¿PUEDE EL INSS REVISAR UNA INCAPACIDAD PERMANENTE ANTES DE LA FECHA QUE ÉL MISMO FIJÓ? COMENTARIO A LA STS 3714/2026

STS, a 09 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 3714/2026

Documento oficial: Consultar resolución

ECLI: ES:TS:2026:3714

Sala de lo Social

Nº de Resolución: 688/2026 | Municipio: Madrid

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO | Nº Recurso: 911/2025

RESUMEN: REVISIÓN DE IP. Es nulo el procedimiento de revisión de IP iniciado por el INSS antes de que llegue el día fijado al efecto en la resolución inicial y sin que concurra ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 200.2 LGSS, incluso si la revisión se acuerda cuando ya ha transcurrido dicho plazo. Reitera doctrina de STS 220/2024 de 6 febrero (rcud 997/2021), que es referencial. Estima recurso del pensionista, de conformidad con Ministerio Fiscal.

Índice de contenidos

• Introducción
• 1. Hechos y cronología del expediente administrativo
• 2. El itinerario judicial: de la instancia a la casación
• 3. La evolución normativa: del antiguo art. 143.2 LGSS al vigente art. 200.2 LGSS
• 4. La doctrina fijada: aplicación estricta de la STS 220/2024 de 6 de febrero (rcud 997/2021)
• 5. Respaldo en la doctrina constitucional: la STC 205/2011, de 15 de diciembre
• 6. El Fallo y el alcance de la sentencia
• 7. Conclusiones prácticas para laboralistas y pensionistas

Introducción

Una de las cuestiones más debatidas en el ámbito de la Seguridad Social es la fuerza vinculante del plazo de revisión fijado en las resoluciones que reconocen una Incapacidad Permanente (IP). Cuando la propia Entidad Gestora señala en su resolución inicial que la situación no podrá revisarse antes de una determinada fecha, ¿queda el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) obligado a respetar dicho plazo, o puede incoar de oficio el expediente antes de tiempo si detecta una mejoría médica?

En la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala IV) 688/2026, de 9 de septiembre de 2026 (rec. 911/2025; Roj: STS 3714/2026), con ponencia del magistrado D. Antonio V. Sempere Navarro, el Alto Tribunal unifica doctrina para declarar la nulidad de pleno derecho de las revisiones de grado iniciadas de forma prematura por el INSS, respaldando la estabilidad de los actos administrativos firmes y el principio de seguridad jurídica.

1. Hechos y cronología del expediente administrativo

El supuesto de hecho afecta a D. Jerónimo, nacido en 1964, de profesión habitual cocinero asalariado:

• 20 de septiembre de 2019: La Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) emite un informe que acredita un menoscabo funcional permanente marcado para esfuerzos leves.
• 22 de octubre de 2019: El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) emite dictamen tras constatar una cardiopatía severa (enfermedad coronaria severa, bypass coronario, taponamiento cardíaco recidivante postquirúrgico, pericardiectomía y fracción de eyección del 30-35 %, con deficiencia cardiológica grado 3/4).
• 27 de noviembre de 2019 (Resolución inicial de IP): El INSS dicta resolución declarando al trabajador en situación de Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) derivada de enfermedad común. En dicha resolución se hace constar expresamente que la situación podrá ser objeto de revisión por agravación o mejoría a partir del 22 de abril de 2021.
• Inicio del expediente de revisión de grado (incoación prematura): El INSS activa de oficio el procedimiento de revisión con anterioridad a la fecha límite fijada (el recurso señala el inicio en marzo de 2021).
• 14 de abril de 2021: Se suscribe el Informe Médico de Síntesis del expediente de revisión (antes del vencimiento del plazo del 22 de abril).
• 3 de mayo de 2021: El EVI emite dictamen concluyendo que el trabajador ha experimentado mejoría (función sistólica conservada con FE del 70 % y limitación cardiológica grado 2/4), recomendando limitar solo actividades de carga física moderada-elevada.
• Mayo de 2021 (Resolución de revisión): El INSS dicta resolución acordando reducir la prestación del grado de Absoluta (IPA) al de Total (IPT).
• 24 de agosto de 2021 y 1 de febrero de 2022: El trabajador interpone reclamación previa, que es desestimada por el INSS mediante resolución de 1 de febrero de 2022.

2. El itinerario judicial: de la instancia a la casación

• Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras (Sentencia 129/2024, de 22 de abril): Desestimó la demanda del trabajador. Argumentó que, aunque las actuaciones de revisión se iniciaron antes de tiempo, la resolución final que redujo el grado se dictó en mayo de 2021, cuando el plazo prefijado (22 de abril) ya se había superado.
• TSJ de Andalucía, Sede Sevilla (Sentencia 3514/2024, de 4 de diciembre): Confirmó la sentencia de instancia alegando que la fecha fijada en la resolución inicial tiene un carácter meramente orientativo y que, ante una mejoría clínica relevante, el INSS está facultado para reabrir el expediente de forma temprana.
• Tribunal Supremo (STS 3714/2026): Estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del trabajador, contando con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

3. La evolución normativa: del antiguo art. 143.2 LGSS al vigente art. 200.2 LGSS

Para fundamentar su fallo, el Tribunal Supremo efectúa un recorrido por la regulación legal del procedimiento de revisión:

• Regulación anterior (Art. 143.2 LGSS, según Ley 52/2003 de 10 de diciembre): Exigía hacer constar necesariamente en las resoluciones el plazo a partir del cual se podía instar la revisión. La jurisprudencia consolidada de la Sala IV —destacando la STS de 14 de mayo de 2008 (rcud 3063/2007) y la STS 355/2016, de 28 de abril (rcud 3621/2014)— ya había fijado que dicho plazo revestía carácter vinculante -para todas las partes- e impedía examinar el estado del pensionista hasta su total cumplimiento.
• Regulación actual (Art. 200.2 de la Ley General de la Seguridad Social - LGSS): El precepto vigente consagra expresamente que el plazo fijado en la resolución "será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión".

Las dos únicas excepciones legales: El propio artículo 200.2 LGSS contempla únicamente dos salvedades en las que el INSS o el trabajador pueden solicitar la revisión sin esperar al vencimiento del plazo:

• Que el pensionista esté ejerciendo algún trabajo por cuenta propia o ajena.
• Que la revisión se funde en un error de diagnóstico.

Dado que en el caso analizado el trabajador no realizaba actividad laboral ni existía error de diagnóstico (sino una mera alegación de mejoría), el INSS estaba plenamente sujeto a la fuerza vinculante del plazo.

4. La doctrina fijada: aplicación estricta de la STS 220/2024 de 6 de febrero (rcud 997/2021)

El Tribunal Supremo reitera y aplica el criterio sentado en su STS 220/2024, de 6 de febrero (rcud 997/2021):

• Significado del verbo "instar": El término legal "instar" equivale a solicitar, urgir o iniciar/incoar un expediente. Por consiguiente, el plazo prefijado actúa como un dies a quo infranqueable.
• Consumación de la infracción en el momento de la incoación: La ilegalidad del procedimiento no se mide por la fecha en que se dicta la resolución resolutoria final, sino por la fecha en que el INSS activa o inicia las actuaciones de revisión. Y aquí lo hizo, aunque por muy pocos días, antes del plazo.
• Nulidad insubsanable: Iniciar la revisión antes del plazo vicia de nulidad radical todo el procedimiento administrativo, haciendo ineficaz la resolución posterior, incluso aunque la resolución de rebaja de grado se haya notificado una vez vencido el plazo señalado.

5. Respaldo en la doctrina constitucional: la STC 205/2011, de 15 de diciembre

Esta interpretación se alinea de forma directa con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional fijada en la STC 205/2011, de 15 de diciembre:

• El Tribunal Constitucional razonó que la imposibilidad de instar la revisión antes de término opera como una garantía bilateral, limitando tanto la pretensión del pensionista como las facultades de revisión de oficio del INSS.
• Dotar a los actos administrativos firmes de reconocimiento de incapacidad de una estabilidad temporal es una exigencia derivada del principio de seguridad jurídica y de la protección de la confianza legítima del ciudadano en la conservación de sus derechos acordados por la Administración. Evita, asimismo, someter a los beneficiarios a una situación de revisión ilimitada, incondicionada y permanente.

6. El Fallo y el alcance de la sentencia

En aplicación de esta doctrina, el Tribunal Supremo resuelve:

• Estimar el recurso de casación unificadora del trabajador.
• Casar y anular la sentencia del TSJ de Andalucía (Sevilla) y revocar la del Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras.
• Estimar íntegramente la demanda de origen, declarando la nulidad de pleno derecho del procedimiento de revisión incoado por el INSS y de la resolución que rebajaba la prestación a Incapacidad Permanente Total.
• Restablecer al trabajador en su situación de Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) y en el derecho a percibir la pensión correspondiente a dicho grado.

7. Conclusiones prácticas para laboralistas y pensionistas

El plazo de revisión no es "orientativo", sino vinculante para todas las partes. Es una fecha límite preclusiva vinculante de forma bidireccional. Y es que, así lo he hecho durante toda mi vida profesional en el ejercicio de la abogacía, incluso ante la concurrencia de nuevas lesiones, hay que esperar al plazo de revisión establecido por la entidad gestora. Ojo, otra cosa diferente es que, si hemos reclamado contra la denegación de la pensión o no estamos de acuerdo con el grado de incapacidad concedido, en ambos casos hago referencia a la resolución inicial, en el marco de ese procedimiento sí podemos alegar nuevas enfermedades, e incluso formular reclamaciones previas extemporáneas. Me explico:

Alegación de nuevas enfermedades o lesiones

En el ámbito de la incapacidad permanente, la jurisprudencia establece que la valoración de la invalidez -perdón, es la costumbre, incapacidad- debe realizarse atendiendo a la totalidad del cuadro secuelar y a la capacidad residual que presenta el trabajador en el momento de la resolución del expediente. No obstante, cuando en el curso del procedimiento se incorporan o alegan nuevas dolencias o lesiones ajenas al expediente administrativo inicial, la Sala Social del Tribunal Supremo (STS 396/2026) matiza que dicha alegación sobrevenida resulta procesalmente admisible, pero condiciona de forma directa la dinámica del derecho. En estos supuestos, la fecha de efectos económicos de la pensión de incapacidad permanente no se retrotrae al momento de la solicitud originaria donde tales lesiones no constaban, sino que se desplaza y fija en la fecha posterior en que quedaron debidamente acreditadas las nuevas patologías en el proceso.

Reclamaciones previas fuera de plazo

Según la jurisprudencia más reciente (destacando sentencias como la de 7 de noviembre de 2023 y la de 2 de abril de 2025), la falta de reclamación previa temporánea en los 30 días hábiles iniciales no destruye la pretensión de fondo, y se permite tanto la reiteración o nueva reclamación (Art. 71.4 LRJS), si es que la primera reclamación previa se presentó fuera de plazo o caducó, el cauce legal permite presentar una nueva reclamación previa (reiteración) siempre que el derecho principal no esté prescrito.

Vigilancia de la fecha de inicio del expediente

Ante cualquier resolución del INSS que reduzca o retire una incapacidad permanente, el primer punto de análisis debe ser verificar la fecha exacta de incoación de las actuaciones del expediente (citaciones, informes médicos de síntesis). Si el expediente comenzó antes de la fecha fijada en la resolución precedente, el procedimiento es nulo de pleno derecho.

Buena lectura.

¿QUIÉN PAGA LA MEJORA VOLUNTARIA SI EL TRABAJADOR YA NO ESTÁ EN PLANTILLA CUANDO EL INSS DECLARA LA INCAPACIDAD PERMANENTE? COMENTARIO A LA STS 3718/2026

STS, a 09 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 3718/2026

• Enlace CENDOJ: Consultar resolución original
• ECLI: ES:TS:2026:3718
• Sala: de lo Social
• Nº de Resolución: 690/2026
• Municipio: Madrid
• Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA
• Nº Recurso: 1409/2025

Índice de contenidos

• Resumen Cendoj
• Introducción
• 1. Los antecedentes de hecho: un largo iter administrativo
• 2. El dilema jurídico: ¿Fijar la fecha del siniestro en la resolución del INSS es una cláusula limitativa o delimitadora?
• 3. La doctrina de la Sala IV: Libertad de pactos y responsabilidad empresarial
• 4. El Fallo y sus consecuencias
• 5. Conclusiones prácticas para laboralistas y empleadores
• 6. Las últimas Sentencias del Tribunal Supremo
• Comentarios anteriores relacionados

Resumen Cendoj

Mejoras voluntarias. Determinar si, en un seguro colectivo, en previsión del art. 19 del Convenio colectivo provincial de hostelería de Las Palmas que establece indemnización por declaración de IP, la cláusula de la póliza que fija como fecha del siniestro la de la declaración de IP es limitativa o delimitadora del riesgo asegurado, y, en su caso, la fecha del hecho causante se considere la del accidente. Trabajador que sufre accidente no laboral y finaliza su contrato de trabajo con anterioridad a la declaración de IPT derivada de aquel accidente. Aunque la póliza estaba vigente con la aseguradora Generali España tanto cuando ocurrió el accidente como cuando se declaró la IP, el trabajador ya había dejado de ser empleado de la empresa antes de esa declaración de IP. Interpretación del clausulado de la póliza: expresamente se pactó que solo cubría a quienes mantuvieran la condición de empleados del tomador y fijaba como fecha de siniestro la declaración de IP. Clausula no limitativa sino delimitadora. Estimación del recurso. Responsabilidad directa de la empresa. Aplica doctrina STS -Pleno- 67/2019 -rcud 3326/2016- rcud 3326/2016, y la doctrina sobre diferenciación de cláusulas delimitadoras y limitativas del riesgo SSTS 203/2026, de 25 de febrero (rcud. 4193/2024), 343/2026, de 8 de abril (rcud 1149/2025) y 458/2026, de 6 de mayo (rcud 4029/2024).

Introducción

En los seguros colectivos vinculados a convenios colectivos, uno de los litigios más frecuentes se produce cuando entre la fecha en que ocurre un accidente (o enfermedad) y la fecha en que el INSS declara formalmente la incapacidad permanente transcurren meses o años, habiéndose extinguido entretanto la relación laboral del trabajador.

En la Sentencia 690/2026, de 9 de septiembre de 2026 (rec. 1409/2025), la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (con ponencia del magistrado D. Juan Martínez Moya) vuelve a fijar doctrina sobre un tema muy complejo para los laboralistas como yo -las civilistas manejan estos conceptos con mayor soltura- el deslinde entre cláusulas delimitadoras del riesgo y cláusulas limitativas de derechos en las pólizas de seguro de vida y, en lo que aquí nos interesa, de incapacidad permanente. El fallo determina si la aseguradora debe indemnizar o si, por el contrario, la responsabilidad recae de forma exclusiva sobre la empresa.

1. Los antecedentes de hecho: un largo iter administrativo

El supuesto analizado se origina en el sector de la hostelería de Las Palmas:

• La relación laboral y la póliza: El trabajador prestaba servicios eventuales como ayudante de cocina mediante contratos temporales (el último finalizó el 1 de mayo de 2015). La empresa tenía suscrito con Generali España S.A. un seguro colectivo de vida e incapacidad para dar cobertura a la mejora voluntaria fijada en el artículo 19 del Convenio Colectivo de Hostelería de Las Palmas (12.020,24 euros).
• El accidente y el fin del contrato: El 3 de febrero de 2015, el trabajador sufrió un accidente no laboral de motocicleta que derivó en proceso de incapacidad temporal. Pocos meses después, el 1 de mayo de 2015, su contrato temporal se extinguió.
• La resolución del INSS: Tras la tramitación del expediente, el EVI emitió dictamen propuesta el 28 de diciembre de 2016 y la Dirección Provincial del INSS declaró al actor en situación de Incapacidad Permanente Total (IPT) con fecha 17 de enero de 2017.
• Las cláusulas clave del seguro: La póliza de Generali (vigente hasta el 31 de diciembre de 2018) fijaba expresamente que:
  • La «fecha del siniestro» era la de los efectos económicos del dictamen, resolución o sentencia del organismo oficial competente.
  • El grupo asegurado estaba compuesto únicamente por «las personas que tengan la condición de empleados o asalariados del Tomador del Seguro, mientras reúnan dicha condición».

2. El dilema jurídico: ¿Fijar la fecha del siniestro en la resolución del INSS es una cláusula limitativa o delimitadora?

El debate en suplicación ante el TSJ de Canarias giró sobre qué momento determina la cobertura del seguro:

• Tesis del trabajador y del TSJ de Canarias: La cláusula de la póliza que traslada la "fecha del siniestro" al momento de la resolución del INSS tiene carácter limitativo de derechos (art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro - LCS). Por tanto, debía atenderse a la fecha del accidente (febrero de 2015), momento en el que el trabajador sí estaba dado de alta y cubierto por la póliza.
• Tesis de la aseguradora (Generali): Se trata de una cláusula delimitadora del riesgo que concreta el objeto del contrato. Al fijarse la fecha del siniestro en la resolución del INSS (enero de 2017), el trabajador ya no formaba parte de la plantilla y, en consecuencia, quedaba fuera del ámbito subjetivo asegurado.

3. La doctrina de la Sala IV: Libertad de pactos y responsabilidad empresarial

El Tribunal Supremo, estimando el recurso de unificación de doctrina de Generali, reitera su consolidada jurisprudencia (SSTS 67/2019 -especialmente esta que fue dictada en Pleno-, 68/2020 y más recientemente SSTS 203/2026, 343/2026 y 458/2026):

• Distinción de cláusulas (arts. 3 y 8 LCS y art. 1255 CC):
  • Cláusula delimitadora del riesgo: Es aquella que define el objeto del contrato, especificando qué riesgos se cubren, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito temporal o subjetivo. Basta con que esté redactada de forma clara y precisa. No requiere firmas adicionales más allá de la aceptación del contrato, siendo válida siempre que el texto sea comprensible y transparente.
  • Cláusula limitativa de derechos: Es la que, una vez acaecido el riesgo cubierto de forma usual o típica, restringe o empeora la situación negocial del asegurado a través de condiciones sorpresivas. Exige por ley estar claramente destacada (en negrita, mayúsculas) y ser aceptada expresamente por escrito y firmada por el asegurado.
• Naturaleza de la cláusula litigiosa: La estipulación que fija como fecha del siniestro la de los efectos económicos de la resolución del INSS y exige mantener la condición de empleado activo no es una cláusula sorpresiva ni limitativa, sino una definición clara e indubitada del riesgo asegurado y del colectivo protegido.
• Autonomía de la póliza frente al convenio colectivo: Aunque el convenio colectivo imponga a la empresa la obligación de asegurar a sus trabajadores, el contrato de seguro se rige por lo libremente pactado entre la tomadora y la aseguradora (art. 1255 CC). Si la empresa suscribe un seguro con una cobertura inferior o distinta a la exigida por el convenio, el contrato de seguro no se invalida, sino que la responsabilidad de abonar la mejora no cubierta se desplaza directamente a la empresa empleadora.

4. El Fallo y sus consecuencias

El Tribunal Supremo casa la sentencia del TSJ de Canarias y acuerda:

• Absolver expresamente a Generali España S.A. (y a Zurich Vida) al no existir cobertura en la fecha de la resolución del INSS.
• Condenar a la empresa (Hotel Proyect Treinta y Seis S.L.) al pago directo e íntegro de la indemnización de 12.020,24 euros a favor del trabajador.

5. Conclusiones prácticas para laboralistas y empleadores -en su condición de tomadores del seguro-

• Para las empresas: Hay que leer la póliza y confrontarla con el convenio colectivo. Si en la póliza colectiva se pacta que el siniestro nace con la resolución del INSS y que solo se cubre a los empleados en activo, la empresa asumirá a su propio cargo la indemnización si el contrato temporal finaliza antes de la resolución administrativa. Como señala el propio Supremo, si el trabajador sufre un accidente antes de extinguir su contrato, la empresa debe prever esa contingencia e incluir la correspondiente cobertura o extensión en la renovación del seguro. Especial cuidado con las pólizas de cobertura de accidente de trabajo y enfermedad profesional, porque el daño puede aparecer mucho tiempo después de extinguirse la relación laboral.
• Para los trabajadores: La reclamación frente a la aseguradora decaerá si la póliza delimita temporalmente el siniestro a la fecha de resolución del INSS. Sin embargo, el derecho a percibir la mejora voluntaria del convenio se mantiene intacto frente a la empresa empleadora.

6. Las últimas Sentencias del Tribunal Supremo

En mis análisis en el blog advierto del impacto que tiene esta distinción entre clásulas delimitatorias y limitativas en el ámbito de las empresas y los trabajadores, y al margen de las dos anteriores advertencias, quiero reseñar:

• El criterio restrictivo del Tribunal Supremo: El TS suele interpretar en sentencias recientes (como la STS de 3 de julio de 2024 - ROJ: STS 3802/2024 o la STS de 14 de mayo de 2024) que ciertas exclusiones de tiempo, plazos para comunicar el siniestro o la delimitación del propio accidente no son cláusulas "limitativas de derechos", sino cláusulas delimitadoras del riesgo.
• Consecuencia para las empresas: Si el TS dictamina que es una cláusula delimitadora, la aseguradora no tendrá la obligación de responder con el abono de la indemnización si no se cumplen estrictamente los términos de la póliza (por ejemplo, notificar fuera de plazo o por la concurrencia de una sucesión de compañías aseguradoras). Al no considerarse limitativa, la aseguradora se libra del pago sin que el asegurado pueda alegar que la cláusula "no estaba firmada de forma expresa".
• Llamamiento a la precaución: Insisto en que tanto los empresarios como los representantes legales de los trabajadores deben ser extremadamente atentos y cuidadosos con el redactado exacto de las pólizas de seguros colectivas que cubren mejoras voluntarias. Un mal diseño de las cláusulas pactadas puede dejar desprotegida a la plantilla trabajadora y/o trasladar una responsabilidad civil millonaria directamente a las espaldas de la empresa sin respaldo del seguro.

Ver algunos de mis anteriores comentarios:

• La compleja determinación de la fecha del hecho causante...
• Algunas STS en materia de Seguridad Social (comentario en “mejoras voluntarias”)

Buena lectura.

UN CASO PRÁCTICO. SI TENGO RECONOCIDA UNA PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE Y LLEGO A LA EDAD DE JUBILACIÓN, ¿QUÉ OPCIONES TENGO?

Caso práctico: Concurrencia de Incapacidades, Titularidad de Negocio y Jubilación

Esta entrada es la respuesta a un comentario en el blog que se produce, sin tanta complejidad, en diversas ocasiones. Por ello, ante la extensión y al ser recurrente, respondo aquí de forma amplia.

De hecho, es una cuestión que ya abordé en esta entrada en mi blog: ¿Qué ocurre con la pensión de Incapacidad Permanente cuando el beneficiario cumple la edad ordinaria de Jubilación?

La consulta de Antonio

Hola, Miguel. Te expongo mi caso pues no tengo nada clara la información de la que dispongo.

Me fue reconocida una incapacidad permanente absoluta por enfermedad durante un periodo de 13 años, la cual el INSS revirtió al darme de alta como autónomo y comenzar una actividad laboral. Al informar de mi alta al INSS, me dijeron que podría hacerlo sin ningún problema y que ellos revisarían el caso y optarían por emitir una resolución. Así lo hicieron, retirándome la prestación, y me informaron de que, llegado el momento de jubilarme, podría optar por la prestación de jubilación o la correspondiente a la incapacidad, puesto que esta tenía carácter vitalicio.

Veintidós años cotizando como autónomo y vuelvo a tener un reconocimiento de incapacidad permanente total con un 55% para la actividad que desarrollaba, y el INSS me da de baja de oficio en el régimen de autónomos, quedando en situación de pensionista por incapacidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, sigo siendo titular de mi actividad económica, con mi hijo como autónomo familiar dentro, realizando tareas de gestión y no aquellas por las cuales se reconoció la incapacidad. Este hecho lo informé al INSS y a Hacienda en carta certificada una vez tuve conocimiento de ello, a lo cual el INSS volvió a decir que podía hacer lo que quisiera y que ellos revisarían y actuarían según consideraran oportuno. El resultado es que desde hace ocho años soy titular de una actividad legalmente operativa y pensionista por incapacidad.

Llegado este punto y con sesenta y seis años, a falta de 14 meses para llegar a la edad de jubilación, yo me pregunto cuál es el paraguas legal al cual puedo acogerme, porque en las simulaciones que hago en la web del INSS por ningún lado aparecen estos hechos. Simplemente se tienen en cuenta los días/años cotizados en el régimen general y de autónomos, que son 29 años y 2 meses, y la prestación que percibo ahora, dada mi situación personal, se presenta más que justa para vivir.

Me disculpo de antemano por la extensión del escrito, no he sabido sintetizarlo más, y agradezco cualquier aporte que me pueda dar un poco de luz en este tema. ¡Muchas gracias!

Respuesta

Estimado Antonio:

Se trata de un supuesto práctico de gran riqueza técnica en el que confluyen diversas contingencias, reglas de compatibilidad y derechos de opción prestacional. Procedo a arrojar luz sobre su situación, estructurando la respuesta en las tres fases clave de su vida laboral y pasiva para que conozca exactamente cuál es el "paraguas legal" que le ampara.

1. Naturaleza y estado de su pensión inicial de Incapacidad Permanente Absoluta (IPA).

En primer lugar, menciona que el INSS le "retiró" la IPA al darse de alta como autónomo, pero indicándole que podría recuperarla al jubilarse puesto que tenía carácter "vitalicio". Jurídicamente, la prestación económica por incapacidad permanente absoluta consiste, en efecto, en una pensión vitalicia. Sin embargo, la normativa establece expresamente que si el pensionista realiza un trabajo o actividad que dé lugar a su inclusión en un régimen de la Seguridad Social, la entidad gestora procederá a suspender el pago de la pensión, reanudándose la misma cuando se produzca el cese en el trabajo o actividad, todo ello sin perjuicio de la eventual revisión del grado.

Por tanto, si el INSS aplicó la figura de la suspensión (que es lo que se deduce de la información que le facilitaron), su derecho a la IPA quedó "latente" o "dormido" mientras usted trabajaba en su nueva actividad. Cuestión distinta sería si, al tramitar su alta, el INSS hubiera incoado un expediente de revisión por mejoría y le hubiera declarado "apto para trabajar", lo cual sí habría extinguido definitivamente la pensión inicial. No puedo saber cuál es la situación, me imagino que lo que hizo el INSS es retirar el derecho a la IPA definitivamente.

2. La actual Incapacidad Permanente Total (IPT) y la titularidad de su negocio.

Tras 22 años de cotización en el RETA, usted sufrió nuevas dolencias y el INSS le reconoció una IPT al 55% para su actividad habitual, cursando su baja de oficio en el régimen de autónomos. Su preocupación aquí versa sobre la legalidad de mantener la titularidad del negocio realizando meras labores de gestión.

Debe estar usted totalmente tranquilo: la pensión vitalicia de incapacidad permanente total es plenamente compatible con el salario que pueda percibir en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las nuevas funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad. Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, mantener la mera titularidad del establecimiento o negocio, realizando únicamente funciones residuales de gestión o administración (mientras su hijo, como autónomo colaborador, asume la carga fundamental), es una situación perfectamente lícita y compatible con la percepción de la IPT.

Como apunte dogmático adicional, debe saber que el único efecto colateral de mantener dicha titularidad mercantil es que le inhabilita para acceder al incremento del 20% de la pensión (la llamada IPT "Cualificada" que eleva la base al 75% para mayores de 55 años). La jurisprudencia y la norma exigen como requisito especial para lucrar ese incremento que el pensionista no ostente la titularidad de un establecimiento mercantil o industrial como propietario. Al mantener usted la titularidad operativa, percibe correctamente el 55% estándar.

3. La llegada a la edad de jubilación: El derecho de opción.

Ya llegamos al final. Usted indica que tiene 66 años, está a 14 meses de la jubilación y acumula 29 años y 2 meses de cotización en total. En este punto, debemos fijar matemáticamente su edad ordinaria de jubilación: al acreditar menos de 38 años y 6 meses cotizados, la ley exige que (a partir del año 2027) la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación sea forzosamente la de 67 años.

¿Qué ocurrirá al alcanzar esos 67 años? Nuestro sistema de Seguridad Social se rige por el principio de pensión única e incompatibilidades, según el cual las pensiones concurrentes son incompatibles entre sí cuando coinciden en un mismo beneficiario, quien deberá ejercer su derecho de opción por una de ellas. Llegado el momento, el simulador web no le muestra toda la imagen porque no cruza los datos de sus incapacidades. Usted tendrá ante sí un abanico con tres opciones legales:

• Opción A (Mantener su IPT actual): Por imperativo del artículo 200.4 de la LGSS, cuando los beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente cumplen la edad ordinaria de jubilación, su pensión pasa a denominarse automáticamente "pensión de jubilación". Es muy importante recalcar que esta nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones ni de la cuantía de la prestación que usted viene percibiendo. De todas formas, en su caso entiendo que se incrementaría la pensión hasta el 75%. Para ejercer esta opción no ha de hacer ninguna petición al INSS.
• Opción B (Acceder a la Pensión de Jubilación Ordinaria pura): Usted podrá solicitar que el INSS calcule la pensión de jubilación generada exclusivamente por su carrera de cotización (los 29 años y 2 meses). Esto es lo que actualmente le muestra el simulador. Si el importe resultante de esta jubilación ordinaria fuera económicamente superior al de su actual IPT del 55% (yo entiendo que el parámetro es el 75%), usted podrá optar libremente por esta nueva pensión. En todo caso, la norma le garantiza que tiene derecho a percibir la pensión más favorable para Ud.
• Opción C (Recuperar la antigua IPA suspendida): Como le adelanté en el primer punto, si su pensión original de Incapacidad Permanente Absoluta quedó estrictamente "suspendida" (y no extinguida por revisión médica), usted podría solicitar el levantamiento de dicha suspensión, ya que causó baja en el régimen de autónomos que motivaba la incompatibilidad. Si el INSS constata que el derecho sigue vivo y latente, usted podría optar por percibir esa IPA histórica (debidamente revalorizada a fecha de hoy) si resultase ser la más beneficiosa para sus intereses.

Recomendación estratégica:

Para tener absoluta seguridad sobre esta última "Opción C", le aconsejo como que solicite formalmente al INSS información de antecedentes sobre el estado exacto de aquel primer expediente de Incapacidad Permanente Absoluta originario. Si se le confirma su estado de "suspensión", sabrá con certeza que cuenta con una tercera y valiosa carta que jugar al cumplir los 67 años. Si aquella IPA no estaba suspendida, entonces hay que intentar la opción B cuando cumpla los 67 años.

Espero haber arrojado algo de luz... Un saludo.

Resumen de la Situación Pensionista

1. IPA Inicial

• La pensión inicial quedó presuntamente suspendida al darse de alta como autónomo.
• Es vitalicia: el derecho queda "latente" y se puede reactivar al cesar el trabajo.
• Riesgo: Confirmar si el INSS no la extinguió definitivamente por "mejoría".

2. IPT Actual y Negocio

• Reconocimiento de IPT al 55% tras 22 años en el RETA.
• Lícito mantener la titularidad con labores residuales de gestión.
• Ser titular impide cobrar la IPT "Cualificada" (+20%), de ahí que cobre el 55%.

3. Opciones al cumplir los 67 años (Jubilación)

Opción	Descripción	Acción Requerida
Opción A: Mantener IPT	Pasa a llamarse "jubilación" sin modificar condiciones (salvo posible incremento al 75%).	Ninguna (Automático).
Opción B: Jubilación Ordinaria	Pensión calculada por sus 29 años y 2 meses cotizados. Aplicable si es económicamente superior.	Solicitar cálculo y optar si interesa.
Opción C: Recuperar IPA	Levantar la suspensión de la pensión original si nunca fue extinguida. Podría ser la más beneficiosa.	Solicitar informe de antecedentes al INSS.

PODCAST LABORALISTAS: PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.

Incapacidad permanente en 2026: cómo se gana ahora un juicio | Miguel Arenas | Laboralistas | Ep. 25

Mi paso por el Episodio 25 del podcast Laboralistas.

Creo, sinceramente, que el trabajo que están efectuando Elias Lloves y Álvaro Robles es magnífico, y realizan una divulgación en materia de derecho del trabajo y seguridad social que nadie está realizando con ese "toque" de proximidad que ellos han conseguido.

Solo una cosa más antes de dejaros con el resumen y el vídeo. No es una guía para ganar ahora un juicio de seguridad social, es para sobrevivir a los acontecimientos y reformas que se nos han tirado encima.

🎙️ Acceso al podcast completo: Escuchar en Spotify

Puntos clave del episodio

1. Visión global de la seguridad social

Destaco la importancia de no enfocar todos los casos exclusivamente hacia la incapacidad permanente. Existen alternativas de protección (Ingreso Mínimo Vital, rentas garantizadas, subsidio para mayores de 52 años) que pueden ser la solución adecuada para una persona enferma que no puede trabajar, sin necesidad de ir a un largo litigio.

2. La trampa de los grados de incapacidad

Se aconseja pedir exactamente el grado que corresponde (Total, Absoluta, etc.) y huir de pedir "lo máximo por pedir". Los juzgados detectan rápidamente las peticiones infladas. Además, señala una preocupante brecha de género: a menudo se exige a las mujeres demostrar una mayor severidad en sus enfermedades para conseguir la incapacidad total debido a la catalogación de los esfuerzos físicos en sus profesiones.

3. Vía administrativa y reclamación previa

Un error en la vía administrativa no es el fin del mundo. En materia laboral, existe flexibilidad. Puedes pedir un grado superior en el juicio respecto al solicitado en la reclamación previa, ya que se considera una calificación jurídica. Ante la duda al calcular bases reguladoras complejas, aconsejo solicitar la base máxima en la reclamación previa.

4. El informe médico de síntesis y pruebas

El informe de síntesis es el documento rey. Hay que estudiarlo a fondo. Muchas veces, un buen informe público de sanidad tiene muchísimo más peso en el juicio que los costosos informes médicos privados. La prueba debe centrarse en demostrar la cronicidad y gravedad de las lesiones mediante informes de especialistas de la sanidad pública.

5. La demanda debe ser una "propuesta de sentencia"

Las demandas deben ser claras, concisas (3-4 páginas es ideal) y directas. Un juez lee docenas de ellas a la semana; no hay que enredarse en jurisprudencia innecesaria, sino detallar: profesión, lesiones documentadas, cómo afectan al trabajo, base reguladora y fecha de efectos.

6. El nuevo artículo 174.5 de la LGSS

Sobre la compatibilidad de la pensión y el trabajo, concluyo que el controvertido nuevo artículo finalmente reitera lo que ya existía: si el trabajador sigue realizando las mismas funciones, la pensión se suspende.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (como NotebookLM) también se mencionó como una táctica excelente para que los juristas analicen jurisprudencia dialogando con sus propios documentos.

¿Te ha resultado útil este resumen? Pues no olvides ver el video completo o el podcast para no perderte ningún detalle técnico y os animo a escuchar/visualizar capitulos anteriores. Creo que, como dije al principio, Álvaro y Elías están realizando un trabajo estupendo.

JUBILACIÓN E INCAPACIDAD PERMANENTE. BREVES PINCELADAS ENTRE LA PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA Y LA ASISTENCIAL

La protección contributiva y no contributiva en la Seguridad Social: jubilación e incapacidad permanente

El sistema de Seguridad Social español articula su acción protectora en torno a dos grandes niveles: el nivel contributivo y el nivel no contributivo o asistencial.

El nivel contributivo tiene un marcado carácter profesional; sus prestaciones buscan sustituir las rentas salariales que se dejan de percibir ante contingencias como la vejez o la enfermedad de quienes han aportado cotizaciones. Por su parte, el nivel no contributivo, universal y financiado por los Presupuestos Generales del Estado, garantiza ingresos mínimos de subsistencia a ciudadanos sin recursos que nunca han cotizado lo suficiente.

Este brevísimo estudio compara únicamente las prestaciones de jubilación y de incapacidad permanente en ambos niveles de protección, siendo las contingencias más importantes de nuestro modelo de bienestar. A continuación se detalla la comparativa, aplicando de forma estricta las cuantías y normativas actualizadas para el año 2026.

1. JUBILACIÓN: Contributiva vs. No Contributiva

A) Jubilación Contributiva

Finalidad y Requisitos

Sustituir los ingresos laborales dejados de percibir al retiro.

Exige estar afiliado y cotizar mínimo 15 años (2 en los últimos 15). En 2026, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses (o 65 años con 38 años y 3 meses o más cotizados).

Novedad Cálculo 2026:

La base reguladora se calcula dividiendo entre 352,33 la suma de las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses (se descartan las 2 peores). Hay norma transitoria hasta 2040 para usar el sistema anterior (últimos 25 años) si resulta más favorable.

Cuantías 2026 (14 pagas)

• Pensión máxima: 47.034,40 euros/año (3.359,60 euros/mes).
• Pensión mínima: 17.592,40 euros/año (1.256,60 euros/mes). (Ej. titular 65 años con cónyuge a cargo).
• Brecha de Género: Complemento de 36,90 euros/mes extra por cada hijo para quienes (principalmente mujeres) perjudicaron su carrera por cuidados.

Más info oficial (Seguridad Social)

B) Jubilación No Contributiva

Finalidad y Requisitos

Garantizar una renta mínima en la vejez a quienes no han cotizado lo suficiente.

Exige tener 65 años, residir legalmente (10 años, 2 previos a la solicitud) y carecer de ingresos suficientes.

Límite de Rentas (UEC) en 2026:

El límite de ingresos aumenta progresivamente cuantos más convivientes haya. Si vive solo es de 8.803,20 euros/año. Si convive con familiares:

• Parientes de segundo grado (ej. hermanos): 13.439,86 euros (2 personas), 18.973,92 euros (3 personas) y cantidades superiores para 4 o más.
• Parientes de primer grado (padres o hijos): Beneficio por 2,5. Sube a 33.599,65 euros (2 personas), 47.434,80 euros (3 personas) y cantidades superiores para 4 o más.

Cuantías 2026 (14 pagas)

• Importe íntegro: 8.803,20 euros/año (628,80 euros/mes).
• Puede reducirse si los convivientes superan ciertos ingresos, con un mínimo garantizado del 25 por ciento (2.200,80 euros/año o 157,20 euros/mes).
• Complemento Alquiler: Pago único anual de 525 euros para pensionistas que vivan habitualmente de alquiler (sin parentesco con el propietario).

Guía PNC 2026 (PDF Imserso)

2. INCAPACIDAD PERMANENTE: Contributiva vs. No Contributiva

Nota terminológica: Legalmente, la tradicional "invalidez no contributiva" ha pasado a denominarse "incapacidad no contributiva" para evitar términos peyorativos.

A) Incapacidad Perm. Contributiva

Finalidad y Requisitos

Proteger a la persona trabajadora con reducciones anatómicas o funcionales graves que merman o anulan su capacidad laboral.

Afiliado y con cotización previa según edad (salvo accidente laboral o enfermedad profesional).

Grados de Incapacidad:

• Parcial: Indemnización 24 mensualidades.
• Total (profesión habitual): 55 por ciento de la base reguladora (mas un 20 por ciento adicional si tiene 55 años o más).
• Absoluta (todo trabajo): 100 por ciento de la base.
• Gran Incapacidad: 100 por ciento mas complemento para tercera persona (mínimo el 45 por ciento de la pensión).

Cuantías 2026 (14 pagas)

• Pensión máxima: 47.034,40 euros/año (3.359,60 euros/mes).
• Mínimo Absoluta: 17.592,40 euros/año (1.256,60 euros/mes) con cónyuge a cargo.
• Mínimo Gran Incapacidad: 26.385,80 euros/año (1.884,70 euros/mes) con cónyuge a cargo.
• Brecha de Género: 36,90 euros/mes extra por hijo o hija.

Más info oficial (Seguridad Social)

B) Incapacidad No Contributiva

Finalidad y Requisitos

Cobertura a personas de 18 a 65 años que no pueden trabajar por discapacidad y carecen de recursos (sin historial de cotización).

Discapacidad del 65 por ciento o superior, residir en España 5 años y estar bajo los límites de rentas (aplican las mismas estrictas reglas de UEC que en jubilación no contributiva).

Complementos Específicos:

• Tercera Persona: Si la discapacidad es del 75 por ciento o superior y requiere ayuda vital, se abona un complemento adicional.
• Alquiler: Pago único anual de 525 euros (mismos requisitos que en jubilación).

Cuantías 2026 (14 pagas)

• Importe íntegro básico: 8.803,20 euros/año (628,80 euros/mes)
• Con complemento de tercera persona: Suma 4.401,60 euros/año (314,40 euros/mes) haciendo un total de 13.204,80 euros/año (943,20 euros/mes).

Guía PNC 2026 (PDF Imserso)

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STS 396/2026: LA ALEGACIÓN DE NUEVAS LESIONES AJENAS AL EXPEDIENTE INICIAL SUPONEN UNA FECHA DE EFECTOS POSTERIOR DE LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE

Detalles de la Resolución

ROJ: STS 1819/2026 - ECLI:ES:TS:2026:1819

Enlace: Documento Judicial

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Municipio: Madrid

Ponente: FELIX VICENTE AZON VILAS

Nº Recurso: 4041/2024

Fecha: 16/04/2026

Tipo Resolución: Sentencia

Resumen: Determinación de la fecha de efectos económicos de una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común reconocida a un trabajador autónomo por sentencia judicial, con apoyo en un segundo informe de la EVI, emitido tras uno anterior que había denegado la prestación por no alcanzar las lesiones la gravedad suficiente.

Esta sentencia del Tribunal Supremo aborda el recurso de unificación de doctrina la determinación de la fecha exacta en que deben comenzar los efectos económicos de una incapacidad permanente absoluta. El supuesto de hecho es el de un trabajador autónomo a quien inicialmente se le denegó la prestación de incapacidad permanente en 2021, pero que posteriormente vio agravado su estado de salud por padecer Parkinson y dolencias articulares graves. La controversia jurídica se centra en decidir si el pago de la pensión debe retrotraerse al primer dictamen médico o fijarse a partir de un segundo informe que acreditó fehacientemente la situación de incapacidad permanente.

Creo, ya aviso, que la doctrina de esta sentencia se va a proyectar en su aplicación a bastantes más supuestos de que los que en realidad debería, y quizás, desde mi punto de vista, creo que la doctrina unificadora ha ido más allá de la cuestión a resolver. Me explico, ya para ello, salto casi al final de la sentencia, y en concreto al apartado 7º del Fundamento Jurídico Quinto, que resume la doctrina que establece la sentencia:

“Recapitulando: entendemos que en el supuesto de que una resolución administrativa deniegue la prestación de incapacidad permanente e, impugnada la misma ante la jurisdicción social, recaiga un tiempo después sentencia reconociendo un grado de incapacidad al haberse constatado que, por aparición de nuevas lesiones o agravación de las existentes, se ha alcanzado una situación en la que resulta imposible realizar el trabajo habitual o cualquier tipo de trabajo, los efectos económicos de dicho reconocimiento deben quedar referidos a la fecha en la que se entienda que se ha producido la situación que da lugar a dicha incapacidad permanente”.

Para un mejor entendimiento de esta “recapitulación” antes el Ponente dice:

“A la vista de lo anterior, entendemos que en aquellos supuestos como el presente, en los que se cuestiona una resolución administrativa que deniega la incapacidad permanente por no estar acreditado en el momento en que se dicta la concurrencia de limitaciones que impidan el desarrollo del trabajo, y después en fecha posterior se constata la existencia de las mismas, debemos entender que la fecha de efectos económicos es la del momento en que se produce dicha constatación, por ser dicha fecha igualmente la del hecho causante; bien entendido que por fecha de constatación no nos referimos al momento del juicio oral, sino a la fecha en que la sentencia que reconoce la nueva situación entiende que han quedado acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente”.

Y perfila además la extensión de la doctrina:

“Queremos también dejar patente que lo expresado debe entenderse referido tanto a supuestos en los que se pase de una denegación inicial en la resolución administrativa (a) un reconocimiento de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta, o gran incapacidad, como también en aquellos otros en los que en la resolución administrativa se reconozca un determinado grado y en la posterior sentencia sea reconocido otro superior”.

Vamos a ver. La determinación del hecho causante -y de la fecha de efectos económicos, que no siempre coinciden- es en ocasiones demasiado complicada y oscura. Aquí expliqué, esquematizado, y no ha variado, la normativa, la situación relativa a la declaración de incapacidad permanente: Ver normativa y situación

Pues bien, en un “mundo ideal”, tras el proceso de incapacidad temporal y agotarse el mismo, se emite el dictamen de la EVI, el INSS emite resolución y se reconoce la pensión, en el grado que proceda, sin mayores problemas para determinar la fecha de hecho causante y efectos económicos. Siguiendo en ese mundo ideal, en caso de discrepancia, la oportuna reclamación previa contra la entidad gestora es atendida en un plazo razonable, y a continuación se formaliza demanda en la jurisdicción social si aquella es desfavorable, para que solucione el litigio. Pero no existe ese mundo ideal, al contrario, la entidad gestora deniega pensiones muy claras, no contesta las reclamaciones previas en plazo, y no hace falta que recuerde el atasco judicial que estamos sufriendo. No es una cuestión que pase inadvertida en la sentencia, antes al contrario, haciendo incluso referencia expresa a:

“la elevada carga de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales de instancia de nuestro orden jurisdiccional social, y el hecho de que el proceso de incapacidad no se tramite a través de una modalidad urgente, son las únicas causas de que las patologías primitivamente detectadas se agraven entre el instante en que fueron evaluadas por el EVI y el tiempo en que será celebrado el acto del juicio o el motivo incluso de que lleguen a aparecer otras nuevas dolencias”.

A lo anterior podemos añadir que aún puede ser la realidad más compleja, en tanto en cuanto se producen, por aquella lentitud, situaciones de reincorporación laboral, peticiones de adaptaciones/ajustes razonables, despidos por ineptitud sobrevenida, nuevos procesos de IT, e incluso nuevas solicitudes de incapacidad permanente, duplicándose los expedientes…

Cuestión Fáctica y Cronología

Aterrizo nuevamente en la sentencia que nos ocupa, y en la cuestión fáctica. A destacar:

• 22/12/2021: Emisión del primer dictamen-propuesta por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). Se deniega la prestación por no alcanzar las lesiones grado suficiente. Principalmente patología osteomuscular, sin referencia alguna al posterior Parkinson.
• 27/12/2021: Resolución administrativa del INSS formalizando la denegación de la Incapacidad Permanente (IP).
• 28/11/2022: Segundo informe de la UMEVI (EVI). Se objetiva una agravación severa: diagnóstico de Enfermedad de Parkinson y gonartrosis bilateral grado IV que exige la deambulación con dos muletas.
• 30/11/2022: Fecha de cese efectivo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
• 01/12/2022: El beneficiario causa alta como pensionista de jubilación.

La controversia surge de la tensión entre el "esquema clásico" de retroacción de efectos y la realidad de las patologías evolutivas, en este caso con dos dictámenes médicos-. En este escenario, se enfrentaron dos tesis diametralmente opuestas sobre la interpretación de la normativa:

Tesis del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander: El magistrado de instancia, con una visión más cercana a la realidad médica, fijó los efectos a fecha de 30/11/2022. Razonó que en 2021 las lesiones no eran constitutivas de una Incapacidad Permanente Absoluta y que solo tras la "constatación de la agravación" en el segundo informe se alcanzaron las limitaciones que dan soporte al grado reconocido.

Tesis del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sentencia 589/2024): La Sala defendió una interpretación a favor del beneficiario basada en el Art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996. Sostenía que los efectos debían retrotraerse al primer dictamen (22/12/2021) para evitar que el trabajador se viera perjudicado por la demora procesal o la falta de detección inicial de las dolencias, a pesar de que el cuadro invalidante fuera fruto de una agravación posterior.

Fundamentación de la Unificación

Llegados a este punto, y entendiendo el ponente que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial- me salto el debate porque solo complicaría nuestra explicación- entra a valorar la cuestión, y determina que la cuestión a dilucidar -no siendo aún exigible la concurrencia de interés casacional objetivo (ICO)- el siguiente:

“La pretensión del recurso es que se determine la fecha de efectos económicos de una pensión de incapacidad permanente, cuando las lesiones no eran constitutivas de incapacidad permanente, en la fecha de extinción de la incapacidad temporal que precede a la prestación, ni tampoco en la fecha del dictamen de propuesta del EVI, sino que dichas lesiones aparecen como definitivas e impeditivas para el trabajo en el periodo que se extiende desde la resolución administrativa denegatoria hasta la fecha de celebración del juicio oral, centrándose la discusión en si la fecha del hecho causante y de efectos económicos debe ser, bien la fecha de extinción de la incapacidad temporal, bien la del informe-propuesta citado o si, por el contrario, debe fijarse en la fecha en que quedan objetivadas, definitivas e impeditivas las lesiones y limitaciones”.

Para solucionar la cuestión no elude realizar una visión de la doctrina del propio Tribunal Supremo, que permite, recordemos que cambió expresamente su doctrina, alegar incluso enfermedades y lesiones nuevas ajenas al expediente inicial, hasta la misma fecha incluso del juicio oral. Aquí lo comenté en su momento (STS de 31-5-23 rcud 1909/22): Sobre alegación de enfermedades pero, lo que pone de relieve ahora el ponente de la nueva sentencia es que si bien si cabe la alegación de las nuevas lesiones, es que “recoge el guante” que lanza aquella resolución cuando señala que:

"Al haber quedado fuera del ámbito de discusión no podemos fijar doctrina acerca de los efectos temporales que posea la valoración de esas dolencias no puestas de relieve con anterioridad, pero sí que han de cohonestarse con el momento en que queden evidenciados".

Un inciso. La alegación de las nuevas enfermedades en un proceso en el que no estaban presentes porque su debut es posterior a la resolución administrativa, sin poner ya en duda que pueden ser alegadas, han llamado la atención de la doctrina, que sí opina debería producir un señalamiento posterior en la fecha de efectos económicos. Por ejemplo ver referencia El Derecho o ver referencia CEF.

Pues bien, resuelve ahora el ponente que la solución adecuada no es fijar la fecha de efectos en la de extinción de la incapacidad temporal que precede a la prestación (aquí 27/12/2021), ni tampoco en la fecha del dictamen de propuesta del EVI (aquí 22/12/2021), sino la fecha en que dichas lesiones aparecen como definitivas e impeditivas para el trabajo en el periodo que se extiende desde la resolución administrativa denegatoria hasta la fecha de celebración del juicio oral, que debe fijarse en la fecha en que quedan objetivadas, definitivas e impeditivas las lesiones y limitaciones (aquí 28/11/2022, fecha del segundo informe de la EVI).

Y por qué llega a esa conclusión:

1. Jerarquía normativa. Prevalencia absoluta del Art. 193.1 de la LGSS sobre el Art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996. Mientras la Orden es una norma de desarrollo secundario, la LGSS define la IP como una situación de reducciones anatómicas o funcionales "graves y objetivables". Si las lesiones no tienen esa gravedad en la fecha del primer dictamen, la Orden no puede "crear" un derecho inexistente por vía de retroacción.
2. El concepto de constatación. El hecho causante y los efectos económicos deben coincidir con la "constatación de la existencia de incapacidad permanente". Esta constatación no se refiere al momento del juicio oral, sino al hito temporal en que la prueba médica objetiva que las lesiones han devenido impeditivas.
3. Distinción de patologías. El Tribunal distingue nítidamente entre la aparición de lesiones nuevas y la "agravación de las ya existentes". Si la incapacidad es fruto de un empeoramiento posterior al expediente original, es esa fecha de agravación la que debe regir los efectos, so pena de incurrir en una incongruencia clínica y legal.

Conclusiones finales y problemas de complicada solución

Creo que la sentencia es acertada en cuanto a la decisión adoptada, en cuanto es cierto que, por culpa del retraso administrativo y judicial, pueden concurrir durante la sustanciación del procedimiento judicial nuevas lesiones que no estaban presentes durante el procedimiento administrativo. No parece de recibo obligar al beneficiario iniciar un nuevo procedimiento de incapacidad permanente, y puede parecer justo que se fije en un momento posterior la fecha de efectos económicos -o hecho causante-, coincidente con la constatación de esas nuevas enfermedades que producen limitación funcional.

Pero la solución no está exenta de problemas, algunos de difícil resolución. A título de ejemplo:

La objetivación de las nuevas lesiones. ¿Cómo y cuándo? En la sentencia recurrida coinciden dos dictámenes oficiales emitidos por organismos de la seguridad social -no se explica, pero es probable que hubiese un segundo expediente de IP- lo que permite fijar la fecha de efectos en ese segundo y objetivo informe. Pero si concurren nuevas lesiones y solo existe un informe de la EVI -SGAM en Catalunya- ¿cómo y con qué informe objetivamos la “agravación” y concurrencia de las nuevas lesiones? Supongo que el diagnóstico por especialista puede ocupar esa posición.

¿Qué ocurre si la persona trabajadora ha estado en situación de desprotección...? ¿Qué ocurre si ha estado durante el periodo de denegación de incapacidad permanente desde la denegación de IP inicial hasta la nueva y posterior fecha de efectos económicos? ¿se queda sin percibir prestación, o percibe una inferior si percibía, por ejemplo, un subsidio de desempleo o el IMV? No tengo solución al respecto, pero reafirmo que al menos esas prestaciones que perciba no serán en absoluto indebidas, y que ante la denegación de una IP, sin trabajo ni derecho a prestación contributiva, ha de aconsejarse al beneficiario activar prestaciones no contributivas.

Injusticia en la denegación inicial: Peor aún, y creo que esta sentencia es un reflejo de lo que diré, ¿qué ocurre si la denegación de la IP inicial es injusta porque al menos debió ser constitutiva de una incapacidad permanente en grado de total y las nuevas lesiones lo son de una absoluta? ¿se queda aquel periodo entre una y otra sin protección? Aquí, creo que las lesiones iniciales sí justificaban el grado de total, pero claro, ante la gravedad del Parkinson, no se plantea ni se contesta. Creo que la solución correcta era reconocer el derecho a la pensión de IPT desde la denegación hasta el día anterior a la declaración del grado de absoluta, teniendo en cuenta las lesiones y la profesión habitual.

Periodos de carencia y cálculo: La sentencia no ha tenido en cuenta que el desplazamiento de la fecha del hecho causante puede tener consecuencias con respecto a los periodos de carencia -que forzosamente habrán de ser superiores- y al cálculo de la pensión -que sería diferente también-. O, sin decirlo expresamente, ¿considera que, aunque cambien la fecha efectos no quedan afectados aquellos dos parámetros que sí se retrotraen a la fecha de denegación de la IP?

En fin lo que queda claro es que expresamente sí se ha dicho que: sí cabe alegar nuevas lesiones, pero su objetivación marca una nueva y posterior fecha de efectos económicos, y que la doctrina que ahora se fija “… debe entenderse referido tanto a supuestos en los que se pase de una denegación inicial en la resolución administrativa (a) un reconocimiento de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta, o gran incapacidad, como también en aquellos otros en los que en la resolución administrativa se reconozca un determinado grado y en la posterior sentencia sea reconocido otro superior”.

Buen estudio.

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