SENTENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, A 05/10/2024.

Estas son las sentencias del Tribunal Supremo de España (TS) en materia de seguridad social, dictadas en septiembre de 2024 que he podido recopilar en el CENDOJ (últimas 50 sentencias). Las sentencias abarcan una variedad de temas, incluyendo la contingencia profesional, el complemento de maternidad, el complemento de mínimos, la incapacidad temporal, la jubilación, la prestación de nacimiento y cuidado del menor en familia monoparental, la renta activa de inserción (RAI) y la responsabilidad empresarial en accidentes de trabajo.

I. ACCIDENTE DE TRABAJO

Efectos económicos de la contingencia profesional reconocida judicialmente (STS 4558/2024): Se confirma la doctrina que limita la retroactividad de los efectos económicos a tres meses desde la solicitud de determinación de contingencia, incluso cuando esta se reconoce por vía judicial. STS, a 17 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4558/2024. Aplica doctrina de SSTS 7 julio 2015 (rcud. 703/2014); 22/2021 de 13 enero (rcud. 2245/2019) y 895/2022 de 10 noviembre (rcud. 4401/2021).

II. COMPLEMENTO DE MATERNIDAD POR APORTACIÓN DEMOGRÁFICA. Continúa la saga que no tiene fin.

A. Beneficiarios y Compatibilidades:Jubilados a los 64 años (STS 4586/2024): Se reconoce el derecho al complemento a quienes se jubilaron a los 64 años al amparo del RD 1194/1985, al no estar excluidos expresamente por la LGSS. Aplica STS 848/2024, de 4 de junio (rcud 1289/2023). STS, a 16 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4586/2024

Compatibilidad con el complemento percibido por la esposa (STS 4585/2024): Se reitera la compatibilidad del complemento percibido por el varón con el de su esposa. STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4585/2024

RETA: STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4497/2024RESUMEN: Seguridad Social. Complemento de maternidad: jubilación anticipada en el RETA, no se aplica el art. 60 del TRLGSS, en su versión anterior al RD Ley 3/2021, 2 de febrero.

B. Fecha de Efectos y Retroactividad:

Reconocimiento al varón (STS 4533/2024): Se establece que los efectos del reconocimiento del complemento al varón se retrotraen a la fecha del nacimiento del hijo, aplicando el principio de "efectos ex tunc". STS, a 16 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4533/2024

Normativa anterior al RD-Ley 3/2021 (STS 4496/2024): Se confirma que el complemento no era aplicable a la jubilación anticipada voluntaria bajo la normativa anterior al RD-Ley 3/2021. No se admite la retroactividad de esta norma. STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4496/2024

Solicitud extemporánea (STS 4498/2024): No prescribe el derecho al complemento aunque se solicite transcurridos cinco años desde el hecho causante de la jubilación, ya que la no concesión inicial constituyó una discriminación por razón de sexo. STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4498/2024

C. Indemnización por Discriminación: Denegación tras STJUE C-450/18 (STS 4534/2024, 4416/2024): Se confirma el derecho a indemnización por la denegación del complemento a los varones tras la STJUE C-450/18, que declaró discriminatoria la normativa previa. Se reconoce el derecho a la compensación por daños y perjuicios, incluyendo costas y honorarios. STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4534/2024 y STS, a 12 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4416/2024

III. COMPLEMENTO DE MÍNIMOS

Efectos retroactivos (STS 4560/2024): Se establece que los efectos de la retroactividad de un complemento por mínimos se deben fijar en la fecha de la primera solicitud, aunque la prestación se reconozca en una segunda solicitud si no existen cambios en las circunstancias. STS, a 18 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4560/2024. Aplica doctrina, entre otras, de las SSTS 1007/2023, de 28 de noviembre (rcud 3418/2022); 505/2023, de 12 de julio (rcud 2648/2020); 418/2023, de 12 de junio (rcud 538/2021); 157/2023, de 22 de febrero (rcud. 4471/2019); 1080/2020, de 3 de diciembre (rcud 1518/2018); 59/2017, de 25 de enero (rcud 2729/2015).

IV. INCAPACIDAD TEMPORAL

Base reguladora en caso de recaída (STS 4448/2024): Se confirma que la base reguladora en caso de recaída debe ser la del mes anterior a la misma, no la del anterior proceso de incapacidad temporal. STS, a 11 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4448/2024. Aplica doctrina de las SSTS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002) y 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005), siendo esta última precisamente la sentencia invocada de contraste en el presente recurso.

V. JUBILACIÓN

Renuncia por información deficiente (STS 4546/2024): Reitera doctrina y se permite la renuncia a la pensión de jubilación si el beneficiario no fue correctamente informado sobre su cuantía antes de solicitarla, pudiendo solicitarla nuevamente en un momento posterior más favorable. STS, a 25 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4546/2024

Jubilación parcial - Requisitos (STS 4542/2024): Se establece que la base de cotización del trabajador relevista en la jubilación parcial debe ser al menos el 65% del promedio de las bases de los últimos seis meses del trabajador relevado, sin verse afectada por el porcentaje de jornada del relevista. STS, a 25 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4542/2024

VI. NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR EN FAMILIA MONOPARENTAL

Denegación de segunda prestación (STS 4537/2024, 4529/2024, 4517/2024, 4428/2024): Se confirma la denegación de una segunda prestación por nacimiento y cuidado de menor en familias monoparentales, equivalente a la que correspondería al otro progenitor. Se considera que la normativa actual cumple con las exigencias legales y constitucionales, y se deja al legislador la posibilidad de modificarla. STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4537/2024, STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4530/2024, STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4526/2024, STS, a 13 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4529/2024 y STS, a 12 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4428/2024.

VII. RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)

Interrupción de la condición de demandante de empleo (STS 4584/2024): Se establece que una salida al extranjero, aunque sea breve, interrumpe la condición de demandante de empleo para acceder a la RAI si no se justifica por los motivos tasados en la normativa. STS, a 25 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4584/2024. Es interesante el resumen del CENDOJ: A la hora de acceder a la RAI, la condición de demandante de empleo (que el RD 1369/2006 exige se mantenga durante doce meses) queda interrumpida por una salida al extranjero, aunque sea de corta duración, si el solicitante no acredita que obedeció a los motivos tasados en la norma (razones familiares, deberes públicos, búsqueda de empleo) y que su duración se mantuvo dentro de los topes asimismo previstos. En particular, un viaje de siete días (a Turquía, durante el mes de agosto) por motivos no especificados, provoca esa interrupción e impide el acceso a la RAI pues el tiempo como demandante de empleo empieza a contarse, ex novo, desde que se regresa a España. Estimación del recurso del SEPE, de conformidad con Ministerio Fiscal.

VIII. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN ACCIDENTES DE TRABAJO

Falta de motivación en la condena solidaria (STS 4553/2024): Se anula una sentencia que condenó solidariamente a varias empresas por responsabilidad civil derivada de un accidente laboral por falta de motivación en la condena a las empresas distintas de la empleadora, al incurrir en incongruencia omisiva. STS, a 25 de septiembre de 2024 - ROJ: STS 4553/2024

BREVE ANÁLISIS DE LA STSJ CAT Nº 4419/2024 (RS 6378/2023). EL COVID-19 COMO EE.PP EN SUPUESTOS DE FALLECIMIENTO.

Aviso: es un comentario de sentencia real, notificada hoy mismo, y que por tanto no está en el CENDOJ. El resumen está generado con #IA, pero supervisado su contenido. Solo he tardado algo menos de 5 minutos. 

En esta entrada analizo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nº 4419/2024, en este momento aún no publicada en el Cendoj, referida al caso de un gerocultor fallecido por COVID-19 y su reconocimiento como enfermedad profesional. Se examinará el contexto legal sobre enfermedades profesionales, la jurisprudencia relevante y la importancia de esta sentencia para el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional en trabajadores del sector socio-sanitario.

I. Contexto Legal y Normativo.

El marco legal que regula las enfermedades profesionales se encuentra en el artículo 157 de la LGSS, que define la enfermedad profesional como aquella "contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional".

El cuadro de enfermedades profesionales, a su vez, se encuentra en el Real Decreto 1299/2006. Este Real Decreto ha sido modificado en varias ocasiones para incluir nuevas enfermedades. Es importante destacar que la jurisprudencia ha establecido que la lista de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 es meramente enunciativa, no limitativa, no tanto respecto a las patologías no incluidas expresamente en el listado, pero sí respecto a las profesiones, que pueden ser reconocidas como enfermedades profesionales si se demuestra la relación de causalidad con el trabajo.

II. La Sentencia del TSJC

La sentencia del TSJC analiza el caso de Cristóbal, quien trabajaba como gerocultor en una residencia de ancianos y falleció a causa de COVID-19 en mayo de 2020. La sentencia dictada en la instancia, inicialmente confusa en su redacción (como se evidencia en la necesidad de aclaración posterior), determina finalmente que el fallecimiento deriva de enfermedad profesional y no de enfermedad común.

La sentencia argumenta que el contagio por coronavirus, así como la actividad profesional desarrollada por el causante, están incluidos dentro del cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006. En concreto, la sentencia hace referencia al código 3A0104, que se refiere a "trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en centros ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio".

III. El COVID-19 como Enfermedad Profesional

La pandemia de COVID-19 ha generado un intenso debate jurídico en torno a su consideración como enfermedad profesional, generalmente negado por las MCSS. Esta nueva sentencia del TSJC se suma a la doctrina de la misma Sala que reconoce la posibilidad de calificar el COVID-19 como enfermedad profesional en trabajadores del sector socio-sanitario.

Es importante destacar que la inclusión de la COVID-19 en el grupo 3 del anexo II del Real Decreto 664/1997, por la Orden TES/1180/2020, refuerza la argumentación a favor de su reconocimiento como enfermedad profesional. Esta inclusión, si bien no es una referencia expresa a la COVID-19 en el Real Decreto 1299/2006, sí que permite considerarla, por omisión, dentro del listado de enfermedades profesionales.

La sentencia del TSJC utiliza esta argumentación para aplicar una presunción "iuris et de iure" de enfermedad profesional. Esto significa que, al concurrir la enfermedad y la actividad profesional listada en el Real Decreto 1299/2006, se presume automáticamente la relación de causalidad entre ambas, sin necesidad de que el trabajador la pruebe.

IV. Implicaciones de la Sentencia

La sentencia del TSJC tiene importantes implicaciones para el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional:

Refuerza la doctrina del TSJ CAT: la sentencia se suma a otras anteriores que ya consideran el COVID-19 como enfermedad profesional en el sector socio-sanitario.

Importancia de la actividad profesional: la sentencia destaca la relevancia de la actividad profesional del trabajador para la determinación de la contingencia.

Presunción "iuris et de iure": la aplicación de la presunción "iuris et de iure" facilita el reconocimiento de la enfermedad profesional en estos casos, al no requerir prueba de la relación de causalidad.

V. Conclusión

La sentencia del TSJC supone un avance en el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional en trabajadores del sector socio-sanitario. La sentencia, si bien adolece de cierta confusión inicial en su redacción, establece una argumentación sólida basada en la normativa vigente y en la jurisprudencia previa. Su aplicación, en conjunto con la evolución legal que ha experimentado la consideración de la COVID-19 como enfermedad profesional, refuerza la protección de los trabajadores del sector socio-sanitario que han estado en primera línea durante la pandemia.

A PROPÓSITO DE LA REFORMA DEL ART. 49.1 E) ET Y LA FECHA DE EFECTOS DE UNA IPT CON REINCORPORACIÓN EN FUNCIONES DISTINTAS (STS 4305/2024)

El pasado viernes se publicó en el BOCG el "Proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente", o lo que es lo mismo, la adaptación de nuestra normativa a la doctrina de la  STJUE "Ca Na Negreta".

Mientras, la STS, a 16 de julio de 2024 - ROJ: STS 4305/2024, con referencia expresa a la Directiva 2000/78 dicta nueva sentencia, aunque reiterando lo ya establecido en la STS Pleno 557/2024, de 17 de abril (rcud. 2225/2021) que la fecha de efectos económicos de pensión de IPT de conductora autobuses en EMT, reincorporada con funciones distintas (limpiadora) se establecen en el momento en que deja de prestar esos servicios como limpiadora. La sentencia es extensa, pero sobre el supuesto de hecho y la decisión final, hay que destacar el final de la misma. A saber;

"... En el presente pleito no consta la extinción del contrato de trabajo del actor sino únicamente el reingreso provisional mientras se resuelve si tiene derecho a la pensión. El convenio colectivo prevé que el empresario y el trabajador suscribirán un nuevo contrato de trabajo para una categoría nueva que sea compatible con sus dolencias. Este litigio no se dirige contra el empleador sino contra la Entidad Gestora. Se debate la compatibilidad de la pensión. 

3.- La citada sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 356/2017, de 26 de abril (rcud 3050/2015), estableció los siguientes criterios: 

a) El principio básico de absoluta incompatibilidad entre la pensión de IPT y el desempeño de la misma profesión. 

b) La función de sustitución de rentas salariales de la pensión de IPT. 

c) La inactividad en la profesión integra el concepto mismo del grado de IPT. 

d) Cuando se accede a la pensión de IPT desde la situación de activo laboral, la fecha de inicio de los efectos económicos de la pensión coincide con la del cese efectivo en el trabajo. 

4.- En el caso enjuiciado, se trataba de una adscripción meramente provisional, manteniendo la categoría de conductor de autobuses, mientras se resolvía si las dolencias y limitaciones del demandante justificaban el reconocimiento de la pensión de IPT. El convenio colectivo de empresa preveía que el reconocimiento de la pensión de IPT extinguiría el contrato y se suscribiría simultáneamente un nuevo contrato de trabajo a tiempo parcial con jornada del 50% para la nueva categoría a la que accediera el trabajador, compatible con sus dolencias. Durante esa adscripción provisional se mantuvo su categoría profesional de conductor de autobuses. Aplicando la citada doctrina jurisprudencial, debemos concluir que la fecha de efectos de la pensión de incapacidad permanente total del actor debe ser la del cese en sus funciones, lo que no sucede mientras continúe la adscripción provisional".

Es cierto que el supuesto del TS no hace referencia al derecho al empleo de la persona trabajadora por razón de su discapacidad, que no se discute, sino la fecha de efectos de la pensión de IPT habiendo realizado una profesión diferente durante un periodo de tiempo. Creo que la doctrina del TS es restrictiva, y que una adscripción provisional en la misma empresa a otro puesto de trabajo, no impide la compatibilidad entre pensión y trabajo realizado, ya que ese es el espíritu del art. 198.1 LGSS. O al menos así lo interpreto yo. De todas formas, atentos a la reforma del art. 49.1 e) ET, que si bien deroga la extinción automática de la relación laboral por declaración de IPT o grado superior, también incide, de forma compleja, en la fecha de efectos de la pensión si el trabajador solicita ajustes razonables. En fin, dejo comentario al respecto a continuación, en que, cuando lo hago siempre aviso, he utilizado la #IA (basado en comentarios propios que he realizado al respecto, y que la aplicación analiza y les da forma de artículo jurídico).

Comentario Jurídico sobre la Propuesta de Reforma de los Artículos 49.1 ET y 174.5 LGSS en relación a la STJUE Ca Na Negreta

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de enero de 2024, en el caso Ca Na Negreta (C-631/22), ha tenido un impacto significativo en la legislación laboral española en materia de incapacidad permanente. La sentencia ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores (ET), que permitía la extinción automática del contrato de trabajo por declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, sin que la empresa tuviera la obligación de realizar ajustes razonables para la adaptación del puesto de trabajo.

En respuesta a esta sentencia, se ha presentado un Proyecto de Ley para modificar el ET y la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Este comentario jurídico analizará los aspectos clave de esta propuesta de reforma, centrándose en las modificaciones de los artículos 49.1 ET y 174.5 LGSS, y su relación con la STJUE Ca Na Negreta.

1. Antecedentes: La STJUE Ca Na Negreta y el derecho a los ajustes razonables.

La STJUE Ca Na Negreta se originó a raíz de un caso en España en el que se extinguió el contrato de trabajo de un trabajador tras ser declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. El TJUE determinó que la normativa española no se ajustaba a la Directiva 2000/78/CE, ya que permitía el despido automático sin que el empresario estuviera obligado a realizar ajustes razonables o demostrar que estos suponían una carga excesiva.

La sentencia enfatiza la importancia de la adaptación del puesto de trabajo como medida previa a la extinción del contrato y subraya la necesidad de una interpretación amplia del concepto de "despido", incluyendo cualquier extinción del contrato no deseada por el trabajador.

2. Principales Novedades de la Propuesta de Reforma.

A. Modificación del Artículo 49.1 ET:

• Se separa la muerte del trabajador como causa de extinción del contrato (49.1.e) ET), de la incapacidad permanente.
• Se introduce un nuevo supuesto de extinción del contrato (49.1.n) ET), aplicable a la declaración de incapacidad permanente absoluta o total, o al reconocimiento del complemento de asistencia de tercera persona (nueva denominación de la Gran Invalidez), siempre que no sea posible realizar ajustes razonables o un cambio a un puesto vacante y disponible, y siempre que dichas medidas supongan una carga excesiva para la empresa.
• Se establece un procedimiento para determinar si la adaptación del puesto supone una carga excesiva, considerando la posibilidad de obtener ayudas públicas y otros factores.

B. Modificación del Artículo 174.5 LGSS:

• Se adapta la regulación de la prolongación de los efectos económicos de la incapacidad temporal y la fecha de efectos de la pensión de incapacidad permanente a las nuevas previsiones del ET, en particular cuando la declaración de incapacidad permanente no conlleva la extinción de la relación laboral.

C. Compromiso de Reforma de la Compatibilidad entre Trabajo e Incapacidad Permanente.

El Proyecto de Ley incluye un compromiso del Gobierno para presentar, en un plazo de seis meses, una propuesta de reforma de la normativa de Seguridad Social en materia de incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo. Esta reforma deberá abordar la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita la compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez con el trabajo, salvo que se trate de actividades esporádicas o marginales.

3. Valoración Crítica de la Propuesta de Reforma.

La propuesta de reforma supone un avance positivo al incorporar al ordenamiento jurídico español el criterio del TJUE establecido en la sentencia Ca Na Negreta. Sin embargo, presenta algunos aspectos que deberían ser objeto de mejora:

• Ausencia de mención expresa a la incapacidad permanente total para la profesión habitual: Si bien la referencia a la incapacidad permanente total en la nueva letra n) del artículo 49.1 ET podría interpretarse en este sentido, sería conveniente una referencia expresa a la incapacidad permanente total para la profesión habitual, que fue el objeto principal del caso Ca Na Negreta.
• Necesidad de aclarar la interacción con el art. 48.2 ET: El Proyecto de Ley no modifica el art. 48.2 ET, que regula la suspensión del contrato por incapacidad permanente con reserva del puesto de trabajo. Se debería aclarar la relación entre ambas figuras, especialmente en cuanto a la obligación de realizar ajustes razonables durante la suspensión del contrato.
• Alcance de la obligación de realizar ajustes razonables: La propuesta se centra en la adaptación del puesto de trabajo o la reubicación en otro puesto vacante, pero no aborda otras medidas que podrían ser consideradas ajustes razonables, como la reducción de la jornada laboral o la flexibilización del horario.
• Necesidad de reforzar la protección frente a la extinción del contrato por causas objetivas: La sentencia del TJUE Ca Na Negreta también tiene implicaciones en los casos de despido objetivo por ineptitud sobrevenida (art. 52.a ET). La propuesta de reforma debería abordar esta cuestión, asegurando que la ineptitud sobrevenida por causa de una discapacidad no pueda ser motivo de despido si no se han agotado las posibilidades de realizar ajustes razonables.
• Importancia del diálogo social en la futura reforma de la compatibilidad: El Gobierno se ha comprometido a presentar una propuesta de reforma de la compatibilidad entre trabajo e incapacidad permanente en un plazo de seis meses. Esta reforma es fundamental para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo sin perder la protección social que les confiere la pensión. Es crucial que esta reforma se aborde en el marco del diálogo social, con la participación de los agentes sociales y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

4. Conclusión

La propuesta de reforma de los artículos 49.1 ET y 174.5 LGSS supone un paso importante para adecuar la legislación laboral española a la STJUE Ca Na Negreta y al derecho europeo en materia de no discriminación por razón de discapacidad.

No obstante, es necesario seguir trabajando para garantizar una protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, asegurando su derecho a la igualdad de trato y oportunidades. En este sentido, la futura reforma de la compatibilidad entre trabajo e incapacidad permanente será crucial para lograr este objetivo.

Comentario personal: Añado que la #IA no destaca que se establece un procedimiento en que, a partir de la notificación al trabajador de la resolución de IP deberá, si así lo considera, solicitar ajustes razonables , con lo que se desactiva la extinción automática del contrato de trabajo, teniendo la empresa un plazo de 3 meses para adoptar la decisión al respecto, que habrá de comunicar por escrito y de forma motivada al trabajador. A su vez, si se activa dicho procedimiento, y por ese plazo máximo de 3 meses, quedaría en suspenso el abono de la pensión, prorrogándose los efectos de la situación de IT previa... complejo, muy complejo, esperaremos al trámite parlamentario...

SUBSIDIO DE DESEMPLEO Y REQUISITO DE CARENCIA DE RENTAS. LA STS 4316/2024 ACLARA LAS DIFERENTES SITUACIONES Y AVISA DE LAS NUEVAS PREVISIONES DEL RDLEY 2/2024

 Es de agradecer el esfuerzo realizado por el TS en la STS 4316/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4316, de 11/07/2024 para determinar como realizar, antes diferentes supuestos, el cómputo mensual que determina si se supera el 75% del salario mínimo interprofesional, sin inclusión de las pagas extraordinarias, requisito ineludible para acceder al subsidio de desempleo. Ahora bien, es probable que, con la reforma efectuada por el RDLey 2/2024 respecto al subsidio de desempleo, y específicamente respecto a la superación del nivel de ingreso -carencia de rentas- algunas cuestiones abordadas por el TS pueden verse afectadas, y de hecho esta sentencia ya lo apunta, como veremos-. 

En la sentencia se recoge:

-Que la beneficiaria  del subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años desde abril de 2018 recibe ese mismo año una herencia por un importe de 186.812,23 euros. Ahora bien, la beneficiaria tiene su residencia habitual en uno de los inmuebles heredados, y el valor de 1/6 que ostenta sobre otro bien inmueble que no es su vivienda habitual es de 20.000 euros. También recibe una cantidad de dinero en efectivo por algo más de 3.200 euros.

- La beneficiaria comunica los "rendimientos" obtenidos, y el SEPE resuelve extinguir el subsidio por entender que sus rentas superan en cómputo mensual el 75% SMI. Ojo, no es extinción por sanción al no haber comunicado rendimientos, sino por superación del nivel máximo permitido de ingresos.

- Tanto la sentencia del JS como la dictada en suplicación por el TSJ consideran que, a efectos del requisito de carencia de rentas para la percepción del subsidio por desempleo, la cantidad líquida ingresada en el patrimonio de la demandante no debe calcularse conforme a sus rendimientos sino por su importe íntegro. La diferencia, claro, supone que sí supera el 75% SMI si se toma el importe íntegro (recordemos que, aunque no se compute la cuantía del valor de la vivienda habitual, los 20..000 euros del otro inmueble sumados a los algo más de 3.200 € en efectivo, suponen una media mensual que supera en mucho el 75% SMI. Lo que no ocurre si solo se computa el valor presunto, el interés legal del dinero, de aquellas cuantías).

- En cuanto a la sentencia de contraste, también la beneficiaria hereda inmuebles y dinero líquido. En los dos litigios se discute cuál ha de ser la consideración que debe darse a las cantidades percibidas en metálico por la beneficiaria a efectos del requisito de carencia de rentas exigido en el subsidio por desempleo o en la prestación de invalidez no contributiva en la de contraste. En fin, cierto que es la interpretación de "rendimientos" en ambos casos, pero no tengo nada claro que, a efectos de acceso al subsidio de desempleo y a las pensiones no contributivas se les deba aplicar el mismo razonamiento. De hecho, ni las consecuencias son las mismas, ya que la PNC extinguida sí puede rehabilitarse en el futuro si cambia el nivel de rentas, lo que no ocurre con el subsidio.

- Por tanto, aceptada la contradicción, el TS interpreta los arts. 275.2, 3 y 4 de la LGSS, "en la redacción aplicable a la presente litis" -insisto, el RDLey 2/2024 ha modificado cuestiones específicas, y ya veremos cual es la interpretación del SEPE, muy especialmente con, precisamente, las herencias, antes no mencionadas en el artículo-.

Dicho lo anterior, recordemos que en este supuesto la beneficiaria sí comunicó sus rendimientos en tiempo y forma a la Entidad Gestora, lo cual es importantísimo -siempre hay que comunicar- ya que permite diferenciar dos situaciones distintas, y es que la TS 103/2023, de 2 febrero (rcud 301/2020) ya explica que las consecuencias son distintas:

a) Cuando el beneficiario del subsidio por desempleo comunica al SEPE la obtención de rentas que exceden del límite máximo. Aquí nos encontramos ante un mero acto de gestión. Y es que, entre otras la TS 774/2022, de 27 de septiembre (rcud 4313/2019), dicha comunicación correcta permite la suspensión del derecho y es posible, cuando ya no existan los rendimientos, rehabilitar el subsidio.

b) Cuando el beneficiario omite dicha comunicación, y se detecta posteriormente por el SEPE, la actuación de la entidad gestora se tratará de una sanción administrativa, y en concreto extinción por no comunicación, lo que supone la pérdida definitiva del derecho.

Por tanto, conclusión muy clara: comunicación=suspensión, no comunicación=extinción, aunque la cuantía fuese la misma.

Y dicho lo anterior, didáctico pero innecesario para la resolución del recurso -en el supuesto de hecho, es clarísimo que sí comunicó la beneficiaria los rendimientos- pero el TS sigue con su carácter didáctico -mis alumnos sí lo agradecerán- y entra en las diferentes consecuencias de los dos anteriores supuestos. A saber:

1. En el FJ QUINTO señala "en primer lugar, vamos a examinar la doctrina jurisprudencial relativa al supuesto en el que el beneficiario comunica al SEPE la obtención de rentas que exceden del máximo, es decir, el que identificábamos anteriormente como supuesto a), que implica la suspensión del derecho al subsidio. 

A) La sentencia del TS de 16 de julio de 2014 (rcud 2387/2013), enjuició un caso en el que un perceptor del subsidio por desempleo había percibido 6.000 euros brutos en concepto de premio en un concurso. Esta Sala argumentó que no se trataba de una cantidad obtenida en periodos regulares sino en forma no regular y por una sola vez. Por ello, sostuvimos que su consideración "como ganancia patrimonial se acomoda mejor a un ingreso irregular ya que permite, dada su falta de periodicidad y a partir del momento en el que se produce el ingreso en el patrimonio comenzar el cómputo aplicando a su valor el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente". 

Argumentamos que, "en sentido etimológico, renta equivale a utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa, o lo que de ella se cobra y también lo que paga en dinero o en frutos un arrendatario, y este es el concepto que hace suyo el Código Civil [...] La periodicidad en la percepción es, como se dice, nota consustancial a la renta, tal como se desprende del artículo 355 del Código Civil al considerar frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio de arrendamientos de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u otras análogas". 

A continuación, añadimos: "En el caso que nos ocupa la cantidad obtenida no lo ha sido en periodos regulares sino en forma no regular y por una sola vez. El premio no sustituye a un bien anterior que se encontrara en el patrimonio del interesado, sino que es un ingreso nuevo por irregular que sea su percepción. Existe una ganancia real porque el importe de lo percibido se incorpora al patrimonio de la demandante. 

La consideración del premio obtenido como ganancia patrimonial se acomoda mejor a un ingreso irregular ya que permite, dada su falta de periodicidad y a partir del momento en el que se produce el ingreso en el patrimonio comenzar el cómputo aplicando a su valor el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente".

B) La sentencia del TS 43/2019, de 23 de enero (rcud 417/2017) enjuició un litigio en el que una perceptora del subsidio por desempleo para mayores de 52 años había percibido 5.890,62 euros en concepto de rescate del seguro de vida. Mencionó ese ingreso en la declaración anual de rentas. 

Esta Sala examinó si la suspensión del subsidio debía ser únicamente la del mes en que se produjo el exceso de rentas o la de todo el periodo desde el percibo de la renta irregular hasta que se puso el ingreso en conocimiento del SEPE. No existió ocultación ni mala fe. 

La sentencia entiende que la beneficiaria comunicó la concurrencia de un devengo que determinaría la suspensión del derecho, por lo que no resulta de aplicación la norma sancionadora de falta grave y la derivada extinción del subsidio por desempleo. Entran en juego las normas no sancionadoras contenidas en el art. 219.2 LGSS. El ingreso se produjo en marzo de 2014 y la comunicación a la entidad gestora en mayo de 2015. El TS concluye que la cantidad a reintegrar por la beneficiaria debía ser únicamente la correspondiente al importe del subsidio por desempleo del mes (marzo de 2014) en que se produce el exceso de rentas.  

2. En el FJ SEXTO dice "vamos a examinar el supuesto en el que el beneficiario no comunica al SEPE la obtención de rentas que exceden del máximo", es decir, el que identificábamos anteriormente como supuesto b), que implica la extinción del derecho al subsidio. Examina los artículos concretos de la LISOS ya enumeradas en innumerables sentencias por el TS, 25.3 y 47.1b) para finalmente recordar:

"Las sentencias del TS 126/2016, de 19 de febrero (rcud 3035/2014, Pleno); 786/2016, de 28 de septiembre (rcud 3002/2014); y 207/2017, de 9 de marzo (rcud 3503/2015), sostuvieron que la consecuencia jurídica de la omisión de la comunicación del incremento o del ingreso en el patrimonio del beneficiario era la extinción del subsidio (por aplicación de los arts. 25 y 47 de la LISOS) y no la suspensión imputable al mes en el que se produjo el devengo, lo que conlleva la devolución de lo indebidamente percibido. Posteriormente, reiteraron esa doctrina las sentencias del TS 96/2018, de 6 de febrero (rcud 3104/2015); 305/2019, de 10 de abril (rcud 1378/2017); y 663/2020, de 16 de julio (rcud 740/2018); entre otras muchas. Los autos del TC 43/2017, de 28 febrero y 187/2016, de 15 noviembre inadmitieron las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas respecto del art. 47.1.b) de la LISOS"

Y dicho lo anterior, el TS es consciente que una de las reformas del RDLey 2/2024 es precisamente la modificación del art. 47.1.b) de la LISOS llevada a cabo por el RDLey 2/2024 supondrá, que cuando entre en vigor (salvo error mío, el 1/11/2024), supondrá que el incumplimiento por los beneficiarios del subsidio por desempleo de la comunicación al SEPE de que han percibido rentas que excedan del límite solo se sancionará con la pérdida de tres meses de prestaciones, cuando se trate del primer incumplimiento, y ya no con la extinción. Por tanto, y atentos a la importante afirmación: 

"Si la consecuencia de dicho incumplimiento es la pérdida de tres meses de prestaciones, en los supuestos en los que el beneficiario cumpla con su obligación de comunicar al SEPE que ha percibido las citadas rentas, ello no debería conllevar una consecuencia más gravosa para el beneficiario que si hubiera incumplido su obligación".

Y dicho lo anterior, que no es poco y aunque hace referencia a lo que se aplicará tras la entrada en vigor del RDLey 2/2024, resuelve el caso concreto a favor de la beneficiaria, ya que, dice literalmente "En una fecha concreta, la actora heredó una parte indivisa de un inmueble valorada en 20.000 euros y una cantidad a tanto alzado cuya cuantía (3.222,22 euros) no le permitía obtener unas rentas con regularidad que le permitieran afrontar sus necesidades. La beneficiaria comunicó al SEPE los citados extremos por lo que no resulta de aplicación la normativa sancionadora. Debe aplicarse el art. 275.2, 3 y 4 de la LGSS. Por ello, de conformidad con la citada doctrina jurisprudencial, debemos concluir que no concurre una causa de extinción del subsidio por desempleo sino únicamente de suspensión. La solución sería diferente si la cantidad percibida por la beneficiaria fuera tan elevada que le permitiera obtener unas rentas con regularidad para subvenir sus necesidades".

Pero si esta sentencia es didáctica, tanto con respecto al supuesto de hecho como a la futura aplicación del RDLey 2/2024, además aprovecha para, y no pongo ni quito ninguna coma,  "fija(r) la doctrina siguiente: cuando el beneficiario del subsidio asistencial por desempleo comunica al SEPE la obtención de rentas que exceden del límite legal hay que diferenciar los siguientes supuestos;

A) Rentas periódicas que superan el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras 

a) Cuando el beneficiario percibe esas rentas periódicas durante 12 meses o más se extingue el subsidio ( art. 280.6 de la LGSS). 

b) Si el beneficiario percibe esas rentas periódicas durante menos de 12 meses se suspende el subsidio [ art. 280.5.b) de la LGSS]. 

B) Renta no periódica (herencia, donación, premio...) 

a) Cantidad de dinero a tanto alzado 

- Cuando el beneficiario percibe una cantidad de dinero a tanto alzado cuya cuantía es tan elevada que le permite obtener unas rentas periódicas que superen el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras, se extingue el subsidio. Para ello, se calculará su rendimiento presunto, aplicándole el interés legal. 

- Si el beneficiario percibe una cantidad de dinero a tanto alzado cuya cuantía no le permite obtener unas rentas periódicas que superen el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras, se suspende el subsidio durante el periodo de tiempo en que ese ingreso le ha permitido subvenir sus necesidades, lo que hace innecesario el abono del subsidio. En la presente litis, la demandante percibió 3.222,22 euros, equivalentes a cinco meses del límite de rentas exigido para el subsidio por desempleo: el 75% del SMI del año 2018 sin pagas extras. Por tanto, el subsidio por desempleo deberá suspenderse durante ese plazo. 

b) Patrimonio no pecuniario (por ejemplo, un inmueble) En tal caso, el beneficiario no dispone de una cantidad de dinero para afrontar sus necesidades vitales, por lo que se tendrá en cuenta el rendimiento presunto del bien, aplicándole el interés legal.

En fin, es un presentimiento mío, pero ante la nueva redacción del 275.4 LGSS por el RDLey 2/2024, cuando dice "Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente", creo que el TS está avisando al SEPE de cual será -de cual es- su interpretación, favorable al beneficiario/heredero como "renta no periódica".

STS 4313/2024: TAMBIÉN SE APLICA EL COMPLEMENTO DE MÍNIMOS AL BENEFICIARIO DE IPT POR ACCIDENTE NO LABORAL.

Magnífica la reciente sentencia del Tribunal Supremo STS 4313/2024, en cuanto a la interpretación extensiva del derecho a los complementos por mínimos en las pensiones de incapacidad permanente total (IPT). Este caso, que se centra en el derecho de un beneficiario de una IPT derivada de un accidente no laboral (ANL) a percibir dicho complemento, establece una doctrina, que huye de la interpretación literal de la normativa y prioriza la protección social. Es la siguiente:

 STS, a 10 de julio de 2024 - ROJ: STS 4313/2024

• ECLI:ES:TS:2024:4313 
 
• Sala de lo Social 
 
• Nº de Resolución: 1007/2024 
 
• Municipio: Madrid 
 
• Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA 
 
• Nº Recurso: 3371/2021

RESUMEN: Reconocimiento del derecho al complemento a mínimos del beneficiario de una pensión incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral y no de enfermedad común

La sentencia, en lugar de simplemente adherirse a una interpretación rígida del artículo 196.2 de la LGSS, que se refiere únicamente a la IPT derivada de enfermedad común, realiza una revisión exhaustiva de la finalidad de la Seguridad Social y la necesidad de garantizar una protección adecuada a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Los puntos clave de la sentencia:

• Rechazo a la interpretación literal y apuesta por la equidad: El TS se desmarca de una interpretación restrictiva del artículo 196.2 LGSS, reconociendo que limitar el complemento a mínimos a casos de enfermedad común dejaría en una situación de desprotección a aquellos beneficiarios de IPT por ANL que se encuentran en circunstancias similares de necesidad. La sentencia establece que la finalidad de los complementos por mínimos es asegurar una protección social efectiva a aquellos que la necesitan, independientemente del origen de su incapacidad (enfermedad común o ANL).
• Priorización del espíritu de la Constitución Española: La sentencia se alinea con el artículo 41 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la protección social, al reconocer la naturaleza asistencial de los complementos por mínimos. Este enfoque, que se centra en el bienestar del ciudadano, refuerza el papel de la Seguridad Social como garante de una vida digna para todos.
• Comprensión de la vulnerabilidad compartida: El TS, a través de un análisis detallado del caso, reconoce que tanto los beneficiarios de IPT por enfermedad común como por ANL pueden enfrentarse a situaciones de precariedad económica similares. Por ende, la sentencia determina que no existe una justificación sólida para establecer una distinción entre ambos casos que pueda generar desigualdad e injusticia.
• Análisis exhaustivo del marco legal: La sentencia no se limita a la interpretación del artículo 196.2 LGSS. Realiza una revisión profunda del artículo 59 LGSS, relacionado con los requisitos para acceder a complementos por mínimos, y concluye que este artículo no excluye a los beneficiarios de IPT por ANL, menores de 60 años, del acceso al complemento de mínimos.

En definitiva, la sentencia STS 4313/2024 es sin duda un avance significativo en la protección de los derechos de los pensionistas, particularmente aquellos en situaciones más vulnerables. Es una decisión que, a través de una interpretación extensiva y favorable a los beneficiarios, consolida el papel de la Seguridad Social como un pilar fundamental para garantizar una sociedad más justa e igualitaria. 

Comentario realizado con #IA, pero supervisado por mí.

EL RD 893/2024 ESTABLECE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR ¿SEGURO?

Ya se ha publicado el Real Decreto 893/2024, que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Pero, ¿se ha equiparado completamente a las empleadas del hogar con el nivel de protección de los trabajadores por cuenta ajena? Me anticipo, antes de resumir el RD, a la respuesta final para decir que no, que la equiparación no es plena. Y lo que es peor aún, salvo interpretación errónea por mi parte, el RD tardará aún unos meses en entrar en vigor. Vamos a "desgranar" el RD con la ayuda de la aplicación de Google, Notebook LM, es decir, con #IA. Pero en azul, mi aportación personal. Pero ya avanzo mis tres discrepancias con la norma:

1. La norma debía realizar una remisión completa a la LPRL, y solo establecer las cuestiones que por problemática especial lo exigiesen. Los 8 artículos no son más que el reflejo de las mismas disposiciones de aquella ley.

2. No es legal, ni justo tampoco, que se excluya la aplicación del recargo de prestaciones. Si existe infracción en materia preventiva debe aplicarse el recargo del art. 164 LGSS.

3. La norma no ha entrado en vigor, y queda pendiente del desarrollo de una aplicación por parte del Ministerio, de fechas y situaciones indeterminadas. 

Resumen
El Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, regula la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en el ámbito del servicio del hogar familiar en España. Este decreto tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de este colectivo, que ha sido históricamente objeto de discriminación y subvaloración. El decreto introduce medidas específicas para la prevención de riesgos laborales en este ámbito, incluyendo la evaluación de riesgos, la formación y la vigilancia de la salud. Además, se abordan temas como la violencia y acoso en el empleo doméstico, el reconocimiento médico y la formación en materia preventiva. La normativa busca garantizar el derecho a la protección de la salud y seguridad de las personas empleadas de hogar, situando a España a la vanguardia en la protección de este sector laboral.
Comentario personal: Correcto, buen resumen del RD, y de cual es el objetivo del mismo. Otra cosa bien diferente es si lo conseguirá.

Tabla de Contenidos: Real Decreto 893/2024

Preámbulo: Contexto y justificación. 

Sección I: Describe la histórica discriminación laboral sufrida por las empleadas de hogar, destacando la falta de protección y la desigualdad en comparación con otros trabajadores.

Sección II: Resume el Real Decreto-ley 16/2022 y su importancia en la equiparación de derechos laborales para las empleadas de hogar, incluyendo la inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Sección III: Se centra en la necesidad de especificaciones para el sector de la ayuda a domicilio, especialmente en cuanto a la evaluación de riesgos en domicilios privados.

Sección IV: Ofrece una visión general de la estructura del Real Decreto 893/2024, dividiéndolo por artículos y disposiciones.

Sección V: Justifica la necesidad del Real Decreto 893/2024, enfatizando su cumplimiento con principios legales y su contribución a la Agenda 2030.

Comentario personal: Buen resumen del Preámbulo. Sin más pretensiones.

Articulado del Real Decreto

Artículo 1: Objeto y finalidad: Define el objetivo del Real Decreto como la regulación de la seguridad y salud laboral de las empleadas de hogar.

Comentario personal: Nos recuerda que la DA 18ª Ley 31/1995 (LPRL) ya establecía el derecho de las trabajadoras en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, ahora bien, estaba pendiente de desarrollo reglamentario, que es lo que cubre ahora este nuevo RD. Ahora bien, señala que dicho derecho se garantiza a efectos de aplicación de reglas de Prevención de Riesgos Laborales con la aplicación exclusiva de este RD ¿y no es acaso un estándar de protección inferior entonces a la ley 31/1995? ¿Excluye entonces de forma tácita la aplicación de la LPRL? Como parece que sí lo hace, o que es su intención, tiene que acudir, como en este artículo 1.3 en diversas ocasiones por remisión a aquella norma, aquí en concreto para señalar que los conceptos de «prevención», «riesgo laboral», «daños derivados del trabajo» y «riesgo laboral grave e inminente» son los del art. 4 LPRL ¿No era más fácil aplicar la LPRL y, en lo que fuera necesaria, señalar la exclusión de aplicación de la aquella norma?

Artículo 2: Derecho a la protección de los riesgos laborales: Establece el derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, especificando los derechos de información, formación, participación, paralización de la actividad en caso de riesgo y vigilancia de la salud.

Comentario personal: Evidentemente nada nuevo aporta que no está ya previsto en la LPRL, especialmente en el art. 14, en cuanto al derecho a la protección eficaz del trabajador y el correlativo deber del empleador. Y que aquel derecho se integra con los específicos derechos de información, formación y participación, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud es reiterar lo que señala el art. 14.1 LPRL. Tampoco es novedad que la derivación de las actividades preventivas no "eximan del cumplimiento de su deber en esta materia" al empleador, y que es gratuito para el trabajador. En fin, insisto, es un reflejo de aquel artículo 14. 

Artículo 3: Evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas: Obliga a la persona empleadora a realizar una evaluación inicial y actualizada de los riesgos laborales, adoptando las medidas preventivas necesarias.

Comentario personal: Es una adaptación de lo previsto en el art. 16 LPRL, y nada más. Nuevamente el decreto señala que sí es de aplicación lo previsto en los  25, 26, 27, 28.1 y 2 y 29 PRL (TES, maternidad, menores, ETT,...)

Artículo 4: Equipos de trabajo y equipos de protección individual: Obliga a la persona empleadora a proporcionar equipos de trabajo y protección individual adecuados, determinando su uso según la evaluación de riesgos.

Comentario personal: No deja de ser una nueva redacción de lo que ya dispone al respecto el art. 17 LPRL.

Artículo 5: Información, participación y formación de las personas trabajadoras: Garantiza el acceso a la información sobre riesgos laborales, la participación en la mejora de la seguridad y la formación preventiva.

Comentario personal: Es una "refundición" de los artículos 18 y 19 LPRL, teniendo aquí en cuenta que aquí no habrá representación de los trabajadores. Y en cuanto a la formación ya deriva a la futura "plataforma formativa prevista en la disposición adicional quinta".

Artículo 6: Riesgo grave e inminente: Define las obligaciones de la persona empleadora y los derechos de la persona trabajadora ante un riesgo grave e inminente.

Comentario personal: Es el mismo derecho del art. 21 LPRL y 19.5 ET, pero adaptado a que en el ámbito de prestación de servicios en el Hogar, no hay representación unitaria de los trabajadores.

Artículo 7: Organización de la actividad preventiva: Establece las opciones para la organización de la actividad preventiva: asunción personal, designación de persona trabajadora o contratación de un servicio externo.

Comentario personal: En realidad es forma "tradicional" de organización de la actividad preventiva de los arts. 30 y concordantes de la LPRL. Obvio, ahora no se hace referencia al Servicio de Prevención Propio -sería desproporcionado, claro- y que, se entiende que si la trabajadora del hogar presta servicios para una persona con discapacidad, entonces la misma podrá delegar la función preventiva en una persona de su entorno personal o familiar directo.

Artículo 8: Vigilancia de la salud: Reconoce el derecho a la vigilancia de la salud a través de reconocimientos médicos voluntarios y periódicos.

Comentario personal: Pues nuevamente nos remitimos a la LPRL, ya que se inspira en aquella y en concreto en el art. 22. No cambia ni la voluntariedad - lo que no queda claro es si ahora puede ser "condicionada"- ni la gratuidad. Sí hace referencia a su carácter único -si hay varias prestaciones de servicios- y carácter trienal. Luego hablaremos de su realización. También se omite, lógico, la dimensión "colectiva" de este derecho, que en este tipo de prestación se diluye...

Disposiciones Adicionales.

Disposición adicional primera: Encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la creación de una herramienta gratuita para facilitar el cumplimiento de las obligaciones preventivas.

Comentario personal: Supongo que será adaptar lo que ya existe: https://www.prevencion10.es/

Disposición adicional segunda: Reconoce el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso, y encarga la elaboración de un protocolo de actuación.

Comentario personal: Una cuestión muy seria, creo que hay que poner especial énfasis en lo dispuesto en el apartado 2: "El abandono del domicilio ante una situación de violencia o acoso sufrida por la persona trabajadora no podrá considerarse dimisión ni podrá ser causa de despido, sin perjuicio de la posibilidad de la persona trabajadora de solicitar la extinción del contrato en virtud del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y de la solicitud de medidas cautelares en caso de formulación de demandas, de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social". Buena disposición.

Disposición adicional tercera: Encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboración de una guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico.

Comentario personal: Ya existen diversas publicaciones al respecto, "Buenas prácticas preventivas en el servicio doméstico, dirigidas a la persona titular del hogar y del servicio doméstico" del año 2021 accesibles en la web del INSST.

Disposición adicional cuarta: Aclara la no aplicación del recargo de prestaciones económicas por accidente de trabajo o enfermedad profesional por falta de medidas preventivas a las empleadas de hogar.

Comentario personal: Y es que dice esta DA: "No será de aplicación a las personas trabajadoras que prestan servicios en el ámbito del servicio del hogar familiar el recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional a que se refiere el artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre". No estoy de acuerdo, me parece injusto, mucho ¿cuál es el fundamento jurídico para que no sea de aplicación?, ¿el económico? pues por lo menos lo podían explicitar. No obstante, lo que se hace es adecuar lo ya dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 1596/2011, que antes hacía referencia al recargo de prestaciones del art. 123 LGSS 1994 y ahora lo hace al art. 164 LGSS 2015 -pero es el mismo contenido-. Ahora bien aquel Real Decreto 1596/2011 lo que hizo fue regular la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar. ¿Puede un real decreto con valor de reglamento excluir de aplicación el art. 164 LGSS 2015 cuanto esta norma tiene naturaleza legislativa?. Entiendo que no, y es que el art. 251 LGSS, en sede de acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar no excluye expresamente el recargo de prestaciones. Quizás, cuando se publicó el RD 1596/2011 asumimos que, como la LPRL expulsaba a las empleadas del hogar de su ámbito de protección, eso era "natural". Pero hoy no es así, y entiendo que la inaplicación del recargo de prestaciones por norma con carácter reglamentario es contrario y vulnera el sistema de fuentes. 

Disposición adicional quinta: Establece la financiación y desarrollo de las acciones formativas a través del Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Comentario personal: Pues eso, más plataformas digitales. Si son para ampliar conocimientos de forma gratuita, bienvenidos sean.

Disposición adicional sexta: Promueve la inclusión de reconocimientos médicos gratuitos para las empleadas de hogar en el Sistema Nacional de Salud.

Comentario personal: Ojo, lo que establece el art. 8 de este RD en cuanto a la vigilancia de la salud es que será gratuita para la trabajadora, y si es un deber del empleador -ver art. 2- suyo es también el coste. Y, a día de hoy, solo puede realizarse por un servicio médico acreditado como servicio de prevención, mediante facultativos especializados. Y lo que esta DA señala es que se "...promoverá la inclusión de la realización gratuita de los reconocimientos médicos" en la cartera del SNS, y yo me pregunto ¿gratuita para quién, entonces? la única respuesta es que para el empleador, para las trabajadoras domésticas ya es gratuito desde el minuto cero de su relación laboral especial.

Disposición adicional séptima: Asegura que la aplicación del Real Decreto no supondrá un incremento del gasto público.

Comentario personal: Venga, es gratis...

Disposiciones Finales.

Disposición final primera: Introduce modificaciones al Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997), estableciendo obligaciones específicas para empresas con personal dedicado a la ayuda a domicilio.

Comentario personal: Es un tema ajeno a las empleadas del hogar, aunque cercano. En la prestación de servicios a personas con dependencia, el domicilio es el centro de trabajo. Se pretende incluir ahora esa circunstancia, y facilitar la actividad preventiva. De hecho, se dice que aquella se realizará "... a través de visita presencial acreditada y efectuada a todos los domicilios en los que aquella deba prestar servicios...". Se puede entender que la persona dependiente proteja su intimidad, pero no a costa de la salud de la persona que ha de cuidarle profesionalmente. Creo que es un buen avance.

Disposición final segunda: Actualiza el Real Decreto 1596/2011 en relación a la no aplicación del recargo de prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional a las empleadas de hogar.

Comentario personal: me remito a lo que denuncio con respecto a la DT 4ª.

Disposición final tercera: Establece el título competencial del Estado en materia laboral.

Sin comentario.

Disposición final cuarta: Habilita al Ministerio de Trabajo y Economía Social a dictar disposiciones para el desarrollo del Real Decreto.

Sin comentario.

Disposición final quinta: Fija la entrada en vigor del Real Decreto, con plazos específicos para la aplicación de ciertas medidas.

Comentario personal: Ya lo avanzo, no está en vigor. Lo explico:

- Con carácter general, entra en vigor el 12/09/2024.

- Esto es irregular e inaceptable. Atención: "Las obligaciones previstas en este real decreto -¿TODAS?- no resultarán exigibles hasta transcurridos seis meses desde la puesta a disposición de la herramienta a la que se refiere la disposición adicional primera, incluso cuando la persona empleadora concierte dicho servicio con un servicio de prevención ajeno". Pues hasta que no se realice la herramienta (web o app) y transcurran 6 meses desde su divulgación, no se aplicará este RD ¿es lo que está diciendo? Pues para mí es muy claro, el RD no ha entrado aún en vigor.

- Y las actividades formativas...pues cuando se cumpla con lo anterior y el SPEE emita resolución. Por tanto, sin fecha...

- Y los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud a cargo del SNS  quizás, algún día, en un futuro no muy lejano, se podrá aplicar. Por tanto, sin fecha previsible.

TAMBIÉN, A PESAR DE QUE HACE CALOR, EL CENDOJ PUBLICA EN AGOSTO SENTENCIAS DEL TS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, A 25/08/2024.

Pues nada, como en agosto se han publicado al calor del verano, diversas sentencias del TS, paso a comentarlas.

MEJORAS VOLUNTARIAS

Con respecto a la pensión complementaria de orfandad prevista en el convenio colectivo del sector de la Banca privada, que se cuantifica en el 20% de la pensión de la Seguridad Social que viniera percibiendo el causante, considera el TS, en la sentencia ROJ: STS 4169/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4169. de 17/07/2024, que para la determinación porcentual no ha de tomarse en consideración la pensión publica de orfandad que estuviera percibiendo el huérfano. Y es que el TS tiene claro que la "interpretación literal no incluye en la determinación del porcentaje -20%- referencia alguna a la pensión pública que pudiera tener el huérfano, como por el contrario, si se hace expresamente en la pensión complementaria de viudedad", siendo evidente que nos encontramos ante "... una manifestación más de la voluntad negociadora que ha querido establecer prestaciones a cargo de la empresa en esos términos claros, al igual que pueden pactarse otros beneficios".

Son ya varias las STS que han resuelto sobre la cuestión de la prescripción en referencia a la mejora voluntaria y aplicabilidad de la retroactividad máxima de tres meses establecida por el art. 53 LGSS, respecto al complemento de prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes por embarazo y el debate de si debe incluir la retribución percibida por guardias médicas. En este nuevo recurso aplica doctrina de las SSTS 182/2024, de 29 de enero (rcud 3467/2021), 358/2024, de 23 de febrero (rcud 487/2022), y 673/2024, de 8 de mayo (rcud 347/2022), en las se invocaba la misma sentencia de contraste. Y por tanto, aunque el plazo de prescripción es de 5 años también para las mejoras voluntarias de seguridad social, no ha prescrito el derecho, pero los efectos económicos tienen una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de solicitud de revisión, en aplicación del art. 53 LGSS.

INCAPACIDAD PERMANENTE

La STS de 10/07/2024 ROJ: STS 4170/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4170 reitera doctrina respecto la declaración de Incapacidad permanente -en este caso en grado de total- derivada de enfermedad profesional de un trabajador autónomo (en concreto, silicosis). Responsabilidad por periodo anterior a 2008 (recordar que, con carácter general, las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia anteriores a aquel año eran asumidas por el INSS como responsable del pago, y que las posteriores son de las mutuas, y si el tiempo de exposición al agente que causó la enfermedad profesional se encuentra "a caballo" de ambos periodos, o sea anteriores y posteriores a 2008, se efectúa el reparto de responsabilidades entre la entidad gestora y la(s) colaboradora(s) en función del periodo de cobertura de cada una de ellas-. Pues bien, la cuestión es más compleja si se trata de un trabajador autónomo, que durante décadas no tuvieron protección respecto a la s contingencias profesionales. La cuestión, abordada por el TS, ya resuelta en las STS 462/2023, de 29 de junio (rcud 2301/2020); y 697/2024, de 21 de mayo (rcud 3346/2021) es que el periodo trabajado como autónomo anterior a esa fecha (2008) no puede integrar el reparto de responsabilidades entre el INSS y la mutua.

En la STS de 16/07/2024, ROJ: STS 4172/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4172, en referencia a la doctrina del paréntesis se resuelve con respecto a un trabajador autónomo que en el pasado percibió una primera pensión de IPA y que durante ese periodo temporal no cotizó nuevamente a la Seguridad Social, qué ocurre si se le reconoce una nueva pensión de IPA derivada de enfermedad común. El TS resuelve que no se aplica la doctrina del paréntesis a efectos del cálculo de la base reguladora de la segunda pensión de IPA. La cuestión es de aplicación independientemente de cual sea el grado de la pensión -siempre y cuando sea total o superior- y el régimen de protección. Y es que, una vez expulsado del mercado laboral el trabajador, si no vuelve a cotizar y es revisada su incapacidad permanente inicial por mejoría, sin mantener grado alguno de incapacidad, el acceso posterior a una nueva IP exige, reunir nuevamente todos los requisitos de acceso, y un nuevo cálculo de la base reguladora, que en contingencia común comporta para los meses en que no exista cotización, y con carácter general, si es enfermedad común: 1) para el RGSS la integración de lagunas por la base mínima, pero limitado a 48 mensualidades o 2) en el RETA no se aplica la integración de lagunas -hay una pequeña excepción para quien extingue el cese de actividad, pero ni tan siquiera está aún en vigor-. El resultado, lo he visto ya varias veces, es una nueva base reguladora paupérrima, que aproxima al perceptor de la pensión contributiva a una PNC asistencial. En fin, en la STS se realiza una amplia exposición sobre diferentes supuestos relativo a la aplicación de la teoría del paréntesis, la mayoría de ellos en referencia al cómputo de los periodos de cotización exigibles, pero sin eludir el debate de este recurso, que es si es de aplicación la doctrina del paréntesis al cálculo de la base reguladora de la pensión en los periodos en que tuvo reconocida la primera pensión, lo cual entiende el TS, en interpretación literal del art,. 197 en relación al 318 c), ambos de la LGSS, que ni se aplica integración de lagunas en el RETA, ni paréntesis alguno. En fin, es una cuestión que personalmente intenté hacer llegar al TEDH en otro procedimiento muy parecido, pero ni tan solo me admitieron el recurso a trámite.

JUBILACIÓN

La STS de 16/07/2024 ROJ: STS 4176/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4176 debía abordar la cuestión de la doctrina del paréntesis en el cumplimiento del requisito de la carencia específica, respecto a la interrupción de la inscripción como demandante de empleo, pero finalmente es desestimado por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y de desarrollo normativo. La cuestión es que cumplía sobradamente con la carencia génerica para acceder a la pensión de jubilación -acreditaba 24 años cotizados- pero no cumplía con la carencia específica, a menos que se interpretase que el periodo en que no constaba como demandante de empleo -tres años- se aplicase la teoría del paréntesis. En fin, creo que a día de hoy, en que tanto se habla de la contributividad de nuestro sistema, no está de más recordar la magnífica sentencia dictada por la Sala Social del STSJ Castilla y León, a 11 de julio de 2019 - ROJ: STSJ CL 2914/2019, de la que fue ponente Rafael Antonio López Parada -dictada en una cuestión de parcialidad y pensión de jubilación- que señala:

"Es decir, la "contributividad" es una mera idea política que guía la legislación, pero no tiene una traducción técnica, de manera que la correlación entre cotizaciones y prestaciones es una mera idea-fuerza que no sigue pautas matemáticas ni actuariales. De ahí que en nuestro sistema se puedan buscar numerosos ejemplos llamativos de falta de correlación entre lo cotizado a lo largo de la vida laboral y el derecho prestacional causado, suscitando, si así se desea, todo tipo de agravios comparativos entre personas y colectivos, tanto en el sentido manifestado en los ejemplos contenidos en las alegaciones de la entidad gestora como en sentido inverso (baste pensar que un trabajador que tenga veinte o más años de cotización a tiempo completo a lo largo de su vida laboral se puede ver privado de la protección del sistema de Seguridad Social por no alcanzar la carencia específica si en los últimos quince años de su vida cotiza a tiempo parcial con coeficientes muy bajos, lo que constituye un significativo ejemplo de ruptura del principio de contributividad al recibir un retorno cero por sus cotizaciones a lo largo de décadas, una ruptura producida precisamente por la aplicación de unas medidas supuestamente contributivas, como son el periodo de carencia y el coeficiente de parcialidad)". Y esa es la cuestión, finalmente no abordada por el TS en este recurso, 24 años cotizados, y su esfuerzo contributivo ha quedado en nada... Ocasión perdida.

Y creo que estas son todas...seguimos con la calor de agosto...

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL TRAS EL RDLEY 2/2024.

Existen normas complejas, pero el IMV, tanto en su redacción primitiva en el RDLey 20/2020, como en la actual Ley 19/2021, con todas las reformas efectuadas desde su entrada en vigor, llega casi a ser kafkiana. En fin, a modo de ayuda, y con #IA le he pedido a la aplicación que efectúe un resumen, guía, cronología y preguntas relevantes que nos ayuden a clarificar, al menos un poco, esta prestación -en Catalunya, además, a la espera que se integre la gestión con la Renda Garantida de Ciutadania-. Vamos con ello:

I. REQUISITOS PRINCIPALES. Para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, se deben cumplir varios requisitos principales, según la Ley 19/2021 que lo regula:

Requisitos generales:

• Residencia legal y efectiva en España: Se debe haber residido en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año antes de la solicitud. Existen excepciones para menores, víctimas de trata y explotación sexual, y mujeres víctimas de violencia de género.
• Vulnerabilidad económica: Los ingresos, rentas y patrimonio del solicitante o unidad de convivencia deben estar por debajo de ciertos límites, que varían según la composición de la unidad familiar.
• Unidad de convivencia: La solicitud se puede presentar individualmente o como unidad de convivencia, que generalmente son familias unidas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que residen en la misma vivienda. Se contemplan excepciones para situaciones especiales.
• 
  

Requisitos adicionales para menores de 30 años:

• Personas entre 18 y 22 años: No se exige vivir de forma independiente si proceden de centros de protección de menores. En otros casos, deben haber vivido independientemente en España durante al menos los dos años anteriores a la solicitud.
• Personas entre 23 y 29 años: Deben acreditar haber vivido independientemente durante al menos dos años en España antes de la solicitud.
• 
  

Requisitos adicionales para mayores de 30 años:

• Deben acreditar que, durante el año anterior a la solicitud, su domicilio en España no ha sido el mismo que el de sus padres, tutores o acogedores. Se contemplan excepciones.

Otros requisitos:

• Constitución de la unidad de convivencia: Generalmente, debe estar formada durante al menos seis meses antes de la solicitud. Hay excepciones, como en casos de nacimiento, adopción o acogimiento familiar.
• Cumplimiento de obligaciones: Los beneficiarios deben cumplir con ciertas obligaciones para mantener el derecho a la prestación, como comunicar cambios en su situación, participar en estrategias de inclusión y presentar la declaración de la renta.

II. Guía de Estudio: Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital. Descripción General:

Esta guía de estudio se centra en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España. El IMV es una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.

Objetivo:

Comprender el contexto, los objetivos, los requisitos, el procedimiento de solicitud y los aspectos clave de la Ley del IMV, así como su impacto en el sistema de protección social español.

Estructura de la Ley:

La Ley 19/2021 se divide en nueve capítulos, varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, además de cuatro anexos.

Aspectos Clave:

• Contexto: La ley surge en un contexto de desigualdad social y necesidad de reforzar la protección social, especialmente para los hogares con menos recursos.
• Objetivos: El IMV busca garantizar un nivel mínimo de ingresos, romper el ciclo de la pobreza, promover la inclusión social y facilitar el acceso al mercado laboral.
• Beneficiarios: Personas que viven solas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica. Se establecen requisitos de edad, residencia, convivencia y situación económica.
• Cuantía: Se calcula en base a la renta garantizada, que varía según el tamaño y composición de la unidad de convivencia. Se contemplan complementos por discapacidad, monoparentalidad y ayuda a la infancia.
• Procedimiento: La solicitud se presenta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Se establecen plazos, mecanismos de colaboración interadministrativa y supervisión del cumplimiento de requisitos.
• Gestión Compartida: Se promueve la colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales para la gestión eficiente del IMV.
• Financiación: La ley establece que el IMV se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
• Control: El INSS es el encargado del control financiero de la prestación. Se establecen mecanismos para prevenir el fraude y sancionar las infracciones.

III. Preguntas Frecuentes sobre la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

1. ¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital (IMV)?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social en España. Su objetivo principal es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, garantizando un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica, permitiéndoles así participar plenamente en la sociedad.

2. ¿Quién puede solicitar el IMV?

Pueden solicitar el IMV las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Requisitos individuales:

• Tener residencia legal y efectiva en España durante al menos un año.
• Ser mayor de 23 años o de 18 años si se tienen responsabilidades familiares.
• No estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o como pareja de hecho (excepto en casos de separación, divorcio o circunstancias especiales).

b) Requisitos de la unidad de convivencia:

• La unidad de convivencia debe estar formada por al menos dos personas (excepto en casos especiales) que residan en la misma vivienda y estén unidas por vínculo familiar hasta segundo grado (matrimonio, pareja de hecho, consanguinidad, afinidad, adopción, etc.)
• La unidad de convivencia debe estar constituida durante al menos los seis meses anteriores a la solicitud.

c) Requisitos económicos:

• El promedio mensual de ingresos y rentas del solicitante individual o de la unidad de convivencia del año anterior debe ser inferior a la renta garantizada.
• El patrimonio, excluida la vivienda habitual, debe ser inferior a los límites establecidos.

3. ¿Qué es la "renta garantizada"?

La renta garantizada es la cantidad mínima de ingresos que se considera necesaria para cubrir las necesidades básicas de una persona o unidad de convivencia. Su cuantía varía en función del número de miembros y características de la unidad familiar. Acceso aquí a la calculadora del Ministerio de Seguridad Social

4. ¿Es compatible el IMV con otras prestaciones o subsidios?

El IMV es compatible con otras prestaciones autonómicas de renta mínima, actuando como una prestación "suelo". Sin embargo, su cuantía se verá afectada por la percepción de otras pensiones o subsidios, como por ejemplo, pensiones del sistema de la Seguridad Social o subsidios de desempleo.

5. ¿Cómo se solicita el IMV?

La solicitud se presenta preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. También se pueden suscribir convenios con comunidades autónomas y entidades locales para facilitar la presentación.

6. ¿Qué documentación se necesita para solicitar el IMV?

Para solicitar el IMV se necesita la siguiente documentación:

• Modelo normalizado de solicitud.
• Documentación que acredite la identidad del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia.
• Certificado de empadronamiento.
• Libro de familia, certificado de registro civil u otros documentos que acrediten la existencia de la unidad de convivencia.
• Documentación que justifique los ingresos y el patrimonio del solicitante individual o de la unidad de convivencia.

7. ¿Qué organismos participan en la gestión del IMV?

La gestión del IMV es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sin embargo, se promueve la colaboración con:

• Comunidades Autónomas.
• Entidades Locales.
• Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
• Tercer Sector de Acción Social.

8. ¿Qué infracciones y sanciones se contemplan en la Ley del IMV?

La ley establece infracciones leves, graves y muy graves por incumplimiento de los requisitos y obligaciones, como por ejemplo, no proporcionar la documentación requerida o falsear información sobre ingresos o patrimonio. Las sanciones van desde apercibimientos hasta la extinción del derecho a la prestación y la imposibilidad de volver a solicitarla durante un periodo determinado.

IV.Cuestionario.

1. 1. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 19/2021?
2. 2. ¿Quiénes son considerados beneficiarios potenciales del IMV?
3. 3. ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al IMV?
4. 4. ¿Cómo se determina la cuantía del IMV?
5. 5. ¿Qué complementos se pueden añadir al IMV?
6. 6. ¿Ante qué organismo se presenta la solicitud del IMV?
7. 7. ¿Qué papel juegan las Comunidades Autónomas en la gestión del IMV?
8. 8. ¿Qué sucede si se detecta un cambio en la situación del beneficiario?
9. 9. ¿Qué tipo de infracciones se contemplan en la ley?
10. 10. ¿Con qué título competencial se promulga la Ley 19/2021?

Respuestas:

1. 1. El objetivo principal de la Ley 19/2021 es establecer el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica no contributiva destinada a prevenir la pobreza y la exclusión social en España. Busca garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad.
2. 2. Los beneficiarios potenciales del IMV son personas que viven solas o unidades de convivencia con bajos ingresos y patrimonio, que cumplan los requisitos de edad, residencia y convivencia establecidos en la ley.
3. 3. Para acceder al IMV se deben cumplir requisitos de edad (ser mayor de 23 años o mayor de 18 en ciertos casos), residencia legal y efectiva en España, haber vivido de forma independiente, formar una unidad de convivencia válida y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.
4. 4. La cuantía del IMV se determina en base a la diferencia entre la renta garantizada (que varía según el número de miembros de la unidad de convivencia) y el conjunto de rentas e ingresos del hogar en el ejercicio anterior. Se debe superar un umbral mínimo de ingresos para ser elegible.
5. 5. Al IMV se le pueden añadir complementos por discapacidad, monoparentalidad y ayuda a la infancia, aumentando la cuantía de la prestación para cubrir las necesidades específicas de estos colectivos.
6. 6. La solicitud del IMV se presenta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ya sea de forma presencial en sus oficinas o, preferiblemente, a través de su sede electrónica.
7. 7. Las Comunidades Autónomas juegan un papel importante en la gestión del IMV, colaborando con el INSS en la recepción de solicitudes, la gestión de expedientes y el desarrollo de estrategias de inclusión social para los beneficiarios.
8. 8. Si se detecta un cambio en la situación del beneficiario, éste está obligado a comunicarlo al INSS en un plazo de 30 días. Dependiendo del cambio, la cuantía de la prestación podría ser modificada, suspendida o extinguida.
9. 9. La ley contempla infracciones leves, graves y muy graves relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de información, falseamiento de datos o fraude para la obtención indebida de la prestación. Las sanciones incluyen apercibimientos, pérdida temporal de la prestación, reintegro de cantidades e incluso la imposibilidad de volver a ser beneficiario.
10. 10. La Ley 19/2021 se promulga con el título competencial del artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que confiere al Estado la competencia exclusiva en materia de Seguridad Social, igualdad de los españoles, planificación económica, hacienda general y régimen jurídico de las administraciones públicas.

V. Glosario de Términos Clave:

• Ingreso Mínimo Vital (IMV): Prestación económica no contributiva de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, garantizando un nivel mínimo de ingresos.
• Unidad de Convivencia: Dos o más personas que residen en la misma vivienda y están unidas por vínculo matrimonial, pareja de hecho o parentesco hasta el segundo grado. Se contemplan excepciones en casos de vulnerabilidad.
• Renta Garantizada: Cuantía anual de referencia para el cálculo del IMV, que varía según la composición de la unidad de convivencia.
• Vulnerabilidad Económica: Situación en la que se encuentran las personas o unidades de convivencia con ingresos y patrimonio por debajo de los límites establecidos en la ley.
• Complemento: Cantidad adicional que se suma al IMV para atender a necesidades específicas, como la discapacidad, monoparentalidad o la presencia de menores.
• Entidad Gestora: Organismo responsable de la gestión y pago del IMV, principalmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
• Infracciones: Acciones u omisiones que vulneran las disposiciones de la ley, pudiendo ser leves, graves o muy graves.
• Sanciones: Consecuencias jurídicas que se imponen a quienes cometen infracciones, pudiendo consistir en apercibimientos, multas, pérdida de la prestación, etc.
• Colaboración Interadministrativa: Cooperación entre diferentes administraciones públicas (Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales) para una gestión más eficiente del IMV.
• Inclusión Social: Proceso que busca facilitar la participación plena de todas las personas en la sociedad, independientemente de su situación socioeconómica.

VI. A modo de resumen.

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, persigue garantizar una vida digna a aquellos ciudadanos que carecen de recursos suficientes.

La creación del IMV responde a una necesidad patente en el sistema español de bienestar social. A pesar de la existencia de rentas mínimas autonómicas, la heterogeneidad en su diseño y cobertura ha generado desigualdades territoriales. La ley reconoce la importancia del Pilar Europeo de Derechos Sociales, especialmente su principio 14, que aboga por prestaciones que aseguren una vida digna y la reinserción laboral. Es relevante, y no se entiende, que ni tan siquiera se cite a la Carta Social Europea revisada, cuando es quizás el instrumento internacional más importante que tenemos para luchar contra la pobreza.

El IMV no se limita a ser una ayuda económica, sino que aspira a ser una herramienta de inclusión social. Su diseño, influenciado por las mejores prácticas internacionales, busca romper la dinámica de la "trampa de pobreza" y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales.

El IMV se dirige a:

• Personas que viven solas.
• Unidades de convivencia, compuestas generalmente por familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se contemplan excepciones, como personas que comparten vivienda por necesidad.

Los requisitos de acceso se basan en la situación de vulnerabilidad económica, determinada por los ingresos y el patrimonio del solicitante o unidad de convivencia. Se establece un complemento de ayuda a la infancia en función de la edad de los menores.

Es importante destacar que:

• El IMV es compatible con las rentas mínimas autonómicas, funcionando como una prestación "suelo".
• Se busca una gestión ágil y accesible a través de la colaboración entre administraciones (estatal, autonómica y local), servicios sociales y el tercer sector.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo responsable del reconocimiento y control del IMV. Se priorizan los medios telemáticos para la solicitud y la tramitación. Se establecen mecanismos de cooperación para facilitar el acceso a la información y la inclusión de los beneficiarios.

Se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Se establece un sistema de control financiero permanente para garantizar la correcta asignación y utilización de los recursos.

La ley contempla un "duro" régimen sancionador para evitar el fraude y el abuso en la percepción del IMV. Se tipifican infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde el apercibimiento hasta la extinción del derecho y la imposibilidad de ser beneficiario durante un periodo determinado.

En fin, aunque es cierto que el IMV representa un paso significativo hacia un sistema de bienestar más justo y equitativo en España. Sin embargo, y así lo reconoce el propio Ministerio de Seguridad Social y otras entidades su efectividad y correcta implementación, está aún lejos de llegar a todas las personas que lo necesitan.