Analizo la influencia de la normativa europea e internacional sobre el sistema de Seguridad Social en España, destacando cómo las sentencias de tribunales superiores corrigen algunas desigualdades internas. Detallo diversos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han invalidado reglas españolas por generar discriminación indirecta por razón de sexo, especialmente en pensiones de jubilación e incapacidad permanente por la influencia negativa -en definitiva, discriminatoria- del trabajo a tiempo parcial. También destaco que el TJUE ha abordado la aplicación de los reglamentos de coordinación para trabajadores migrantes.
Asimismo, examino la escasa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al sistema de Seguridad Social español, en el que ha hecho referencia al derecho de las parejas de hecho a percibir prestaciones de viudedad, priorizando la protección de las expectativas legítimas de los ciudadanos, pero limitado a hechos causantes anteriores a la STC 40/2014. Haré también una breve referencia a la doctrina Cakarevic. Y, por último, abordo el impacto de un antiguo convenio de la OIT en la reparación "íntegra" de los accidentes laborales. Finalmente, cuestiono la doble edad de jubilación en España, argumentando que contraviene, entre otras normas internacionales, la Carta Social Europea al perjudicar desproporcionadamente a las mujeres.
1. DIRECTIVAS EUROPEAS. TJUE
1. Cuestiones prejudiciales relativas a la Directiva 79/7/CEE (Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social)
Asunto C-385/11 (Elbal Moreno)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Este asunto cuestionó la normativa española (disposición adicional 7.ª de la Ley General de la Seguridad Social) que exigía un período de carencia mayor a los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las pensiones de jubilación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que esta regla provocaba una doble penalización y constituía una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que perjudicaba a un colectivo conformado de forma muy mayoritaria por mujeres.
Asunto C-98/15 (Espadas Recio)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Siguiendo la doctrina anterior, se analizó la normativa sobre el acceso y la duración de las prestaciones de Seguridad Social por desempleo en los contratos a tiempo parcial "vertical". El TJUE concluyó que el sistema de cálculo español resultaba indirectamente discriminatorio por razón de sexo.
Asunto C-161/18 (Villar Láiz)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: El caso examinó el método de cálculo de la pensión de jubilación teórica para los trabajadores a tiempo parcial. El TJUE determinó que el sistema de cálculo español vulneraba el principio de igualdad y podía ser indirectamente discriminatorio si sus reglas se aplicaban penalizando de forma desproporcionada a las trabajadoras.
Asunto C-450/18 (WA c. INSS)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Se juzgó la legalidad del "complemento por aportación demográfica" español, que incrementaba la pensión contributiva exclusivamente a las mujeres con dos o más hijos, denegándose a los hombres en idéntica situación. El TJUE declaró que esta exclusión constituía una discriminación directa por razón de sexo contraria a la Directiva, ya que el complemento no protegía el hecho físico de la maternidad biológica, sino que tenía un fin compensatorio por el cuidado de los hijos, tarea compartida por hombres y mujeres.
Asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23
Norma afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Es discriminatorio por razón de sexo un complemento de pensiones establecido con la finalidad de reducir la brecha de género en las pensiones que se reconoce a las mujeres pensionistas que hayan tenido uno o más hijos, mientras que el reconocimiento de este complemento a los hombres que se encuentran en una situación idéntica está sujeto a requisitos adicionales relativos a que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos. No es discriminatorio establecer un solo complemento para la madre y el padre cuando solo se puede reconocer al progenitor que perciba la pensión de menor cuantía.
Asunto C-843/19 (BT c. INSS)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Cuestionó los requisitos de acceso a la jubilación anticipada voluntaria. EL TJUE dictaminó que es acorde al Derecho de la Unión (y no supone discriminación) la exigencia de que, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, el importe de la pensión a percibir deba ser al menos igual a la cuantía de la pensión mínima que correspondería a los 65 años.
Asunto C-625/20 (KM c. INSS)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: El órgano judicial español remitió una cuestión para evaluar si la norma que prohíbe la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente total procedentes del mismo régimen de Seguridad Social (mientras sí admite cobrarlas si provienen de regímenes distintos) incurre en discriminación indirecta por colocar en situación de desventaja particular a las mujeres.
Asunto C-389/20 (TJ y TGSS)
Directiva afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Analizó la exclusión del colectivo de empleadas de hogar del derecho a la protección por desempleo en el sistema de Seguridad Social español. El TJUE determinó la disconformidad de esta regla con el Derecho de la Unión, señalando que situaba a las trabajadoras en desventaja particular respecto a los hombres sin factores objetivos de justificación ajenos a la discriminación por sexo.
2. Cuestiones prejudiciales relativas a la Directiva 92/85/CEE y la Directiva 2006/54/CE (Protección de los riesgos en maternidad y lactancia)
Asunto C-531/15 (Otero Ramos)
Directivas afectadas: Directiva 92/85/CEE (Seguridad y salud de las trabajadoras gestantes y lactantes) y Directiva 2006/54/CE (Igualdad de trato).
Explicación: El litigio versó sobre el acceso a la prestación de Seguridad Social por riesgo durante la lactancia natural. El TJUE dictaminó que la omisión de la empresa de llevar a cabo una evaluación de los riesgos del puesto de trabajo acorde a los requisitos de la Directiva constituye una discriminación directa por sexo. A su vez, determinó que rige el principio de inversión de la carga de la prueba: corresponde a la entidad gestora o empleadora probar que la evaluación se hizo correctamente si la interesada aporta indicios de discriminación.
Asunto C-41/17 (González Castro)
Directiva afectada: Directiva 92/85/CEE.
Explicación: Relacionada también con la concesión de la prestación de Seguridad Social por riesgo durante la lactancia natural, el TJUE estableció que esta protección comunitaria es plenamente aplicable a las trabajadoras lactantes que desempeñan trabajo a turnos aunque solo realicen horario nocturno en una parte de su jornada. También reafirmó en este contexto la inversión de la carga probatoria.
3. Cuestiones prejudiciales relativas a los Reglamentos de Coordinación y otras cuestiones
La mayor parte del Derecho de la Unión Europea sobre coordinación transfronteriza de los sistemas de Seguridad Social no se regula mediante Directivas, sino a través de Reglamentos (fundamentalmente el Reglamento CEE/1408/71 y su sucesor, el Reglamento CE/883/2004). Estos Reglamentos son de aplicación directa, pero han generado gran litigiosidad y numerosas cuestiones prejudiciales desde España relativas al cálculo y acceso a pensiones.
A continuación, te detallo el esquema de estos casos adicionales, señalando la norma comunitaria (Reglamento o Directiva) afectada en cada uno:
Asunto C-153/97 (Grajera)
Norma afectada: Reglamento CEE/1408/71.
Explicación: Este caso evaluó la validez del sistema español para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación de los trabajadores migrantes. El TJUE validó el método español que permite "trasladar" o retrotraer el período de referencia para el cálculo de la pensión al momento en que el trabajador efectuó sus últimas cotizaciones reales en España antes de emigrar, evitando así que las lagunas de cotización por haber trabajado en el extranjero perjudiquen la cuantía de la pensión.
Asunto C-282/11 (Salgado González)
Norma afectada: Reglamentos CEE/1408/71 y CE/883/2004.
Explicación: Analizó el cálculo de la base reguladora para una trabajadora autónoma que cotizó en España y terminó su carrera laboral en Portugal. Dado que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) español no cuenta con un sistema de integración de lagunas de cotización, la estricta aplicación del período de referencia generaba un enorme vacío de cotizaciones que diluía la pensión. El TJUE dictaminó que este sistema penalizaba la libre circulación de los trabajadores migrantes y obligó a adaptar la fórmula matemática (el divisor) a las cotizaciones reales efectivamente abonadas en España.
Asunto C-2/17 (Crespo Rey)
Norma afectada: Reglamento CE/883/2004.
Explicación: El litigio versó sobre el cálculo de la pensión para emigrantes retornados que suscribieron un convenio especial con la Seguridad Social española. El TJUE declaró que es contrario al Derecho de la Unión obligar a estas personas a cotizar por las bases mínimas (y calcular su pensión sobre ellas) cuando, antes de emigrar, habían cotizado en España por bases superiores, ya que esto supone un trato desfavorable injustificado del trabajador migrante frente al trabajador sedentario.
Asunto C-431/16 (Blanco Marqués)
Norma afectada: Reglamentos CEE/1408/71 y CE/883/2004.
Explicación: Aclaró los límites de las normas "anticúmulo" españolas, que prohíben o reducen el cobro simultáneo de varias prestaciones. El TJUE concluyó que el INSS no podía suspender el complemento del 20% de una pensión de incapacidad permanente total cualificada (IPTC) por el mero hecho de que el beneficiario empezara a percibir una pensión de jubilación de Suiza. Esta suspensión se declaró improcedente porque la pensión española en cuestión no figuraba en el Anexo de excepciones del Reglamento de base.
Asuntos acumulados C-398/18 y C-428/18 (Bocero Torrico)
Norma afectada: Reglamento CE/883/2004 (Principio de asimilación de prestaciones).
Explicación: El caso examinó los requisitos para acceder a la jubilación anticipada voluntaria en la normativa española, la cual exige que la pensión resultante alcance un importe mínimo. El TJUE determinó que resulta indirectamente discriminatorio por razón de nacionalidad no tener en cuenta las pensiones equivalentes que el trabajador haya podido devengar en otro Estado miembro a la hora de calcular si se alcanza dicho umbral económico mínimo.
STJUE de 10 de abril de 2025 (Sala Sexta)
Norma afectada: Directiva 79/7/CEE.
Explicación: Con estupor leí en su momento la STJUE (Sala Sexta), de 10 de abril de 2025 que, resolviendo la petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Barcelona, mediante auto de 18 de septiembre de 2023, declaró que "el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que la pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo se calcula sobre la base del salario efectivamente percibido por el trabajador en la fecha del accidente, incluso en el caso de un trabajador que, en esa fecha, disfrutase de una reducción de jornada para cuidar a un menor, en una situación en la que el grupo de trabajadores que se acogen a dicha medida esté constituido en su gran mayoría por mujeres".
2. CONVENIO EUROPEO DERECHOS HUMANOS. TEDH
En materia de seguridad social, las sentencias recientes más destacadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España se centran de forma específica en la denegación de la pensión de viudedad a parejas de hecho residentes en Cataluña.
A continuación, detallo el conflicto, las resoluciones de Estrasburgo y cómo se están ejecutando en España:
El origen del conflicto
El problema surgió cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó las prestaciones de viudedad a varias mujeres tras la muerte de sus parejas. El motivo de la denegación fue que no cumplían con un nuevo requisito formal: estar inscritas en un registro público de parejas de hecho o haber formalizado la relación ante notario con al menos dos años de antelación al fallecimiento.
Esta nueva exigencia derivó de una sentencia del Tribunal Constitucional de España dictada en 2014 (STC 40/2014) que anuló la normativa autonómica catalana previa, la cual no exigía dicho registro y permitía probar la convivencia por otros medios.
El fallo del TEDH
Las afectadas llevaron sus casos a Estrasburgo y el TEDH falló a su favor, concluyendo que España había violado el Artículo 1 del Protocolo n.º 1 (Protección de la propiedad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El razonamiento principal del Tribunal europeo fue el siguiente:
- Expectativa legítima: Las demandantes tenían el pleno derecho y la "expectativa legítima" de percibir una pensión de supervivencia de acuerdo con la legislación civil aplicable en el momento en que enviudaron.
- Requisito de imposible cumplimiento: El TEDH subrayó que la falta de un período transitorio para adaptarse al nuevo criterio del Tribunal Constitucional supuso una carga excesiva y desproporcionada. A las demandantes se les exigió un requisito que era temporalmente imposible de cumplir, ya que sus parejas fallecieron antes de que pudieran transcurrir los dos años exigidos desde el cambio jurisprudencial.
Casos clave dictados contra España
Hasta finales de 2025, el TEDH ha dictado varias sentencias condenatorias consolidando esta doctrina, abarcando a un total de ocho demandantes:
- Doménech Aradilla y Rodríguez González c. España (enero de 2023).
- Valverde Digón c. España (enero de 2023).
- Del Pino Ortiz y otras c. España (julio de 2023). Esta sentencia agrupó cuatro demandas similares: las de Lidia Ribé Pérez, María Ángeles Bollas Angulo, Montserrat del Pino Ortiz y Margarita Mérida Molero.
- Mendieta Borrego c. España (octubre de 2025). El caso más reciente fallado por el mismo motivo tras la continua oposición de la Administración.
Ejecución de las sentencias en España
Para reparar la vulneración de sus derechos, la vía utilizada por las demandantes ha sido presentar un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo español.
De forma notable, el Tribunal Supremo está fallando a favor de las demandantes. Su procedimiento consiste en admitir la revisión, rescindir (anular) las sentencias nacionales previas que denegaron la prestación y ordenar que los casos se retrotraigan a los tribunales inferiores de origen (Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia). Estos tribunales inferiores están dictando ahora nuevas sentencias para reconocer de manera efectiva el derecho a la pensión de viudedad y proceder al pago de los atrasos correspondientes desde la fecha de solicitud, cumpliendo así con lo estipulado por el TEDH.
Para profundizar en el caso, es importante aclarar cómo abordó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la cuestión de la discriminación y los distintos votos particulares (tanto concurrentes como disidentes) que se emitieron.
El TEDH analizó la situación más desde una expectativa de derecho que desde una perspectiva de género, reconociendo que la denegación del acceso a la pensión de viudedad generaba una situación injusta, pero no apreciando discriminación indirecta. Consideró, eso sí, que la falta de un periodo transitorio para adaptarse al nuevo requisito de registro formal con dos años de anticipación respecto a la fecha del fallecimiento supuso una carga excesiva y desproporcionada para ellas.
Respecto a los pronunciamientos individuales de los jueces, destacan dos posturas muy distintas: el voto concurrente de la jueza española y los votos disidentes de otros tres magistrados.
El voto concurrente sobre la "discriminación social de las mujeres"
La jueza titular por España, María Elósegui, emitió un voto concurrente (es decir, votó a favor de dar la razón a las demandantes pero añadió su propia fundamentación) en el que se centró ampliamente en la "discriminación social de las mujeres".
En su escrito, Elósegui explica que su postura tiene "un enfoque más bien sociológico" sobre la realidad de un sector de mujeres que no han trabajado en el mercado laboral, no han cotizado, y que dependen económicamente de acceder a ese 52% de la base reguladora de la pensión de sus parejas. No obstante, acota muy claramente los límites de esta discriminación:
- Subraya que la discriminación se produjo estrictamente "en el contexto de esa situación concreta de imposibilidad legal y cambio imprevisto en una Comunidad Autónoma que no exigía ese registro".
- Advierte tajantemente que este argumento "no es de ningún modo extrapolable a la afirmación de que sea inconstitucional exigir el registro si se quiere obtener una serie de prestaciones". Es decir, avala que el Estado tiene derecho a exigir un registro oficial de las parejas de hecho para garantizar la seguridad jurídica y evitar fraudes; la vulneración solo existió por la falta de tiempo material para adaptarse a la nueva norma. Eso sí, señaló que, estadísticamente, las pensiones de supervivencia se conceden de forma mayoritaria a las mujeres, quienes "se encuentran con mucha más frecuencia en una situación desventajosa o vulnerable de dependencia financiera de sus parejas y se encuentran en necesidad de prestaciones sociales tras el fallecimiento de su pareja".
Los votos disidentes (en contra de las demandantes)
Para comprender lo reñido que fue el debate jurídico, en el caso concreto de la demandante Valverde Digón, la sentencia se aprobó por una mayoría muy ajustada de cuatro votos contra tres. Los tres jueces que emitieron votos disidentes no apreciaron tal vulneración y argumentaron desde una perspectiva puramente formalista:
- Voluntad de ser pareja: Argumentaron que hay personas que conviven pero que no desean estar sujetas a las obligaciones legales de ser "pareja de hecho".
- Oportunismo: Concluyeron que "no se puede pretender a conveniencia ser considerados pareja de hecho cuando se produce una muerte inesperada" y que la voluntad real de asumir ese estado civil "debe mostrarse en vida de los dos miembros de la pareja".
- Falta de diligencia: Consideraron que, para tener derecho a la pensión, las demandantes deberían haber intentado registrarse inmediatamente después de que se publicara la sentencia del Tribunal Constitucional en 2014, lo que "hubiera mostrado que realmente su relación era de convivencia y que no pretendían estar al margen de la ley".
A pesar de esta fuerte oposición minoritaria, la mayoría del TEDH consideró que este enfoque formalista era inaceptable, ya que incluso si las parejas hubieran actuado rápidamente para registrarse o ir al notario al publicarse el cambio legal, sus parejas fallecieron antes de poder cumplir los dos años de antelación que exigía la nueva norma, lo que equivalía a exigirles algo jurídicamente "imposible".
La doctrina Cakarevic
La doctrina Cakarevic tiene su origen en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictada el 26 de abril de 2018, correspondiente al caso Cakarevic contra Croacia (proceso 48921/2013). Esta doctrina se fundamenta en la interpretación del artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el cual garantiza el derecho de toda persona física o moral al "respeto de sus bienes".
En la práctica jurídica española, y muy especialmente en el ámbito de la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo, la doctrina Cakarevic se aplica para eximir a los ciudadanos de la obligación de reintegrar (devolver) prestaciones que han percibido de forma indebida cuando el cobro fue propiciado por una equivocación de la Administración.
Para que los tribunales apliquen esta doctrina y perdonen la deuda al ciudadano, es necesario que concurran dos circunstancias fundamentales:
- Error de la Administración: La prestación debe haberse reconocido incorrectamente a causa de un error imputable de forma exclusiva a la entidad gestora (por ejemplo, el SEPE), y en ningún caso debe haber sido un error provocado por la actuación, ocultación o falsedad del beneficiario.
- Buena fe del beneficiario: La persona que cobró la prestación debe haber actuado de buena fe, confiando legítimamente en que la resolución administrativa que le otorgaba el derecho era correcta.
Aplicación práctica por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, Sala IV, ha consolidado la aplicación de esta doctrina en múltiples sentencias recientes, fallando a favor de los ciudadanos. El supuesto más habitual se da cuando el SEPE reconoce por error un subsidio por desempleo (como el de mayores de 52/55 años) a una persona que, en realidad, no cumplía con los requisitos legales, como el periodo mínimo de cotización exigido.
Cuando el SEPE descubre su propio error tiempo después, procede a revocar el derecho al subsidio y exige a la persona que devuelva todo el dinero cobrado durante ese tiempo. Al aplicar la doctrina Cakarevic, el Tribunal Supremo establece que, aunque la revocación del derecho sea correcta hacia el futuro, no procede exigir al beneficiario el reintegro de las prestaciones ya percibidas, protegiendo así su patrimonio frente a las graves consecuencias económicas de un error puramente administrativo.
Algunas de las sentencias destacadas del Tribunal Supremo que han aplicado y ratificado la doctrina Cakarevic son las dictadas el 4 de abril de 2024 (n.º 530/2024), el 29 de abril de 2024 (n.º 631/2024), el 30 de mayo de 2024 (n.º 812/2024), el 15 de octubre de 2024, el 5 de marzo de 2025 y el 17 de diciembre de 2025.
3. CARTA SOCIAL EUROPEA. CÓDIGO EUROPEO SEGURIDAD SOCIAL. COMITÉ EUROPEO DERECHOS SOCIALES
El establecimiento de una doble edad de jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social española vulnera la normativa internacional y genera una discriminación indirecta hacia las mujeres.
En España, la legislación exige acreditar 38 años y 6 meses de cotización para poder jubilarse a los 65 años, mientras que retrasa la edad exigida a los 67 años para quienes no alcancen dicho periodo. Argumento que esta "doble escala" penaliza gravemente al colectivo femenino, ya que las mujeres suelen tener carreras de cotización más cortas a causa de la precariedad laboral, la temporalidad y las interrupciones en su vida laboral para asumir el cuidado de familiares.
Además, expongo que elevar la edad de jubilación por encima de los 65 años es contrario a los estándares internacionales, los cuales fijan esa edad como norma general, salvo que el incremento esté justificado por criterios y estudios demográficos rigurosos. Según mi análisis, la reforma legal española que incrementó la edad de jubilación no aportó los datos estadísticos o demográficos necesarios que amparasen dicha decisión.
A continuación, detallo la normativa afectada o invocada en el texto:
Normativa Nacional (España):
- Ley General de la Seguridad Social (LGSS): Especialmente el artículo 205.1 a), que establece el doble tramo para la jubilación ordinaria. También afecta a las modalidades de jubilación forzosa (art. 207), voluntaria (art. 208) y parcial (art. 215). En esos supuestos porque influye en la edad más temprana de acceso a esas modalidades. Pero también afecta a la jubilación demorada, al premiar más tarde a quien no reune los 38 años y 6 meses de cotización.
- Ley 27/2011, de 1 de agosto: Norma sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, mediante la cual se introdujo la reforma que incrementó la edad de jubilación.
Normativa Internacional y Europea:
- Carta Social Europea Revisada (CSE Rev.): Destaca su artículo 12, que impone la obligación de garantizar y mantener un nivel satisfactorio en el régimen de seguridad social, que como mínimo será el equivalente al Código Europeo de Seguridad Social.
- Código Europeo de Seguridad Social: Principalmente, los artículos 25 y 26.2, los cuales dictan que la edad prescrita para acceder a prestaciones de vejez no deberá exceder de los 65 años, estableciendo las únicas condiciones bajo las cuales puede ser superior.
- Directiva 7/79/CEE: Relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Se invoca especialmente su artículo 4.1 para señalar que la doble edad de jubilación constituye una discriminación indirecta.
- Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Se vulnera lo establecido en el Convenio núm. 102 sobre seguridad social (norma mínima) y el Convenio núm. 128 relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, los cuales también señalan los 65 años como límite ordinario.
- Recomendaciones de la OIT: Se hace referencia a la Recomendación R043 sobre principios generales del seguro y la Recomendación núm. 162 de 1980 sobre los trabajadores de edad.
¿Reclamación colectiva? Es posible. De hecho estamos esperando decisión de fondo sobre las familias monoparentales -ahora ya sin objeto, tras el RDLey 9/2025- y respecto al IMV.
Ahora, eso sí, el TS ha denegado el valor de las decisiones de fondo del CEDS como doctrina judicial. Al respecto ya el ATS, a 07 de febrero de 2017 ROJ: ATS 1130/2017 señaló, en referencia a un rcud sobre el RDley de revalorización de pensión de jubilación la falta de idoneidad de la resolución invocada de contraste por no ser una a la que refiere el art. 219 LRJS. La resolución referencial era la Decisión del Comité Europeo de Derecho Sociales de 7 de diciembre de 2012 (Reclamación 76/2012, Federación de pensionistas asalariados de Grecia c. Grecia). Y varios autos posteriores en el mismo sentido.
4. CONVENIO OIT. APLICACIÓN TRIBUNAL SUPREMO
STS 3174/2019-ECLI:ES:TS:2019:3174
De hecho, esta sentencia se refiere a dos anteriores resoluciones de la misma sala que ya declararon:
"Tratándose de un accidente de trabajo, dicho reglamento no resulta de aplicación directa y automática porque, como desde antiguo reconoció la jurisprudencia de esta Sala, salvo norma específica en sentido contrario, en las contingencias profesionales rige el principio de reparación íntegra del daño, y la asistencia sanitaria, a diferencia de lo que sucede cuando no consta tan importante circunstancia (la contingencia profesional) y, por tanto, la prestación se encuentra claramente "baremada" en el oportuno reglamento, debe prestse "de la manera más completa" y ha de comprender, en el "régimen privilegiado" el suministro y renovación normal de los aparatos de prótesis y ortopedia que se consideren necesarios, tal como prevé de manera específica para contingencias profesionales el art. 11.1.b) del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre".
La problemática que viene a resolver -el "meollo de la cuestión" dice en la sentencia- es que el Decreto 2766/1967 fue expulsado de nuestro ordenamiento jurídico en 2012. ¿Por qué entiende que sigue vigente entonces el principio de reparación íntegra del daño? Aquí es donde viene la parte curiosa de la sentencia, y que creo blinda esta doctrina ante cualquier cambio legislativo nacional al respecto, y es que aplica el Convenio n.º 17 de la OIT (1925). Dice, literalmente:
"En la Gaceta de Madrid......se publicó el Real Decreto 970 de 24 de mayo, autorizando al Gobierno para ratificar y registrar en la Secretaría de la Sociedad de Naciones el Convenio de la OIT nº 17; dicha ratificación se llevó a cabo con fecha 11 de febrero de 1929. El viejo Convenio n.º 17 de la OIT sobre indemnización en caso de accidentes de trabajo (1925), que sigue vigente, prescribe en su art. 9.º que las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho 'a la asistencia médica y a la asistencia quirúrgica y farmacéutica que se considere necesaria a consecuencia de los accidentes. La asistencia médica correrá por cuenta del empleador, de las instituciones de seguro contra accidentes o de las instituciones de seguro contra enfermedad o invalidez'."
