MODELOS INTERACTIVOS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD COMO PAREJA DE HECHO AL AMPARO DE LA NUEVA DT 48ª TRLGSS

Desde mi actual condición de profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UOC no puedo ayudar personalmente a las viudas que ahora pueden recuperar su pensión, pero sí puedo realizar un modelo que sirva tanto a ellas como a las asociaciones como a otros operadores jurídicos. Por eso he preparado un modelo formal de solicitud administrativa inicial, fundamentado jurídicamente, y diseñado específicamente para ejercitar la acción extraordinaria de reconocimiento de la pensión de viudedad al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava (DT 48.ª) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. También he adaptado íntegramente el modelo genérico para el supuesto específico regulado en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, introducida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, es decir, la rehabilitación de la pensión suspendida.

1. Modelo de solicitud administrativa inicial genérica

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NOTA TÉCNICA INTRODUCTORIA PARA EL SOLICITANTE

Antes de cumplimentar el formulario, conviene tener presentes tres claves sustantivas y temporales:

• Ámbito temporal del hecho causante: El fallecimiento del causante debe haberse producido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, es de decir, antes del 22/10/2026.
• Plazo de caducidad perentorio: La solicitud debe formularse imperativamente dentro del plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, es decir, antes del 22/10/2027.
• Efectos económicos: Por expresa disposición legal, no existe retroactividad al hecho causante; los efectos económicos se devengan a partir del día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.

MODELO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DE [INDICAR PROVINCIA]

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del sobreviviente]
DNI / NIE: [Número de documento]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Plaza [.......................................], n.º 8, piso [...], C.P. [........], Localidad [........................], Provincia [........................]
Teléfono de contacto: [........................] | Correo electrónico: [........................]

DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (FALLECIDA):

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del causante]
DNI / NIE: [Número de documento]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Fecha de fallecimiento: [Día / Mes / Año]
Régimen de la Seguridad Social: [Régimen General / RETA / Minería / Mar]

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PRECEDENTE (EN SU CASO):

Número de Expediente anterior: [............................................................]
Resolución administrativa denegatoria de fecha: [Día / Mes / Año]

Comparezco por medio del presente escrito y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar formalmente el RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES, al amparo de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en atención a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.– De la relación de pareja de hecho y fallecimiento del causante.
Don/Doña [Nombre del solicitante] y Don/Doña [Nombre del causante] mantuvieron una relación de afectividad análoga a la conyugal, constituyendo una pareja de hecho estable y notoria, sin impedimento legal alguno para contraer matrimonio y libres de cualquier otro vínculo matrimonial o unión formal previa.
Dicha unión se vio truncada por el óbito del/ de la causante en fecha [Día / Mes / Año], habiéndose producido el fallecimiento con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre.

SEGUNDO. – De la denegación previa de la pensión de viudedad.
En su momento, con fecha [Día / Mes / Año], esta parte solicitó ante esta Dirección Provincial del INSS el reconocimiento de la pensión de viudedad. Mediante Resolución de fecha [Día / Mes / Año], dicha prestación fue denegada por motivos estrictamente formales derivados del marco normativo entonces vigente [detallar brevemente: ej. no acreditar dependencia económica en su momento / falta de cumplimiento de las exigencias estrictas de registro previo bajo normativas extinguidas / aplicación de la derogada DA 40.ª].

TERCERO. – Concurrencia de los requisitos exigibles al causante (artículo 219.1 del TRLGSS).
En la fecha de su fallecimiento, el causante cumplía con los requisitos legales previstos en el artículo 219.1 del TRLGSS, al hallarse:
(Elegir la opción que corresponda):
En situación de alta o asimilada a la de alta en la Seguridad Social, con un período de cotización superior a 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al deceso (al derivar de enfermedad común) / sin exigencia de cotización previa (al derivar de accidente o enfermedad profesional).
En situación de no alta, habiendo completado un período de cotización a lo largo de su vida laboral superior a los quince años.
En condición de pensionista de jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social.

CUARTO.– Concurrencia y acreditación de los requisitos de pareja de hecho (artículo 221.2 del TRLGSS).
La persona beneficiaria acredita que, en el momento del fallecimiento del causante, concurrían los presupuestos materiales y formales legalmente exigidos actualmente por el artículo 221.2 del TRLGSS en la redacción efectuada, sucesivamente, por el art. 1.10 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre y el art.1.10 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. A saber:

• Declare el derecho de Don/Doña [Nombre del solicitante] a percibir la pensión contributiva de viudedad derivada del fallecimiento de Don/Doña [Nombre del causante].
• Fije los efectos económicos de dicha pensión a partir del día primero del mes siguiente a la presentación de la presente solicitud.

OTROSÍ DIGO: Que para la debida acreditación de los presupuestos de hecho y de derecho alegados, se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

• Documento n.º 1: Certificado literal de defunción de la persona causante.
• Documento n.º 2: Certificado histórico y colectivo de empadronamiento que acredita la convivencia ininterrumpida e inmediata al fallecimiento en el domicilio común.
• Documento n.º 3: [En su caso] Libro de Familia o certificados literales de nacimiento de los hijos comunes.
• Documento n.º 4: Copia de la resolución administrativa previa de denegación de la pensión de viudedad dictada por el INSS con fecha [Día / Mes / Año].

En [Localidad], a [Día] de [Mes] de [Año].

(Firma de la persona solicitante)
Fdo.: [Nombre y Apellidos]

Recomendaciones prácticas

• Presentación formal: Es recomendable registrar este escrito a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (mediante certificado digital o Cl@ve) utilizando el trámite general de presentación de solicitudes, o bien presencialmente en el Registro de la Dirección Provincial del INSS solicitando el correspondiente justificante de entrada con fecha y sello.
• Efecto de la concurrencia: Si la persona beneficiaria ya percibe una pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva, la suma de ambas prestaciones no podrá superar el tope máximo de pensiones públicas vigente.
• Si la persona percibe pensión propia de jubilación o incapacidad permanente con complemento de mínimos, este podría ser compensado con el importe de la nueva pensión.
• Al no existir plazo específico del ejercicio de esta solicitud, bien por analogía con las solicitudes de viudedad iniciales, bien por el procedimiento administrativo común, el silencio negativo se produce a los 3 meses de la petición.

2. Modelo para la rehabilitación de la pensión suspendida

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CLAVES SUSTANTIVAS Y PROCESALES DE ESTA REHABILITACIÓN

• Destinatarios de la norma: Personas a las que en su día se les reconoció formalmente la pensión de viudedad al amparo de la derogada Disposición adicional cuadragésima (DA 40.ª) del TRLGSS (introducida originariamente por la Ley 22/2021) y que, con posterioridad, vieron suspendido el percibo de dicha pensión de viudedad (o de otra pensión contributiva concurrente) por la aplicación estricta de la regla de incompatibilidad / concurrencia de la letra c) de aquella disposición adicional.
• Objeto de la petición: No se solicita un nuevo reconocimiento originario del derecho a ser pareja de hecho ni de la muerte del causante, sino la rehabilitación (alzamiento de la suspensión y reactivación del pago) de la pensión suspendida, acreditando que se mantienen el resto de los requisitos.
• Plazo perentorio: Solicitud dentro del plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026.
• Efectos económicos: Desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.
• Tope de concurrencia: Se mantiene la aplicación del límite máximo legal de pensiones públicas del artículo 57 del TRLGSS.

MODELO DE SOLICITUD DE REHABILITACIÓN DE PENSIÓN SUSPENDIDA

(Al amparo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS, según redacción dada por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre)

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DE [INDICAR PROVINCIA]

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / BENEFICIARIA:

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos de la persona interesada]
DNI / NIE: [Número de documento de identidad]
Número de la Seguridad Social (NUSS): [Número de afiliación]
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Plaza [.......................................], n.º [...], piso [...], C.P. [........], Localidad [........................], Provincia [........................]
Teléfono de contacto: [........................] | Correo electrónico: [........................]

DATOS DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA OBJETO DE REHABILITACIÓN:

Prestación suspendida: Pensión de Viudedad de Pareja de Hecho [o indicar si la suspendida fue la otra pensión contributiva: Jubilación / Incapacidad Permanente]
Número de expediente / Registro de prestación: [............................................................]
Resolución inicial de reconocimiento: Dictada por la Dirección Provincial del INSS de [Provincia] en fecha [Día / Mes / Año] al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
Resolución administrativa que acordó la suspensión: Dictada en fecha [Día / Mes / Año].

DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (EN CASO DE REHABILITACIÓN DE VIUDEDAD):

Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos del causante fallecido]
DNI / NIE: [Número de documento]
Fecha de defunción: [Día / Mes / Año]

Comparezco por medio del presente escrito y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante este escrito vengo a solicitar formalmente la REHABILITACIÓN DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA [indicar si es la de viudedad o la pensión contributiva concurrente], al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción añadida por el artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en atención a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.– Reconocimiento inicial de la pensión de viudedad al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
Mediante Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha [Día / Mes / Año], a esta parte le fue formalmente reconocido el derecho a la pensión contributiva de viudedad como sobreviviente de la pareja de hecho causante, al amparo de lo previsto en la derogada Disposición adicional cuadragésima del TRLGSS.

SEGUNDO.– Suspensión sobrevenida por concurrencia con otra pensión contributiva.
Con posterioridad a dicho reconocimiento, mediante Resolución administrativa de fecha [Día / Mes / Año], esta entidad gestora procedió a decretar la suspensión de la percepción de la pensión [especificar: de la pensión de viudedad / de la pensión de jubilación o incapacidad permanente n.º (...)], como consecuencia directa y exclusiva de la aplicación de la regla de incompatibilidad prevista en la letra c) de la referida Disposición adicional cuadragésima del TRLGSS, al ser titular la compareciente de otra pensión contributiva del sistema.

TERCERO.– Mantenimiento íntegro de los requisitos constitutivos del derecho.
A la fecha de la presente solicitud, la persona beneficiaria mantiene inalterados todos los requisitos legalmente exigidos para la titularidad del derecho:

• No haber contraído matrimonio ni constituido una nueva pareja de hecho formalmente inscrita o documentada en documento público.
• Inexistencia de causa legal alguna determinante de la extinción definitiva del derecho a la prestación.

CUARTO.– Ejercicio de la acción dentro del plazo legal improrrogable.
La presente solicitud se interpone dentro del plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, dando estricto cumplimiento al mandato imperativo fijado en el párrafo segundo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del TRLGSS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y legitimación. Corresponde el conocimiento de este expediente a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en aplicación del artículo 66 del TRLGSS. La legitimación activa corresponde a la persona solicitante por ostentar la condición de titular reconocida de la prestación que fue objeto de suspensión administrativa.

II. Habilitación legal expresa para la rehabilitación (Apartado 3 de la DT 48.ª del TRLGSS). El artículo 1.19 del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, ha incorporado al TRLGSS la Disposición transitoria cuadragésima octava, cuyo apartado 3 dispone taxativamente:

«3. Aquellas personas a las que se les hubiera reconocido la pensión de viudedad al amparo de lo previsto en la derogada disposición adicional cuadragésima que hayan visto suspendido el derecho a su percepción o el de otra pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social como consecuencia de la aplicación de la letra c) de la citada disposición adicional, podrán solicitar la rehabilitación de la pensión suspendida siempre que acrediten el mantenimiento del resto de requisitos exigidos. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del límite máximo previsto para el supuesto de concurrencia de pensiones públicas.
La solicitud deberá presentarse en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. La rehabilitación de la pensión suspendida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud.»

Concurriendo de forma plena y justificada los presupuestos de hecho contemplados en la citada norma transitoria (reconocimiento previo ex DA 40.ª, suspensión por la letra c, acreditación del mantenimiento de condiciones y solicitud en plazo), procede de forma el alzamiento de la suspensión y la inmediata rehabilitación de la pensión de viudedad.

III. Límite de concurrencia de pensiones públicas. La rehabilitación solicitada se formula asumiendo expresamente la cláusula de salvaguarda prevista en el propio apartado 3 de la DT 48.ª, sujeta al límite máximo de percepción señalado en el artículo 57 del TRLGSS para supuestos de concurrencia de pensiones públicas contributivas.

IV. Efectos económicos. De acuerdo con el mandato legal expreso, la rehabilitación de la pensión suspendida desplegará efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de esta solicitud.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma junto con la documentación que se acompaña y, en su mérito, tenga por solicitada la REHABILITACIÓN DE LA PENSIÓN SUSPENDIDA al amparo del apartado 3 de la Disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (añadida por el RDL 31/2026, de 20 de octubre); y, tras los trámites oportunos, dicte resolución administrativa por la que:

• Acuerde el alzamiento de la suspensión que venía pesando sobre la pensión [Pensión de Viudedad / otra pensión contributiva], rehabilitando plenamente su abono ordinario.
• Fije los efectos económicos de dicha rehabilitación a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de presentación de esta solicitud, procediendo a la regularización y puesta al cobro de las nóminas mensuales que correspondan, con aplicación, en su caso, del límite legal de concurrencia de pensiones.

OTROSÍ DIGO: Que a los efectos de acreditar los presupuestos invocados, se adjuntan los siguientes DOCUMENTOS:

• Documento n.º 1: Copia de la resolución inicial del INSS reconociendo la pensión al amparo de la DA 40.ª del TRLGSS.
• Documento n.º 2: Copia de la resolución administrativa que declaró la suspensión de la pensión por aplicación de la letra c) de la referida DA 40.ª.

En [Localidad], a [Día] de [Mes] de [Año].

(Firma de la persona interesada)
Fdo.: [Nombre y Apellidos]

LA PENSIÓN COMPENSATORIA NO LIMITA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN TANTO QUE SE TRATE DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. COMENTARIO DE LA STS 4337/2026

STS, a 09 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4337/2026

ECLI:ES:TS:2026:4337
Sala de lo Social
Nº de Resolución: 824/2026
Municipio: Madrid
Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO
Nº Recurso: 2049/2025

RESUMEN: Cuantía de la pensión de viudedad de una beneficiaria víctima de violencia de género que percibía pensión compensatoria acordada en el previo proceso de divorcio. Previsiones del art. 220.1 de la LGSS. No debe reducirse en su cuantía la prestación si ésta es superior a la pensión compensatoria. Interpretación literal, histórica, sistemática, y con perspectiva de género. Voto particular.

Tras leer la nota de prensa del CGPJ del miércoles, 28 de octubre de 2026 “El Tribunal Supremo establece que no cabe reducir la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género, aunque sea superior a la pensión compensatoria. En sentencia del Pleno de la Sala de lo Social” no puedo negar que tenía curiosidad y ganas de leer la sentencia, y es que, para los que seguimos desde hace años la evolución legislativa y jurisprudencial de la pensión de viudedad, nos parecía lógico y muy acertado un pronunciamiento en ese sentido. Decía así la noticia:

“El debate se centra en si las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación.

A la vista de la redacción de la norma, el Pleno ha entendido qué el fundamento de la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de VIOGEN no es compensar el desequilibrio económico que se produce a la muerte de quién les venía abonando la pensión compensatoria, como ocurre con los viudos y con las viudas que no son víctimas de VIOGEN; por el contrario entiende que el fundamento de la pensión de viudedad para estas mujeres es la situación excepcional en que se encuentran por ser víctimas de VIOGEN y la obligación social de protegerlas y aliviar su situación.

La sentencia realiza una interpretación literal, sistemática y en atención a la voluntad del legislador, así como una visión del problema analizado con perspectiva de género, al ser las mujeres las víctimas de esta lacra social”.

Existe un error respecto al artículo indicado en la nota de prensa, ya que se hace referencia al artículo 220.2 y 220.3, cuando en realidad es el 220.1 y los tres párrafos del mismo de la TRLGSS. Ya publicada la sentencia, la descargo, la imprimo, con la intención de analizarla desde un punto de vista jurídico. Pero no entiendo algunas cosas que han pasado con esta resolución. Comentaré más al final las cuestiones que me extrañan, quizás simples errores sin más importancia, pero antes sí realizaré una valoración de la decisión adoptada y del voto particular.

La cuestión objeto del recurso en unificación de doctrina era determinar si una beneficiaria de pensión de viudedad víctima de violencia de género, a la que le había sido reconocida en su momento una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio, tiene derecho a la percepción de la cuantía íntegra de la pensión de viudedad sin que se le aplique la reducción prevista en el párrafo segundo del art. 220.1 de la LGSS, hasta la cuantía de la pensión compensatoria, cuando aquella es superior a esta, o por el contrario debe ver reducida la prestación hasta la cuantía que venía percibiendo como pensión compensatoria. La propia Sala señala que no había resuelto ningún asunto como éste, es decir, que analice la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género con pensión compensatoria, aunque sí se ha pronunciado acerca de supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación.

En este caso concreto, acreditada la condición de la víctima de violencia de género, la cuestión fáctica era que el TSJ AND, siguiendo el criterio del INSS -por eso estimo el recurso de suplicación- entendía que al haberse establecido una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio de 600 € mensuales, la pensión a percibir quedaba topada a 542,57 € mensuales -no cuadra, pero entiendo que es el resultado de multiplicar 600 x 12 meses y dividido entre 14 pagas, lo que supone 514,29 €, a los que aplicando revalorizaciones debe alcanzar aquella cuantía de 542,57 €-. Sin embargo, aplicar el 52% sobre la base reguladora de 1.805,47 € arroja una pensión mensual, en 14 pagas, de 938,44 €. Está claro que la diferencia económica es importante.

En estas, el TS ha resuelto que, en aplicación del artículo 220.1 LGSS, especialmente en referencia a lo expuesto en el párrafo tercero, no puede suponer que la existencia de pensión compensatoria disminuya la pensión de viudedad a percibir, al tener la condición de víctima de violencia de género la beneficiaria.

Recordemos el artículo 220, en sede de “pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial”.

1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo siguiente.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”.

Antes de entrar en la solución final adoptada por el Pleno, el Ponente hace referencia a anteriores pronunciamientos de la Sala, que sin duda favorecen la interpretación de la norma favorable. A saber:

1. Ya hemos dicho antes que sí había resuelto con anterioridad, de forma favorable para las beneficiarias, supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación. Aquellas resoluciones, entre otras, pero especialmente la sentencia de 20 de enero de 2016 (rcud 3106/2014) y la sentencia 300/2024, de 20 de febrero de 2024 (rcud 1698/2021) -se discutía en esencia si existía derecho de acceso a la pensión, no la cuantía-. Ya allí se hacía referencia a la aplicación literal de la norma: “ […] a la vista de la redacción del precepto, más que un supuesto excepcional es la regla general en los supuestos de violencia de género ya que así lo evidencia la expresión "en todo caso “que, en sí misma, patentiza que dichos supuestos no admiten excepción ni condicionamiento alguno”.
2. Otra jurisprudencia de interés son la sentencia 120/2024, de 25 de enero de 2024 (rcud 2490/2021) analiza el derecho de una víctima de violencia de género que abandonó el domicilio conyugal y algunos años después obtuvo la sentencia de divorcio, sin que la misma estableciera pensión compensatoria, y aplica los criterios de flexibilidad, o la sentencia 784/2024, de 30 de mayo de 2024 (rcud 1116/2021) hace referencia a la de 2016 y aplica los criterios de flexibilidad que en ella se refieren. También la sentencia 1206/2024, 17 de octubre de 2024 (rcud 3336/2022) aborda un supuesto en el que se analiza si la actora, para tener derecho a la pensión de viudedad cumple con el requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, como exige el artículo 220.1 LGSS o la sentencia: 650/2025, de 27 de junio de 2025 (rcud 4252/2023). En todas ellas, lo hemos visto, se trata de indubitadas víctimas de violencia de género.

Todo ese acervo jurisprudencial – aquí ya comenté varias de ellas - lleva a que en el fundamento jurídico quinto, en el apartado V, a modo de conclusiones, afirme el Ponente, Félix Azón, que cabe extraer de todas ellas que la pensión de viudedad para la mujer víctima de violencia de género procede en interpretación literal sistemática e histórica, atendiendo a la realidad social del momento, y ampliando la consecuencia, no ya solo al reconocimiento del derecho a la pensión, sino extendiendo el alcance expresamente a la cuantía de la misma, “[…] que la finalidad de dicho párrafo tercero sea el de establecer una renta de sustitución para mantener la situación -sin que la viudedad implique desequilibrio económico- pues dicha interpretación ni resulta de la literalidad, ni se compadece con el reconocimiento legal de la pensión a quienes no eran acreedoras de pensión compensatoria; por fin, y a nuestro modo de ver, es elemento trascendental, el que debamos interpretar la normal legal y, resolver este debate, teniendo en cuenta la perspectiva de género que deriva de la Ley Orgánica 3/2007, de 22de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Por tanto, la Sala, de forma no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria, entiende que la resolución del recurso pasa por la aplicación y enjuiciamiento con perspectiva de género.

Así, las cosas, delimitado el sujeto afectado, mujer víctima de violencia de género divorciada, con derecho a percibir la pensión de viudedad -hasta aquí es indubitado que tiene derecho a percibir la prestación sin ninguna discusión- si concurre el derecho a pensión compensatoria, la discusión es si se reduce la pensión de viudedad para ajustarla al importe de la compensatoria o si no es pertinente realizar minoración alguna. Y el Supremo dice que no hay reducción alguna. La justificación del Alto Tribunal lleva incluso a remontarse a la TRLGSS 1994 y la modificación efectuada por la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, haciendo referencia al BOCG de 3/11/2009 y alguna otra reforma posterior, intentando “buscar” cual era la intención del legislador primigenio. Tampoco olvida que la actual TRLGSS 2015 ha heredado el redactado idéntico de la normativa anterior, aunque reordenando su contenido. Para la Sala coexisten:

• Una regla general de acceso a la pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, que exige que concurran los requisitos de acceso a la pensión para quien fue cónyuge o pareja de hecho.
• Un requisito adicional a lo anterior, que supone que la persona divorciada/separada tenga derecho a pensión compensatoria, que además actúa como límite de la prestación de viudedad.
• Una excepción al requisito adicional que es la condición de víctima de violencia de género. Si este concurre, no se exige pensión compensatoria. A esta regla le da carácter autónomo frente al anterior requerimiento.

Frente a estas reglas aunque concurra la condición de víctima de violencia de género y derecho a percibir pensión compensatoria, la expresión del párrafo tercero del artículo 220.1 TRLGSS “en todo caso” se ha de interpretar en el sentido de que se trata de un único colectivo, a saber, el de las mujeres viudas víctimas de violencia de género sin que dentro de ese universo quepa diferenciación alguna”, por lo que asiste el mismo derecho a la pensión íntegra de viudedad, se tenga o no derecho a pensión compensatoria, añado yo, porque lo que prevalece es la “regla autónoma”, ser víctima de violencia de género.

De forma más gráfica, dice el magistrado Azón:

“En suma, existen dos universos de personas beneficiarias, a saber: el primero constituido por aquellas personas, hombres o mujeres, que antes del hecho causante de la prestación de viudedad venían percibiendo pensión compensatoria y no eran víctimas de violencia de género; el segundo universo está formado única y exclusivamente por mujeres, víctimas de violencia de género, con independencia de que antes del hecho causante percibieran o no la pensión compensatoria”.

Para rematar el razonamiento, y aplicando la interpretación en perspectiva de género afirmar contundentemente que:

“[…] las mujeres viudas víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir su pensión de viudedad sin que su cuantía pueda ser reducida por motivo alguno, aun cuando resulte superior a la que venían percibiendo por pensión compensatoria.

Esta interpretación se cohonesta con la interpretación de la norma contenida en el párrafo tercero que la Sala ha venido haciendo en los supuestos en que se ha visto en la necesidad de reconocer el derecho a la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de violencia de género que no percibían pensión compensatoria anteriormente, según hemos visto en las sentencias arriba referenciadas, especialmente en la 300/2024, arriba citada.

Esta interpretación además es la más adecuada realizando una aplicación de la norma desde una perspectiva de género, perfectly válida para el presente caso si tenemos en cuenta que desgraciadamente existen demasiadas mujeres víctimas de la lacra social de la violencia de género, lo que ha dado lugar a una importante actividad legislativa y reglamentaria que tiende a proteger a dichas mujeres, hasta el punto de que ha sido necesario la aprobación y entrada en vigor de un sin número de normas para protegerlas, muy específicamente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En todo caso, el que suscribe este comentario, en tanto que profesor y abogado se ha reconciliado con el Tribunal Supremo y aplaude esta interpretación, aunque cree que la interpretación era clara, y de aplicación el principio de la Navaja de Ockham que postula que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y es la acogida en el voto mayoritario de esta sentencia.

Pero, comentado el razonamiento y fallo de la sentencia, hay cosas que no entiendo de la misma, voy con ellas:

• ¿Por qué la nota de prensa se equivoca en el apartado del artículo que realmente aborda la sentencia? ¿por qué hace referencia a “mujeres víctimas de VIOGEN”, que, a mi entender, cosifica a las víctimas de violencia de género, tratándolas no como víctimas, sino como “categoría”, que además no se utiliza en nuestra jurisdicción?
• ¿Por qué en el resumen Cendoj se indica que la ponente es la magistrada Luisa María Gómez Garrido? Es cierto que fue designada inicialmente, pero al apartarse de la decisión de la mayoría se encomendó la redacción a Félix V. Azón Vilas.
• ¿Por qué no está, a pesar de haberse constituido la Sala en Pleno, dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, completa? Al menos, en la relación de magistrados no constan ni Blasco Pellicer ni Martínez Montoya?
• ¿Por qué no se ha pulido la conclusión del FD 7º que dice erróneamente “ […] declarar que la doctrina correcta es que las mujeres víctimas de violencia de género que acceden a pensión de jubilación tienen derecho a percibir la pensión de viudedad que les corresponda, sin que la misma pueda ser reducida a la cuantía de la pensión compensatoria establecida en la separación o divorcio, en el supuesto de que percibieran esta última antes del fallecimiento del causante”. Es evidente que sobra la parte que dice “que acceden a pensión de jubilación”, ya que nada se discute aquí entre compatibilidad de pensión de jubilación y viudedad.
• ¿Por qué se afirma que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, y por más que leo ambas no soy capaz de encontrarla? Es cierto que en ambas sentencias se trata de víctimas de violencia de género, pero la Sentencia de Andalucía reduce la pensión de viudedad hasta el importe de la compensatoria, y explica el por qué, mientras que en la STSJ Navarra 284/2018, se observa que el tribunal no incluye una declaración literal única o aislada en su fundamentación propia con esa cuestión. El pronunciamiento de la Sala de Navarra deriva del hecho de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona (que había reconocido el derecho al 52% íntegro de la base reguladora sin aplicar la minoración), al desestimar el recurso planteado por el INSS, pero insisto, no aborda la cuestión directamente. La Sala de casación unificadora afirma, en beneficio de la concurrencia de contradicción que “…aunque el debate implícito subyacente era la cuantía de la pensión y la posibilidad de reducir la misma”. En fin, yo creo que la contradicción está claramente forzada, porque la cuestión resuelta expresamente en la Sala andaluza no se cuestiona en la navarra.

“En todo caso” lo que me preocupa profundamente es el voto particular, aunque no me extraña, al conocer previamente las STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026 -que denegó en Pleno el acceso a la pensión de viudedad de la pareja de hecho no registrada, a pesar de acreditar su condición de víctima de violencia de género - o la STS, a 29 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 4076/2026 -que si bien declara la nulidad del despido de una trabajadora víctima de violencia de género, no lo hace de forma automática-, en que se trata de la misma magistrada. Dice, no voy a comentar el voto, que la norma -el artículo 220.1 párrafo 3- es clara en cuanto a la limitación de la pensión si concurre pensión compensatoria. Además subraya que los colectivos a que hace referencia la normativa actual no es el de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y las que no lo han sido sino, muy al contrario, entre las personas separadas o divorciadas que obtuvieron el reconocimiento de una pensión compensatoria en sus respectivos procesos civiles, y las que no y, dentro de este diseño, dispensa un trato especial a las mujeres víctimas de violencia de género a las que no se hubiera reconocido pensión compensatoria, pero no a las que si tuvieron tal reconocimiento. O sea, orilla completamente la condición de víctima de violencia de género, dando prevalencia a si se obtuvo pensión compensatoria.

De “salto al vacío” califica la interpretación que efectúa la mayoría de la Sala para, finalmente, señalar que si se acreditara que en un caso concreto la pensión compensatoria se fijó en una cuantía anormalmente baja debido a la coerción psicológica o la violencia de género, el tribunal podría articular respuestas protectoras específicas para ese caso individual. Pero entiende que lo que no resulta admisible, según el voto, es desactivar de manera general el sentido claro de la norma para todo el colectivo escudándose en la perspectiva de género.

Como dice la magistrada refiriéndose a la expresión “en todo caso” y el alcance del voto mayoritario, ya que, dice, “… se trata de una locución adverbial que tanto puede significar "sea lo que fuere", "al menos, como mínimo", como "a lo sumo", y que va seguida de la estricta definición del caso al que se refiere (no ser la beneficiaria víctima de violencia de género acreedora de pensión” compensatoria)”. En fin, no sé qué decir. O mejor dicho, mejor me lo reservo.

No abandono aún el voto particular. Abordo en este último momento, ya que he pasado de puntillas, porque no lo comparto, ni con respecto al fallo del Pleno ni con respecto al voto minoritario, la referencia que efectúan a los antecedentes legislativos de 2009, correspondientes a la tramitación de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, que introdujo la regulación actual del artículo 220.1 del TRLGSS, que constituyen un elemento decisivo para el voto particular.

A través de estos antecedentes, primero el Ponente y después la magistrada disconforme argumentan cuál fue la verdadera intención del legislador al redactar la norma, identificando incluso que el texto legal actual proviene directamente de la enmienda nº 2614 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista, y que fue pactada con el Grupo Popular y CiU. Sin entrar en el contenido de las declaraciones de unos y de otros, los antecedentes parlamentarios son interpretados de manera opuesta por ambas posturas del Tribunal Supremo:

• La posición mayoritaria sostiene que los debates parlamentarios demuestran que el legislador quiso recuperar para las víctimas de violencia de género el régimen previo a la Ley 40/2007, en el cual la pensión compensatoria o su cuantía no jugaban ningún papel para lucrar la viudedad o fijar su importe.
• El voto particular reclama que dicha lectura "fuerza el sentido de las expresiones parlamentarias". Sostiene que ni en la enmienda ni en los diarios de sesiones existe el más leve atisbo de que el legislador quisiera eximir del tope económico a la mujer víctima de violencia que sí contaba con una pensión compensatoria previa. Para la magistrada discrepante, pretendía resolverse únicamente la desprotección de quienes no habían pactado pensión por causa del maltrato.

¿De verdad era necesario este nivel de detalle y viajar al pasado para resolver la cuestión objeto de recurso? ¿Es nuestro país el mismo que entonces? ¿Son los partidos políticos los mismos? Si no recuerdo mal, en aquella época era la diputada catalana López Chamosa la responsable de Seguridad Social del PSOE, y el mencionado señor Campuzano de Convergència i Unió, es Carles, hasta hace poco Conseller de Drets Socials de la Generalitat en el Govern de Esquerra Republicana de Catalunya. Ya me contesto yo: no, no hacía falta remontarse a aquel momento. Y tampoco la percepción hoy de la especial protección de las mujeres víctima de violencia de género es la misma que se tenía entonces. Desde luego que no, afortunadamente.

Llegados a este punto me atrevo a realizar una propuesta de lege ferenda, ya que estoy completamente de acuerdo con el criterio jurisprudencial, que es justo y coherente con el mandato constitucional de protección reforzada a las víctimas de violencia de género, para evitar la litigiosidad persistente y disipar las dudas sobre los límites de la interpretación judicial, sugieriendo esta redacción del artículo 220.1, párrafo 3º TRLGSS en los siguientes términos:

"En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad en su cuantía íntegra y sin minoración ni limitación por razón de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género..."

Finalizo, para celebrar que “en todo caso” la sentencia es favorable a conceder la pensión sin límites a una víctima de violencia de género. Y creo que debemos celebrarlo.

PAREJAS DE HECHO Y REGISTRO FORMAL. EL RDLEY 31/2026 REPARA UNA SITUACIÓN INJUSTA

Índice de contenidos

• Introducción
• 1. Justificación
• 2. Una previa. La reforma del CUME
• 3. La nueva acreditación de pareja de hecho. Con hijos no es necesario el registro formal, basta con la convivencia de dos años anteriores al fallecimiento
• 4. Se suprime la DA 40ª LGSS
• 5. Nueva norma transitoria respecto a la pensión de viudedad si la separación o divorcio es anterior a 1 de enero de 2008
• 6. Reconocimiento de la pensión de viudedad de parejas de hecho en supuestos excepcionales
• 7. Y todo lo anterior también se aplica a Clases Pasivas
• 8. A modo de conclusión

Ya hace mucho tiempo que empezaba a perder la esperanza respecto a la ampliación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho no registradas formalmente. Cerrada la puerta por la Sala Social del Tribunal Supremo, y antes por el propio Tribunal Constitucional, algunas pequeñas batallas consiguieron que por lo menos siguiera viva la llama, y con ella la esperanza de su reconocimiento. Así, la STS, a 07 de abril de 2021 - ROJ: STS 1283/2021, declaró el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad en Clases Pasivas, entendiendo que la constitución de la pareja de hecho - y no solo la convivencia- podían acreditarse mediante cualquier medio valido en Derecho, pero la STS, a 24 de marzo de 2022 - ROJ: STS 1290/2022 cerró rápidamente esa puerta, resolviendo la cuestión en el sentido de fijar como doctrina que “ […] la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad mediante los medios señalados en el párrafo cuarto del artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, es decir mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos años al fallecimiento del causante”. Alineándose con la jurisprudencia de la Sala de lo Social. Aquí lo comenté.

Mientras, a nivel europeo se dictaban sentencias por el TEDH, aquí y aquí que incluso obligaron a la Sala Cuarta a revisar sentencias firmes que habían denegado la pensión de viudedad. Pero ¿afectaba aquella doctrina a la situación de las actuales parejas de hecho no registradas? Pues no, porque el TEDH lo que hizo es reconocer la expectativa de derecho de las parejas en que falleció su pareja antes de dictarse la STC 40/2014, o si fue con posterioridad, antes de que transcurriesen dos años –el tiempo de registro exigido por el párrafo segundo del artículo 221.2 TRLGSS-, que legítimamente esperaban que sí se declarase su derecho a la pensión de viudedad. Y nada más.

Algún fogonazo, como el Auto de 17/11/2023 de la Sala Social del TSJ IB en que decidió: "Plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del segundo párrafo del art. 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por si el mismo pudiera ser contrario al art. 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por razón de sexo, en relación a los artículos 39 y 41 de la propia Constitución, relativos -respectivamente- a la protección social, económica y jurídica de la familia y a la protección social ante situaciones de necesidad". La respuesta llegó en el Auto 89/2024, de 24 de septiembre (BOE núm. 264, de 01 de noviembre de 2024) ECLI:ES:TC:2024:89 el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión a trámite ya que “[…] aun teniendo en cuenta la efectiva feminización de la pensión de viudedad, el requisito legal aquí cuestionado se adecúa a la Constitución al justificarse en factores objetivos ajenos al sexo de los potenciales beneficiarios, cuales son favorecer la seguridad jurídica, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad Social. Así, como ya ha expresado este tribunal, […]”. Aquí lo comenté.

No obstante, en un nuevo intento, diversas sentencias dictadas por el TSJ Madrid, Sala Social, cuestionaban que el TS no había valorado aún la incidencia del RDLey 2/2024 en cuanto a "pauta interpretativa": "Como se ve y a diferencia de lo que sucedía cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo de 25-4-24, Rec. nº. 4220/21, el requisito formalmente exigido de publicidad de la pareja de hecho ya no se impone en el caso de que ésta haya tenido algún hijo, como sucede en el caso que aquí se enjuicia. No es la primera vez que la Sala IV acude al sentido orientador de una norma no vigente a la fecha a la que contrae su pronunciamiento para determinar el sentido en el que debe resolver". Aquí lo expliqué.

Pero ese intento murió en la orilla. El mismo magistrado que en la sala madrileña defendió la aplicación informal de la constitución de la pareja de hecho, en la STS, a 16 de abril de 2026 - ROJ: STS 1892/2026, ahora ya en el Supremo, dijo lo contrario, señalando que “La dimensión o perspectiva de género a la que alude la recurrida, en atención a que la mayoría de las personas que acceden a la pensión de viudedad son mujeres, no puede eximir del requisito formal de la inscripción en el Registro de Parejas de hecho, ya que ello supondría una interpretación contra legem, no un canon de interpretación y aplicación de la norma”. Lo cierto es que no podía ser otra la respuesta del Magistrado, Rafael López Parada, ya que poco antes se había dictado la STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026, en que el Pleno decidió -con una rigurosidad para mí durísima- que también era exigible el requisito del registro formal a las víctimas de violencia de género de una pareja de hecho. Al menos, en aquel momento opuso resistencia con un magnífico voto particular -de hecho fueron dos, aunque con diferentes lecturas-, que entiendo fundamentaban un posible recurso de amparo el primero, y el segundo lo reforzaba y además abría el camino al TEDH... ¿Y quizás a futuras cuestiones prejudiciales ante el TJUE? Aquí lo comenté.

En fin, todo muy difícil pero me dijo una vez el magistrado Joan Agustí que no dejase nunca esta lucha. Y, acompañando a las mujeres que seguía reivindicando su derecho, intentamos defender jurídicamente nuestra posición:

• En RTVE en Objetivo Igualdad: Viudas sin derechos
• En Canal Sur: Cuando no se cobra la pensión

“Golpe a golpe, verso a verso”…

Aun así, me preguntaba, y más desde la durísima sentencia del Pleno de 11 de febrero de 2026 que he comentado, si la cuestión quedaba zanjada ya definitivamente. Sigo musical, “sorpresas te da la vida” y si mantenía un hálito de esperanza era por que la Disposición adicional tercera de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, en sede de "concepto de pareja de hecho a efectos del sistema de Seguridad Social" había previsto que en el plazo de un año -más que superado-, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones analizaría la configuración de la pareja de hecho desde el punto de vista de la Seguridad Social, a efectos de determinar su alcance en orden a garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional. Recordemos que aquella ley había flexibilizado algunos aspectos concretos del acceso de la pareja de hecho a la pensión de viudedad, pero dejó inalterado el requisito de inscripción formal. Ya lo comenté aquí, aquí y aquí.

Y así estábamos a la expectativa, esperando que se tuviera en cuenta lo que indicaba Sempere Navarro "... existe un importante movimiento social para que las cosas se interpreten de ese modo...", por ejemplo.

Hasta que esta mañana no hemos despertado con el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales.

Para mí, inesperado -también lo fue la modificación parcial de la Ley 21/2021-, pero aquí está, junto con otras medidas que ahora no comentaremos, pero rompiendo la muralla de la inscripción formal. Voy con mi comentario, urgente y en una primera lectura de qué supone para la pensión de viudedad de pareja de hecho esta norma.

1. Justificación

Antes que nada, y después del recorrido “histórico” quiero señalar la justificación de la reforma que efectúa la EM, dice así:

“Asimismo, se flexibilizan determinados requisitos de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho que tengan hijos o hijas en común, eliminando exigencias formales que han venido generando situaciones de desprotección y una elevada litigiosidad. La reforma persigue adecuar la regulación al principio de realidad social que inspira la evolución reciente de esta prestación y garantizar una protección efectiva a quienes mantienen una convivencia estable y acreditada. Estas modificaciones se incorporan igualmente al Régimen de Clases Pasivas del Estado”.

Más vale tarde que nunca, pero es cierto que generaba situaciones de desprotección gravísimas, especialmente con hijos pequeños que quedaban huérfanos. Es menos cierta la litigiosidad, existente, pero mucho menor en los últimos años.

Justifica además la urgencia:

“Por otra parte, las modificaciones introducidas en determinadas prestaciones del sistema responden a la necesidad inmediata de garantizar niveles adecuados de suficiencia y equidad. En particular, la adaptación del régimen de la pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho con hijos o hijas en común resulta urgente para evitar situaciones de desprotección derivadas de exigencias formales que no se corresponden con la realidad social actual, así como para reducir la elevada litigiosidad existente en esta materia, idéntico presupuesto habilitante se encuentra para la modificación de la prestación de orfandad derivada de una situación de violencia contra la mujer”.

Ya vemos que los motivos son los mismos. Pero es que es cierto, no se había cumplido el mandato de la Ley 21/2021, y además, denegaciones anteriores exigen esta rápida reacción.

2. Una previa. La reforma del CUME

No voy a tratar aquí la reforma del CUME, pero sí señalar el nuevo apartado 5 del artículo 191 LGSS que dice:

«A los efectos previstos en este capítulo, la constitución y existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, en su caso, o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. No se exigirá el requisito de inscripción en un Registro de parejas de hecho, ni constitución de dicha pareja en documento público, en el caso de que se tengan hijos o hijas comunes.»

Es decir, como ya hizo el RD-ley 2/2024 con respecto al subsidio de desempleo y el IMV, ahora, en el caso de hijos comunes, la pareja de hecho, a efectos de la prestación CUME, no exige registro formal.

3. La nueva acreditación de pareja de hecho. Con hijos no es necesario el registro formal, basta con la convivencia de dos años anteriores al fallecimiento

Sigue la regulación “clásica” de la pensión de viudedad de pareja de hecho en el artículo 221 LGSS, exigiendo los requisitos clásicos, pero se añade un párrafo tercero en el punto 2, que dice:

“En el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante. Dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.»

Es decir, aunque se sigue exigiendo, con carácter general, acreditar la pareja de hecho “mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja” existe ahora una nueva excepción, que se interpreta de la siguiente manera: si existen hijos en común NO se exige registro formal, basta con acreditar la convivencia, eso sí, que sigue siendo de dos años e ininterrumpida, anteriores al fallecimiento.

¿Y cómo se acredita la convivencia? El nuevo párrafo dice que “mediante el correspondiente certificado de empadronamiento”. Pero creo que hemos de recordar que el Tribunal Supremo, respecto la convivencia de 5 años mantiene una doctrina muy reiterada respecto a que cabe cualquier medio de prueba -facturas, contratos, testigos, etc.-.

Insisto: la sustitución del registro formal por la convivencia es solo si hay hijos en común.

4. Se suprime la DA 40ª LGSS

Es disposición se introdujo por la ley 21/2021, tras efectuar cambios en el acceso a la pareja de hecho -lo más importante fue la expulsión del requisito de dependencia económica y la no exigencia de convivencia durante 5 años en caso de hijos en común-, lo que permitió a viudas a las que en su momento se le denegó la pensión, y con la nueva norma sí habrían accedido, poder reactivar aquella. Como solo se permitió recuperar la pensión durante el ejercicio 2022, ya no tenía sentido que siguiera en vigor.

5. Nueva norma transitoria respecto a la pensión de viudedad si la separación o divorcio es anterior a 1 de enero de 2008

Esto exige una explicación previa de carácter histórico. Cuando se aprobó la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, además de introducir por primera vez la pensión de viudedad para parejas de hecho -con todas las restricciones que conocemos y sin hacerlo en pie de igualdad con respecto a las parejas matrimoniales-, también introdujo “restricciones” en el acceso a la pensión de viudedad de los excónyuges, y en concreto, que sin pensión compensatoria, no nacía el derecho a la pensión de viudedad. Esto se introdujo en la ya derogada DT 18ª LGSS 1994, y que ahora es en el actual Texto Refundido la DT 13ª LGSS 2015. La DT original se dictó porque se constataron situaciones injustas, que dejaban si pensión a mujeres separadas o divorciadas con matrimonios muy largos, y en concreto, una de las situaciones era que la mujer tuviese 65 años y el matrimonio no fuese inferior a 15 años. La entonces diputada del PSC que formaba parte del Pacto de Toledo me llegó a decir que a aquella DT le pusieron los apellidos de una señora gallega que se habría quedado sin pensión.

Pero uno de los problemas de la DT era que además “no debían tener derecho a otra pensión pública”. El tema llegó incluso al Tribunal Supremo, ya que si había coincidencia de beneficiarias, la pelea por se la única viuda con derecho era frecuente. Vean al respecto esta sentencia STS, a 16 de enero de 2024 - ROJ: STS 210/2024.

Dicho todo lo anterior, la nueva redacción supone:

• Ya no se exige “no tener derecho a otra pensión pública”. Fin de la discriminación frente al régimen normal de compatibilidad de la pensión de viudedad con cualquier otra. Y especialmente, fin a los litigios al respecto.
• Quien se vio perjudicada por aquella incompatibilidad antes de la entrada en vigor de este nuevo RD-ley, puede pedir la rehabilitación de su derecho en el plazo improrrogable de 12 meses desde ahora. Me parece una buena disposición, pero vuelvan a mirar ahora la STS 16/01/2024 que he indicado. En coincidencia de beneficiarias, si ahora la perjudicada pide su rehabilitación, la que actualmente cobra íntegramente la suya, se verá perjudicada al reducirse la pensión que venía percibiendo. Nuevos litigios, ya que la pensión de viudedad, no prescribe…

6. Reconocimiento de la pensión de viudedad de parejas de hecho en supuestos excepcionales

Una nueva disposición, en concreto la Disposición transitoria cuadragésima octava LGSS, va a permitir recuperar la pensión de viudedad, entiendo, a cuatro colectivos de viudas que perdieron a su pareja antes de 22/10/2026, y en concreto:

• A quienes se les denegó la pensión porque no estaban registradas como parejas de hecho formalmente, pero sí cumplían con el requisito de convivencia de dos años anterior al fallecimiento, con hijo(s) en común.
• A quienes no pidieron la pensión de viudedad porque no estaban registradas como parejas de hecho formalmente, pero sí cumplían con el requisito de convivencia de dos años anterior al fallecimiento, con hijo(s) en común.
• A quienes se les suspendió la pensión de viudedad porque cumplían con los requisitos pero tenían pensión propia y optaron por esta última. En este caso, si optaron por la de viudedad, ahora pueden pedir la compatibilidad de ambas pensiones.

Tengo dudas, y creo que quedan excluidas, al menos en una primera lectura:

• A quienes no pidieron la pensión de viudedad al amparo de la DA 40ª porque ya tenían pensión propia o porque no ejercieron su derecho en plazo. En fin, otro día le daremos vueltas a esta situación, que me parece injusta.

Ojo. Es evidente que esta disposición es para “reparar” dos injusticias. Una es la acreditación formal de la pareja de hecho y la segunda la incompatibilidad entre pensiones. De todas formas el resto de los requisitos es exigible y solo hay 12 meses desde ya para solicitar la pensión. Y efectos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, sin efectos retroactivos.

En todo caso, era innecesario decirlo, pero la suma de pensiones no puede rebasar el límite establecido para la concurrencia de pensiones.

Lo que sí se aventura es si el reconocimiento ahora llevará aparejado el complemento de brecha de género en aquellos casos que el fallecimiento fue anterior al 04/02/2021, es decir, al Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, pero que sus efectos se producen ahora. Ya veremos.

7. Y todo lo anterior también se aplica a Clases Pasivas

Así es, porque se modifican los artículos correspondientes, por lo que nada he de añadir, salvo que también tienen su propia DT 16ª para recuperar excepcionalmente en 12 meses la pensión de viudedad anteriormente denegada o suspendida.

8. A modo de conclusión

Mi conclusión solo puede ser positiva, y espero que la Diputación Permanente no ponga ningún problema para consolidar esta norma. Mientras, para todos aquellos que hemos estado en esta lucha, que no la hemos dejado nunca, gracias, muchas gracias. Ellas ya lo saben, pero me dirijo a Carmen, Silvia, Asia, a Joan, y a mis compañeras de fatigas, Raquel y Marta…

GUÍA, MÁS O MENOS BREVE, SOBRE PENSIÓN DE VIUDEDAD 2026

La pensión de viudedad en 2026

Introducción

De forma esquemática, en diferentes apartados, realizo, pensando especialmente en mi alumnado, aunque que creo que puede ser útil para cualquier operador jurídico, una guía, más o menos breve, a modo de cuaderno de bitácora, que permita tener un conocimiento suficiente sobre la pensión de viudedad.

No olvidemos que después de la pensión de jubilación, la más importante en cuantía y coste de nuestro sistema de Seguridad Social, es precisamente la pensión de viudedad. Estos son algunos datos actuales (febrero de 2026, Revista del Ministerio: enlace a la fuente):

• Del total de pensiones, 2.3 millones son pensiones de viudedad.
• La pensión media de viudedad, en febrero alcanzó los 972,8 euros al mes.
• A pensiones de viudedad se han destinado 2.275,8 millones de euros.

Cuadro de Porcentajes de la Pensión de Viudedad

Porcentaje	Edad	Requisitos para acceder al porcentaje
52% (Regla general)	Cualquiera	Requisitos generales: El causante debía estar afiliado y de alta (con 500 días cotizados en los 5 años previos si es por enfermedad común) o tener 15 años cotizados si no estaba de alta.
60%	65 años o más	Requisitos específicos (deben darse todos): 1. No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera. 2. No percibir ingresos por la realización de un trabajo (autónomo o por cuenta ajena). 3. No percibir rendimientos de capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales que superen en cómputo anual el límite de ingresos previsto para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. (Nota: No es acumulable al 70%; se aplica el más beneficioso).
70%	Cualquiera	Requisitos específicos (deben darse todos): 1. Cargas familiares: Convivir con hijos menores de 26 años, mayores incapacitados o menores acogidos, y que los ingresos de la unidad familiar divididos entre sus miembros no superen el 75% del SMI anual (excluyendo pagas extras). 2. Fuente principal de ingresos: La pensión debe representar al menos el 50% de las rentas totales del pensionista. 3. Límite de ingresos: Los ingresos totales del pensionista (pensión + otros ingresos) no pueden superar la suma de la pensión mínima de viudedad que le correspondería más el límite de ingresos adicionales para cobrar complementos a mínimos.

Interacción de porcentajes cuando concurre con la orfandad

Por regla general, la suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia (viudedad + orfandad) no puede exceder el 100% de la base reguladora (BR) del causante.

Sin embargo, existe una excepción para proteger a los huérfanos cuando la pensión de viudedad se percibe en los porcentajes mejorados del 60% o 70%. En estos casos:

• El límite legal del 100% puede ser rebasado, permitiendo que la suma conjunta alcance hasta el 118% de la base reguladora.
• Se reserva siempre un 48% de la base reguladora para las pensiones de orfandad, evitando así que el incremento de la pensión de viudedad (al 60% o 70%) absorba o reduzca la cuantía destinada a los huérfanos.

Viudedad Temporal (Prestación Temporal de Viudedad)

Se trata de un subsidio con una duración máxima de 2 años y una cuantía idéntica a la pensión de viudedad que le hubiera correspondido. Se concede cuando el cónyuge o pareja de hecho cumple todos los requisitos generales pero no cumple el requisito de duración del vínculo o convivencia:

• En matrimonios: Cuando el causante fallece por una enfermedad común previa al matrimonio, llevaban menos de 1 año casados, no tienen hijos en común, y no pueden sumar 2 años de convivencia previa.
• En parejas de hecho: Cuando no pueden acreditar que la inscripción en el registro o la constitución mediante documento público se produjo con la antelación mínima de 2 años respecto al fallecimiento.

Pensión mínima de viudedad para el año 2026

Para el ejercicio 2026, las cuantías mínimas garantizadas para la pensión de viudedad (calculadas tanto en 14 pagas como en cómputo anual) son las siguientes:

Situación del beneficiario	Mensual (14 pagas)	Cómputo Anual
Titular con cargas familiares	1.256,60 €	17.592,40 €
Titular con 65 años o con discapacidad ≥ 65%	936,20 €	13.106,80 €
Titular con edad entre 60 y 64 años	875,90 €	12.262,60 €
Titular con menos de 60 años	709,40 €	9.931,60 €

Indemnización a tanto alzado y Auxilio por defunción

• Indemnización a tanto alzado: Se abona exclusivamente cuando el fallecimiento deriva de un accidente de trabajo (AT) o enfermedad profesional (EP). Para el cónyuge o pareja de hecho superviviente, consiste en una cuantía equivalente a 6 mensualidades de la base reguladora. (Los huérfanos también tienen derecho a 1 mensualidad cada uno).
• Auxilio por defunción: Es una pequeña prestación destinada a hacer frente a los gastos de sepelio a favor de quien los haya soportado (presumiéndose que han sido el cónyuge/pareja, hijos o convivientes). Su cuantía actual -desde hace muchos años, de hecho- es de 46,50 euros.

Presunción de fallecimiento por AT / EP según el grado de incapacidad previa

• Si el causante tenía Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) o Gran Incapacidad (GI) por AT/EP: El artículo 217.2 de la LGSS establece una presunción legal de que el fallecimiento ha sido consecuencia de dicha enfermedad profesional o accidente de trabajo. Esto otorga acceso directo a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales (como la indemnización de 6 mensualidades y la pensión de viudedad en 12 pagas) sin necesidad de probar de nuevo el nexo causal.
• Si el causante tenía Incapacidad Permanente Total (IPT) por AT/EP: En este caso no opera la presunción automática. Para poder acceder a las prestaciones de muerte y supervivencia derivada de contingencias profesionales, se debe probar expresamente el vínculo o relación de causalidad entre la enfermedad profesional/accidente previo y el fallecimiento.

La especial situación de las parejas de hecho

Para que el miembro superviviente de una pareja de hecho tenga acceso a la pensión de viudedad, se deben cumplir requisitos específicos, tras la supresión del antiguo requisito de dependencia económica:

• Requisito material (convivencia): Se exige acreditar una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. No obstante, la ley exime de este requisito de convivencia a las parejas de hecho que tengan hijos en común.
• Requisito formal (constitución): La existencia de la pareja de hecho debe acreditarse, con una antelación mínima de 2 años al fallecimiento, mediante la inscripción en un registro específico (autonómico o municipal) o mediante la constitución en documento público. (Al igual que la convivencia, este requisito formal decae en algunos ámbitos si existen hijos en común).
• Inexistencia de impedimentos: Quienes formen la pareja no deben estar impedidos para contraer matrimonio ni tener un vínculo matrimonial o pareja de hecho con otra persona.
• Prestación temporal: Si el superviviente no puede acreditar el requisito de formalización de 2 años, pero cumple el resto de los requisitos generales, tiene derecho a un subsidio o prestación temporal de viudedad con una duración máxima de 2 años.

Exparejas matrimoniales y exparejas de hecho

La ley regula estrictamente el derecho a la pensión para los "cónyuges históricos" o exparejas de hecho cuando se ha producido la ruptura antes del fallecimiento del causante:

• Exigencia de pensión compensatoria: En casos de separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, el superviviente solo tiene derecho a la pensión de viudedad si era acreedor de una pensión compensatoria (art. 97 del Código Civil o fijada en pacto regulador público) y esta se extingue a causa de la muerte del causante.
• Límite de cuantía: Si la cuantía de la pensión de viudedad resultante es superior a la pensión compensatoria que venía percibiendo, la pensión de viudedad se disminuirá y topará hasta alcanzar el importe de dicha pensión compensatoria.
• No haber formado nuevo vínculo: Se exige que el excónyuge o expareja superviviente no haya contraído nuevas nupcias ni haya constituido una nueva pareja de hecho.
• Concurrencia de beneficiarios: Si el causante, tras el divorcio o ruptura, contrajo un nuevo matrimonio o formó una nueva pareja de hecho, la pensión de viudedad se dividirá en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada beneficiario con el causante. Sin embargo, se garantiza siempre un mínimo del 40% a favor del cónyuge o pareja de hecho superviviente actual.
• Existen determinadas excepciones que permiten acceder a la pensión, aún sin compensatoria para viudas mayores de 65 años, acreditando matrimonio de 15 años, etc… pero a día de hoy es muy residual.

Violencia de género

La normativa de Seguridad Social prevé una especial protección para las mujeres víctimas de violencia de género, eximiéndolas de la regla general aplicable a las exparejas:

• Exención de la pensión compensatoria: Las mujeres que puedan acreditar ser víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial, el divorcio o la extinción de la pareja de hecho, tienen derecho a la pensión de viudedad aunque no sean acreedoras de ninguna pensión compensatoria.
• Acreditación flexible: La situación de violencia de género se puede acreditar mediante sentencia firme, archivo de la causa penal por fallecimiento del agresor, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal, o "por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho", incluso para situaciones anteriores a la entrada en vigor de la LO 1/2004.
• Límite jurisprudencial -injusto- en parejas de hecho: A pesar de esta protección, el Tribunal Supremo ha dictaminado que el hecho de ser víctima de violencia de género no excusa el cumplimiento del requisito de constitución formal de la pareja de hecho (inscripción en registro oficial o documento público). El Tribunal entiende que la perspectiva de género no permite un resultado contra legem si nunca existió la voluntad de constituir formalmente la pareja.

Concurrencia de la pensión de viudedad con otras pensiones y con el trabajo

• Compatibilidad plena con el trabajo: La pensión de viudedad (y la prestación temporal) es totalmente compatible con cualesquiera rentas derivadas del trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia.
• Incompatibilidad con otras pensiones de viudedad: Por regla general, es incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social (por ejemplo, si se contrae un nuevo matrimonio y el nuevo cónyuge también fallece, se deberá optar por una de ellas), salvo que las cotizaciones en ambos regímenes se superpongan durante al menos 15 años.
• Concurrencia con la pensión del SOVI: La pensión de viudedad es compatible con la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), pero la suma de ambas no puede superar el doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios de 65 o más años. Si se supera este límite, se minora la cuantía del SOVI.
• Concurrencia con pensiones de orfandad: En caso de coexistir viudedad y orfandad derivadas del mismo causante, la suma de ambas no puede superar el 100% de la base reguladora. No obstante, si la pensión de viudedad se percibe en los porcentajes mejorados (60% o 70%), el límite se eleva al 118%, garantizándose que siempre quede un 48% reservado para las pensiones de orfandad.
• Tope máximo de pensiones: Como ocurre con el resto de las pensiones públicas concurrentes en un mismo titular, la suma total de las pensiones (como viudedad + jubilación propia, por ejemplo) nunca podrá superar el importe legal de la pensión máxima vigente en cada ejercicio (que en 2026 asciende a 47.034,40 euros anuales, equivalentes a 3.359,60 € mensuales).