudes formuladas o por otras circunstancias que expresamente se determinen en el acuerdo de ampliación no se pueda cumplir razonablemente el plazo previsto en el apartado anterior.

3. Cuando la resolución no se dicte en el plazo señalado en el número 1 de este artículo, la solicitud podrá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, sin perjuicio de la obligación de resolver.

MODELOS INTERACTIVOS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD COMO PAREJA DE HECHO AL AMPARO DE LA NUEVA DT 48ª TRLGSS

Desde mi actual condición de profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UOC no puedo ayudar personalmente a las viudas que ahora pueden recuperar su pensión, pero sí puedo realizar un modelo que sirva tanto a ellas como a las asociaciones como a otros operadores jurídicos. Por eso he preparado un modelo formal de solicitud administrativa inicial, fundamentado jurídicamente, y diseñado específicamente para ejercitar la acción extraordinaria de reconocimiento de la pensión de viudedad al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava (DT 48.ª) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. También he adaptado íntegramente el modelo genérico para el supuesto específico regulado en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, es decir, la rehabilitación de la pensión suspendida.

1. Modelo de solicitud administrativa inicial genérica

📄 Descargar o ver documento original en Google Drive: Modelo solicitud DT 48 petición genérica

NOTA TÉCNICA INTRODUCTORIA PARA EL SOLICITANTE

Antes de cumplimentar el formulario, conviene tener presentes tres claves sustantivas y temporales:

• Ámbito temporal del hecho causante: El fallecimiento del causante debe haberse producido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, es de decir, antes del 22/10/2026.
• Plazo de caducidad perentorio: La solicitud debe formularse imperativamente dentro del plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, es decir, antes del 22/10/2027.
• Efectos económicos: Por expresa disposición legal, no existe retroactividad al hecho causante; los efectos económicos se devengan a partir del día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.

MODELO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DE [INDICAR PROVINCIA]

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del sobreviviente]
DNI / NIE: [Número de documento]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Plaza [.......................................], n.º 8, piso [...], C.P. [........], Localidad [........................], Provincia [........................]
Teléfono de contacto: [........................] | Correo electrónico: [........................]

DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (FALLECIDA):

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del causante]
DNI / NIE: [Número de documento]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Fecha de fallecimiento: [Día / Mes / Año]
Régimen de la Seguridad Social: [Régimen General / RETA / Minería / Mar]

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PRECEDENTE (EN SU CASO):

Número de Expediente anterior: [............................................................]
Resolución administrativa denegatoria de fecha: [Día / Mes / Año]

Comparezco por medio del presente escrito y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar formalmente el RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES, al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en atención a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.– De la relación de pareja de hecho y fallecimiento del causante.
Don/Doña [Nombre del solicitante] y Don/Doña [Nombre del causante] mantuvieron una relación de afectividad análoga a la conyugal, constituyendo una pareja de hecho estable y notoria, sin impedimento legal alguno para contraer matrimonio y libres de cualquier otro vínculo matrimonial o unión formal previa.
Dicha unión se vio truncada por el óbito del/ de la causante en fecha [Día / Mes / Año], habiéndose producido el fallecimiento con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre.

SEGUNDO. – De la denegación previa de la pensión de viudedad.
En su momento, con fecha [Día / Mes / Año], esta parte solicitó ante esta Dirección Provincial del INSS el reconocimiento de la pensión de viudedad. Mediante Resolución de fecha [Día / Mes / Año], dicha prestación fue denegada por motivos estrictamente formales derivados del marco normativo entonces vigente [detallar brevemente: ej. no acreditar dependencia económica en su momento / falta de cumplimiento de las exigencias estrictas de registro previo bajo normativas extinguidas / aplicación de la derogada DA 40.ª].

TERCERO. – Concurrencia de los requisitos exigibles al causante (artículo 219.1 del TRLGSS).
En la fecha de su fallecimiento, el causante cumplía con los requisitos legales previstos en el artículo 219.1 del TRLGSS, al hallarse:
(Elegir la opción que corresponda):
En situación de alta o asimilada a la de alta en la Seguridad Social, con un período de cotización superior a 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al deceso (al derivar de enfermedad común) / sin exigencia de cotización previa (al derivar de accidente o enfermedad profesional).
En situación de no alta, habiendo completado un período de cotización a lo largo de su vida laboral superior a los quince años.
En condición de pensionista de jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social.

CUARTO.– Concurrencia y acreditación de los requisitos de pareja de hecho (artículo 221.2 del TRLGSS).
La persona beneficiaria acredita que, en el momento del fallecimiento del causante, concurrían los presupuestos materiales y formales legalmente exigidos actualmente por el artículo 221.2 del TRLGSS en la redacción efectuada, sucesivamente, por el art. 1.10 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre y el art.1.10 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. A saber:

• Declare el derecho de Don/Doña [Nombre del solicitante] a percibir la pensión contributiva de viudedad derivada del fallecimiento de Don/Doña [Nombre del causante].
• Fije los efectos económicos de dicha pensión a partir del día primero del mes siguiente a la presentación de la presente solicitud.

OTROSÍ DIGO: Que para la debida acreditación de los presupuestos de hecho y de derecho alegados, se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

• Documento n.º 1: Certificado literal de defunción de la persona causante.
• Documento n.º 2: Certificado histórico y colectivo de empadronamiento que acredita la convivencia ininterrumpida e inmediata al fallecimiento en el domicilio común.
• Documento n.º 3: [En su caso] Libro de Familia o certificados literales de nacimiento de los hijos comunes.
• Documento n.º 4: Copia de la resolución administrativa previa de denegación de la pensión de viudedad dictada por el INSS con fecha [Día / Mes / Año].

En [Localidad], a [Día] de [Mes] de [Año].

(Firma de la persona solicitante)
Fdo.: [Nombre y Apellidos]

Recomendaciones prácticas

• Presentación formal: Es recomendable registrar este escrito a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (mediante certificado digital o Cl@ve) utilizando el trámite general de presentación de solicitudes, o bien presencialmente en el Registro de la Dirección Provincial del INSS solicitando el correspondiente justificante de entrada con fecha y sello.
• Efecto de la concurrencia: Si la persona beneficiaria ya percibe una pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva, la suma de ambas prestaciones no podrá superar el tope máximo de pensiones públicas vigente.
• Si la persona percibe pensión propia de jubilación o incapacidad permanente con complemento de mínimos, este podría ser compensado con el importe de la nueva pensión.
• Al no existir plazo específico del ejercicio de esta solicitud, bien por analogía con las solicitudes de viudedad iniciales, bien por el procedimiento administrativo común, el silencio negativo se produce a los 3 meses de la petición.

2. Modelo para la rehabilitación de la pensión suspendida

📄 Descargar o ver documento original en Google Drive: Modelo solicitud DT 48 levantamiento suspensión

CLAVES SUSTANTIVAS Y PROCESALES DE ESTA REHABILITACIÓN

• Destinatarios de la norma: Personas a las que en su día se les reconoció formalmente la pensión de viudedad al amparo de la derogada Disposición adicional cuadragésima (DA 40.ª) del TRLGSS (introducida originariamente por la Ley 22/2021) y que, con posterioridad, vieron suspendido el percibo de dicha pensión de viudedad (o de otra pensión contributiva concurrente) por la aplicación estricta de la regla de incompatibilidad / concurrencia de la letra c) de aquella disposición adicional.
• Objeto de la petición: No se solicita un nuevo reconocimiento originario del derecho a ser pareja de hecho ni de la muerte del causante, sino la rehabilitación (alzamiento de la suspensión y reactivación del pago) de la pensión suspendida, acreditando que se mantienen el resto de los requisitos.
• Plazo perentorio: Solicitud dentro del plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026.
• Efectos económicos: Desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.
• Tope de concurrencia: Se mantiene la aplicación del límite máximo legal de pensiones públicas del artículo 57 del TRLGSS.

MODELO DE SOLICITUD DE REHABILITACIÓN DE PENSIÓN SUSPENDIDA

(Al amparo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, según redacción dada por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre)

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DE [INDICAR PROVINCIA]

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / BENEFICIARIA:

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos de la persona interesada]
DNI / NIE: [Número de documento de identidad]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Plaza [.......................................], n.º [...], piso [...], C.P. [........], Localidad [........................], Provincia [........................]
Teléfono de contacto: [........................] | Correo electrónico: [........................]

DATOS DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA OBJETO DE REHABILITACIÓN:

Prestación suspendida: Pensión de Viudedad de Pareja de Hecho [o indicar si la suspendida fue la otra pensión contributiva: Jubilación / Incapacidad Permanente]
Número de expediente / Registro de prestación: [............................................................]
Resolución inicial de reconocimiento: Dictada por la Dirección Provincial del INSS de [Provincia] en fecha [Día / Mes / Año] al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
Resolución administrativa que acordó la suspensión: Dictada en fecha [Día / Mes / Año].

DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (EN CASO DE REHABILITACIÓN DE VIUDEDAD):

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del causante fallecido]
DNI / NIE: [Número de documento]
Fecha de defunción: [Día / Mes / Año]

Comparezco por medio del presente escrito y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante este escrito vengo a solicitar formalmente la REHABILITACIÓN DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA [indicar si es la de viudedad o la pensión contributiva concurrente], al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción añadida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en atención a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.– Reconocimiento inicial de la pensión de viudedad al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
Mediante Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha [Día / Mes / Año], a esta parte le fue formalmente reconocido el derecho a la pensión contributiva de viudedad como sobreviviente de la pareja de hecho causante, al amparo de lo previsto en la derogada Disposición adicional cuadragésima del TRLGSS.

SEGUNDO.– Suspensión sobrevenida por concurrencia con otra pensión contributiva.
Con posterioridad a dicho reconocimiento, mediante Resolución administrativa de fecha [Día / Mes / Año], esta entidad gestora procedió a decretar la suspensión de la percepción de la pensión [especificar: de la pensión de viudedad / de la pensión de jubilación o incapacidad permanente n.º (...)], como consecuencia directa y exclusiva de la aplicación de la regla de incompatibilidad prevista en la letra c) de la referida Disposición adicional cuadragésima del TRLGSS, al ser titular la compareciente de otra pensión contributiva del sistema.

TERCERO.– Mantenimiento íntegro de los requisitos constitutivos del derecho.
A la fecha de la presente solicitud, la persona beneficiaria mantiene inalterados todos los requisitos legalmente exigidos para la titularidad del derecho:

• No haber contraído matrimonio ni constituido una nueva pareja de hecho formalmente inscrita o documentada en documento público.
• Inexistencia de causa legal alguna determinante de la extinción definitiva del derecho a la prestación.

CUARTO.– Ejercicio de la acción dentro del plazo legal improrrogable.
La presente solicitud se interpone dentro del plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, dando estricto cumplimiento al mandato imperativo fijado en el párrafo segundo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y legitimación. Corresponde el conocimiento de este expediente a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en aplicación del artículo 66 del TRLGSS. La legitimación activa corresponde a la persona solicitante por ostentar la condición de titular reconocida de la prestación que fue objeto de suspensión administrativa.

II. Habilitación legal expresa para la rehabilitación (Apartado 3 de la DT 48.ª del TRLGSS). El artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, ha incorporado al TRLGSS la Disposición transitoria cuadragésima octava, cuyo apartado 3 dispone taxativamente:

«3. Aquellas personas a las que se les hubiera reconocido la pensión de viudedad al amparo de lo previsto en la derogada disposición adicional cuadragésima que hayan visto suspendido el derecho a su percepción o el de otra pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social como consecuencia de la aplicación de la letra c) de la citada disposición adicional, podrán solicitar la rehabilitación de la pensión suspendida siempre que acrediten el mantenimiento del resto de requisitos exigidos. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del límite máximo previsto para el supuesto de concurrencia de pensiones públicas.
La solicitud deberá presentarse en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. La rehabilitación de la pensión suspendida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud.»

Concurriendo de forma plena y justificada los presupuestos de hecho contemplados en la citada norma transitoria (reconocimiento previo ex DA 40.ª, suspensión por la letra c, acreditación del mantenimiento de condiciones y solicitud en plazo), procede de forma el alzamiento de la suspensión y la inmediata rehabilitación de la pensión de viudedad.

III. Límite de concurrencia de pensiones públicas. La rehabilitación solicitada se formula asumiendo expresamente la cláusula de salvaguarda prevista en el propio apartado 3 de la DT 48.ª, sujeta al límite máximo de percepción señalado en el artículo 57 del TRLGSS para supuestos de concurrencia de pensiones públicas contributivas.

IV. Efectos económicos. De acuerdo con el mandato legal expreso, la rehabilitación de la pensión suspendida desplegará efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma junto con la documentación que se acompaña y, en su mérito, tenga por solicitada la REHABILITACIÓN DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA al amparo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (añadida por el RDL 31/2026, de 20 de octubre); y, tras los trámites oportunos, dicte resolución administrativa por la que:

• Acuerde el alzamiento de la suspensión que venía pesando sobre la pensión [Pensión de Viudedad / otra pensión contributiva], rehabilitando plenamente su abono ordinario.
• Fije los efectos económicos de dicha rehabilitación a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de presentación de esta solicitud, procediendo a la regularización y puesta al cobro de las nóminas mensuales que correspondan, con aplicación, en su caso, del límite legal de concurrencia de pensiones.

OTROSÍ DIGO: Que a los efectos de acreditar los presupuestos invocados, se adjuntan los siguientes DOCUMENTOS:

• Documento n.º 1: Copia de la resolución inicial del INSS reconociendo la pensión al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
• Documento n.º 2: Copia de la resolución administrativa que declaró la suspensión de la pensión por aplicación de la letra c) de la referida DA 40.ª.

En [Localidad], a [Día] de [Mes] de [Año].

(Firma de la persona interesada)
Fdo.: [Nombre y Apellidos]

ALGUNAS REFLEXIONES, QUIZÁS EQUIVOCADAS (O NO) PARA NO JURISTAS SOBRE LA HUELGA DEL 11/11

Pequeños apuntes respecto a la huelga general

• La falsa dicotomía de la "huelga política": El RD-ley 17/1977 prohíbe las huelgas estrictamente políticas, pero la jurisprudencia española avala las huelgas generales contra políticas socioeconómicas del Gobierno (huelgas mixtas) por afectar a los intereses profesionales de los trabajadores. En un contexto donde las decisiones legislativas impactan directamente en nuestro día a día, la protesta es plenamente legítima, laboral y necesaria.
• La vivienda y el salario son inseparables jurídicamente: El "interés profesional" hoy no se limita a las paredes de la empresa. Defender el valor real del salario frente al desproporcionado coste de vida y de la vivienda es el núcleo del derecho de huelga actual. De nada sirve lograr incrementos salariales en convenio si estos son devorados inmediatamente por un mercado inmobiliario sin control.
• El recordatorio legal para las empresas - cuidado con el esquirolaje: La sustitución de huelguistas está terminantemente prohibida. Las empresas no pueden tratar de mantener su producción habitual contratando a gente externa, reubicando trabajadores de otros departamentos para cubrir las bajas, ni recurriendo al "esquirolaje tecnológico" (automatizar o usar software extraordinario para suplir al trabajador en huelga).
• El efecto en el bolsillo y los servicios mínimos: Hacer huelga suspende el contrato temporalmente. Es cierto que el trabajador asume un pequeño sacrificio al no cobrar ese día (se descuenta el salario y la prorrata de pagas extra), pero la empresa no le da de baja en la Seguridad Social ni le puede descontar días de vacaciones. Los servicios mínimos, cuando proceden, son el único límite justificado, y siempre bajo estrictos criterios de proporcionalidad.

Marco normativo y jurisprudencia clave

Aspecto Jurídico	Normativa / Sentencia	Resumen y Alcance
Naturaleza del Derecho y Servicios Esenciales	Art. 28.2 CE. STC 11/1981, de 8 de abril.	Consagra la huelga como derecho fundamental. Límite: servicios esenciales.
Legalidad de la Huelga (Política vs. Mixta)	Art. 11.a) del RDL 17/1977. STC 11/1981 y STS de 15 de enero de 2020.	Avala huelgas socioeconómicas o mixtas en defensa de los salarios.
Efectos Económicos y Contractuales	Art. 6.1, 6.2 y 6.3 del RDL 17/1977. STS de 18 de marzo de 1996.	Se suspende temporalmente el contrato (se descuenta día y prorrata), pero no se extingue. Cero sanciones o despidos.
Prohibición de Esquirolaje y Represalias	Art. 6.5 del RDL 17/1977. STC 11/1981 y STC 33/2011.	La empresa no puede usar sustitutos, reubicar o usar medios tecnológicos excepcionales.

Algunas preguntas y respuestas más relevantes

Pregunta 1: ¿Es una huelga política ilegal por la cercanía de las elecciones del 29N?

Un rotundo 'no'. La STC 11/1981 avala las huelgas mixtas o socioeconómicas. Exigir medidas frente a la inflación o vivienda es una reivindicación laboral, haciendo que el calendario electoral sea irrelevante en términos legales.

Pregunta 2: ¿Qué culpa tiene el empresario del problema de los alquileres?

El 'interés profesional' no termina en la fábrica ni en la oficina. El mercado inmobiliario absorbe y neutraliza las subidas de convenio. El Tribunal Constitucional protege el derecho a presionar a los poderes públicos para modificar el entorno económico que afecta a los trabajadores.

Pregunta 3: Los límites de la empresa y el 'esquirolaje'.

La libertad de empresa es importante, pero no tiene el nivel de protección de un derecho fundamental como la huelga. Se prohíbe el esquirolaje tanto externo como interno, incluyendo el tecnológico (según estipula la STC 33/2011).

Pregunta 4: ¿Dónde termina el 'piquete informativo' y empieza el delito?

El art. 6.6 del RDL 1977 protege expresamente al piquete para informar pacíficamente y publicitar la huelga. Impedir físicamente entrar a trabajar o ejercer violencia o coacción es lo que traspasa la línea al delito penal. El piquete informa y convence, no obliga.

Pregunta 5: ¿Puede el empresario imponer teletrabajo para esquivar la huelga?

No. Imponer teletrabajo ese día de forma excepcional para sortear los efectos del paro es una vulneración del derecho de huelga. Para quien ya teletrabaje por su calendario habitual y decida secundar la huelga, el proceso es simple: apaga el equipo, no ficha y se le descuenta el día con normalidad.

Pregunta 6: ¿Es legal pasar una circular preguntando quién hará huelga?

El trabajador no tiene ninguna obligación legal de avisar con antelación a su empresa de si va a hacer huelga o no. Si la empresa envía un cuestionario previo, puede interpretarse como una elaboración de 'listas negras' o un mecanismo de presión inaceptable (lo cual vulnera la Libertad Sindical).

Reflexiones finales

Los días de huelga siempre generan cierta inquietud, ya que suponen un constante ejercicio de equilibrismo jurídico entre el derecho a la huelga, el derecho al trabajo de quienes deciden no secundarla y la libertad de empresa. Sin embargo, no debemos olvidar que la huelga es un mecanismo plenamente democrático y legítimo para reequilibrar la balanza frente a problemas socioeconómicos que asfixian a la clase trabajadora, como es la crisis de la vivienda.

El éxito y la legalidad de la jornada exigen una responsabilidad compartida y mutua: requiere un alto grado de civismo y firmeza sin coacciones por parte de los huelguistas, y una estricta asunción del impacto económico sin recurrir a sustituciones ilegales por parte de las empresas. Pero, sin duda, el derecho de huelga nos empodera, a los que aún nos consideramos clasentrabajadora, para reclamar nuestros derechos.

Posición personal: Porque el derecho a una vida digna y a una vivienda accesible no se negocia,
Yo sí haré huelga este 11 de noviembre.

DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL CUME CON EL RD 957/2026. REGULACIÓN Y ESQUEMA

Nota: El contenido de esta entrada toma como referencia íntegra el RD 957/2026.

Índice de contenidos

• 1. Introducción
• 2. Qué modifican las normas legales y el nuevo RD respecto a la regulación anterior
  • 2.1. Prórroga extraordinaria más allá de los 26 años
  • 2.2. Corresponsabilidad y disfrute simultáneo por ambos progenitores
  • 2.3. Compatibilidad con la escolarización del menor
  • 2.4. Situaciones de crisis familiar, custodia compartida y violencia de género
  • 2.5. Eliminación de trabas en contratos a tiempo parcial
• 3. El nuevo desarrollo reglamentario
  • 3.1. CAPÍTULO I. Disposiciones generales
  • 3.2. CAPÍTULO II. Situación protegida
  • 3.3. CAPÍTULO III. Personas beneficiarias
  • 3.4. CAPÍTULO IV. Prestación económica
  • 3.5. CAPÍTULO V. Duración del derecho
  • 3.6. CAPÍTULO VI. Supervisión de los requisitos
  • 3.7. CAPÍTULO VII. Gestión y procedimiento
  • 3.8. Disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales
  • 3.9. Anexos del Real Decreto
• 4. Principales diferencias respecto al anterior desarrollo reglamentario

1. Introducción

El documento normativo de referencia publicado en el BOE es el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/11/04/957. Esta norma deroga íntegramente el anterior Real Decreto 1148/2011 y establece el marco reglamentario completo para la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). Deroga expresamente el RD 1148/2011, de 29 de julio, al que sustituye.

En cuanto a la reforma legal previa, de la que trae causa la nueva reglamentación, me remito a estas dos entradas de mi blog:

• Poniendo orden a la regulación cume: breve esquema tras la ley 4/2026 y el RD ley 31/2026
  https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/poniendo-orden-la-regulacion-cume-breve.html
• Reforma del cume en la Ley 4/2026. Esquema y crítica
  https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/10/reforma-del-cume-en-la-ley-42026.html

El marco normativo de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) ha experimentado un proceso de reforma en tres escalones interconectados, primero con la Ley 4/2026, de 1 de octubre, posteriormente con el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre y su desarrollo reglamentario definitivo en el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre.

2. Qué modifican las normas legales y el nuevo RD respecto a la regulación anterior

Destacaría como novedades más importantes:

2.1. Prórroga extraordinaria más allá de los 26 años

La Ley 4/2026 modificó el artículo 37.6 párrafo 4.ºET para establecer que, cuando la persona causante se encuentre en situación de gran discapacidad o gran dependencia, la reducción de jornada laboral de los cuidadores puede mantenerse más allá de los límites de edad previstos mientras persista la convivencia y la necesidad de cuidado.

Existió un inicial desajuste que fue solventado, antes por el RD-ley 31/2026 y ahora por el RD 957/2026. Y es que la Ley 4/2026 creó la prórroga del permiso laboral en el ET pero no modificó en paralelo los preceptos económicos de la Ley General de la Seguridad Social, lo que dejaba el derecho a reducir la jornada sin cobertura económica explícita. No pasó desapercibida para la doctrina más cualificada esta cuestión -aquí lo señalaba ya Eduardo Rojo http://www.eduardorojotorrecilla.es/2026/10/ley-42026-cume-derecho-reduccion-de.html -. Ahora bien, esta incongruencia se subsanó con el RD-ley 31/2026 y el artículo 13.3 del RD 957/2026, garantizando el abono del subsidio económico más allá de los 26 años si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65% o Grado III de dependencia y se mantiene la convivencia.

2.2. Corresponsabilidad y disfrute simultáneo por ambos progenitores

El art. 37.6 ET permite ahora que ambos progenitores o cuidadores compartan el porcentaje de reducción de jornada de forma simultánea y proporcional, eso sí, sin superar el 100% de la jornada laboral, con el fin de evitar la perpetuación de roles de género y fomentar la corresponsabilidad.

Régimen de la prestación (arts. 8 y 11.2 RD 957/2026). El desarrollo reglamentario concreta que, para el disfrute simultáneo de la prestación económica, cada uno de los progenitores o cuidadores debe reducir su jornada al menos un 50%. En este supuesto, la cuantía del subsidio para cada beneficiario consistirá en el 50% de su respectiva base reguladora de incapacidad temporal.

2.3. Compatibilidad con la escolarización del menor

El art. 190.5 TRLGSS introducido por la Ley 4/2026 positivizó la doctrina previa del Tribunal Supremo estableciendo expresamente que la asistencia del menor al centro educativo (ya sea ordinaria, parcial, adaptada o terapéutica) no constituye por sí misma causa de denegación, suspensión o extinción del subsidio.

Concreción reglamentaria (art. 4.3 y Anexo II del RD 957/2026). Establece el modelo de la declaración médica oficial para certificar que la escolarización es plenamente compatible con el CUME si persisten tratamientos, episodios de crisis, medicación o necesidad de disponibilidad efectiva de la persona cuidadora.

2.4. Situaciones de crisis familiar, custodia compartida y violencia de género

El art. 37.6 ET, párrafo 7.º determina que, en caso de nulidad, separación, divorcio, extinción de pareja de hecho o violencia de género, la reducción de jornada se atribuye a favor de la persona progenitora o guardadora con quien conviva la persona enferma.

En el nuevo reglamento del CUME (arts. 7, 8 y 15 RD 957/2026) se protege el derecho del progenitor conviviente de modo que la prestación no se extingue, aunque el otro progenitor cese en su trabajo, evitando situaciones muy injustas. Además, para casos de custodia compartida, regula el cobro alterno del subsidio en periodos acordados o coincidentes con el régimen de convivencia acreditado.

2.5. Eliminación de trabas en contratos a tiempo parcial

El art. 9.2 RD 957/2026 elimina la restricción histórica que impedía acceder a la prestación a trabajadores a tiempo parcial cuya jornada fuera igual o inferior al 25% de la de un trabajador a tiempo completo comparable. Ahora se garantiza la cobertura proporcional al porcentaje de reducción sobre su jornada real.

3. El nuevo desarrollo reglamentario

El RD 957/2026 se estructura reglamentariamente en 19 artículos (repartidos en 7 capítulos), 2 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria, 4 disposiciones finales y 2 anexos. Los analizamos brevemente.

3.1. CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. Tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de conformidad con los artículos 190 -situación protegida-, 191 -beneficiarios- a 192 -prestación económica- del TRLGSS.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Se aplica a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Se excluye expresamente al personal funcionario regulado por el artículo 49.e) del TREBEP.

3.2. CAPÍTULO II. Situación protegida

Artículo 3. Situación protegida. Define la situación protegida como la reducción de jornada laboral de al menos el 50% para el cuidado directo, continuo y permanente del menor con cáncer o enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario o situación asimilada. Requiere que ambos progenitores trabajen o se trate de familia monoparental. Equipara legalmente la adopción, guarda permanente, tutela representativa familiar y la curatela representativa plena. Exige un ingreso hospitalario o una situación asimilada a la de alta -las del artículo 4-. Contempla la recaída del cáncer o de la misma enfermedad, que permite, previa acreditación médica y necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, un nuevo derecho.

El cese parcial de actividad en trabajadores autónomos permite el acceso al derecho.

Artículo 4. Situaciones asimiladas a ingreso hospitalario. Establece cuatro categorías de asimilación: a) hospitalización a domicilio, b) tratamientos ambulatorios o continuados, c) cuidados domiciliarios por terapias especializadas complejas, y d) cuidados domiciliarios complejos por prescripción facultativa. Exige que la ausencia de hospitalización convencional responda a dos requisitos: criterio clínico u organizativos del sistema sanitario y que no concurra menor intensidad asistencial, que han de constar en la declaración médica del anexo II. Consagra la compatibilidad expresa con la escolarización cuando persistan necesidades de disponibilidad efectiva de la persona cuidadora. No obstante, y personalmente no comparto en absoluto este requisito restricitivo, es incompatible con la realización de por la persona causante -ya no dice menor, porque claro, puede superar ampliamente los 18 años- con la realización de actividades que comporten su alta en la Seguridad Social -con la excepción de las prácticas formativas de la DA 52ª TRLGSS-.

Artículo 5. Enfermedades graves. Remite la consideración de enfermedad grave a la lista cerrada fijada en el Anexo I.

Artículo 6. Acreditación del padecimiento del cáncer u otra enfermedad grave. Se efectúa mediante la declaración médica oficial normalizada (Anexo II) emitida por el facultativo del Servicio Público de Salud (Atención Primaria o Especializada) responsable del paciente. También ha de constar la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

3.3. CAPÍTULO III. Personas beneficiarias

Artículo 7. Personas beneficiarias. Trabajadores por cuenta ajena, propia o asimilados con reducción de jornada >=50%, afiliados, en alta y con el periodo mínimo de cotización del artículo 10. En unidades familiares con dos cuidadores, exige el alta de ambos o que la otra esté de alta en una mutualidad alternativa. También permite el acceso si el otro progenitor está en situación de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad -pregunto yo: ¿y si es beneficiaria de una pensión de incapacidad no contributiva?, no me parece lógica la exclusión-. Incluye como beneficiarios a familias monoparentales y al cónyuge o pareja de hecho de la persona causante si esta contrae matrimonio tras cumplir 18 años.

Artículo 8. Concurrencia de personas beneficiarias. Permite el reconocimiento a favor de una persona o de ambas, si es que los dos reúnen los requisitos de acceso, de forma simultánea o alterna, en este segundo caso en periodos no inferiores a 15 días. En separaciones, divorcios, nulidad o violencia de género, el derecho se atribuye al progenitor o guardador conviviente con la persona causante. En custodia compartida, se establece la percepción alterna según el régimen de convivencia.

Artículo 9. Situaciones especiales. Regula los supuestos de pluriactividad -se puede percibir en ambos regímenes-, pluriempleo -en proporción a reducción que se efectúe respecto al total de jornada en todos los trabajos-. También se permite en contratos a tiempo parcial, entiendo, el redactado es confuso al menos para mí, siempre y cuando la reducción sea al menos del 50% de una persona trabajadora a tiempo completo comparable. En los trabajadores por cuenta propia han de acreditar estar al corriente en el pago de cuotas, aunque en ese caso se activa, en su caso, el mecanismo de invitación al pago de cuotas pendientes para trabajadores autónomos.

Artículo 10. Periodos mínimos de cotización. Mismos requisitos que nacimiento y cuidado de menor: menores de 21 años (sin carencia); de 21 a 25 años (90 días en los últimos 7 años o 180 días en toda su vida laboral); desde 26 años (180 días en los últimos 7 años o 360 días en toda su vida laboral).

3.4. CAPÍTULO IV. Prestación económica

Artículo 11. Prestación económica. Subsidio en proporción al porcentaje de reducción de la jornada de trabajo respecto a una jornada a tiempo completo. Si es trabajadora por cuenta propia se toma como referencia la realización de 40 horas a la semana.

La prestación es el 100% de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales (o comunes si no se optó por la profesional) proporcional, como hemos dicho, a la reducción de jornada. En disfrute simultáneo por ambos progenitores, la cuantía para cada uno es del 50% de su respectiva base reguladora -aunque la reducción sea superior-. Fija reglas específicas para tiempo parcial -la BR es el promedio de tres meses anteriores o los días naturales se no llega a un trimestre de actividad- y regula la consolidación definitiva de bases provisionales en autónomos.

3.5. CAPÍTULO V. Duración del derecho

Artículo 12. Nacimiento y prórrogas del derecho. Efectos desde la fecha de reducción de jornada si se solicita en 3 meses, si no retroactividad máxima de 3 meses. Reconocimiento inicial por 4 meses, 1.ª prórroga por 6 meses y prórrogas sucesivas cada 8 meses. Tras los primeros 24 meses y cada dos años, exige un informe vinculante de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, siendo el silencio positivo.

Artículo 13. Duración del derecho. Regla general hasta los 23 años si persiste el padecimiento diagnosticado antes de la mayoría de edad; si tras los 18 años aparece la enfermedad y necesidad cabe la prestación hasta los 23 años; hasta los 26 años si se acredita discapacidad >=65% antes de cumplir los 23; y prórroga extraordinaria más allá de los 26 años si se acredita discapacidad >=65% o Grado III de dependencia, manteniendo la convivencia y el cuidado.

Artículo 14. Suspensión del derecho. Se produce en: a) suspensión durante IT, nacimiento/cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o lactancia, o por cualquier otra causa de suspensión de la relación laboral, aunque cabe posterior nuevo reconocimiento y b) también cabe suspensión durante la alternancia en la percepción.

Artículo 15. Extinción del derecho. Causas de extinción: a) reincorporación a jornada completa, b) si deja de existir necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, c) trabajo incompatible del beneficiario y d) alta del causante en Seguridad Social, salvo por prácticas formativas no laborales de la DA 52ª TRLGSS, e) cese de actividad laboral del progenitor o cónyuge, f) pérdida de la condición de discapacidad/dependencia/edad, g) y h) fallecimiento del beneficiario o del causante, o i) matrimonio/pareja de hecho del causante.

3.6. CAPÍTULO VI. Supervisión de los requisitos

Artículo 16. Obligación de mantener el cumplimiento de los requisitos. Obligación del beneficiario de comunicar variaciones en un plazo de 30 días. Facultades permanentes de comprobación administrativa por la entidad gestora o Mutua Colaboradora, pero si resulta posible el incumplimiento de requisitos se abre un trámite de audiencia de 10 días, y resolución en un máximo de 30 días. Cabe reclamación previa del artículo 71 LRJS.

Artículo 17. Seguimiento del cumplimiento del requisito de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante. Tramitación del expediente en caso de informe desfavorable de la Inspección Médica: trámite de audiencia de 10 días, remisión para revisión médica para su revisión y resolución en un máximo de 30 días. Cabe reclamación previa del artículo 71 lRJS.

3.7. CAPÍTULO VII. Gestión y procedimiento

Artículo 18. Gestión y pago de la prestación económica. Atribuida a la Entidad Gestora (INSS/ISM) o Mutua Colaboradora que cubra las contingencias profesionales. Pago mensual por periodos vencidos. Regula el trasvase de información sin consentimiento previo en caso de cambio de Mutua y la cesión telemática de datos con la TGSS.

Artículo 19. Procedimiento para el reconocimiento del derecho. Inicio mediante solicitud del trabajador acompañada de certificados de empresa con la reducción, y los autónomos con declaración responsable de la reducción de su actividad, declaración médica oficial (Anexo II), acreditación del parentesco/convivencia y régimen de custodia en su caso, etc. Plazo de resolución de 30 días con efecto desestimatorio por silencio administrativo, aunque claro, cabe reclamación previa.

3.8. Disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales

Disposición adicional primera. Acreditación de la situación protegida en las ciudades de Ceuta y Melilla. Adapta las competencias sanitarias atribuyéndolas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Disposición adicional segunda. Elaboración de una guía técnica de apoyo a la valoración de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Encomienda a los Ministerios de Inclusión y Sanidad elaborar en 6 meses una guía técnica orientativa para homogeneizar la valoración médica de los cuidados en todo el Estado.

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a los procedimientos y prestaciones en curso. Aplica la nueva regulación a procedimientos en curso sin necesidad de retrotraer actuaciones validadas. Consagra la aplicación preferente de las disposiciones más favorables para la persona interesada. Adapta las referencias del antiguo RD 1148/2011 al Anexo I y difiere la exigencia del informe de Inspección Médica a los dos años desde la última prórroga.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Deroga expresamente el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido.

Disposición final primera. Actualización del listado de enfermedades graves. Habilita a la persona titular del Ministerio de Inclusión para añadir nuevas patologías al Anexo I mediante orden ministerial, previo informe del Ministerio de Sanidad.

Disposición final segunda. Título competencial. Fundamentado en el art. 149.1.17.ª CE (competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social).

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo normativo. Faculta al Ministerio de Inclusión para dictar las disposiciones generales necesarias.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Entra en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Publicado el 5 de noviembre de 2026, será el 05 de enero de 2027.

3.9. Anexos del Real Decreto

Anexo I (Listado de enfermedades graves). Recoge 125 patologías divididas en 17 áreas médicas, incluyendo nuevas enfermedades como el trastorno del espectro autista en nivel 3 de apoyo y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. Acceso aquí https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/11/04/957/con#ai

Anexo II (Declaración médica). Modelo oficial unificado y actualizado que evalúa detalladamente los requerimientos clínicos (terapias intravenosas, soporte respiratorio, ostomías, diálisis, escolarización y basales) para acreditar la situación protegida o asimilada a hospitalización. Acceso aquí https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/11/04/957/con#ai-2

4. Principales diferencias respecto al anterior desarrollo reglamentario

Materia / Aspecto	Real Decreto 1148/2011 (Norma derogada)	Real Decreto 957/2026 (Norma actual)
Estructura normativa y vigencia	9 artículos, 1 disposición adicional, 1 transitoria, 6 finales y 1 anexo.	19 artículos (7 capítulos), 2 adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria, 4 finales y 2 anexos. Deroga íntegramente el RD 1148/2011 y la Orden TMS/103/2019.
Enfermedades incluidas	Listado inicial de 113 patologías en el Anexo.	Listado actualizado de 125 patologías en el Anexo I (incluye autismo nivel 3 y Poirier-Bienvenu).
Situaciones asimiladas a ingreso hospitalario	Exigía ingreso hospitalario, hospitalización en domicilio o tratamiento continuado.	Regula 4 categorías claras de asimilación (hospitalización en domicilio, tratamientos ambulatorios complejos, terapias especializadas y cuidados domiciliarios complejos por prescripción facultativa).
Compatibilidad con la escolarización	Generaba litigiosidad y denegaciones frecuentes si el menor acudía al colegio.	Consagra la compatibilidad explícita con la escolarización (ordinaria, parcial, adaptada o terapéutica) y con prácticas no laborales.
Plazos de prórroga del subsidio	Renovaciones en periodos breves (cada 2 meses).	Periodos más amplios: 4 meses (inicial), 6 meses (1.ª prórroga) y 8 meses (prórrogas sucesivas). Exige informe de la Inspección Médica tras 24 meses acumulados.
Disfrute simultáneo por ambos progenitores	Solamente una persona progenitora podía percibir el subsidio económico.	Permite la percepción simultánea de la prestación por ambos progenitores, cobrando cada uno el 50% de su respectiva base reguladora.
Límite de edad del causante	18 años originariamente, ampliado hasta los 23/26 años por reformas posteriores.	Mantiene los 23/26 años e introduce la prórroga extraordinaria más allá de los 26 años para grandes dependientes o discapacidad ≥65%.
Acreditación y modelo oficial	La declaración médica se regulaba mediante orden ministerial externa y requería informe de Atención Primaria.	El modelo oficial se integra en el Anexo II del propio Real Decreto y puede emitirse indistintamente por facultativos de Atención Primaria o Especializada.