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11 noviembre 2025

BREVE ANÁLISIS DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 45 DEL BAREMO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO

Análisis de la reforma del artículo 45 de la ley de responsabilidad civil y seguro (ley 5/2025)

La reciente Ley 5/2025, de 24 de julio, ha introducido una modificación sustancial en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). Como señala la propia exposición de motivos, el objetivo es "mejorar la protección de los herederos de las víctimas en el caso de lesionados que fallecen antes de fijarse la indemnización".

Este cambio legislativo no es menor, ya que aborda dos supuestos distintos y amplía notablemente la cobertura indemnizatoria de los herederos.


En qué consiste la mejora de la indemnización. La reforma mejora la protección de los herederos por dos vías principales:


1. Muerte del lesionado tras la estabilización (art. 45.1)

En el supuesto que ya existía (lesionado fallece después de estabilizar sus secuelas pero antes de cobrar la indemnización), la indemnización para los herederos mejora en varios puntos clave:

  • Ampliación del "daño inmediato": El 15% que los herederos perciben íntegramente ya no se calcula solo sobre el perjuicio personal básico. Ahora incluye también los perjuicios particulares (daño moral por pérdida de calidad de vida, perjuicio estético, etc., de la Tabla 2.B).
  • Pérdida de feto: Se blinda esta indemnización, estableciendo que "se resarce en su integridad", sin aplicar la regla proporcional.
  • Clarificación patrimonial: Se especifica que el cálculo proporcional del perjuicio patrimonial (Tabla 2.C) incluye tanto el lucro cesante como la ayuda de tercera persona. La redacción anterior solo mencionaba el lucro cesante.
  • Eliminación del límite de edad: Desaparece la regla anterior que limitaba la esperanza de vida a 8 años para víctimas de más de 80 años. Ahora se remite siempre a la tabla técnica (TT2).

2. La gran novedad: muerte antes de la estabilización (art. 45.2)

Esta es la innovación más relevante. Se crea un nuevo supuesto para el lesionado que sufre lesiones catastróficas (amputaciones, secciones medulares, coma vigil, etc.) y fallece antes de que sus secuelas se estabilicen, siempre que:

  • La irreversibilidad de las lesiones se pueda acreditar sin esperar a la estabilización.
  • El fallecimiento ocurra transcurridos al menos 30 días desde el accidente.

En estos casos, los herederos perciben la indemnización por secuelas (daño inmediato + proporcional), calculando el tiempo desde la fecha del accidente hasta el fallecimiento. Esto cierra una laguna legal que perjudicaba gravemente a los herederos en los casos más graves.


Comparativa: redacción del artículo 45

Para ver el cambio con claridad, esta es la redacción anterior y la nueva:

Redacción anterior (antes de la Ley 5/2025)

Artículo 45. Indemnización por secuelas en caso de fallecimiento del lesionado tras la estabilización y antes de fijarse la indemnización.

En el caso de lesionados con secuelas que fallecen tras la estabilización y antes de fijarse la indemnización, sus herederos perciben la suma de las cantidades que resultan de las reglas siguientes:

a) En concepto de daño inmediato, el quince por ciento del perjuicio personal básico que corresponde al lesionado de acuerdo con las tablas 2.A.1 y 2.A.2.

b) Las cantidades que correspondan al porcentaje restante del perjuicio personal básico y a la aplicación de las tablas 2.B y 2.C en lo relativo al lucro cesante, en proporción al tiempo transcurrido desde la fecha de la estabilización hasta el fallecimiento, teniendo en cuenta la esperanza de vida del fallecido en la fecha de la estabilización, de acuerdo con la tabla técnica de esperanzas de vida (TT2)...

A los efectos de este cálculo se considera que la esperanza de vida de víctimas de más de ochenta años es siempre de ocho años.

Redacción actual (vigente tras la Ley 5/2025)

Artículo 45. Indemnización por secuelas en caso de fallecimiento del lesionado y antes de fijarse la indemnización.

1. En el caso de lesionados con secuelas que fallecen tras la estabilización y antes de fijarse la indemnización, sus herederos perciben la suma de las cantidades que resultan de las reglas siguientes:

a) En concepto de daño inmediato, el quince por ciento del perjuicio personal básico y de los perjuicios particulares que corresponden al lesionado de acuerdo con las tablas 2.A.1, 2.A.2 y 2.B, con excepción del de pérdida de feto a consecuencia del accidente, que se resarce en su integridad, y de la cantidad resultante de la aplicación de la tabla 2.C en lo relativo al lucro cesante y ayuda de tercera persona.

b) Las cantidades que correspondan al porcentaje restante del perjuicio personal básico y a la aplicación de las tablas 2.B y 2.C en lo relativo al lucro cesante y ayuda de tercera persona, en proporción al tiempo transcurrido desde la fecha de la estabilización hasta el fallecimiento, teniendo en cuenta la esperanza de vida del fallecido en la fecha de la estabilización de acuerdo con la tabla técnica de esperanzas de vida (TT2) incluida en el anexo.

2. En el caso de lesionados que resulten con lesiones como amputaciones, secciones medulares completas, resección de órganos o estados de coma vigil o vegetativos crónicos irreversibles u otras de gravedad análoga, cuya irreversibilidad se pueda acreditar sin esperar a la estabilización, y fallezcan transcurridos al menos treinta días desde la fecha del accidente sin que se hubiesen estabilizado las secuelas, sus herederos perciben el importe a que se refiere el apartado 1, en concepto de daño inmediato y proporcional, si bien a contar desde la fecha del accidente hasta el fallecimiento y solo en relación con los perjuicios personal básico y perjuicios particulares de las tablas 2.A.1, 2.A.2 y 2.B y con la excepción de los perjuicios particulares por pérdida de calidad de vida previstos en el artículo 107.»


Influencia en situaciones como las de las sentencias

El baremo de tráfico se utiliza con frecuencia por los tribunales (tanto civiles como sociales) como una referencia orientativa -por analogía, y en concreto en el ámbito social porque nunca se desarrolló la previsión de la DF 5ª de la Ley 36/2011 y el "sistema de valoración de daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente, para la compensación objetiva de dichos daños en tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores"- para valorar daños en ámbitos ajenos a la circulación, como accidentes laborales o responsabilidad civil adicional por exposición a las fibras de amianto. La introducción del apartado 2 del artículo 45 es especialmente relevante para estos casos.

Es habitual que en enfermedades profesionales graves (como las derivadas del amianto) o accidentes laborales catastróficos, el trabajador fallezca antes de que se pueda determinar una "estabilización" de las secuelas. Con la ley anterior, esto dificultaba la reclamación de los herederos. Ahora, el nuevo art. 45.2 ofrece un sólido argumento analógico para que los herederos reclamen la indemnización por secuelas, aunque no estuvieran estabilizadas, en supuestos de daños irreversibles.


Jurisprudencia relacionada

A continuación, se referencian las sentencias dictadas con anterioridad a la reforma del artículo 45, que tratan supuestos afectados por esta concreta problemática, y que ahora arrojarían una mayor indemnización:

STS, 13 de marzo de 2025 (Sala de lo Social)

Resumen: Determinar si, habiendo fallecido el trabajador que reclama indemnización por enfermedad profesional antes de la sentencia de instancia, es aplicable la regla del artículo 45 de la LRCSCVM.

Enlace CENDOJ: ROJ: STS 1152/2025

STS, 09 de diciembre de 2024 (Sala de lo Social)

Resumen: Reclamación de indemnización por falta de medidas de seguridad. Causante afecto de IPA por enfermedad profesional. Requisitos para la aplicabilidad de las reglas del art. 45.

Enlace CENDOJ: ROJ: STS 6093/2024

STS, 14 de enero de 2025 (Sala de lo Civil)

Resumen: Responsabilidad civil en accidente de autobús. Indemnización por secuelas en caso de fallecimiento del lesionado antes de haberse fijado la indemnización.

Enlace CENDOJ: ROJ: STS 214/2025

STS, 17 de junio de 2025 (Sala de lo Civil)

Resumen: Responsabilidad civil extracontractual por daños causados por inhalación de asbesto (pasivos domésticos y ambientales).

Enlace CENDOJ: ROJ: STS 2866/2025


Conclusión

La reforma del artículo 45 es un avance importante en la reparación íntegra del daño. Y es que no solo mejora cuantitativamente la indemnización en el supuesto habitual (fallecimiento post-estabilización), sino que, de forma estructural, cierra una grave laguna legal que desprotegía a los herederos de las víctimas más graves (fallecidas antes de la estabilización).

18 julio 2025

ÚLTIMAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, A 18/07/2025


Ya ha publicado el CGPJ la Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 2024-2025, y para nosotros, los laboralistas, la que hace referencia a la Sala Cuarta. Encomiable resumen, que me he permitido, dada su extensión, a resumir aún más, en los tres bloques temáticos -Laboral, Seguridad Social y Procesal- en muy telegráficos comentarios (acceso aquí). Evidentemente, no sustituye a las bases de datos oficiales ni a las de las editoriales, pero permite al lector, en una rápida visualización, identificar las sentencias -ojo que no es una recopilación exhaustiva- más relevantes.

Y dicho lo anterior, vamos con las últimas STS.

MEJORAS VOLUNTARIAS

La STS, a 02 de julio de 2025 - ROJ: STS 3287/2025, en materia de mejoras voluntarias de incapacidad temporal, nos recuerda que el plazo de prescripción aplicable es el quinquenal del art 53 LGSS -se discute la forma de cálculo de la base reguladora de la prestación- y no el de un año del art. 59 ET -no es salario-, así como tampoco el del art. 54 LGSS -no es la falta de pago de un derecho ya reconocido-. Ratifica la doctrina de la Sala, y aunque anula la sentencia del TSJ que declaró de forma equivocada la prescripción del derecho, también advierte que los efectos económicos retroactivos de la petición quedan limitados a tres meses anteriores a la solicitud.

NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR

Rectificada la doctrina del TS por el TC, la STS, a 25 de junio de 2025 - ROJ: STS 3182/2025 se declara el derecho a la que la prestación por nacimiento y cuidado de menor en una familia monoparental, en que la única progenitora disfrutó de la prestación propia de 16 semanas, también tiene derecho a acumular a la suya la prestación que le hubiese correspondido al otro progenitor, eso sí, limitada a diez semanas. Del mismo ponente, García-Perrote Escartín, y fecha, la STS, a 25 de junio de 2025 - ROJ: STS 3180/2025, señala que se aplica la doctrina de las SSTS 118/2025, de 19 de febrero (rcud 878/2022) y 121/2025, de 21 de febrero (rcud 1562/2023), que aplican la STC 140/2024, de 6 de noviembre, que declara la inconstitucionalidad de los arts. 48.4 ET y 177 LGSS. También la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3163/2025.

Sobre la misma prestación, la STS, a 25 de junio de 2025 - ROJ: STS 3181/2025, advierte que el recurso de suplicación del INSS debió inadmitirse -fue estimado por el TSJ que anuló el derecho a la acumulación-, al no haber presentado la entidad Gestora ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comenzaba el abono de la prestación y que lo proseguiría puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad.

COMPLEMENTO DE BRECHA DE GÉNERO versus COMPLEMENTO DE MATERNIDAD

Esperada sentencia, dictada en Pleno. Es la STS, a 25 de junio de 2025 - ROJ: STS 3173/2025 cuyo resumen indica: "El complemento para la reducción de la brecha de género del artículo 60 LGSS, en la redacción derivada del RDL 3/2021, contraviene la Directiva 79/7/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1978 relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. Aplica doctrina de STJUE 15 mayo 2025 (C-623/23 y C-626-23; Melbán y Sergamo). Conclusión: debe ser satisfecho a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres. Desestima recurso frente a la STSJ País Vasco 1750/2022 y extiende al varón (pensionista contributivo, progenitor) el beneficio previsto para las mujeres". Aquí le he dedicado en el blog un análisis algo más extenso.

En referencia al antiguo complemento de maternidad - o de aportación demográfica- del art. 60 LGSS, la STS, a 25 de junio de 2025 - ROJ: STS 3140/2025 nos recuerda que existe derecho a la indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado como consecuencia de que el INSS los denegaba incluso tras la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) que consideró discriminatoria por razón de sexo la regulación de la LGSS. Y, vuelve a señalar, que ee trata de una discriminación autónoma y ligada a dicha actuación de la entidad gestora. En consecuencia, procede la indemnización para compensar los perjuicios efectivamente sufridos incluidas las costas y honorarios de letrado. Al respecto, supongo que para evitar la avalancha de reclamaciones en que se incluya la indemnización acumulada a la prestación en referencia al complemento de brecha de género, se han dictado por la Entidad Gestora los siguientes Criterios:




Ya veremos qué ocurre, es una cuestión muy viva. Así por ejemplo, aunque finalmente en la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3154/2025 se ha desestimado el rcud porque concurre falta de contradicción, se planteó, con respecto al complemento de maternidad por aportación demográfica reclamado por varón. si el Juez de instancia puede de oficio condenar a una indemnización por daños morales que no han sido solicitados en la demanda aun estando en juego un derecho fundamental. De hecho, el magistrado de primer nivel concedió la prestación más una indemnización por daños morales derivados de la vulneración a su derecho fundamental a la igualdad de 400 euros, que fue revocada por el TSJ Galicia.

Y con respecto a que no procede abono de intereses moratorios sustantivos -en realidad no corresponde a ninguna prestación de seguridad social-, en aplicación de la doctrina de STS 289/2025, 7 de abril (rec. 4716/2023) y STS 290/2025, de 8 de abril (rec. 1818/2023), se ha dictado la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3123/2025.

INCAPACIDAD PERMANENTE

Paso rápido por la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3284/2025, ya que el recurso del INSS es desestimado por falta de contradicción, en un asunto en que la controversia litigiosa radicaba en determinar si debía reintegrarse la prestación indebidamente percibida el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total que percibió una prestación cuya cuantía era más elevada de la que le correspondía debido a que el INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de su pensión. Lo cierto es que sí se modificó la base reguladora -el error era manifiesto- pero el TSJ declaró que no procedía la devolución de lo percibido indebidamente. Como no, la sombra de Cakarevic, que el INSS consideraba no era de aplicación, planea sobre el rcud, que insisto ha sido desestimado por falta de contradicción.

DESEMPLEO

Otra sentencia más, y yo ya he perdido la cuenta, en que el TS, en relación al desempleo percibido en un ERTE COVID, no se computa como cotizado a efectos de recibir la nueva prestación. Ahora es la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3113/2025. Y la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3120/2025, la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3112/2025, STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3090/2025, etc...

También en referencia al desempleo-covid se ha pronunciado, nuevamente, la STS, a 24 de junio de 2025 - ROJ: STS 3114/2025. Atentos, porque lo que hace es aplicar las reglas comunes de desempleo, también a las prestaciones causadas en periodo de pandemia. Telegráficamente, señala el ponente, Sempere Navarro: "Regla general.- Nuestra doctrina ha venido manteniendo que en los casos de prestación de servicios a tiempo parcial de forma concentrada no existe un derecho a percibir prestaciones de desempleo en los períodos de inactividad ya que esta situación no tiene encaje en el concepto de desempleo contemplado en el art. 267 de la LGSS".

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN

Respecto a este RREE, se ha declarado que procede la bonificación por la edad, a los fines de lucrar el incremento de pensión para mayores de 55 años, por IPT derivada de enfermedad profesional a trabajadores de actividades de minería no incluidos en este régimen. Más recientemente aplicó dicha doctrina la STS, a 29 de mayo de 2025 - ROJ: STS 2781/2025 a un labrador de pizarra, y la STS, a 28 de mayo de 2025 - ROJ: STS 2821/2025. Todas ellas hacen referencia a la antigua, y consolidada, doctrina de la STS de 28 de octubre de 1994 (R. 1297/1994), ratificada en las posteriores y más "modernas"; 1054/2024, de 11 de septiembre (rcud. 3211/2022); 1315/2024, de 4 de diciembre (rcud. 1647/2022) y 1341/2024, de 11 de diciembre (rcud. 525/2023).

Buen estudio.



01 julio 2025

SEGURO ESCOLAR: ESQUEMA, EXPLICACIÓN, NORMATIVA, DOCTRINA DE CASACIÓN Y DE SUPLICACIÓN

Guía Completa del Seguro Escolar

1. ESQUEMA INTERACTIVO

Navega por los distintos apartados de la explicación haciendo clic en los enlaces:


2. EXPLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR

Introducción

El Seguro Escolar, también conocido como el Régimen Especial de Estudiantes (REE), es una modalidad de protección social dentro del sistema de la Seguridad Social en España. Su regulación se fundamenta en normativas antiguas, como la Ley de 17 de julio de 1953 y la Orden de 11 de agosto de 1953, que crearon el "Seguro Escolar Obligatorio". A pesar de los años, su marco no ha sido actualizado significativamente, y ya en 2011 el Pacto de Toledo recomendó una revisión para adaptar sus prestaciones a la realidad actual, ya que sus cuantías se consideran desfasadas.

Ámbito Subjetivo (Personas Incluidas)

Para estar cubierto por el REE, el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Nacionalidad y Residencia: Ser español o nacional de un país de la UE o del Espacio Económico Europeo. También se incluye a los estudiantes extranjeros con residencia legal en España.
  • Edad: Ser menor de 28 años.
  • Estudios: Estar matriculado en estudios oficiales no obligatorios. La cobertura se ha ido adaptando a las reformas educativas. Los estudios incluidos son:
    • 3.º y 4.º de la ESO.
    • Bachillerato.
    • Formación profesional (grado medio o superior).
    • Estudios universitarios (grado, máster o doctorado).
    • Otros estudios como enseñanzas deportivas, programas de cualificación profesional, conservatorios, arte dramático y teología en centros superiores de la Iglesia Católica, entre otros.
  • Prácticas Formativas: No está claro si los alumnos en prácticas formativas, remuneradas o no, quedan incluidos en el Régimen General, lo que podría generar una duplicidad de cobertura para los menores de 28 años.

Actos de Encuadramiento y Cotización

La inscripción y afiliación se rigen por su normativa específica de 1953 y no por las reglas generales de la Seguridad Social. Los centros de enseñanza deben comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) los datos de los alumnos matriculados. Tanto los estudiantes como la Administración competente (Ministerio o Comunidad Autónoma) están obligados al pago de las cuotas. La cuantía total es de 2,24 euros por curso, que no ha cambiado desde 1985, y se reparte al 50% entre el estudiante y la Administración.

Acción Protectora (Prestaciones)

Para acceder a las prestaciones, el estudiante debe haber pagado la cuota y, por lo general, tener al menos un año de antigüedad en el seguro, aunque hay excepciones. Los riesgos cubiertos son accidente escolar, enfermedad e infortunio familiar. Las cuantías suelen ser bajas, aunque pueden complementarse con otras ayudas.

Prestaciones por Accidente Escolar

  • Definición: Se considera accidente escolar cualquier lesión que sufra el estudiante en actividades relacionadas directa o indirectamente con su condición de estudiante, incluyendo viajes de estudios, prácticas o actividades deportivas organizadas por el centro.
  • Asistencia Sanitaria: Cubre hospitalización, cirugía, prótesis, rehabilitación, pruebas diagnósticas y medicamentos cubiertos por la Seguridad Social. Es posible solicitar el reintegro de gastos si se acudió a un centro privado por urgencia o por no existir un centro concertado disponible.
  • Prestaciones Económicas: Se contempla una pensión vitalicia por "gran invalidez para los estudios" y una indemnización por incapacidad absoluta para continuar los estudios iniciados.
  • Gastos de Sepelio: Se cubren los gastos de sepelio, con un incremento si el fallecimiento ocurre fuera de la residencia familiar.

Prestaciones por Infortunio Familiar

  • Definición: Ocurre por el fallecimiento del cabeza de familia, si los ingresos familiares son muy bajos, o por una circunstancia sobrevenida que impida continuar los estudios.
  • Ayuda: Es una ayuda económica compatible con otras becas que puede prorrogarse si se demuestra aprovechamiento escolar.

Prestaciones por Enfermedad

  • Cobertura: La asistencia por enfermedad se presta siempre que el estudiante no tenga derecho a ella por otra vía.
  • Servicios Médicos: Incluye hospitalización en diversas especialidades como cirugía, neuropsiquiatría, tocología, fisioterapia y otras.
  • Carencia: Generalmente se requiere un año de cotización al seguro para acceder a estas prestaciones.
  • Prestaciones Farmacéuticas: Están cubiertas con una participación del estudiante en el coste. También se cubren los gastos de sepelio.

Incompatibilidades

Las prestaciones del Seguro Escolar son incompatibles con otras de riesgo similar a las que el estudiante pudiera tener derecho si fuera trabajador por cuenta ajena. Si se tuviera derecho a la misma prestación en ambos regímenes, se abonaría la diferencia si la del Régimen General fuera superior, una previsión considerada anacrónica por las bajas cuantías del REE.


3. NORMATIVA BÁSICA

  • Ley de 17 de julio de 1953: Establecimiento del Seguro Escolar en España. Acceder a la norma
  • Orden de 11 de agosto de 1953: Estatutos de la Mutualidad del Seguro Escolar. Acceder a la norma
  • Orden de 12 de abril de 1958: Establece la prestación de la especialidad de Neuropsiquiatría. Acceder a la norma
  • Decreto 2078/1971, de 13 de agosto: Extiende el seguro a los alumnos de Formación Profesional. Acceder a la norma
  • Real Decreto 1633/1985, de 28 de agosto: Fija la cuantía de la cuota del Seguro Escolar. Acceder a la norma

4. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Es prácticamente inexistente la doctrina del Tribunal Supremo respecto al Seguro Escolar. Las decisiones existentes han sido clave para establecer que las circulares internas del INSS no tienen valor de norma jurídica y no pueden limitar los derechos de los asegurados.

Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 27 de septiembre de 2011 (ROJ: ATS 10165/2011)

Resumen muy breve: El TS inadmite el recurso del INSS por falta de contradicción, distinguiendo entre las normas aplicables a prestaciones por accidente (reintegro de gastos de prótesis) y por enfermedad.

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Hechos del caso: Un menor, beneficiario del Seguro Escolar, sufrió un accidente en el centro de estudios que le causó un traumatismo en la boca, requiriendo exodoncia, reconstrucción y una prótesis removible. El INSS solo reembolsó una parte de los gastos (184 € de 420 €), y se reclamaba el reintegro total y el derecho a futuras prestaciones. La sentencia de instancia y la de suplicación estimaron la demanda, reconociendo el derecho al reintegro completo.

Postura del INSS: El INSS recurrió alegando que las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar deben sujetarse a las tarifas publicadas en circulares del INSS.

Decisión del Tribunal Supremo: La Sala de lo Social declaró la inadmisión del recurso por falta de contradicción. Argumentó que los casos tenían pretensiones y normativa aplicable diferente. La sentencia recurrida se centró en prestaciones por accidente y cobertura de prótesis, mientras que la de contraste abordó una reclamación por gastos de hospitalización por enfermedad. Se consideró que las contingencias y el régimen jurídico eran distintos.

Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 1 de febrero de 2023 (ROJ: ATS 1280/2023)

Resumen muy breve: El TS inadmite un recurso del INSS al considerar que las circulares internas no tienen rango de norma jurídica y, por tanto, su supuesta infracción no puede fundamentar un recurso.

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Hechos del caso: Una beneficiaria del Seguro Escolar ingresó de forma urgente en un centro psiquiátrico, reclamando el abono íntegro de los gastos. El INSS solo abonó una parte, de acuerdo con las tarifas de sus Circulares.

Argumento de la sentencia recurrida (TSJ Cataluña): La Sala desestimó el recurso del INSS, afirmando que las circulares no constituyen normas jurídicas cuya infracción pueda denunciarse, aplicando el principio de jerarquía normativa.

Decisión del Tribunal Supremo: El Tribunal Supremo declaró la inadmisión del recurso por falta de contradicción sustancial. Señaló que la sentencia recurrida no entró a resolver el fondo, sino que se centró únicamente en si las circulares tienen valor de norma para sustentar un recurso, una cuestión procesal.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 27 de septiembre de 1988 (ROJ: STS 15500/1988)

Resumen muy breve: El TS establece que, en casos de intervenciones quirúrgicas urgentes y vitales, la Seguridad Social debe cubrir la totalidad de los gastos, sin someterse a baremos internos ni a plazos fijados en circulares, que son "meras circulares de orden interno".

Más información

Hechos del caso: El padre de una mutualista fallecida reclamó el reintegro de gastos de varias intervenciones quirúrgicas urgentes y vitales. El INSS lo denegó alegando falta de autorización previa y presentación fuera de plazo, según una circular interna.

Decisión del Tribunal Supremo: Desestimó el recurso del INSS. Sus fundamentos clave fueron:

  • Autorización previa: No es exigible en casos de urgencia vital.
  • Plazo de la Circular: El Tribunal dictaminó que a la circular "no cabe atribuirle virtualidad alguna", por ser una "mera circular de orden interno" que no obliga a los Jueces y Tribunales.
  • Baremos económicos: En casos de urgencia con peligro para la vida, la Seguridad Social debe cubrir la totalidad de los gastos, sin sujeción a baremos desfasados.

5. DOCTRINA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (ESPECIAL INCIDENCIA EN NEUROPSIQUIATRÍA)

Tampoco es una cuestión que hayan abordado frecuentemente las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Las sentencias dictadas en suplicación no crean jurisprudencia, pero su examen en conjunto proporciona criterios de interpretación y aplicación de la normativa sobre el Seguro Escolar, principalmente en disputas sobre asistencia sanitaria por enfermedades neuropsiquiátricas, trastornos alimentarios y accidentes.


STSJ Castilla-La Mancha, a 30 de mayo de 2023 (ROJ: STSJ CLM 1504/2023)

Resumen muy breve: Confirma el reintegro de gastos por tratamiento psiquiátrico urgente al considerar que el sistema público había fracasado y existía riesgo vital, rechazando la aplicación de límites tarifarios.

Más información

El TSJ desestimó el recurso del SESCAM. Concluyó que la asistencia pública a la menor había fracasado, que el SESCAM no disponía de la unidad específica necesaria y que la situación de riesgo de suicidio constituía una urgencia vital, sin que hubiera un abandono voluntario del sistema público. Rechazó limitar los gastos a tarifas, ya que el derecho se basaba en la tarjeta sanitaria de la madre y la ley no establece dichos límites.

STSJ Cataluña, a 28 de julio de 2022 (ROJ: STSJ CAT 7514/2022)

Resumen muy breve: Revoca el derecho al reintegro de gastos al no acreditarse una situación de urgencia vital inminente ni la imposibilidad de usar los servicios públicos, aplicando una interpretación estricta de la urgencia.

Más información

El TSJ estimó el recurso del INSS. Consideró que el demandante no probó la necesidad del internamiento en un centro privado (por ejemplo, que no hubiera alternativas públicas) ni una situación de urgencia vital en un sentido estricto, ya que el informe médico solo mencionaba la "conveniencia" del ingreso, no un riesgo inminente para la vida.

STSJ Andalucía, a 02 de noviembre de 2023 (ROJ: STSJ AND 14071/2023)

Resumen muy breve: Estima el recurso del demandante, afirmando que en casos de urgencia vital, la Seguridad Social debe cubrir la totalidad de los gastos sin sujetarse a baremos internos o circulares, que no son vinculantes para los tribunales.

Más información

El TSJ da la razón al demandante, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Reitera que la ley no impone límites tarifarios a la asistencia sanitaria completa (incluida la neuropsiquiatría) y que las circulares del INSS no tienen carácter de norma jurídica para los jueces.

STSJ Cataluña, a 21 de enero de 2022 (ROJ: STSJ CAT 234/2022)

Resumen muy breve: Desestima el recurso del INSS, reiterando que sus circulares internas no son normas jurídicas y que la ley no establece límites de tarifas para la asistencia médica completa.

Más información

El INSS pretendía limitar el abono de gastos de asistencia neuropsiquiátrica a las tarifas de sus circulares. El tribunal rechaza este argumento, insistiendo en que las circulares no son normas jurídicas y que la normativa del Seguro Escolar no prevé limitaciones tarifarias para la asistencia médica u hospitalización.

STSJ Cataluña, a 02 de mayo de 2023 (ROJ: STSJ CAT 4615/2023)

Resumen muy breve: Estima el recurso del INSS por falta de legitimación pasiva, declarando que la competencia para gestionar la prestación sanitaria del Seguro Escolar había sido transferida a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Más información

El INSS defendió su falta de legitimación pasiva, argumentando que la competencia para la gestión de prestaciones sanitarias del Seguro Escolar, incluida la neuropsiquiatría, fue transferida a la Comunidad Autónoma de Aragón. El tribunal estima el recurso del INSS, confirmando que la Comunidad Autónoma de Aragón es la entidad gestora competente para esta prestación.

STSJ Castilla y León, a 05 de abril de 2024 (ROJ: STSJ CL 1243/2024)

Resumen muy breve: Desestima el recurso de la estudiante al considerar que la prestación carece de objeto, ya que estaba siendo debidamente atendida por el sistema público de salud (SACYL).

Más información

La demandante solicitaba la prestación sanitaria de neuropsiquiatría. El INSS la denegó porque su patología no impedía sus estudios y ya estaba siendo atendida por el sistema público. El tribunal desestima el recurso de la estudiante, al considerar que la prestación carece de objeto porque la actora ya estaba siendo debidamente atendida y recibiendo tratamiento del Servicio de Salud mental del SACYL.

STSJ Galicia, a 10 de abril de 2023 (ROJ: STSJ GAL 2558/2023)

Resumen muy breve: Desestima el recurso del INSS, aclarando que la asistencia médica por accidente escolar debe ser completa y sin limitación temporal hasta la curación, y no se limita a un año como pretendía el INSS.

Más información

El INSS argumentaba que la cobertura del seguro escolar por accidente debía limitarse a un año. El tribunal desestima el recurso, clarificando que la limitación de un año se refiere a la indemnización por incapacidad temporal, no a la asistencia médica, la cual, según la Ley y la Orden, debe ser completa y sin limitación temporal para la curación de las lesiones.


6. MODELOS DE SOLICITUD

Puede encontrar los formularios y modelos oficiales para solicitar las distintas prestaciones del Seguro Escolar en el siguiente enlace de la Sede Electrónica de la Seguridad Social:

25 marzo 2025

ALGUNAS STS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, A 25/03/2025

Pocas, pero voy con ellas, porque algunas son interesantes. Así que, sin más preámbulos, las comento brevemente.

La STS, a 27 de febrero de 2025 - ROJ: STS 1015/2025 aborda la declaración de incapacidad permanente en grado de total, derivada de enfermedad profesional, para un trabajador que padece silicosis simple grado I, y declara que es incompatible con el trabajo en ambientes en los que existe riesgo de inhalar polvo de sílice, estableciendo que debe reconocerse una IPT al trabajador que padece dicha enfermedad y se encuentra en situación de desempleo inmediatamente posterior al cese en la actividad laboral. Es cierto que desde un punto de vista de limitación funcional el trabajador presentaba escasa limitación con respecto a la alteración ventilatoria, de hecho, la espirometría arrojaba valores de normalidad, en tanto en cuanto el FVC era de 106 %, el FEVI 110 %, y la relación de uno sobre otro, es decir FEV1/ FVC, era del 82%. Pero no era menos cierto, que había sido diagnosticado de silicosis simple, y además por el organismo más especializado en la materia, el Instituto Nacional de Silicosis, que constató la enfermedad profesional, y que además aconsejaba, de forma tajante, que "debe evitar exposición a polvo de sílice". Siendo su profesión la de marmolista, parece evidente que el riesgo de agravar la enfermedad, si se expone al ambiente pulvígeno, era más que evidente. Lo que ocurre, es que en el momento del acceso a la pensión, aunque en los últimos 15 años sí estuvo expuesto a la inhalación de sílice, estaba desempleado, por lo que no existía exposición. Y sí, el TS entiende que procede la declaración en situación de IPT, ya que, dice, "El problema que debemos resolver ahora es que la prestación se solicita en un momento en el que relación laboral ya se ha extinguido, de forma que el trabajador ha cesado en la prestación de servicios, y como venimos diciendo, se trata de silicosis simple grado I que no resulta por sí sola incapacitante y no viene acompañada de otras dolencias adicionales que en su conjunto pudieren atribuirle esos efectos". Y aunque "la STS del Pleno de la sala de 25 de marzo de 2015, rcud. 411/2014, reiterada, entre otras, en SSTS 26 de mayo de 2015, rcud. 2308/2014; 23 de febrero de 2016, rcud. 1914/2014, abordan una situación sustancialmente coincidente con la del presente asunto", sin que exista fraude por parte del trabajador, interpretando como profesión habitual la realizada de forma preponderante por el beneficiario en los últimos años, y teniendo en cuenta la cercanía en el tiempo entre el cese en la actividad, el debut de la enfermedad y la solicitud de IP,  "por más que ciertamente pueda no resultar incapacitante por sí sola la silicosis simple grado I cuando no está acompañada de otras dolencias adicionales, lo cierto es que la profesión habitual de marmolista es totalmente incompatible con el desempeño de una actividad que por su propia naturaleza debe desarrollarse necesariamente en ambientes sometidos al riesgo de inhalación de polvo de sílice".

En fin, sentencia justa, excelentemente razonada, pero creo que es triste, que en pleno año 2025 aún haya trabajadores que sufran silicosis, la que fue la primera enfermedad profesional reconocida legalmente en nuestro país (aquí lo explicaba hace ya un tiempo). Y es más, ante la "teoría de exposición al riesgo" desarrollada por el TS en materia de EEPP y el reparto de responsabilidades en el abono de la prestación, fíjense por favor, en que el trabajador tuvo que demandar y llamar al proceso, no solo al INSS y la TGSS, sino también a cuatro mutuas y, si no he contado mal, las diez empresas en que realizó trabajos como marmolista. De locos.

Ahora que se habla bastante de la anticipación de la edad por la realización de trabajos especialmente penosos y/o peligrosos al hilo del artículo 206 TRLGSS (dice la Ministra que se activará en abril), aunque los bomberos forestales de momento tienen que seguir esperando (Criterio de Gestión 4/2025), se ha publicado, en materia de aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sector ferroviario, en procedimiento de casación ordinaria, la STS, a 25 de febrero de 2025 - ROJ: STS 999/2025. Y señala que la aplicación de aquellos coeficiente ha de realizarse aplicando de manera estricta las exigencias del RD 2621/1986, sin que quepa asimilar a los maquinistas que circulan solo por vías de un complejo industrial con los que los hacen por el trazado ferroviario público. Señalar que el procedimiento hacía referencia a la solicitud presentada por los representantes de los trabajadores de la empresa "Cuevas Gestión de Obras S.L." a fin de que se asignasen los coeficientes de reducción de la edad ordinaria de jubilación (en el porcentaje del 0,10) y se declarase que la actividad de transporte de mercancías por ferrocarril desarrollada por los trabajadores de la empresa está incluida en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores Ferroviarios (RETF), que fue denegado por la DGOSS. La respuesta del TS, con invocación de doctrina anterior, como la STS 549/2017 de 21 junio (rec. 549/2017), e incluso advirtiendo que existe "el peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso...", concluye que no cabe ampliar los supuestos de aplicación de los coeficientes reductores, ya que "la decisión se basa en que no basta con la forma de prestación de servicios sobre categorías designadas, sino que necesariamente deben realizarse en el sector laboral correspondiente. Es decir, no bastan las circunstancias de penosidad y peligrosidad propias de conducción ferroviaria (además, no equivalente en su contenido al ceñirse a un centro de trabajo), para reconocer los coeficientes, ya que no puede prescindirse de la exigencia básica, que ha de tratarse de explotación del transporte incluidos en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles y ferrocarriles de uso público, que no son las instalaciones de la citada empresa Solvay S.L., en Barreda- Torrelavega, Cantabria".

Lo dicho, mal futuro veo para el desarrollo del artículo 206 TRLGSS.

En materia prestacional, y en concreto respecto a la pensión de viudedad, la STS, a 27 de febrero de 2025 - ROJ: STS 1008/2025 aborda una cuestión que nunca había visto en en mi ejercicio profesional, y que me ha llamado la atención. Lo que ocurre es que la sentencia declara la inexistencia de contradicción, lo que conlleva en esa fase la desestimación del recurso, y por tanto no entra en el fondo de la cuestión. Ahora bien, señalar que se trata del reintegro de prestaciones indebidas percibidas por el viudo (casi 30.000 euros), ya que contrajo un segundo matrimonio en el extranjero -que en principio fue declarado fraudulento pero finalmente sí pudo ser inscrito-. Lo cierto es que contraer, salvo excepciones, nuevas nupcias supone la extinción de la pensión de viudedad, pero, alegaba el recurrente, que como su nueva mujer residía en el extranjero, no es hasta que llega a España cuando se debería extinguir la pensión. En fin, muy curioso, y sí, va a tener que reintegrar las prestaciones indebidas.

En materia de Seguridad Social, pero con indudable valor procesal, la STS, a 05 de marzo de 2025 - ROJ: STS 1009/2025 recuerda que uno de los requisitos que ineludiblemente debe cumplirse para poder recurrir sentencias en materia de prestaciones periódicas de la Seguridad Social, ya además es una exigencia de orden público procesal, es que el recurrente inicie el pago de la prestación. Y si no lo hace, es un defecto formal insubsanable en orden a la articulación del recurso. La verdad es que es una lástima, porque la cuestión de fondo es muy interesante, si es posible revisar la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta establecida en sentencia firme acudiendo a un nuevo proceso judicial, o si, por el contrario, no puede revisarse por aplicación de la cosa juzgada. El TSJ CAT entendió que en el segundo proceso de revisión de grado sí puede modificarse la base reguladora, ya que en el primer proceso no se discutió la misma, simplemente se aceptó la establecida en la resolución administrativa. No obstante, el compañero letrado Juan José Gómez Velasco, argumentó, de forma muy acertada, que el INSS, claro que puede recurrir, pero tiene que abonar en ejecución provisional, mientras se sustancia el recurso, la pensión reconocida con mayor base reguladora en la sentencia de suplicación, en aplicación del art. 230.2 LRJS. Y como no actuó correctamente el INSS, lo que era causa de inadmisión se transforma en desestimación. Y nos quedamos con la incognita si era de aplicación o no el instituto de la cosa juzgada del art. 222 LEC en este caso.

Por último, no menos interesante en materia procesal, la STS, a 26 de febrero de 2025 - ROJ: STS 1024/2025, que entiende concurre en la sentencia dictada en suplicación el vicio de incongruencia omisiva, ya que no se pronuncia sobre los motivos de impugnación realizados por el trabajador en aquella fase, y que hizo referencia a la irrecurribilidad de la sentencia por no ejecutar provisionalmente la sentencia de instancia el INSS e iniciar el pago de la pensión, así como por no atender la revisión fáctica planteada, que fueron opuestos por el trabajador declarado en IPT. Se dicta la nulidad de la sentencia del TSJ de Murcia, y se devuelven actuaciones para dictar una nueva.



28 enero 2025

RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS DEL TSJ CAT EN REFERENCIA AL RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 2024

 A continuación, se presenta una recopilación  de sentencias dictadas por el TSJ CAT, Sala Social claro, sobre la siempre controvertida figura del recargo de prestaciones establecido en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), sus requisitos sustantivos y una tabla resumen de las sentencias.

1. Análisis jurídico del recargo de prestaciones del art. 164 LGSS

El artículo 164 de la LGSS establece un recargo en las prestaciones económicas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, cuando la lesión se produce debido a la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Este recargo, que varía entre el 30% y el 50%, tiene como objetivo sancionar el incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales y garantizar una mayor protección a los trabajadores que sufren daños como consecuencia de estas omisiones.

Aquí, modelo de solicitud del recargo de prestaciones.

2. Elementos constitutivos del recargo de prestaciones

La jurisprudencia ha delineado los siguientes elementos esenciales para la aplicación del recargo de prestaciones:

2.1. Existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es necesario que se haya generado una prestación económica (IT, incapacidad permanente, etc...) que derive de una contingencia de origen laboral que genere el derecho a prestaciones económicas de la Seguridad Social.

2.2. Incumplimiento empresarial de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Debe existir una infracción por parte del empleador de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Este incumplimiento puede manifestarse de diversas formas, tales como -a título de ejemplo-:

  • Carencia de medios de protección reglamentarios. La ausencia de equipos de protección individual (EPIs) o colectiva obligatorios genera la imposición del recargo. Por ejemplo, en construcción, la falta de arnés para los EPIS, o de redes en cuanto a los medios colectivos, que evitan o minimizan el riesgo de caída en altura.
  • Medios de protección inutilizados o en malas condiciones. La existencia de equipos de protección que no cumplen su función debido a su mal estado o falta de mantenimiento. Pensemos por ejemplo en mascarillas de protección que no han sido debidamente renovadas.
  • Falta de formación e información. Ojo que son dos obligaciones, íntimamente conectadas, pero diferentes y autónomas.
  • El incumplimiento puede ser de medidas particulares de seguridad y salud en el trabajo -los tres ejemplos anteriores-, pero también generales. Y es que no olvidemos la deuda de seguridad del empleador respecto a sus trabajadores, que se traduce, en la otra cara de la moneda, en el derecho de éstos a una protección eficaz contra los riesgos en el trabajo.
  • Falta de adecuación personal al trabajo. Ojo, ahora que hablamos, y mucho, de la necesidad de realizar ajustes razonables en el ámbito laboral ante trabajadores con discapacidad, o especialmente sensibles por sus condiciones de salud, biológicas, etc., la falta de consideración de las características individuales del trabajador (edad, sexo, condiciones físicas) al asignar tareas o establecer medidas de seguridad, también es un incumplimiento que puede dar lugar al recargo de prestaciones.

2.3. Nexo causal entre el incumplimiento y el daño. Debe existir una relación directa entre el incumplimiento empresarial y el accidente o enfermedad profesional. Es decir, el daño debe ser consecuencia de la omisión de las medidas de seguridad. Así, por ejemplo, un trabajador que sufre un accidente in itinere, al que la empresa no le ha realizado el reconocimiento médico de vigilancia de la salud, difícilmente puede solicitar el recargo de prestaciones. Pero si trabaja en ambiente pulvígeno, padece asma, y no se ha realizado aquel reconocimiento médico para detectar su especial sensibilidad, y se agrava o sufre enfermedad respiratoria, sí podría imponerse el recargo de prestaciones.

    3. Naturaleza jurídica del recargo

    El recargo de prestaciones es una institución específica del derecho de la seguridad social, que no se asimila plenamente a otras figuras jurídicas afines, como la sancionadora -sin perjuicio de la íntima relación entre la infracción y la imposición del recargo-. Su propósito principal es reforzar las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, mediante una penalización económica al empresario que incumple dichas obligaciones. Es una medida que busca incentivar la prevención de riesgos laborales y proteger a los trabajadores. Así, el TS ha declarado su triple carácter: indemnizatorio para el trabajador, sancionador para el empresario y, por último, prestacional, lo que favorece la transmisión de la responsabilidad en caso de sucesión de empresa.

    4. Responsabilidad del empresario -deudor de seguridad-.

    La responsabilidad del pago del recargo recae directamente sobre el empresario infractor  -o empresarios infractores, y es que en ocasiones los "deudores de seguridad so varias, por ejemplo en contratas y subcontratas, lo que puede activar la responsabilidad solidaria- y no puede ser objeto de seguro, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Esta característica refuerza el carácter preventivo y sancionador del recargo, al responsabilizar directamente al empresario de las consecuencias de su incumplimiento. Además, la responsabilidad por el recargo es independiente y compatible con otras responsabilidades de índole administrativa, civil e incluso penal, que puedan derivarse de la misma infracción.

    5. Determinación del porcentaje del recargo

    El artículo 164 de la LGSS establece un rango para el recargo, entre el 30% y el 50%, pero no establece criterios precisos para determinar el porcentaje exacto a aplicar. La ley sí indica que el porcentaje debe fijarse según la gravedad de la falta. La jurisprudencia ha reconocido que existe un amplio margen de apreciación del juzgador al establecer el porcentaje del recargo, pero este margen no es arbitrario. El porcentaje debe guardar proporción con la gravedad de la falta, y puede ser revisado judicialmente si se considera desproporcionado. Se ha establecido que la cuantía mínima debe reservarse para infracciones leves y la máxima para las muy graves. No obstante, el incumplimiento no tiene que ser una infracción tipificada en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), sino que es suficiente un incumplimiento de las obligaciones de seguridad. La existencia de un daño puede ser un indicio del fracaso de la acción preventiva a la que está obligado el empresario como deudor de seguridad.

    6. La prueba del incumplimiento

    En procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo, corresponde al empresario probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor que excluya o reduzca su responsabilidad. No puede exonerar de responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo. Se considera más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta. Y así se desprende del art. 96.2 LRJS.

    Tabla Resumen de Sentencias.

    Sentencia

    Cuestión

    Fundamento Jurídico

    Recargo

    STSJ_CAT_1308_2024

    Recargo de prestaciones del 30% impugnado por la empresa debido a accidente laboral.

    Se desestima el recurso de la empresa ya que la empresa no probó haber adoptado las medidas necesarias para prevenir el riesgo. Se confirma la imposición del recargo.

    Sí

    STSJ_CAT_2078_2024

    La empresa recurrente impugna la sentencia de instancia en cuanto a la imposición del recargo de prestaciones, cuestionando la valoración de las actuaciones inspectoras y la responsabilidad de las empresas en relación al accidente.

    Se desestima el recurso de la empresa por falta de prueba de los errores en la sentencia de instancia. Se confirma el recargo y la responsabilidad de la empresa. El juzgador tiene un amplio margen de apreciación para determinar la gravedad de la falta y el recargo, pudiendo revisarse si no guarda proporción.

    Sí

    STSJ_CAT_2303_2024

    Se discute la responsabilidad de la empresa en un accidente de trabajo y la inversión de la carga de la prueba.

    Se destaca la aplicación del art. 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), que establece que en procesos sobre accidentes de trabajo, corresponde a los deudores de seguridad probar la adopción de medidas preventivas. Se confirma la responsabilidad de la empresa y la imposición del recargo.

    Sí

    STSJ_CAT_2381_2024

    Recargo de prestaciones del 30% impuesto por accidente laboral.

    Se desestima el recurso de la empresa, confirmando la sentencia de instancia y el recargo. Se señala que la normativa aplicable (art. 164 LGSS) permite el recargo cuando no se observan medidas de seguridad y salud.

    Sí

    STSJ_CAT_2464_2024

    Se discute la aplicación del recargo tras un accidente laboral, donde el informe de la Inspección de Trabajo no propone recargo.

    Se desestima el recurso del trabajador, ya que se basó en una reconstrucción fáctica que no prosperó, ya que la inspección no propuso el recargo y la empresa acreditó que cumplió con las medidas de prevención. El juzgador tiene libertad para apreciar la prueba.

    No

    STSJ_CAT_2473_2024

    Impugnación de recargo por parte de la empresa alegando imprudencia de la trabajadora.

    Se desestima el motivo de reposición de actuaciones y se señala que el juez no concluye que la causa del accidente fuera la imprudencia temeraria de la trabajadora, único grado de negligencia que daría lugar a la ruptura del nexo causal con la infracción imputable al empresario.

    Sí

    STSJ_CAT_2870_2024

    Se analiza la imposición del recargo y se denuncia la infracción de varios artículos de la LISOS, LPRL y RD 1215/1997.

    Se analiza el art. 164.1 de la LGSS y se recuerda que "todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento" por falta de medidas de seguridad. No se entra a la cuestión de si existe o no el recargo.

    N/A

    STSJ_CAT_2982_2024

    Recurso contra la sentencia que estimó la demanda de una empresa y desestimó la del trabajador, dejando sin efecto la declaración empresarial de responsabilidad.

    Se desestima el recurso del trabajador, confirmando la sentencia de instancia, y se argumenta que no existe incumplimiento que pueda fundar la imposición del recargo, basándose en el informe de la Dirección General de energía, minas y seguridad industrial. Se remite a los argumentos de la sentencia recurrida.

    No

    STSJ_CAT_3308_2024

    Se discute el porcentaje del recargo, donde la sentencia de instancia fijó el 30% y el recurrente solicita el 50% o subsidiariamente el 40%.

    Se estima parcialmente el recurso, elevando el recargo al 40%. Se recuerda que la LGSS no contiene criterios precisos de atribución del porcentaje del recargo, sino que indica una directriz general, la gravedad de la falta. Se recuerda que es revisable si el recargo impuesto no guarda proporción con esta directriz legal.

    Sí

    STSJ_CAT_3673_2024

    La sentencia analiza la revisión fáctica y la determinación del recargo.

    Se desestima la revisión de los hechos y se destaca que el juez tiene un amplio margen de apreciación en la determinación del porcentaje del recargo, pero éste debe ser controlable en función de la gravedad de la falta. Se recuerda que el recargo debe atemperarse si no hay un absoluto desprecio de la normativa. Se confirma la sentencia de instancia que determinó el recargo.

    Sí

    STSJ_CAT_4614_2024

    Se desestima el recurso de la empresa, confirmando la sentencia de instancia en un caso de recargo de prestaciones.

    Se concluye que el proceso laboral es de instancia única, y que la valoración de la prueba corresponde al juzgador de instancia, cuya revisión solo es posible cuando un error se evidencia de documentos.

    Sí

    STSJ_CAT_4789_2024

    La empresa recurre por infracción del artículo 164 LGSS y otros preceptos, argumentando que la sentencia de instancia no menciona preceptos legales que fundamenten su decisión.

    Se desestima el recurso de la empresa. Se señala que la sentencia de instancia, aunque podría haber fundamentado más extensamente su decisión, contiene un razonamiento exhaustivo sobre la confirmación del recargo, y no se aprecia infracción ni indefensión.

    Sí

    STSJ_CAT_559_2024

    La empresa recurrente solicita la revisión de los hechos probados con varias adiciones y modificaciones.

    Se desestima el motivo de revisión fáctica por no estar debidamente justificada en la documentación. Se destaca que la valoración de la prueba corresponde al juzgador de la instancia. No se analiza el fondo del asunto.

    Sí

    STSJ_CAT_573_2024

    El trabajador y la empresa recurren la sentencia, discutiendo los hechos probados y la aplicación del art. 164 LGSS.

    Se desestima el recurso del trabajador. Se desestima el recurso de la empresa, que pretendía que se estableciera que la empresa cumplió con sus obligaciones, y se confirmó el recargo. Se recuerda que la valoración de la prueba corresponde al juzgador de instancia, y su revisión solo es posible si hay un error evidente en documentos. Se confirma el recargo.

    Sí

    STSJ_CAT_62_2024

    Se discute la aplicación del recargo de prestaciones y los requisitos del art. 164 LGSS.

    Se desestima el recurso de la empresa por no modificar los hechos probados de instancia, Se recuerda que para la aplicación del recargo se requiere la existencia de un accidente de trabajo, un incumplimiento empresarial de las obligaciones de seguridad y salud, y un nexo causal entre el incumplimiento y el daño.

    Sí

    STSJ_CAT_6443_2024

    La empresa recurre contra la sentencia de instancia en un caso de recargo de prestaciones.

    Se desestima el recurso de la empresa y se confirma la sentencia de instancia. No se entra a analizar el fondo del asunto.

    Sí

    STSJ_CAT_6468_2024

    Se discute un recargo de prestaciones impuesto tras un acta de infracción.

    Se desestima el recurso de la empresa, indicando que lo relevante es determinar si la empresa incumplió sus obligaciones en materia de seguridad y salud, lo que causó el accidente. El recargo se impone por el incumplimiento del deber de seguridad de la empresa.

    Sí

    STSJ_CAT_6494_2024

    La empresa impugna el recargo de prestaciones, solicitando la modificación de los hechos probados y la infracción del art. 164 del TRLGSS en relación con la LISOS, LPRL y RD 773/1997.

    No se entra a analizar el fondo del asunto ni la aplicación del recargo.

    Sí

    STSJ_CAT_6531_2024

    Se discute el porcentaje del recargo y la base reguladora.

    Se rechaza el argumento del INSS y se indica que el recargo se aplica sobre la pensión resultante, incluyendo las actualizaciones y revalorizaciones. Se señala que el artículo 164 LGSS ordena incrementar con el recargo "las prestaciones económicas", es decir, la pensión resultante.

    Sí

    STSJ_CAT_686_2024

    Se discute la imposición del recargo por infracción de la normativa de seguridad laboral.

    No se entra a analizar el fondo del asunto ni la aplicación del recargo.

    N/A

    STSJ_CAT_7627_2024

    La sentencia analiza la obligatoriedad de que la carretilla tenga una estructura protectora para el operador.

    Se establece que la estructura debe ser resistente a la caída de objetos. Se rechaza la idea de que el techo de barras sea suficiente. Se señala que un auto de sobreseimiento provisional no afecta la posibilidad de imponer el recargo de prestaciones. Se confirma el recargo.

    Sí

    STSJ_CAT_1177_2024

    Se analiza si se debe aplicar el recargo por accidente laboral.

    Se desestima el recurso del trabajador y se confirma la sentencia de instancia, que denegó el recargo por considerar que no hubo una infracción empresarial de seguridad.

    No

    En fin, es una aproximación a esta figura muy sencilla, que trato con mayor extensión en estas entradas;

    - Origen histórico del recargo de prestaciones.

    - Responsabilidad solidaria y caso fortuito.

    - El recargo de prestaciones por exposición al amianto.

    - Recargo y sucesión empresarial.

    - Viudedad y recargo de prestaciones.

    - Prescripción y recargo. Y aquí.