LA PENSIÓN COMPENSATORIA NO LIMITA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN TANTO QUE SE TRATE DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. COMENTARIO DE LA STS 4337/2026

STS, a 09 de octubre de 2026 - ROJ: STS 4337/2026

ECLI:ES:TS:2026:4337
Sala de lo Social
Nº de Resolución: 824/2026
Municipio: Madrid
Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO
Nº Recurso: 2049/2025

RESUMEN: Cuantía de la pensión de viudedad de una beneficiaria víctima de violencia de género que percibía pensión compensatoria acordada en el previo proceso de divorcio. Previsiones del art. 220.1 de la LGSS. No debe reducirse en su cuantía la prestación si ésta es superior a la pensión compensatoria. Interpretación literal, histórica, sistemática, y con perspectiva de género. Voto particular.

Tras leer la nota de prensa del CGPJ del miércoles, 28 de octubre de 2026 “El Tribunal Supremo establece que no cabe reducir la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género, aunque sea superior a la pensión compensatoria. En sentencia del Pleno de la Sala de lo Social” no puedo negar que tenía curiosidad y ganas de leer la sentencia, y es que, para los que seguimos desde hace años la evolución legislativa y jurisprudencial de la pensión de viudedad, nos parecía lógico y muy acertado un pronunciamiento en ese sentido. Decía así la noticia:

“El debate se centra en si las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación.

A la vista de la redacción de la norma, el Pleno ha entendido qué el fundamento de la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de VIOGEN no es compensar el desequilibrio económico que se produce a la muerte de quién les venía abonando la pensión compensatoria, como ocurre con los viudos y con las viudas que no son víctimas de VIOGEN; por el contrario entiende que el fundamento de la pensión de viudedad para estas mujeres es la situación excepcional en que se encuentran por ser víctimas de VIOGEN y la obligación social de protegerlas y aliviar su situación.

La sentencia realiza una interpretación literal, sistemática y en atención a la voluntad del legislador, así como una visión del problema analizado con perspectiva de género, al ser las mujeres las víctimas de esta lacra social”.

Existe un error respecto al artículo indicado en la nota de prensa, ya que se hace referencia al artículo 220.2 y 220.3, cuando en realidad es el 220.1 y los tres párrafos del mismo de la TRLGSS. Ya publicada la sentencia, la descargo, la imprimo, con la intención de analizarla desde un punto de vista jurídico. Pero no entiendo algunas cosas que han pasado con esta resolución. Comentaré más al final las cuestiones que me extrañan, quizás simples errores sin más importancia, pero antes sí realizaré una valoración de la decisión adoptada y del voto particular.

La cuestión objeto del recurso en unificación de doctrina era determinar si una beneficiaria de pensión de viudedad víctima de violencia de género, a la que le había sido reconocida en su momento una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio, tiene derecho a la percepción de la cuantía íntegra de la pensión de viudedad sin que se le aplique la reducción prevista en el párrafo segundo del art. 220.1 de la LGSS, hasta la cuantía de la pensión compensatoria, cuando aquella es superior a esta, o por el contrario debe ver reducida la prestación hasta la cuantía que venía percibiendo como pensión compensatoria. La propia Sala señala que no había resuelto ningún asunto como éste, es decir, que analice la cuantía de la pensión de viudedad de una víctima de violencia de género con pensión compensatoria, aunque sí se ha pronunciado acerca de supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación.

En este caso concreto, acreditada la condición de la víctima de violencia de género, la cuestión fáctica era que el TSJ AND, siguiendo el criterio del INSS -por eso estimo el recurso de suplicación- entendía que al haberse establecido una pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio de 600 € mensuales, la pensión a percibir quedaba topada a 542,57 € mensuales -no cuadra, pero entiendo que es el resultado de multiplicar 600 x 12 meses y dividido entre 14 pagas, lo que supone 514,29 €, a los que aplicando revalorizaciones debe alcanzar aquella cuantía de 542,57 €-. Sin embargo, aplicar el 52% sobre la base reguladora de 1.805,47 € arroja una pensión mensual, en 14 pagas, de 938,44 €. Está claro que la diferencia económica es importante.

En estas, el TS ha resuelto que, en aplicación del artículo 220.1 LGSS, especialmente en referencia a lo expuesto en el párrafo tercero, no puede suponer que la existencia de pensión compensatoria disminuya la pensión de viudedad a percibir, al tener la condición de víctima de violencia de género la beneficiaria.

Recordemos el artículo 220, en sede de “pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial”.

1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo siguiente.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”.

Antes de entrar en la solución final adoptada por el Pleno, el Ponente hace referencia a anteriores pronunciamientos de la Sala, que sin duda favorecen la interpretación de la norma favorable. A saber:

1. Ya hemos dicho antes que sí había resuelto con anterioridad, de forma favorable para las beneficiarias, supuestos de pensión de viudedad por violencia de género en los que no había sido acordada pensión compensatoria en el divorcio o separación. Aquellas resoluciones, entre otras, pero especialmente la sentencia de 20 de enero de 2016 (rcud 3106/2014) y la sentencia 300/2024, de 20 de febrero de 2024 (rcud 1698/2021) -se discutía en esencia si existía derecho de acceso a la pensión, no la cuantía-. Ya allí se hacía referencia a la aplicación literal de la norma: “ […] a la vista de la redacción del precepto, más que un supuesto excepcional es la regla general en los supuestos de violencia de género ya que así lo evidencia la expresión "en todo caso “que, en sí misma, patentiza que dichos supuestos no admiten excepción ni condicionamiento alguno”.
2. Otra jurisprudencia de interés son la sentencia 120/2024, de 25 de enero de 2024 (rcud 2490/2021) analiza el derecho de una víctima de violencia de género que abandonó el domicilio conyugal y algunos años después obtuvo la sentencia de divorcio, sin que la misma estableciera pensión compensatoria, y aplica los criterios de flexibilidad, o la sentencia 784/2024, de 30 de mayo de 2024 (rcud 1116/2021) hace referencia a la de 2016 y aplica los criterios de flexibilidad que en ella se refieren. También la sentencia 1206/2024, 17 de octubre de 2024 (rcud 3336/2022) aborda un supuesto en el que se analiza si la actora, para tener derecho a la pensión de viudedad cumple con el requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, como exige el artículo 220.1 LGSS o la sentencia: 650/2025, de 27 de junio de 2025 (rcud 4252/2023). En todas ellas, lo hemos visto, se trata de indubitadas víctimas de violencia de género.

Todo ese acervo jurisprudencial – aquí ya comenté varias de ellas - lleva a que en el fundamento jurídico quinto, en el apartado V, a modo de conclusiones, afirme el Ponente, Félix Azón, que cabe extraer de todas ellas que la pensión de viudedad para la mujer víctima de violencia de género procede en interpretación literal sistemática e histórica, atendiendo a la realidad social del momento, y ampliando la consecuencia, no ya solo al reconocimiento del derecho a la pensión, sino extendiendo el alcance expresamente a la cuantía de la misma, “[…] que la finalidad de dicho párrafo tercero sea el de establecer una renta de sustitución para mantener la situación -sin que la viudedad implique desequilibrio económico- pues dicha interpretación ni resulta de la literalidad, ni se compadece con el reconocimiento legal de la pensión a quienes no eran acreedoras de pensión compensatoria; por fin, y a nuestro modo de ver, es elemento trascendental, el que debamos interpretar la normal legal y, resolver este debate, teniendo en cuenta la perspectiva de género que deriva de la Ley Orgánica 3/2007, de 22de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Por tanto, la Sala, de forma no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria, entiende que la resolución del recurso pasa por la aplicación y enjuiciamiento con perspectiva de género.

Así, las cosas, delimitado el sujeto afectado, mujer víctima de violencia de género divorciada, con derecho a percibir la pensión de viudedad -hasta aquí es indubitado que tiene derecho a percibir la prestación sin ninguna discusión- si concurre el derecho a pensión compensatoria, la discusión es si se reduce la pensión de viudedad para ajustarla al importe de la compensatoria o si no es pertinente realizar minoración alguna. Y el Supremo dice que no hay reducción alguna. La justificación del Alto Tribunal lleva incluso a remontarse a la TRLGSS 1994 y la modificación efectuada por la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, haciendo referencia al BOCG de 3/11/2009 y alguna otra reforma posterior, intentando “buscar” cual era la intención del legislador primigenio. Tampoco olvida que la actual TRLGSS 2015 ha heredado el redactado idéntico de la normativa anterior, aunque reordenando su contenido. Para la Sala coexisten:

• Una regla general de acceso a la pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, que exige que concurran los requisitos de acceso a la pensión para quien fue cónyuge o pareja de hecho.
• Un requisito adicional a lo anterior, que supone que la persona divorciada/separada tenga derecho a pensión compensatoria, que además actúa como límite de la prestación de viudedad.
• Una excepción al requisito adicional que es la condición de víctima de violencia de género. Si este concurre, no se exige pensión compensatoria. A esta regla le da carácter autónomo frente al anterior requerimiento.

Frente a estas reglas aunque concurra la condición de víctima de violencia de género y derecho a percibir pensión compensatoria, la expresión del párrafo tercero del artículo 220.1 TRLGSS “en todo caso” se ha de interpretar en el sentido de que se trata de un único colectivo, a saber, el de las mujeres viudas víctimas de violencia de género sin que dentro de ese universo quepa diferenciación alguna”, por lo que asiste el mismo derecho a la pensión íntegra de viudedad, se tenga o no derecho a pensión compensatoria, añado yo, porque lo que prevalece es la “regla autónoma”, ser víctima de violencia de género.

De forma más gráfica, dice el magistrado Azón:

“En suma, existen dos universos de personas beneficiarias, a saber: el primero constituido por aquellas personas, hombres o mujeres, que antes del hecho causante de la prestación de viudedad venían percibiendo pensión compensatoria y no eran víctimas de violencia de género; el segundo universo está formado única y exclusivamente por mujeres, víctimas de violencia de género, con independencia de que antes del hecho causante percibieran o no la pensión compensatoria”.

Para rematar el razonamiento, y aplicando la interpretación en perspectiva de género afirmar contundentemente que:

“[…] las mujeres viudas víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir su pensión de viudedad sin que su cuantía pueda ser reducida por motivo alguno, aun cuando resulte superior a la que venían percibiendo por pensión compensatoria.

Esta interpretación se cohonesta con la interpretación de la norma contenida en el párrafo tercero que la Sala ha venido haciendo en los supuestos en que se ha visto en la necesidad de reconocer el derecho a la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de violencia de género que no percibían pensión compensatoria anteriormente, según hemos visto en las sentencias arriba referenciadas, especialmente en la 300/2024, arriba citada.

Esta interpretación además es la más adecuada realizando una aplicación de la norma desde una perspectiva de género, perfectly válida para el presente caso si tenemos en cuenta que desgraciadamente existen demasiadas mujeres víctimas de la lacra social de la violencia de género, lo que ha dado lugar a una importante actividad legislativa y reglamentaria que tiende a proteger a dichas mujeres, hasta el punto de que ha sido necesario la aprobación y entrada en vigor de un sin número de normas para protegerlas, muy específicamente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En todo caso, el que suscribe este comentario, en tanto que profesor y abogado se ha reconciliado con el Tribunal Supremo y aplaude esta interpretación, aunque cree que la interpretación era clara, y de aplicación el principio de la Navaja de Ockham que postula que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y es la acogida en el voto mayoritario de esta sentencia.

Pero, comentado el razonamiento y fallo de la sentencia, hay cosas que no entiendo de la misma, voy con ellas:

• ¿Por qué la nota de prensa se equivoca en el apartado del artículo que realmente aborda la sentencia? ¿por qué hace referencia a “mujeres víctimas de VIOGEN”, que, a mi entender, cosifica a las víctimas de violencia de género, tratándolas no como víctimas, sino como “categoría”, que además no se utiliza en nuestra jurisdicción?
• ¿Por qué en el resumen Cendoj se indica que la ponente es la magistrada Luisa María Gómez Garrido? Es cierto que fue designada inicialmente, pero al apartarse de la decisión de la mayoría se encomendó la redacción a Félix V. Azón Vilas.
• ¿Por qué no está, a pesar de haberse constituido la Sala en Pleno, dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, completa? Al menos, en la relación de magistrados no constan ni Blasco Pellicer ni Martínez Montoya?
• ¿Por qué no se ha pulido la conclusión del FD 7º que dice erróneamente “ […] declarar que la doctrina correcta es que las mujeres víctimas de violencia de género que acceden a pensión de jubilación tienen derecho a percibir la pensión de viudedad que les corresponda, sin que la misma pueda ser reducida a la cuantía de la pensión compensatoria establecida en la separación o divorcio, en el supuesto de que percibieran esta última antes del fallecimiento del causante”. Es evidente que sobra la parte que dice “que acceden a pensión de jubilación”, ya que nada se discute aquí entre compatibilidad de pensión de jubilación y viudedad.
• ¿Por qué se afirma que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, y por más que leo ambas no soy capaz de encontrarla? Es cierto que en ambas sentencias se trata de víctimas de violencia de género, pero la Sentencia de Andalucía reduce la pensión de viudedad hasta el importe de la compensatoria, y explica el por qué, mientras que en la STSJ Navarra 284/2018, se observa que el tribunal no incluye una declaración literal única o aislada en su fundamentación propia con esa cuestión. El pronunciamiento de la Sala de Navarra deriva del hecho de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona (que había reconocido el derecho al 52% íntegro de la base reguladora sin aplicar la minoración), al desestimar el recurso planteado por el INSS, pero insisto, no aborda la cuestión directamente. La Sala de casación unificadora afirma, en beneficio de la concurrencia de contradicción que “…aunque el debate implícito subyacente era la cuantía de la pensión y la posibilidad de reducir la misma”. En fin, yo creo que la contradicción está claramente forzada, porque la cuestión resuelta expresamente en la Sala andaluza no se cuestiona en la navarra.

“En todo caso” lo que me preocupa profundamente es el voto particular, aunque no me extraña, al conocer previamente las STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026 -que denegó en Pleno el acceso a la pensión de viudedad de la pareja de hecho no registrada, a pesar de acreditar su condición de víctima de violencia de género - o la STS, a 29 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 4076/2026 -que si bien declara la nulidad del despido de una trabajadora víctima de violencia de género, no lo hace de forma automática-, en que se trata de la misma magistrada. Dice, no voy a comentar el voto, que la norma -el artículo 220.1 párrafo 3- es clara en cuanto a la limitación de la pensión si concurre pensión compensatoria. Además subraya que los colectivos a que hace referencia la normativa actual no es el de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y las que no lo han sido sino, muy al contrario, entre las personas separadas o divorciadas que obtuvieron el reconocimiento de una pensión compensatoria en sus respectivos procesos civiles, y las que no y, dentro de este diseño, dispensa un trato especial a las mujeres víctimas de violencia de género a las que no se hubiera reconocido pensión compensatoria, pero no a las que si tuvieron tal reconocimiento. O sea, orilla completamente la condición de víctima de violencia de género, dando prevalencia a si se obtuvo pensión compensatoria.

De “salto al vacío” califica la interpretación que efectúa la mayoría de la Sala para, finalmente, señalar que si se acreditara que en un caso concreto la pensión compensatoria se fijó en una cuantía anormalmente baja debido a la coerción psicológica o la violencia de género, el tribunal podría articular respuestas protectoras específicas para ese caso individual. Pero entiende que lo que no resulta admisible, según el voto, es desactivar de manera general el sentido claro de la norma para todo el colectivo escudándose en la perspectiva de género.

Como dice la magistrada refiriéndose a la expresión “en todo caso” y el alcance del voto mayoritario, ya que, dice, “… se trata de una locución adverbial que tanto puede significar "sea lo que fuere", "al menos, como mínimo", como "a lo sumo", y que va seguida de la estricta definición del caso al que se refiere (no ser la beneficiaria víctima de violencia de género acreedora de pensión” compensatoria)”. En fin, no sé qué decir. O mejor dicho, mejor me lo reservo.

No abandono aún el voto particular. Abordo en este último momento, ya que he pasado de puntillas, porque no lo comparto, ni con respecto al fallo del Pleno ni con respecto al voto minoritario, la referencia que efectúan a los antecedentes legislativos de 2009, correspondientes a la tramitación de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, que introdujo la regulación actual del artículo 220.1 del TRLGSS, que constituyen un elemento decisivo para el voto particular.

A través de estos antecedentes, primero el Ponente y después la magistrada disconforme argumentan cuál fue la verdadera intención del legislador al redactar la norma, identificando incluso que el texto legal actual proviene directamente de la enmienda nº 2614 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista, y que fue pactada con el Grupo Popular y CiU. Sin entrar en el contenido de las declaraciones de unos y de otros, los antecedentes parlamentarios son interpretados de manera opuesta por ambas posturas del Tribunal Supremo:

• La posición mayoritaria sostiene que los debates parlamentarios demuestran que el legislador quiso recuperar para las víctimas de violencia de género el régimen previo a la Ley 40/2007, en el cual la pensión compensatoria o su cuantía no jugaban ningún papel para lucrar la viudedad o fijar su importe.
• El voto particular reclama que dicha lectura "fuerza el sentido de las expresiones parlamentarias". Sostiene que ni en la enmienda ni en los diarios de sesiones existe el más leve atisbo de que el legislador quisiera eximir del tope económico a la mujer víctima de violencia que sí contaba con una pensión compensatoria previa. Para la magistrada discrepante, pretendía resolverse únicamente la desprotección de quienes no habían pactado pensión por causa del maltrato.

¿De verdad era necesario este nivel de detalle y viajar al pasado para resolver la cuestión objeto de recurso? ¿Es nuestro país el mismo que entonces? ¿Son los partidos políticos los mismos? Si no recuerdo mal, en aquella época era la diputada catalana López Chamosa la responsable de Seguridad Social del PSOE, y el mencionado señor Campuzano de Convergència i Unió, es Carles, hasta hace poco Conseller de Drets Socials de la Generalitat en el Govern de Esquerra Republicana de Catalunya. Ya me contesto yo: no, no hacía falta remontarse a aquel momento. Y tampoco la percepción hoy de la especial protección de las mujeres víctima de violencia de género es la misma que se tenía entonces. Desde luego que no, afortunadamente.

Llegados a este punto me atrevo a realizar una propuesta de lege ferenda, ya que estoy completamente de acuerdo con el criterio jurisprudencial, que es justo y coherente con el mandato constitucional de protección reforzada a las víctimas de violencia de género, para evitar la litigiosidad persistente y disipar las dudas sobre los límites de la interpretación judicial, sugieriendo esta redacción del artículo 220.1, párrafo 3º TRLGSS en los siguientes términos:

"En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad en su cuantía íntegra y sin minoración ni limitación por razón de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género..."

Finalizo, para celebrar que “en todo caso” la sentencia es favorable a conceder la pensión sin límites a una víctima de violencia de género. Y creo que debemos celebrarlo.

PENSIÓN DE ORFANDAD. ACTUALIZACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 31/2026

Índice de Contenidos

• 1. Reformas en el Régimen General de la Seguridad Social
• 2. Reformas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado
• 3. Modificaciones reglamentarias sobre la Orfandad Absoluta
• Síntesis del impacto normativo

Este breve y esquemático estudio analiza las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, en el régimen jurídico de las prestaciones y pensiones de orfandad. La reforma persigue reforzar la protección económica de las personas huérfanas, con especial intensidad en las situaciones de mayor vulnerabilidad, como la orfandad absoluta y los supuestos en los que el fallecimiento de la madre trae causa de la violencia contra la mujer.

A continuación detallo los cambios normativos articulados en la Ley General de la Seguridad Social, en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y en el Reglamento General de Prestaciones del Régimen General.

1. Reformas en el Régimen General de la Seguridad Social

El artículo primero del Real Decreto-ley 31/2026 modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, afectando de forma directa a la regulación de la pensión y la prestación de orfandad:

• Mejora del importe mínimo garantizado (Artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social): En los casos en que el fallecimiento de la causante se haya producido por violencia contra la mujer (o por la comisión de delitos de violencia sexual previstos en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual), el importe mínimo mensual de la pensión o prestación de orfandad se fija en el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada momento.
  
  Si concurren varios beneficiarios, la suma de las prestaciones de orfandad no podrá superar dicho límite conjunto (el doble del SMI).
  
  Las diferencias económicas entre la cuantía ordinaria y el mínimo garantizado son financiadas directamente mediante transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
• Mantenimiento del derecho en caso de adopción (Artículo 224.2 de la Ley General de la Seguridad Social): Se establece de forma expresa que la adopción posterior del huérfano o huérfana cuya madre haya fallecido por violencia contra la mujer no extinguirá el derecho a la pensión o prestación de orfandad.
  
  En caso de que con posterioridad se causara una nueva pensión por fallecimiento de alguno de los adoptantes, ambas prestaciones serán incompatibles, debiendo el beneficiario optar por una de ellas.

2. Reformas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado

El artículo tercero del Real Decreto-ley 31/2026 traslada estas mismas garantías de protección al ámbito del personal del sector público, modificando el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril:

• Presunción de orfandad absoluta y efectos de la adopción (Artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado): En el apartado 1 del artículo 41, se introduce la presunción legal de orfandad absoluta en los supuestos en los que el progenitor supérstite haya abandonado sus responsabilidades familiares y la tutela o acogimiento del huérfano por violencia contra la mujer haya sido otorgada a terceros o familiares.
  
  En el apartado 5 del artículo 41, se garantiza que la adopción del beneficiario de una pensión de orfandad causada por violencia machista no extingue la prestación en Clases Pasivas, manteniendo el régimen de incompatibilidad y opción si se causara una nueva pensión tras el fallecimiento de los adoptantes.
• Cuantía mínima en Clases Pasivas (Artículo 42.9 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado): Se fija en el doble del Salario Mínimo Interprofesional el importe mínimo mensual de la pensión de orfandad en Clases Pasivas cuando la causante fuera víctima de violencia contra la mujer, con el límite conjunto indicado para el supuesto de pluralidad de beneficiarios.

3. Modificaciones reglamentarias sobre la Orfandad Absoluta

El artículo décimo del Real Decreto-ley 31/2026 modifica el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, estructurando los supuestos de orfandad absoluta:

• Asimilación a orfandad absoluta (Artículo 38.2 del Decreto 3158/1966): Se equipara legalmente a huérfano absoluto a la persona huérfana de un solo progenitor conocido. Ya veremos, no obstante como interpretará esa disposición la Entidad Gestora, pero entiendo que esta figura comprende los casos de filiación única o monoparentalidad de origen, es decir, aquellas situaciones en las que el menor solo tiene determinada legalmente la filiación respecto de una persona (su madre o su padre), sin que conste legalmente reconocido un segundo progenitor.
  
  Además se contempla expresamente la presunción de orfandad absoluta ante el abandono de la responsabilidad familiar por el progenitor superviviente cuando la tutela o acogimiento se otorgue a familiares o terceros debido a una situación de violencia contra la mujer.
  
  Por tanto la reforma sigue sin abordar otra cuestión, que es si debe asimilarse a orfandad absoluta las situaciones en que el progenitor sobreviviente, sin derecho a viudedad, desatiende sus obligaciones paterno-filiales -, que sí está previsto expresamente en concurrencia con violencia de género-. Es una cuestión reclamada por la jurisprudencia en diversas ocasiones, por todas, STS, a 21 de abril de 2026 - ROJ: STS 1949/2026, STS, a 15 de abril de 2026 - ROJ: STS 1793/2026 y como no, STS, a 07 de septiembre de 2022 - ROJ: STS 3490/2022, en que se reconoció el incremento del porcentaje con la pensión de viudedad no reconocida al otro progenitor supérstite que ha sido privado judicialmente de la patria potestad por no haberse interesado ni cubierto sus necesidades durante 9 años.
• Acceso a los incrementos de orfandad absoluta por violencia de género (Artículo 38.3 del Decreto 3158/1966): Se reconoce el derecho a percibir los incrementos de la base reguladora previstos para los casos de orfandad absoluta cuando el progenitor superviviente haya perdido la pensión de viudedad por haber sido condenado por un delito de violencia de género (al amparo de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004).

Síntesis del impacto normativo

El conjunto de reformas impulsado por el Real Decreto-ley 31/2026 consolida un marco reforzado de protección a la infancia y juventud huérfana mediante tres pilares:

• Suficiencia económica: Garantiza un suelo mínimo de ingresos equivalente al doble del SMI en las situaciones derivadas de violencia machista.
• Estabilidad jurídica de la prestación: Impide la pérdida del derecho a la pensión cuando los menores son adoptados tras el fallecimiento de la madre.
• Equiparación a la orfandad absoluta: Flexibiliza el reconocimiento de los incrementos económicos en casos de progenitor único conocido, condena del superviviente o abandono de las cargas familiares en supuestos de violencia de género.

Tabla Resumen

Aspecto regulado	Régimen anterior	Régimen tras el RD-ley 31/2026	Artículo aplicable
Cuantía mínima por violencia de género	Se aplicaban los porcentajes y mínimos ordinarios de las prestaciones por muerte y supervivencia.	Se garantiza un suelo mínimo garantizado del doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual.	Art. 224.1 LGSS y Art. 42.9 Ley de Clases Pasivas
Efecto de la adopción posterior	La adopción del beneficiario extinguía con carácter general la pensión de orfandad.	La adopción no extingue el derecho a la pensión o prestación cuando el fallecimiento de la madre trae causa de la violencia machista.	Art. 224.2 LGSS y Art. 41.5 Ley de Clases Pasivas
Presunción de orfandad absoluta por abandono	Exigía el fallecimiento de ambos progenitores sin considerar la presunción por abandono derivado de violencia.	Se fija la presunción legal de orfandad absoluta si el progenitor superviviente abandona la responsabilidad familiar de la persona huérfana y la tutela o acogimiento se otorga a terceros o familiares por violencia de género.	Art. 41.1 Ley de Clases Pasivas y Art. 38.2 Decreto 3158/1966
Incrementos por condena del progenitor	No regulado de forma sistemática en la norma reglamentaria de prestaciones.	Se reconoce el derecho directo a los incrementos de la base reguladora por orfandad absoluta cuando el agresor pierde la pensión de viudedad por condena firme.	Art. 233.1 LGSS y Art. 38.3 Decreto 3158/1966
Financiación del suelo mínimo	No se contemplaba una aportación estatal específica y separada dentro del presupuesto.	La diferencia económica hasta alcanzar el doble del SMI se financia mediante transferencia directa del Estado a la Seguridad Social.	Art. 224.1 LGSS y Disposición Adicional 32.ª LGSS

Información basada en el documento de referencia, no es un anáisis doctrinal: RDley 31/2026

STS 4076/2026. DESPIDO Y VIOLENCIA DE GÉNERO. ¿NO DEBERÍA APLICARSE LA NULIDAD AUTOMÁTICA DEL DESPIDO?

STS, a 29 de septiembre de 2026 - ROJ: STS 4076/2026

ECLI: ES:TS:2026:4076

Sala: de lo Social

Nº de Resolución: 757/2026

Municipio: Madrid

Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO

Nº Recurso: 2681/2025

Resumen Cendoj:

Nagami Desing SL. Salvo en el caso de que la condición de víctima de violencia de género haya estado en la base de la presentación de reclamaciones o acciones por parte de la mujer trabajadora frente a su empleadora, lo cual constituye un supuesto de despido nulo de manera automática u objetiva, el hecho de que la misma haya sido víctima de violencia de género, no constituye un indicio suficiente de vulneración de derechos fundamentales, susceptible da atribuir la carga de la prueba a la empresa de acuerdo con el art. 181.2 de la LRJS. Pero sí en caso de que concurran otros factores adicionales como la previa baja por enfermedad de la interesada, o el hecho de que hubiera llamado como testigo en el procedimiento penal al administrador de la empresa, que es justo lo que ocurría en el caso considerado. Por ello se estima el recurso para declarar la nulidad del despido con sus consecuencias naturales, con condena asociada al abono de una indemnización de 10.000 € en concepto de daños y perjuicios.

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Índice de contenidos

• RESUMEN CENDOJ
• I. A MODO DE INTRODUCCIÓN
• II. ANÁLISIS OBJETIVO DE LA SENTENCIA
  • 1) Cuestión fáctica
  • 2) Iter procesal del litigio
  • 3) Motivos del recurso de casación en unificación de doctrina
  • 4) Sentencia de contraste, informe del MF e impugnación de contrario
  • 5) Razonamiento del Tribunal Supremo
  • 6) Resolución y consecuencias
• III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA
  • 1) Sobre la nulidad del despido
  • 2) Carga probatoria empresarial y el concepto de "causa ilusoria"
  • 3) Sobre la situación de baja médica y la Ley 15/2022
  • 4) Sobre los criterios para la cuantificación de la indemnización por daños morales (LISOS y Art. 183 LRJS)
• IV. CRÍTICA PERSONAL
  • 1. La reforma del art. 55.5.b) del Estatuto de los Trabajadores
  • 2. La citación del administrador en el proceso penal como ejercicio de la Tutela Judicial Efectiva
  • 3. La Incapacidad Temporal (IT) como cauce ágil para hacer efectiva la asistencia e integridad
  • Mi conclusión final

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN

El resumen es amplio y muy claro, y aunque la sentencia es favorable para la trabajadora -desde aquí un enorme abrazo y mis más sincera felicitaciones a su abogada, Esther Comas, de la que puedo presumir que fuimos compañeros muchos años en Col.lectiu Ronda, compartiendo incluso despacho en Cerdanyola- y con el resultado se ha hecho justicia, no comparto la afirmación que se realiza en cuanto a que el hecho de que la misma haya sido víctima de violencia de género, no constituya un indicio suficiente de vulneración de derechos fundamentales, susceptible da atribuir la carga de la prueba a la empresa de acuerdo con el art. 181.2 de la LRJS. De hecho, en la sentencia se llega a la declaración de nulidad al poner en conexión otros indicios -que tampoco por sí mismos y de forma aislada darían lugar a la nulidad del despido-. Y digo que no estoy de acuerdo con aquella afirmación porque interpreto que la condición de víctima de violencia de género ha de constituir la nulidad radical del despido. Vamos con ello.

II. ANÁLISIS OBJETIVO DE LA SENTENCIA

1) Cuestión fáctica

Relación laboral. La trabajadora, Dña. Claudia, venía prestando servicios para la empresa Nagami Design S.L. (dedicada a la arquitectura de diseño e impresión 3D) desde el 24 de marzo de 2023 como responsable de marketing, mediante contrato indefinido a jornada completa.

Situación de violencia de género y atención médica. El 2 de febrero de 2024, la trabajadora formuló denuncia por violencia de género ante la Policía contra su excompañero sentimental (Diligencias Previas 171/2024 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Madrid), habiéndose denegado la orden de protección el 4 de febrero de 2024. Asimismo, fue atendida en el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género (S.A.V.G. 24 HORAS) entre el 7 de febrero y el 15 de marzo de 2024.

Proceso de Incapacidad Temporal (IT). La trabajadora estuvo en situación de baja por IT (enfermedad común) desde el 5 hasta el 23 de febrero de 2024, con el diagnóstico de "síntomas y signos que afectan al estado emocional" y malestar general.

Conocimiento por la empresa. El administrador mancomunado de la empresa tuvo conocimiento del proceso penal al ser citado judicialmente para declarar como testigo en dicha causa penal el día 2 de abril de 2024.

Despido disciplinario. El 9 de abril de 2024 (apenas una semana después de la citación del administrador), la empresa le notificó la extinción de su contrato alegando "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado" (art. 54.2.e del Estatuto de los Trabajadores).

2) Iter procesal del litigio

• Papeleta de conciliación (SMAC). Presentada el 7 de mayo de 2024 y celebrada el 23 de mayo de 2024 con el resultado de sin avenencia.
• El Juzgado de lo Social nº 1 de Ávila (Sentencia de 21/11/2024, Autos 364/2024) estimó parcialmente la demanda declarando la improcedencia del despido (condenando a la empresa a optar entre readmisión o indemnización de 2.693,50 €), descartando la nulidad solicitada por la trabajadora.
• En idéntico sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede en Burgos (Sentencia de 11/04/2025, Rec. Suplicación 129/2025) desestimó el recurso de suplicación de la trabajadora y confirmó íntegramente la sentencia de instancia, al entender que no concurrían indicios suficientes para aplicar la inversión de la carga de la prueba por vulneración de derechos fundamentales.
• Tribunal Supremo (Sala de lo Social) admitió a trámite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora.

3) Motivos del recurso de casación en unificación de doctrina

Núcleo de contradicción. Determinar si basta con que la trabajadora tenga la condición de víctima de violencia de género para que se produzca la inversión de la carga de la prueba a los efectos del art. 181.2 de la LRJS, en orden a calificar el despido como nulo por vulneración de derechos fundamentales (discriminación por razón de sexo/género).

Preceptos infringidos denunciados. Arts. 96.1 y 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS); art. 14 de la Constitución Española en relación con los arts. 21.1 y 31.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; arts. 2, 4, 6.6, 26 y 30.1 de la Ley 15/2022; y arts. 55.5 y 55.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

4) Sentencia de contraste, informe del MF e impugnación de contrario

Sentencia de contraste. Es la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 28 de octubre de 2020 (Rec. 243/2020). En ella se analizó el caso de una trabajadora en baja por IT que comunicó a la empresa haber sufrido una agresión por su novio y tener un juicio pendiente; al ser despedida días después sin justificación real, el tribunal declaró la nulidad del despido por discriminación al existir indicios suficientes.

Impugnación de la empresa (Nagami Design S.L.). Sostuvo que no existía una verdadera contradicción entre las sentencias comparadas y solicitó la desestimación del recurso.

Informe del Ministerio Fiscal. Aunque estimó que la contradicción resultaba dudosa, interesó la estimación del recurso al considerar que la doctrina correcta se contenía en la sentencia de contraste de Madrid.

5) Razonamiento del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo diferencia claramente entre la nulidad objetiva (prevista taxativamente en las letras a, b y c del art. 55.5 ET por el ejercicio de derechos específicos de conciliación o protección) y la nulidad por vulneración de derechos fundamentales del párrafo primero del art. 55.5 ET y art. 181.2 LRJS, la cual exige la aportación previa de un panorama indiciario por la parte demandante.

5.a) La condición de víctima de violencia de género como indicio (art. 181.2 LRJS)

El Tribunal aclara que la circunstancia de que una mujer sea víctima de violencia de género no otorga una tutela de nulidad objetiva/automática del despido. Tampoco constituye, por sí sola y aisladamente considerada, un indicio suficiente susceptible de invertir la carga de la prueba según el art. 181.2 de la LRJS.

Dado que la violencia de género se encuadra en la esfera privada y social de la mujer, no tiene por qué traducirse automáticamente en un móvil discriminatorio laboral. Sin embargo, si dicha condición (conocida por la empresa) se acompaña de circunstancias concomitantes que permitan sospechar que la empleadora percibe a la trabajadora como una fuente potencial de "molestias", "complicaciones" o "inconvenientes" derivados de su situación personal o judicial, dicha acumulación de factores sí alcanza la entidad indiciaria necesaria para desplazar la carga probatoria a la empresa.

5.b) Consideración de la baja médica

Aunque la situación de baja por IT (que realizó entre el 5 y el 23 de febrero de 2024 por alteración del estado emocional) no se invocó en esta alzada como una causa autónoma e independiente de nulidad, el Supremo la valora como una circunstancia concomitante clave.

Esta baja médica evidencia la repercusión directa que la situación de violencia de género tuvo en la salud y en la prestación laboral de la trabajadora, reforzando la sospecha de que la empresa quiso desprenderse de ella para evitar repercusiones u organizativas futuras.

5.c) Conocimiento del administrador

El administrador mancomunado no solo conocía la situación de la trabajadora, sino que fue citado judicialmente a declarar como testigo en las diligencias penales para el 2 de abril de 2024.

El Supremo precisa que esto no vulnera la "garantía de indemnidad" de la trabajadora en sentido estricto, ya que no era la trabajadora quien declaraba, sino quien citó al administrador. Sin embargo, la citación judicial evidencia un conocimiento fehaciente y formal de la causa penal por parte de la dirección de la empresa.

D) Inmediatez temporal y falta de prueba empresarial

Conexión cronológica. Existe una clara inmediatez entre la baja de febrero, la citación judicial del administrador el 2 de abril y la notificación del despido el 9 de abril de 2024.

Ausencia de causa real. La empresa no aportó prueba alguna sobre la "disminución continuada y voluntaria del rendimiento" alegada en la carta de despido, resultando una justificación "ilusoria". Al no ofrecer una explicación objetiva, neutra y probada que desmontara los indicios, el despido deviene indefectiblemente nulo.

6) Resolución y consecuencias

Fallo del Tribunal Supremo. Estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, casa y anula la sentencia del TSJ de Castilla y León (Burgos) y revoca parcialmente la del Juzgado de lo Social nº 1 de Ávila.

Declaración de Nulidad: Declara la nulidad del despido acordado por Nagami Design S.L.

Consecuencias jurídicas y condena:

• Readmisión inmediata de la trabajadora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones.
• Abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido.
• Indemnización por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. Se condena a la empresa al pago de 10.000 €. Para cuantificar dicha suma, el TS aplica orientativamente la LISOS (art. 8 y art. 40.1.c por falta muy grave, en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 €), ponderando la escasa antigüedad de la trabajadora (un año) y la ausencia de reincidencia o daños pluriofensivos adicionales.
• Responsabilidad del FOGASA. Queda sujeto a los límites de su responsabilidad legal.
• Costas. Sin pronunciamiento sobre costas.

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

1) Sobre la nulidad del despido

1.a) Dualidad del régimen de nulidad del despido (Art. 55.5 ET vs. Art. 181.2 LRJS)

El Tribunal Supremo delimita de forma tajante las dos vías de acceso a la nulidad del despido en nuestro ordenamiento:

• Nulidad objetiva o automática (Art. 55.5, párr. 2º, letras a, b y c del ET). Operan de forma tasada y objetiva ante situaciones de embarazo, lactancia, o ejercicio de derechos de conciliación y reducción de jornada. En el caso de víctimas de violencia de género, la nulidad objetiva solo se desencadena de manera automática si la medida extintiva se produce como reacción al ejercicio explícito de derechos laborales específicos (ej. reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfica, suspensión del contrato o tutela judicial para hacer efectiva su protección).
• Nulidad por vulneración de derechos fundamentales (Art. 55.5, párr. 1º ET y Art. 181.2 LRJS). Cuando el despido no obedece al ejercicio formal de dichos derechos de protección, la nulidad no opera automáticamente. Se exige a la trabajadora la previa acreditación de un panorama indiciario suficiente que conecte el despido con un móvil discriminatorio o torpe.

En este supuesto, la Magistrada niega que concurra motivo para aplicar la nulidad objetiva o automática, ya que, literalmente, dice:

“En consecuencia, no parece discutible que, cuando se invoca la situación de la mujer trabajadora como víctima de violencia de género, no puede aplicarse el primer mecanismo antes expuesto, esto es, no puede calificarse el despido como nulo de manera automática, salvo que conste la existencia de reclamaciones internas o judiciales de la trabajadora relacionadas con su condición de víctima de violencia de género”.

1.b) La violencia de género como "indicio" y la regla de las circunstancias concomitantes

Negada la nulidad radical objetiva, el pronunciamiento que ahora comentamos fija una importante pauta sobre cómo debe valorarse la condición de víctima de violencia de género a efectos del art. 181.2 de la LRJS, es decir, en sede de vulneración de derechos fundamentales. A saber:

• Incomunicación directa con la esfera laboral (Regla general). La mera condición de víctima de violencia de género no constituye, por sí misma y aisladamente considerada, un indicio suficiente de vulneración de derechos fundamentales que invierta la carga de la prueba. El Supremo razona que la violencia de género es un fenómeno que pertenece a la esfera personal y social de la mujer y no tiene por qué traducirse en una incidencia laboral inmediata o en un móvil discriminatorio por parte del empleador.
• La teoría de la acumulación de circunstancias concomitantes (Excepción). Para que la violencia de género adquiera la solidez de indicio probatorio (pasando de la mere sospecha a la probabilidad), debe concurrir junto con factores adicionales conocidos por la empresa. La clave radica en si la suma de circunstancias permite deducir que la empresa percibió la situación personal de la trabajadora como una fuente potencial de "molestias", "inconvenientes", "complicaciones" o perturbaciones organizativas que no estaba dispuesta a asumir.

2. Carga probatoria empresarial y el concepto de "causa ilusoria"

Una vez constituido el panorama indiciario por la trabajadora, mediante la confluencia de la baja por IT de origen emocional, la citación penal del administrador y la inmediatez temporal del despido, entiende la Sala que procede:

• Inversión de la carga de la prueba. Corresponde íntegramente a la empresa probar que la decisión extintiva obedeció a causas objetivas, razonables, proporcionadas y ajenas a cualquier propósito discriminatorio.
• Efecto de la falta de prueba ("Causa Ilusoria"). Si la empresa invoca una causa formal como la "disminución continuada y voluntaria del rendimiento", pero no aporta la menor prueba que la respalde, la Sala entiende que “se muestra como ilusoria y carente del necesario peso para sustentar la conclusión de que resultaba ajena a cualquiera finalidad discriminatoria”. La ausencia de una explicación alternativa probada conduce indefectiblemente a la declaración de nulidad del despido por discriminación por razón de sexo/género.

3. Sobre la situación de baja médica y la Ley 15/2022

El Tribunal Supremo huye, aunque estamos todos muy atentos a cuando se pronunciará al respecto, de la aplicación de la Ley 15/2022, para declarar la baja médica como causa autónoma e independiente de nulidad del despido, basándose en las siguientes razones procesales y sustantivas expresadas en la propia sentencia:

3.a. Rigor procesal y delimitación del objeto del recurso (congruencia)

Descarte explícito del debate. La Ponente señala, ahí lo tenía fácil, en su Fundamento de Derecho Tercero que, aunque la trabajadora estuvo en situación de incapacidad temporal (IT) entre el 5 y el 23 de febrero de 2024, dicha circunstancia no se articuló en el motivo de casación como una pretensión autónoma e independiente de nulidad.

Acotación en la alzada. La Sala insiste remarca que, si bien la baja médica por enfermedad fue analizada en la sentencia de suplicación del TSJ, en el recurso de casación para la unificación de doctrina la pretensión de nulidad se fundó únicamente en la condición de la demandante como víctima de violencia de género.

Por ello, alegando el deber de congruencia procesal, el Supremo afirma expresamente que "nada puede ni debe decirse sobre una eventual proyección de la situación de enfermedad sobre la protección de derechos fundamentales y, en particular, sobre la prohibición de discriminación" como pretensión separada.

3.b. Degradación de la IT de "causa autónoma" a mera "circunstancia concomitante"

A pesar de que Esther, -perdón por la familiaridad, no lo puedo evitar-, mejor dicho, la representación de la trabajadora citó en su recurso la infracción de los artículos 2, 4, 6.6, 26 y 30.1 de la Ley 15/2022, que prohíben la discriminación por enfermedad o condición de salud, el Tribunal Supremo rehusó examinar de forma directa la aplicación sustantiva de dicha ley.

En su lugar, el Supremo encuadró la baja médica no como un motivo en sí mismo de nulidad (vía Ley 15/2022), sino como un mero factor de contexto o "circunstancia concomitante". Es decir, la baja médica solo se utiliza para aderezar el panorama indiciario de la discriminación por razón de género, demostrando que la empresa percibió a la trabajadora como una fuente de inconvenientes organizativos o laborales.

3.c. Cautela doctrinal ante el debate de la Ley 15/2022 sobre despidos en baja médica

La entrada en vigor de la Ley 15/2022 ha generado un intenso debate en los tribunales sobre si todo despido sin causa objetiva durante un proceso de incapacidad temporal deviene automáticamente nulo por discriminación por condición de salud.

Al acogerse a la falta de formulación autónoma del motivo en el recurso, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo evita deliberadamente tener que sentar doctrina unificada sobre si una baja de corta duración, en este caso, de apenas 18 días, ampara por sí sola la nulidad bajo la Ley 15/2022. Preferir resolver la nulidad a través del art. 181.2 LRJS, por la vía discriminación por razón de género reforzada por indicios y la falta de prueba de la empresa, lo que le permite estimar el recurso sin comprometerse con la doctrina que todos de los despidos en situación IT.

4. Sobre los criterios para la cuantificación de la indemnización por daños morales (LISOS y Art. 183 LRJS)

Al tratarse de una nulidad por vulneración de derechos fundamentales, no predeterminada objetivamente, la sentencia fija doctrina sobre la indemnización reparadora:

• Indisolubilidad del daño moral. El daño moral se considera indisolublemente unido a la vulneración del derecho fundamental, sin que se exija a la trabajadora probar la cuantificación exacta del padecimiento o perjuicio.
• Doble función resarcitoria y preventivo-disuasoria. La indemnización no solo busca reparar el menoscabo sufrido, sino disuadir al empleador de futuras conductas discriminatorias.
• Módulo orientativo de la LISOS. El tribunal acude a las sanciones de la LISOS (art. 8 y art. 40.1.c) para faltas muy graves en materia laboral, tomando como referencia el grado mínimo (entre 7.501 € y 30.000 €).
• Ponderación de factores modulares para la fijación del quantum (10.000 €):
  • Antigüedad reducida. Apenas superaba un año de prestación de servicios.
  • Carácter instantáneo del acto. La lesión se consumó con el propio despido, sin persistencia temporal o reiteración sistemática de acoso previo.
  • Ausencia de agravantes. No constaba reincidencia, rebeldía empresarial, daños pluriofensivos ni perjuicios personales adicionados.

En fin, parece que los 10.000 € se está instaurando en el Alto Tribunal como parámetro estándar de indemnización.

IV. CRÍTICA PERSONAL

Estoy de acuerdo con el resultado de la sentencia, pero no tanto con la argumentación. Creo que el legislador tenía en su mente, y así lo plasmó legalmente, la protección automática de las mujeres que son víctimas de violencia de género, lo que incluye la nulidad automática y objetiva de la extinción contractual, sin necesidad de acreditar ningún panorama indiciario más allá de la constatación de dicha condición. A continuación desarrollo la interpretación doctrinal garantista defendida, argumentando la concurrencia de la nulidad objetiva (art. 55.5.b del ET) a partir de la evolución legislativa de la norma y las actuaciones de la trabajadora:

1. La reforma del art. 55.5.b) del Estatuto de los Trabajadores: De un catálogo cerrado a una protección garantista

Para fundamentar la aplicabilidad de la nulidad objetiva, es imprescindible analizar la evolución del texto legal:

• Redacción originaria (Ley Orgánica 1/2004). La protección frente al despido nulo de las víctimas de violencia de género nacía supeditada estrictamente al "ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral". Se trataba de un catálogo cerrado de derechos laborales que le otorgaban dicha protección. Era una reforma valiente, recordemos el momento histórico, en que ni tan siquiera se había dictado aún la LO 3/2007, de igualdad efectiva de hombres y mujeres.
• Redacción tras el Real Decreto-ley 6/2019. Y 15 años después el legislador modificó sustancialmente, entre otras, la letra b) del art. 55.5 ET para ampliar la tutela, extendiéndola explícitamente a las trabajadoras víctimas de violencia de género "por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral".

Mi reflexión crítica es que la voluntad del legislador en 2019 fue desvincular el blindaje del despido de la exigencia de solicitar permisos o medidas estrictamente laborales. Exigir que la tutela judicial se ejerza exclusivamente mediante pretensiones del ámbito laboral supone vaciar de contenido la reforma de 2019 y reintroducir la rigidez de la redacción de 2004. Sigo con mi razonamiento.

2. La citación del administrador en el proceso penal como ejercicio de la Tutela Judicial Efectiva

Bajo esta lectura garantista, el requisito de acudir a la tutela judicial efectiva se cumplió plenamente en este supuesto, ¿por qué?:

• Tutela judicial no circunscrita al orden social. El art. 55.5.b) del ET no especifica que el ejercicio del derecho a la tutela judicial deba plasmarse en una demanda laboral o en una reclamación previa ante la empresa. Insisto, no lo dice.
• Activación de la protección penal. La formulación de la denuncia por violencia de género y la consecuente citación del administrador mancomunado como testigo en las diligencias penales constituye la activación formal del aparato judicial para hacer efectiva su protección como víctima de violencia de género.
• Conexión con el ámbito laboral. Al ser citado el empleador en la causa penal derivada de la denuncia de la trabajadora, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva trasciende al conocimiento del empresario. Por tanto, la reacción extintiva posterior debe incardinarse en el veto absoluto del art. 55.5.b) ET.

3. La Incapacidad Temporal (IT) como cauce ágil para hacer efectiva la asistencia e integridad

Frente a la consideración del Tribunal Supremo de la baja médica como un mero indicio secundario a efectos de la carga de la prueba, cabe sostener que la IT fue la vía material y real elegida por la trabajadora para articular su protección:

• Mecanismo de protección urgente e inmediato. Las medidas laborales de conciliación o suspensión del ET requieren trámites o preavisos que no siempre se adaptan a la inmediatez que exige una crisis por violencia de género.
• Efectividad asistencial. La baja por incapacidad temporal iniciada tras la denuncia, con diagnóstico de afección al estado emocional, constituyó el medio más rápido y eficaz para apartarse de la situación de vulnerabilidad y recibir la atención asistencial e integral garantizada por el ordenamiento, incluida la prestación económica. No me parece de recibo obligarle a acudir a la suspensión y/o extinción del contrato de trabajo para activar prestaciones de desempleo y/o subsidio que ya sabemos todos que, ni son fáciles de tramitar hoy día, ni mucho menos son inmediatas.
• Cumplimiento de la finalidad protectora. Al acudir a los servicios médicos y solicitar la baja por el impacto emocional de la agresión, la trabajadora estaba haciendo efectivo su derecho a la protección de la salud e integridad física y moral (arts. 15 y 43 CE) en el marco de la violencia de género sufrida.

Mi conclusión final

Mientras que la STS 757/2026 ha adoptado una interpretación restrictiva del art. 55.5.b) ET, exigiendo el ejercicio explícito de derechos laborales o reclamaciones frente a la empresa y derivando la nulidad a la vía indiciaria del art. 181.2 LRJS, creo que era de aplicación la tesis de la nulidad objetiva directa ya que sostengo, al menos en el presente caso:

• El tenor literal del art. 55.5.b) ET tras el RDL 6/2019 protege de forma objetiva y automática el ejercicio de la tutela judicial efectiva sin restricciones de orden jurisdiccional.
• La denuncia penal con citación del empresario y la IT médica derivada del proceso de violencia colman las eximentes de tutela e integridad que activan el blindaje automático de nulidad, sin necesidad de ponderar la suficiencia de un panorama indiciario.

Soy muy claro, entiendo que es la condición de víctima de violencia de género la que ha conllevar la protección automática, y aunque la sentencia es favorable para la trabajadora, no es ni mucho menos lo que dice. Tampoco me extraña. Creo que nuestro Alto Tribunal, parecía que llevaba un camino de protección y tutela de las víctimas de violencia de género, como cuando ha establecido que no era necesario, o mejor dicho, que erra incluso irracional exigir a aquellas víctimas la convivencia actual con su agresor para lucrar la pensión de viudedad —aquí lo comento en el blog— e incluso en esta sentencia se menciona por primera vez en la jurisdicción social la violencia económica como forma de agresión ejercida contra las mujeres —hasta los medios de comunicación se hicieron eco y yo comenté brevemente en mi blog la STS, a 29 de septiembre de 2025 - ROJ: STS 4335/2025—.

Pero últimamente se está desviando. Basta con leer la STS 884/2026, Pleno de la Sala de lo Social, aunque con dos importantes y contundentes votos particulares. Allí con cita de una sentencia previa, en concreto la STS 623/2024, de 29 de abril (rcud 3303/2022), que resolvió un debate idéntico, concluye que no se puede reconocer la pensión de viudedad si no se ha formalizado la existencia de la pareja de hecho, incluso siendo la mujer víctima de violencia de género. O sea, sea se viene a afirmar que la víctima debía haber “formalizado” su relación con su agresor. Aquí la comenté en su momento.

Finalizo, la violencia de género es una lacra que sufren exclusivamente las mujeres, y los poderes públicos, todos, también el Poder Judicial, hemos de luchar por su erradicación, que exige en el ámbito judicial, enjuiciar siempre con perspectiva de género, lo que supone la nulidad radical y automática de la extinción de la relación laboral cuando se acredita dicha condición. Sin ningún requerimiento más, ya que en caso contrario perpetuamos y multiplicamos la violencia que sufren.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

En fin, estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia, pero no con los motivos que llevan a la nulidad, aunque seguramente mi posición sea equivocada, pero tenía que manifestarlo.

EL TRIBUNAL SUPREMO DECIDE QUE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA CAUSAR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD COMO PAREJA DE HECHO, HAN DE CUMPLIR CON EL REGISTRO FORMAL. MI APORTACIÓN CRÍTICA

Reflexión Personal

Me ha sido difícil abordar la STS 884/2026. Sabía, nos lo comentó un magistrado del TS recientemente en una actividad formativa de la Secció Laboral del ICAB, que el Pleno del Tribunal Supremo iba a abordar la cuestión relativa a si es exigible la constitución formal como pareja de hecho a la sobreviviente de una pareja de hecho a efectos de causar derecho a la pensión de viudedad, cuando la misma ha sido reconocida como víctima de violencia de género. La respuesta ha sido que sí es exigible, reiterando la doctrina anterior, y ampliando los argumentos. No me lo esperaba. Sin entrar aún en la valoración jurídica de la decisión adoptada, para mí es una sentencia profundamente injusta.

Decía que no sabía cómo abordarla, primero porque es una sentencia particularmente extensa, ya que a la decisión principal del Pleno de la Sala IV se han de añadir dos votos particulares, uno suscrito por cuatro magistrados, y otro individual. El primer voto particular, ya lo avanzo y de forma muy resumida, pivota en torno a la aplicación de la perspectiva de género y la inversión de la carga de la prueba, que es también asumida por el segundo VP, pero que también introduce, ante la existencia de hijos en común, la existencia de discriminación indirecta que supone respecto a los mismos.

Pero, en segundo lugar, no sabía como abordarla, ya que también me tiembla el pulso. He llevado como abogado laboralista muchas pensiones de viudas de parejas de hecho no registradas. He visto el drama que era la pérdida de la persona con la que se tenía un proyecto de vida en común, pero aún más el daño que producía a nivel económico cuando existían hijos que eran menores o muy jóvenes, y además existían obligaciones económicas muy importantes. ¿O no une más una hipoteca que un lazo matrimonial? He visto la situación anterior a la fatídica STC 40/2014 —que en Cataluña fue un estrago al no permitir desde entonces la constitución "informal" de la pareja de hecho—; la travesía del desierto hasta la ley 21/2021 —y cómo se equiparó, aunque no de forma absoluta, matrimonio y parejas de hecho, y cómo pudimos, gracias a la DA 40ª, recuperar algunas pensiones denegadas—; los fogonazos de esperanza en sentencias del TEDH —"tirón de orejas", si se me permite la expresión, a nuestra Seguridad Social—; de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS —que abrió una puerta que permitía la convivencia para formalizar la pareja de hecho, pero que cerró de un portazo señalando que fue una excepción—; y más reciente de la propia Sala IV —ese matrimonio no celebrado por el COVID al que sí se le permitió acceder a la pensión de viudedad como pareja aún no registrada—; y la desesperanza actual esperando una ley de Familias que nunca llega…

Sigo vinculado a movimientos asociativos que reivindican un trato más justo respecto a las parejas de hecho y el acceso a la pensión de viudedad. Esta sentencia es un jarro de agua fría, ya que si defendemos que no se requiera la constitución formal de la pareja de hecho, y ni tan siquiera se excepciona a las víctimas de violencia de género, está claro que no vamos a cambiar el rumbo de la doctrina del TS.

Y no solo eso, es que además, este 6 de marzo, convocada la jornada de huelga a nivel de Cataluña por el Sindicat d'Estudiants en reivindicación claramente feminista de cara al próximo 8 de marzo, ante la ausencia casi total de alumnado en mi clase, regresaba a mi casa alegre por el comportamiento de aquellos —cierto es que les avisé que no habría consecuencias ni represalias para quien se sumase a la convocatoria de huelga—, pero algo confuso ante las manifestaciones de otro profesorado que advertían en sentido contrario, y sus aulas estaban llenas. Las huelgas están hechas para molestar, ya que, si no, no sirven de nada. Pero a mí no me ha molestado. Lo que sí me molesta o me apena, como ya decía, es la decisión mayoritaria del Supremo ante la exigencia del requisito de registro formal a las víctimas de violencia de género, cuando dentro de la misma Sala, hasta cinco magistrados ofrecían potentes argumentos para una decisión contraria. Me ha recordado, bastante, a la sentencia que se dictó respecto a las familias monoparentales pocos días antes del 8 de marzo. La diferencia es que aquí el Poder Judicial no ha hecho nota de prensa con la sentencia. O eso creo.

Voy, y no es fácil, lo más telegráficamente posible, con la sentencia y los votos particulares. Por eso, no valoro ni la discusión respecto a la concurrencia de contradicción ni la solicitud de planteamiento de dos cuestiones prejudiciales, muy interesante, pero que se aleja del objeto del debate.

Sentencia de la mayoría (STS 884/2026, Pleno de la Sala de lo Social)

Cuestión objeto del recurso: Determinar si es posible reconocer una pensión de viudedad a una mujer que convivió con el causante (con quien tuvo hijas en común) sin haber constituido formalmente una pareja de hecho mediante los medios legalmente previstos, considerando la circunstancia probada de que la solicitante era víctima de violencia de género.

Referencia a la sentencia anterior del Supremo: La sentencia se basa en la previa STS 623/2024, de 29 de abril (rcud 3303/2022), que resolvió un debate idéntico y concluyó que no se puede reconocer la pensión de viudedad si no se ha formalizado la existencia de la pareja de hecho, incluso siendo la mujer víctima de violencia de género.

Puntos claves de la decisión:

• Doble requisito legal: La Ley General de la Seguridad Social (art. 221) exige dos requisitos simultáneos para acceder a la pensión: la convivencia more uxorio (material) y la constitución formal mediante inscripción registral o documento público (ad solemnitatem o constitutiva).
• Límites de la perspectiva de género: Aunque el Tribunal aplica la perspectiva de género para eximir el requisito de convivencia a las víctimas de violencia de género (ya que esta cesa por la necesidad de protección de la mujer), esta interpretación no exime del requisito de formalización de la pareja, ya que la perspectiva de género no ampara interpretaciones contra legem.
• Falta de voluntad de constitución: Constituir una pareja de hecho exige la voluntad indisponible y personalísima de ambas partes. No existe base jurídica para "dar por supuesta" o suplir la voluntad de formalizar la pareja en casos de malos tratos si no hay indicios de que dicha intención existiera previamente. De hecho, refiere que en los primeros años de convivencia, algo más de tres, no concurría violencia de género y pudieron haber formalizado la relación como pareja de hecho.
• Es una decisión del legislador: El legislador ha eximido del requisito de registro a las parejas con hijos en común para prestaciones asistenciales (como el Ingreso Mínimo Vital o el subsidio por desempleo), pero ha decidido no hacerlo en la pensión de viudedad. Cambiar esto corresponde exclusivamente al poder legislativo. Coincide con el argumento que se esgrimió en su momento para no declarar la acumulación del permiso de nacimiento y cuidado de menor de las familias monoparentales.

Decisión de la sentencia (Fallo): Se estima el recurso del INSS, se casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y se desestima la demanda original de la solicitante, denegando el derecho a la pensión de viudedad.

Creo que hay un pasaje de la sentencia que pone de manifiesto el núcleo duro de la decisión. Dice así:

"Por el contrario, si se permite causar una pensión de viudedad sin previa constitución formal de una pareja de hecho, no se está consistiendo una excepción, sino que se está desvirtuando la misma definición de la premisa mayor del silogismo jurídico, en cuanto se desconoce palmariamente los rasgos que definen la pareja de hecho contemplada en el precepto.

En efecto, por funesta y reprochable que resulte la conducta de un maltratador, no existe base jurídica que permita suplir su voluntad o darla por supuesto para convalidar la inexistencia de constitución formal de una pareja de hecho, del mismo modo que tampoco podríamos amparar que se presumiera la conclusión, por ejemplo, de un negocio jurídico bilateral con formalidades asociadas".

Entre la constitución de un proyecto de vida en común a través de una pareja de hecho, y la formalización de un negocio jurídico bilateral, de un contrato en particular, en los que, si no recuerdo mal —fui un mal estudiante de derecho— los elementos esenciales eran consentimiento, objeto y causa, puedo ver el paralelismo, pero me chirría la aplicación de normativa civil de obligaciones y contratos para resolver el derecho a una pensión de viudedad de una mujer, víctima de violencia de género, madre con hijos en común con su maltratador, que se queda, con una vida seguramente muy triste, con obligaciones respecto a sus hijos, pero sin pensión. Yo al menos no lo entiendo.

Primer Voto Particular (Magistrado D. Juan Martínez Moya, al que se adhieren otros tres magistrados)

Decisión: Propone desestimar el recurso del INSS y confirmar el reconocimiento de la pensión de viudedad a la demandante. Era el ponente inicial de la sentencia pero quedó en minoría respecto a la decisión a adoptar.

Puntos claves de la decisión:

• Contexto de vulnerabilidad: Argumenta que la violencia de género persistente constituye una circunstancia extraordinaria que limita la capacidad real de acción de la víctima para cumplir formalidades legales, como el registro de la pareja.
• Inexigibilidad de la conducta: Por las limitaciones psicológicas y de sumisión impuestas por el maltrato, se debe presumir la imposibilidad de exigir a la víctima que despliegue actuaciones para cumplir la formalidad legal de registrar la pareja.
• Inversión de la carga de la prueba: Al existir una vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la violencia de género sobre la mujer, la carga probatoria debe invertirse. Correspondía al INSS demostrar que la víctima tenía plena capacidad para acreditar formalmente la pareja a pesar de la violencia, lo cual no hizo. Hay que tener en cuenta que, ya lo comentaba antes, es mucho más dura la sentencia, en tanto en cuanto con unos escasos hechos probados y alguna referencia a elementos fácticos en la fundamentación jurídica, considera que entre 2014 y 2017 no se acreditaba que hubiese existido violencia, y, por tanto, señala el sentir mayoritario de la Sala que en aquel periodo pudo formalizarse la relación como pareja de hecho —además en un periodo posterior a la famosa y deprimente STC 40/2014, con lo que tampoco era posible alegar la expectativa de derecho que puso de manifiesto años después el TEDH—. Por eso este VP pone el acento en la inversión de la carga de la prueba. Es la Entidad Gestora la que debía probar que en aquel periodo no concurría violencia de género. El magistrado D. Juan Martínez Moya argumenta que, al existir una situación de vulneración de derechos fundamentales, concretamente por violencia de género continuada, se debe aplicar la inversión de la carga probatoria.

Pues bien, para situar la carga de la prueba en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el magistrado se fundamenta expresa y concretamente en la siguiente normativa y jurisprudencia:

• Artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Este artículo, relativo a la "Prueba", establece que en aquellos procedimientos donde las alegaciones de la parte actora se basen en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada (en este caso, el INSS) probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas.
• Artículo 96.1 (por error, entiendo, dice el "96-3") de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social: El magistrado indica que esta disposición recoge, en términos más amplios para el ámbito procesal laboral, el mismo mandato de inversión probatoria frente a la discriminación.
• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de octubre de 2017 (asunto C-531/15, Otero Ramos): Se invoca esta jurisprudencia europea para avalar que, ante la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, procede obligatoriamente invertir la carga probatoria.
• Artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Se cita al concluir que la situación de violencia de género generaba una presunción legal de que la víctima estaba imposibilitada para realizar el registro formal de la pareja de hecho, siendo el INSS quien tenía el deber de desvirtuar dicha presunción (demostrando que la mujer tenía plena capacidad para hacerlo pese al maltrato), carga que la entidad gestora no cumplió.

Se me antoja que el VP anticipa a la parte en este caso, cuál es el camino para fundamentar un futuro recurso de amparo. Y destaco la argumentación final del Voto:

"Ahora bien, existiendo una situación de vulneración de derechos fundamentales procede la inversión de la carga de la prueba (sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea 19 de octubre de 2017, C-531/15, asunto Otero Ramos). A la Administración de la Seguridad Social, gestora de la prestación y entidad demandada, para contrarrestar el indicio de discriminación que supone la situación de violencia de género actual y persistente, le incumbía demostrar que, en la situación planteada, la capacidad de la víctima (solicitante de la pensión de viudedad) no se hallaba limitada por su situación de violencia de género o que no concurrían circunstancias que impidieran acreditar formalmente la pareja de hecho en los términos legales establecidos. Los efectos que desata la carga probatoria en esta situación tienen fundamento en la consideración de que la situación de violencia de género, actual y persistente hasta el momento del hecho causante de la pensión de viudedad, determina que deba presumirse una imposibilidad de acreditación por parte de la víctima del requisito de formalización de la pareja de hecho, presunción que no ha sido desvirtuada por la entidad Gestora (art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La mención en la sentencia recurrida a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 19 enero 2023 (Domènech Aradilla contra España) que declaró vulnerado el derecho de propiedad (art. 1 del Protocolo. nº 1 del CEDH), y que, añadimos ahora, sirvió de motivo de revisión ulterior (cfr. nuestra STS 25/2024, de 3 de abril de 2024, rec. 14/2023), obliga a hacer una puntualización. La controversia aquí analizada discurre por parámetros estrictamente interpretativos, con perspectiva de género y de carga probatoria. No se trata de que la norma esté obligando a la demandante a «hacer lo imposible» para tener derecho a la pensión o, en su defecto, verse totalmente impedida de obtenerla".

Segundo Voto Particular (Magistrado D. Rafael Antonio López Parada)

Cuestión objeto del recurso: Aunque se suma a los argumentos del anterior Voto, centra su debate no tanto en la situación de violencia de género, sino en los medios de prueba admisibles para acreditar la constitución de la pareja de hecho cuando existen hijas en común, y en recientes reformas legislativas, especialmente el RD-ley 2/2024.

Decisión: También propone desestimar el recurso del INSS y reconocer la pensión, pero basándose en el hecho probado de que la pareja tenía hijas en común.

Puntos claves de la decisión:

• Medio de prueba: Sostiene que la exigencia de registro o documento público en la normativa de Seguridad Social es únicamente un medio de prueba para acreditar la affectio maritalis, no un requisito constitutivo (ad solemnitatem) para crear un matrimonio paralelo o una nueva figura de Derecho de Familia. Me ha hecho recordar el concepto de "parejas de derecho" que creo utilizó alguna vez el maestro Alarcón para criticar las exigencias de registro de las parejas no matrimoniales.
• Aplicación de la nueva normativa: Recuerda que recientes reformas legales (Real Decreto-ley 2/2024 relativas al Ingreso Mínimo Vital y al subsidio por desempleo) establecen que la existencia de hijos comunes exime del requisito de registro de la pareja de hecho. Argumenta que esta regla probatoria debe aplicarse de forma integradora a todas las prestaciones, incluida la viudedad.
• Discriminación por razón de filiación: Para mí es la cuestión más potente de su VP, pero también de toda la resolución judicial, y es que denegar la pensión cuando existen hijos menores genera un impacto socioeconómico grave sobre ellos. Considera que esto produce una discriminación prohibida e indirecta por razón de filiación (extramatrimonial), violando los arts. 14 y 39.2 de la Constitución, debiendo protegerse el interés y la igualdad material de las hijas.

Aquí, tengo que hacer el desarrollo de la "discriminación por razón de filiación" y su impacto socioeconómico como núcleo argumental del voto particular formulado por el magistrado D. Rafael Antonio López Parada. A diferencia de la postura mayoritaria, este enfoque aparta el foco de la situación jurídica de la pareja adulta y lo sitúa en el interés superior de las hijas menores, construyendo, tras un recorrido histórico sobre las parejas de hecho desde el ostracismo franquista, pasando por la Ley 40/2007, hasta la más reciente Ley 21/2021, realizando una sólida defensa basada en los siguientes ejes clave:

1. El menor como "beneficiario material" frente al "beneficiario jurídico-formal". El magistrado plantea que es necesario dar un salto cualitativo en la forma de analizar la prestación de viudedad. Aunque la ley designe a la viuda o conviviente supérstite como la beneficiaria "jurídico-formal" de la pensión, el beneficiario "material" indiscutible es el hijo o hija menor. Esto se debe a que la finalidad real de los ingresos de ese único progenitor (que ahora conforma una familia monoparental) es atender las necesidades vitales, educativas y sociales de los menores. Vuelvo a recordar a Alarcón, pero es que él ya señalaba la especial protección que debía dispensarse a la familia, incluso cuando los lazos entre los progenitores no fuesen matrimoniales, sino afectivos, pero con hijos en común.
2. El impacto socioeconómico grave sobre las hijas. Al denegar la pensión al progenitor supérstite, se genera una merma económica sustancial y vitalicia en el hogar. El magistrado compara la situación económica en la que queda el hijo de una pareja casada (que recibe la pensión estatal) frente al hijo de una pareja de hecho no inscrita (que no la recibe). Esta falta de protección prestacional aboca al hijo extramatrimonial a una situación de grave vulnerabilidad, aumentando drásticamente el riesgo de pobreza y exclusión social que ya de por sí castiga de forma desproporcionada a las familias monoparentales.
3. Discriminación indirecta, "refleja" o "por asociación". Para fundamentar cómo la falta de un papel legal de los padres afecta a las hijas, el voto particular acude a la doctrina de la "discriminación refleja o por asociación" reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este concepto implica que la discriminación o exigencia formal impuesta a la madre (falta de registro) "rebota" o se traslada directamente a las hijas, que son quienes en última instancia sufren el perjuicio y el castigo socioeconómico por una situación formal de sus progenitores en la que no han tenido arte ni parte. Y al respecto trae a colación la reciente STJUE Bervedi.
4. Vulneración de los artículos 14 y 39.2 de la Constitución (Discriminación por filiación). El castigo económico a la unidad familiar por el estado civil de los progenitores se traduce en una discriminación directa contra el menor por razón de nacimiento.
   • Violación del art. 14 CE: Prohíbe expresamente la discriminación por razón de nacimiento, lo que incluye que el modelo de familia en el que nace el niño (matrimonial, extramatrimonial o monoparental) no puede acarrearle un tratamiento diferenciado y perjudicial por parte del Estado.
   • Violación del art. 39.2 CE: Impone a los poderes públicos la obligación de asegurar "la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación". Si el Estado deja desprotegida a la unión de hecho ante la muerte de un progenitor, afecta ineludiblemente a la supervivencia material de los hijos, creando una igualdad meramente formal, pero destruyendo la "igualdad material".
5. Conclusión: La protección de la igualdad material. En el caso concreto que se juzga, el magistrado subraya que había hijas menores en el momento del fallecimiento del padre. Denegar la pensión basándose estrictamente en la falta de un registro público de la pareja consolida una diferencia de trato injustificada y desproporcionada entre menores, penalizando económicamente a unas niñas por su condición de hijas extramatrimoniales. Al respecto trae a colación el art. 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son varias las STEDH que se mencionan, alcanzando la conclusión que la norma prestacional produce una discriminación prohibida entre hijos por razón de nacimiento y filiación, y vulneración de los arts. 14 y 1 del Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por ello, López Parada concluye que, para reparar esta discriminación y obedecer los mandatos constitucionales e internacionales de protección al menor, la sola existencia de hijos en común debería bastar para tener por demostrada y legalmente válida a la pareja de hecho a efectos de percibir la pensión de viudedad, salvaguardando así el sustento y los derechos fundamentales de las hijas.

En fin, si el primer VP fundamenta un posible recurso de amparo, este segundo lo refuerza y además abre el camino al TEDH... ¿Y quizás a futuras cuestiones prejudiciales ante el TJUE?

Por cierto, me quedo con esta parte de este segundo VP:

"Ocurre que la realidad fáctica de la unión de hecho, especialmente cuando viene acompañada de determinadas circunstancias, como son los hijos en común, la copropiedad de la vivienda u otros bienes, las relaciones económicas de la pareja que comparte gastos o, desde otro punto de vista, la violencia de género, no puede dejar de producir consecuencias jurídicas. De esta forma se han ido adoptando decisiones judiciales y se han dictado normas legales, reglamentarias o convencionales que contemplan específicamente la situación de las uniones de hecho bajo distintos sinónimos (uniones de hecho, parejas de hecho, convivencia "more uxorio", etc.) y le atribuyen consecuencias jurídicas. Podemos sin embargo decir que el legislador estatal no ha cumplido la tarea que se deriva del artículo 39.2 de la Constitución, puesto que al dejar sin regulación las uniones de hecho se afecta ineludiblemente a la situación socioeconómica de los hijos nacidos de las mismas y de las madres, por lo que la mera igualdad formal (que ni siquiera se puede considerar que se haya alcanzado, al menos en el caso de las madres) no subsana la igualdad material, real y efectiva, como mandata el artículo 9.2 de nuestra Constitución".

Buena y sosegada lectura, que es larga. Sigo pensando que, en el plano internacional, la "guerra" no está perdida.

Referencia de la Sentencia

STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026

ECLI: ES:TS:2026:884 | Sala: de lo Social | Nº de Resolución: 158/2026 | Municipio: Madrid

Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO | Nº Recurso: 1788/2024

Enlace oficial: Consultar en CENDOJ

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RESUMEN: Pensión de viudedad. Pareja de hecho. Con carácter previo, se razona la falta de necesidad del planteamiento de una cuestión de prejudicialidad ante el TJUE. Con independencia de lo anterior, el requisito relativo a la formal constitución de la pareja de hecho mediante inscripción en registro o constitución en documento público, no es excusable en el caso de que se haya acreditado la existencia de violencia de género, en cuanto no consta la voluntad de los dos miembros de la pareja conviviente de constituirla formalmente, habiendo existido un periodo relevante de tres años previos al inicio de los malos tratos. La interpretación con perspectiva de género no habilita un resultado contra legem, cuando la norma considerada no es contraria a la Constitución ni a norma internacional alguna. Esta Sala aplica el indicado criterio hermenéutico con normalidad, y lo ha hecho para excusar la existencia de convivencia en la pareja de hecho en caso de violencia de género, o la propia celebración del matrimonio en caso de fuerza mayor obstativa, pero una cosa es la excepción, y otra desconocer el caso general. Se ratifica la doctrina contenida en STS 623/2024, de 29 de abril (rcud 3003/2022). Votos particulares.

Y si no hay tiempo, esta presentación con #IA, está muy bien: