PAREJAS DE HECHO Y REGISTRO FORMAL. EL RDLEY 31/2026 REPARA UNA SITUACIÓN INJUSTA

Índice de contenidos

• Introducción
• 1. Justificación
• 2. Una previa. La reforma del CUME
• 3. La nueva acreditación de pareja de hecho. Con hijos no es necesario el registro formal, basta con la convivencia de dos años anteriores al fallecimiento
• 4. Se suprime la DA 40ª LGSS
• 5. Nueva norma transitoria respecto a la pensión de viudedad si la separación o divorcio es anterior a 1 de enero de 2008
• 6. Reconocimiento de la pensión de viudedad de parejas de hecho en supuestos excepcionales
• 7. Y todo lo anterior también se aplica a Clases Pasivas
• 8. A modo de conclusión

Ya hace mucho tiempo que empezaba a perder la esperanza respecto a la ampliación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho no registradas formalmente. Cerrada la puerta por la Sala Social del Tribunal Supremo, y antes por el propio Tribunal Constitucional, algunas pequeñas batallas consiguieron que por lo menos siguiera viva la llama, y con ella la esperanza de su reconocimiento. Así, la STS, a 07 de abril de 2021 - ROJ: STS 1283/2021, declaró el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad en Clases Pasivas, entendiendo que la constitución de la pareja de hecho - y no solo la convivencia- podían acreditarse mediante cualquier medio valido en Derecho, pero la STS, a 24 de marzo de 2022 - ROJ: STS 1290/2022 cerró rápidamente esa puerta, resolviendo la cuestión en el sentido de fijar como doctrina que “ […] la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad mediante los medios señalados en el párrafo cuarto del artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, es decir mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos años al fallecimiento del causante”. Alineándose con la jurisprudencia de la Sala de lo Social. Aquí lo comenté.

Mientras, a nivel europeo se dictaban sentencias por el TEDH, aquí y aquí que incluso obligaron a la Sala Cuarta a revisar sentencias firmes que habían denegado la pensión de viudedad. Pero ¿afectaba aquella doctrina a la situación de las actuales parejas de hecho no registradas? Pues no, porque el TEDH lo que hizo es reconocer la expectativa de derecho de las parejas en que falleció su pareja antes de dictarse la STC 40/2014, o si fue con posterioridad, antes de que transcurriesen dos años –el tiempo de registro exigido por el párrafo segundo del artículo 221.2 TRLGSS-, que legítimamente esperaban que sí se declarase su derecho a la pensión de viudedad. Y nada más.

Algún fogonazo, como el Auto de 17/11/2023 de la Sala Social del TSJ IB en que decidió: "Plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del segundo párrafo del art. 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por si el mismo pudiera ser contrario al art. 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por razón de sexo, en relación a los artículos 39 y 41 de la propia Constitución, relativos -respectivamente- a la protección social, económica y jurídica de la familia y a la protección social ante situaciones de necesidad". La respuesta llegó en el Auto 89/2024, de 24 de septiembre (BOE núm. 264, de 01 de noviembre de 2024) ECLI:ES:TC:2024:89 el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión a trámite ya que “[…] aun teniendo en cuenta la efectiva feminización de la pensión de viudedad, el requisito legal aquí cuestionado se adecúa a la Constitución al justificarse en factores objetivos ajenos al sexo de los potenciales beneficiarios, cuales son favorecer la seguridad jurídica, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad Social. Así, como ya ha expresado este tribunal, […]”. Aquí lo comenté.

No obstante, en un nuevo intento, diversas sentencias dictadas por el TSJ Madrid, Sala Social, cuestionaban que el TS no había valorado aún la incidencia del RDLey 2/2024 en cuanto a "pauta interpretativa": "Como se ve y a diferencia de lo que sucedía cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo de 25-4-24, Rec. nº. 4220/21, el requisito formalmente exigido de publicidad de la pareja de hecho ya no se impone en el caso de que ésta haya tenido algún hijo, como sucede en el caso que aquí se enjuicia. No es la primera vez que la Sala IV acude al sentido orientador de una norma no vigente a la fecha a la que contrae su pronunciamiento para determinar el sentido en el que debe resolver". Aquí lo expliqué.

Pero ese intento murió en la orilla. El mismo magistrado que en la sala madrileña defendió la aplicación informal de la constitución de la pareja de hecho, en la STS, a 16 de abril de 2026 - ROJ: STS 1892/2026, ahora ya en el Supremo, dijo lo contrario, señalando que “La dimensión o perspectiva de género a la que alude la recurrida, en atención a que la mayoría de las personas que acceden a la pensión de viudedad son mujeres, no puede eximir del requisito formal de la inscripción en el Registro de Parejas de hecho, ya que ello supondría una interpretación contra legem, no un canon de interpretación y aplicación de la norma”. Lo cierto es que no podía ser otra la respuesta del Magistrado, Rafael López Parada, ya que poco antes se había dictado la STS, a 11 de febrero de 2026 - ROJ: STS 884/2026, en que el Pleno decidió -con una rigurosidad para mí durísima- que también era exigible el requisito del registro formal a las víctimas de violencia de género de una pareja de hecho. Al menos, en aquel momento opuso resistencia con un magnífico voto particular -de hecho fueron dos, aunque con diferentes lecturas-, que entiendo fundamentaban un posible recurso de amparo el primero, y el segundo lo reforzaba y además abría el camino al TEDH... ¿Y quizás a futuras cuestiones prejudiciales ante el TJUE? Aquí lo comenté.

En fin, todo muy difícil pero me dijo una vez el magistrado Joan Agustí que no dejase nunca esta lucha. Y, acompañando a las mujeres que seguía reivindicando su derecho, intentamos defender jurídicamente nuestra posición:

• En RTVE en Objetivo Igualdad: Viudas sin derechos
• En Canal Sur: Cuando no se cobra la pensión

“Golpe a golpe, verso a verso”…

Aun así, me preguntaba, y más desde la durísima sentencia del Pleno de 11 de febrero de 2026 que he comentado, si la cuestión quedaba zanjada ya definitivamente. Sigo musical, “sorpresas te da la vida” y si mantenía un hálito de esperanza era por que la Disposición adicional tercera de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, en sede de "concepto de pareja de hecho a efectos del sistema de Seguridad Social" había previsto que en el plazo de un año -más que superado-, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones analizaría la configuración de la pareja de hecho desde el punto de vista de la Seguridad Social, a efectos de determinar su alcance en orden a garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional. Recordemos que aquella ley había flexibilizado algunos aspectos concretos del acceso de la pareja de hecho a la pensión de viudedad, pero dejó inalterado el requisito de inscripción formal. Ya lo comenté aquí, aquí y aquí.

Y así estábamos a la expectativa, esperando que se tuviera en cuenta lo que indicaba Sempere Navarro "... existe un importante movimiento social para que las cosas se interpreten de ese modo...", por ejemplo.

Hasta que esta mañana no hemos despertado con el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales.

Para mí, inesperado -también lo fue la modificación parcial de la Ley 21/2021-, pero aquí está, junto con otras medidas que ahora no comentaremos, pero rompiendo la muralla de la inscripción formal. Voy con mi comentario, urgente y en una primera lectura de qué supone para la pensión de viudedad de pareja de hecho esta norma.

1. Justificación

Antes que nada, y después del recorrido “histórico” quiero señalar la justificación de la reforma que efectúa la EM, dice así:

“Asimismo, se flexibilizan determinados requisitos de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho que tengan hijos o hijas en común, eliminando exigencias formales que han venido generando situaciones de desprotección y una elevada litigiosidad. La reforma persigue adecuar la regulación al principio de realidad social que inspira la evolución reciente de esta prestación y garantizar una protección efectiva a quienes mantienen una convivencia estable y acreditada. Estas modificaciones se incorporan igualmente al Régimen de Clases Pasivas del Estado”.

Más vale tarde que nunca, pero es cierto que generaba situaciones de desprotección gravísimas, especialmente con hijos pequeños que quedaban huérfanos. Es menos cierta la litigiosidad, existente, pero mucho menor en los últimos años.

Justifica además la urgencia:

“Por otra parte, las modificaciones introducidas en determinadas prestaciones del sistema responden a la necesidad inmediata de garantizar niveles adecuados de suficiencia y equidad. En particular, la adaptación del régimen de la pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho con hijos o hijas en común resulta urgente para evitar situaciones de desprotección derivadas de exigencias formales que no se corresponden con la realidad social actual, así como para reducir la elevada litigiosidad existente en esta materia, idéntico presupuesto habilitante se encuentra para la modificación de la prestación de orfandad derivada de una situación de violencia contra la mujer”.

Ya vemos que los motivos son los mismos. Pero es que es cierto, no se había cumplido el mandato de la Ley 21/2021, y además, denegaciones anteriores exigen esta rápida reacción.

2. Una previa. La reforma del CUME

No voy a tratar aquí la reforma del CUME, pero sí señalar el nuevo apartado 5 del artículo 191 LGSS que dice:

«A los efectos previstos en este capítulo, la constitución y existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, en su caso, o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. No se exigirá el requisito de inscripción en un Registro de parejas de hecho, ni constitución de dicha pareja en documento público, en el caso de que se tengan hijos o hijas comunes.»

Es decir, como ya hizo el RD-ley 2/2024 con respecto al subsidio de desempleo y el IMV, ahora, en el caso de hijos comunes, la pareja de hecho, a efectos de la prestación CUME, no exige registro formal.

3. La nueva acreditación de pareja de hecho. Con hijos no es necesario el registro formal, basta con la convivencia de dos años anteriores al fallecimiento

Sigue la regulación “clásica” de la pensión de viudedad de pareja de hecho en el artículo 221 LGSS, exigiendo los requisitos clásicos, pero se añade un párrafo tercero en el punto 2, que dice:

“En el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante. Dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.»

Es decir, aunque se sigue exigiendo, con carácter general, acreditar la pareja de hecho “mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja” existe ahora una nueva excepción, que se interpreta de la siguiente manera: si existen hijos en común NO se exige registro formal, basta con acreditar la convivencia, eso sí, que sigue siendo de dos años e ininterrumpida, anteriores al fallecimiento.

¿Y cómo se acredita la convivencia? El nuevo párrafo dice que “mediante el correspondiente certificado de empadronamiento”. Pero creo que hemos de recordar que el Tribunal Supremo, respecto la convivencia de 5 años mantiene una doctrina muy reiterada respecto a que cabe cualquier medio de prueba -facturas, contratos, testigos, etc.-.

Insisto: la sustitución del registro formal por la convivencia es solo si hay hijos en común.

4. Se suprime la DA 40ª LGSS

Es disposición se introdujo por la ley 21/2021, tras efectuar cambios en el acceso a la pareja de hecho -lo más importante fue la expulsión del requisito de dependencia económica y la no exigencia de convivencia durante 5 años en caso de hijos en común-, lo que permitió a viudas a las que en su momento se le denegó la pensión, y con la nueva norma sí habrían accedido, poder reactivar aquella. Como solo se permitió recuperar la pensión durante el ejercicio 2022, ya no tenía sentido que siguiera en vigor.

5. Nueva norma transitoria respecto a la pensión de viudedad si la separación o divorcio es anterior a 1 de enero de 2008

Esto exige una explicación previa de carácter histórico. Cuando se aprobó la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, además de introducir por primera vez la pensión de viudedad para parejas de hecho -con todas las restricciones que conocemos y sin hacerlo en pie de igualdad con respecto a las parejas matrimoniales-, también introdujo “restricciones” en el acceso a la pensión de viudedad de los excónyuges, y en concreto, que sin pensión compensatoria, no nacía el derecho a la pensión de viudedad. Esto se introdujo en la ya derogada DT 18ª LGSS 1994, y que ahora es en el actual Texto Refundido la DT 13ª LGSS 2015. La DT original se dictó porque se constataron situaciones injustas, que dejaban si pensión a mujeres separadas o divorciadas con matrimonios muy largos, y en concreto, una de las situaciones era que la mujer tuviese 65 años y el matrimonio no fuese inferior a 15 años. La entonces diputada del PSC que formaba parte del Pacto de Toledo me llegó a decir que a aquella DT le pusieron los apellidos de una señora gallega que se habría quedado sin pensión.

Pero uno de los problemas de la DT era que además “no debían tener derecho a otra pensión pública”. El tema llegó incluso al Tribunal Supremo, ya que si había coincidencia de beneficiarias, la pelea por se la única viuda con derecho era frecuente. Vean al respecto esta sentencia STS, a 16 de enero de 2024 - ROJ: STS 210/2024.

Dicho todo lo anterior, la nueva redacción supone:

• Ya no se exige “no tener derecho a otra pensión pública”. Fin de la discriminación frente al régimen normal de compatibilidad de la pensión de viudedad con cualquier otra. Y especialmente, fin a los litigios al respecto.
• Quien se vio perjudicada por aquella incompatibilidad antes de la entrada en vigor de este nuevo RD-ley, puede pedir la rehabilitación de su derecho en el plazo improrrogable de 12 meses desde ahora. Me parece una buena disposición, pero vuelvan a mirar ahora la STS 16/01/2024 que he indicado. En coincidencia de beneficiarias, si ahora la perjudicada pide su rehabilitación, la que actualmente cobra íntegramente la suya, se verá perjudicada al reducirse la pensión que venía percibiendo. Nuevos litigios, ya que la pensión de viudedad, no prescribe…

6. Reconocimiento de la pensión de viudedad de parejas de hecho en supuestos excepcionales

Una nueva disposición, en concreto la Disposición transitoria cuadragésima octava LGSS, va a permitir recuperar la pensión de viudedad, entiendo, a cuatro colectivos de viudas que perdieron a su pareja antes de 22/10/2026, y en concreto:

• A quienes se les denegó la pensión porque no estaban registradas como parejas de hecho formalmente, pero sí cumplían con el requisito de convivencia de dos años anterior al fallecimiento, con hijo(s) en común.
• A quienes no pidieron la pensión de viudedad porque no estaban registradas como parejas de hecho formalmente, pero sí cumplían con el requisito de convivencia de dos años anterior al fallecimiento, con hijo(s) en común.
• A quienes se les suspendió la pensión de viudedad porque cumplían con los requisitos pero tenían pensión propia y optaron por esta última. En este caso, si optaron por la de viudedad, ahora pueden pedir la compatibilidad de ambas pensiones.

Tengo dudas, y creo que quedan excluidas, al menos en una primera lectura:

• A quienes no pidieron la pensión de viudedad al amparo de la DA 40ª porque ya tenían pensión propia o porque no ejercieron su derecho en plazo. En fin, otro día le daremos vueltas a esta situación, que me parece injusta.

Ojo. Es evidente que esta disposición es para “reparar” dos injusticias. Una es la acreditación formal de la pareja de hecho y la segunda la incompatibilidad entre pensiones. De todas formas el resto de los requisitos es exigible y solo hay 12 meses desde ya para solicitar la pensión. Y efectos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, sin efectos retroactivos.

En todo caso, era innecesario decirlo, pero la suma de pensiones no puede rebasar el límite establecido para la concurrencia de pensiones.

Lo que sí se aventura es si el reconocimiento ahora llevará aparejado el complemento de brecha de género en aquellos casos que el fallecimiento fue anterior al 04/02/2021, es decir, al Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, pero que sus efectos se producen ahora. Ya veremos.

7. Y todo lo anterior también se aplica a Clases Pasivas

Así es, porque se modifican los artículos correspondientes, por lo que nada he de añadir, salvo que también tienen su propia DT 16ª para recuperar excepcionalmente en 12 meses la pensión de viudedad anteriormente denegada o suspendida.

8. A modo de conclusión

Mi conclusión solo puede ser positiva, y espero que la Diputación Permanente no ponga ningún problema para consolidar esta norma. Mientras, para todos aquellos que hemos estado en esta lucha, que no la hemos dejado nunca, gracias, muchas gracias. Ellas ya lo saben, pero me dirijo a Carmen, Silvia, Asia, a Joan, y a mis compañeras de fatigas, Raquel y Marta…

LLEGA AL SENADO EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49.1E) DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Actualización 30/04/2025: Texto aprobado por el Senado y, más importante, la norma finalmente aprobada: Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente

Aprobado el Proyecto sin modificaciones, valen las reflexiones que realicé inicialmente, en el post original.

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Post original: A la espera del texto definitivo que apruebe la alta cámara, ya ha entrado en el Senado el Informe del texto del Proyecto de Ley resultante de la incorporación de las enmiendas finalmente incorporadas al texto inicial, Proyecto de Ley 121/000033 por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente.

Ca Na Negreta, lo sabemos todos, ha revolucionado el panorama laboral, y donde antes actuaba la extinción automática de la relación laboral  sin derecho a indemnización, y con la excepción de la suspensión del art. 48.2 ET, en los casos de declaración de incapacidad permanente en grado de total, e incluso en grado superior, queda claro que se activa el derecho a que se realicen ajustes razonables, como persona con discapacidad que es, el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente. Pero, desde enero de 2024, se han dictado, sin necesidad de reforma legal, múltiples sentencias, bien declarando la improcedencia, bien la nulidad, como pude compartir con los compañeros de ASNALA, y han surgido diversas cuestiones paralelas, entre ellas las serias dudas sobre el despido por ineptitud sobrevenida ex. art. 52 a) ET, sobre el que postulo abiertamente que ha de ser considerado nulo, aunque no parece que de momento el TSJ CAT vaya en esa dirección, cuando, por ejemplo, en esta sentencia declara improcedencia, aunque no es menos cierto que no se postuló nulidad en suplicación. Y otras Salas de otras CC.AA también han confirmado, o bien la licitud del despido objetivo o bien la improcedencia, Así por ejemplo, la STSJ Cantabria, a 04 de marzo de 2025 - ROJ: STSJ CANT 101/2025 señala un sugerente argumento, cuando indica expresamente que "La directiva 2000/78 y doctrina del TJUE invocada, no obliga a mantener en un puesto de trabajo a una persona que no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad, entre los que figura, incluso, una eventual reducción de su tiempo de trabajo ( STS/4ª de fecha 22-2-2018, rec. 160/2016)". Y no menos interesante es el razonamiento que se efectúa en la  STSJ Castilla-La Mancha, a 13 de febrero de 2025 - ROJ: STSJ CLM 432/2025, que aboca a la improcedencia del despido: "Nos parece que, a la vista de las sucesivas reformas legislativas, y de la acumulación de distintas decisiones judiciales en diferentes ámbitos, se ha producido un desarrollo inarmónico y poco trabado de las materias relativas a incapacidad permanente, incapacidad temporal, discapacidad, prevención de riesgos y extinción de la relación laboral, y por ello mismo, entendemos que deben evitarse las consecuencias más graves y asistemáticas de esa potencial descoordinación, que en modo alguno pueden pasar por hacer responsable a una empresa de las peores consecuencias de una decisión a la que venía prácticamente obligada, y que se basa en un estado de cosas cuya acreditación le está completamente impedida".  No tengo claro que la nueva reforma del art. 49.1 e) ET resuelva ese denunciado "desarrollo inarmónico". En fin, ya lo veremos, pero la  STS, a 04 de febrero de 2025 - ROJ: STS 509/2025, aunque no entró en la cuestión, por falta de contradicción, ha supuesto que se se ratifique la nulidad de un despido por ineptitud sobrevenida, en aplicación de la doctrina anterior del TS respecto a la valoración del informe del Servicio de Prevención redactado a la tal efecto... Veremos cuando la nueva Sala del Tribunal Supremo se pronunciará expresamente sobre esta extinción específica.

Y también, poner de manifiesto  la calificación del despido a trabajadores que causan un proceso de IT, y la incidencia de la Ley 15/2022 (aquí nuestro TSJ ratifica la nulidad e indemnización adicional por el daño moral).

En fin, en rápido análisis del texto de la propuesta de ley, unos breves comentarios sobre la futura nueva norma. A saber:

1. Conceptos más importantes.

• Justificación de la reforma. El preámbulo de la previsible nueva ley argumenta que la reforma es necesaria para garantizar de manera más eficaz el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, en línea con la Constitución Española, la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Directiva 2000/78/CE. Y que busca evitar la discriminación por discapacidad concretada con la eliminación del despido automático por la mera declaración de ciertos grados de incapacidad permanente. Inevitablemente, aunque de forma breve, hace referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de enero de 2024 (asunto C-631/22), que al fin y al cabo, fue el detonante de esta reforma.

• Obligación de realizar ajustes razonables. La reforma introduce la obligación -y existente tanto en la normativa internacional como en la interna- para las empresas de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo antes de poder extinguir el contrato de un trabajador declarado en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad -nueva denominación de la gran invalidez-. Esta obligación se basa en el reconocimiento de que la discapacidad es un concepto en evolución y en la necesidad de garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Se cita la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 27.1 obliga a garantizar que las empresas realicen "los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al trabajo".

• Eliminación de la extinción automática por declaración de incapacidad permanente. Se elimina la automaticidad de la extinción del contrato de trabajo por la mera declaración de incapacidad permanente en el grado de total o superior. La empresa solo podrá activar esta causa de despido cuando no sea posible realizar ajustes razonables o no exista un puesto de trabajo vacante y disponible compatible con la nueva situación del trabajador, y siempre que la adopción de estas medidas suponga una carga excesiva. El preámbulo señala que "se elimina la automaticidad de la extinción del contrato de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y se condiciona la decisión empresarial a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación."

• Concepto de carga excesiva. El proyecto de ley define criterios para determinar cuándo la realización de ajustes razonables constituye una carga excesiva para la empresa. Se tendrá en cuenta el coste de las medidas en relación con el tamaño, los recursos económicos y el volumen de negocios de la empresa. Se especifica que "la carga no se considerará excesiva cuando pueda ser sufragada en grado suficiente mediante ayudas públicas." Para empresas de menos de 25 trabajadores, se establecen límites basados en la indemnización por despido improcedente o seis meses de salario del trabajador.

• Derecho del trabajador a mantener la relación laboral. El trabajador dispone de un plazo de diez días naturales para manifestar por escrito su voluntad de mantener la relación laboral tras la notificación de la resolución que califica la incapacidad permanente.

• Plazos para la empresa. La empresa dispone de un plazo máximo de tres meses para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo. Si el ajuste supone una carga excesiva o no existe puesto vacante, la empresa dispondrá del mismo plazo para comunicar la extinción del contrato de forma motivada y por escrito.

• Suspensión del contrato con reserva de puesto. Se modifica el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores para incluir el periodo entre la declaración de incapacidad permanente y la adaptación o cambio de puesto como supuesto de suspensión de la relación laboral con derecho a reserva de puesto de trabajo.

• Modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Se modifica el artículo 174.5 TRLGSS para adaptar la prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal y la efectividad de las pensiones de incapacidad permanente a las nuevas situaciones derivadas de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Se prevé la suspensión de la prestación de incapacidad permanente durante el desempeño del mismo puesto con adaptaciones u otro compatible. Ojo, que se dice, miedo me da esta previsión, que se efectúa "con carácter transitorio y hasta que se modifique la regulación relativa a la compatibilidad del trabajo con la percepción de la prestación económica por incapacidad permanente".

• Adaptación terminológica. Se adapta la terminología en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, sustituyendo "gran invalidez" por "gran incapacidad" e "invalidez no contributiva" por "incapacidad no contributiva". Menos mal.

• Procedimiento urgente en la Jurisdicción Social. Se establece que los procesos derivados de la extinción del contrato de trabajo previstos en el nuevo artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores tendrán un procedimiento urgente y tramitación preferente en la jurisdicción social.

• Mandato al Gobierno. Se habilita al Gobierno para desarrollar la ley y se le encomienda la presentación de una propuesta de modificación normativa sobre la compatibilidad entre trabajo e incapacidad permanente en el plazo de seis meses, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. También se prevé una propuesta similar para los regímenes especiales de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas en el plazo de doce meses.

2. Articulación de la reforma. Normas que se ven afectadas.

2.1) Estatuto de los Trabajadores.

• Se modifica el art. 48.2, en sede de causas de "suspensión con reserva de puesto de trabajo" añadiendo a la ya existente reserva del puesto de trabajo  durante dos años tras la declaración en IPT o grado superior, si establecía el INSS la posibilidad de mejoría que permitiese la reincorporación, el nuevo supuesto de suspensión en un segundo párrafo; "En los supuestos previstos en la letra n) del artículo 49.1 se considerará también que subsiste la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante el tiempo en que se resuelven los ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante y disponible". Por tanto, si el trabajador solicita expresamente que se activen ajustes razonables y hasta la finalización del procedimiento, bien con el ajuste o con la denegación del mismo o bien con el cambio de puesto de trabajo, se activa la suspensión, que entiendo no exige previsión de mejoría por parte del INSS, sino que se produce automáticamente.

• Se modifica la letra e) del artículo 49.1, que queda redactada como sigue: «e) Por muerte de la persona trabajadora.». Desaparece del este epígrafe, recordemos, en sede de "Extinción del contrato", la anterior referencia a "gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2". 

• Se añade una nueva letra n) en el artículo 49.1. Es en esta nueva letra del artículo 49, en epígrafe excesivamente largo, donde se ha ubicado la anterior referencia como causa de extinción de la relación laboral del anterior 49.1 e) que decía por declaración de gran incapacidad (cambio de denominación de la gran invalidez), incapacidad permanente absoluta o total de la persona trabajadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2. Y establece el procedimiento para que se activen los ajustes razonables y, si no son posibles o el trabajador los rechaza, extinción automática. Son los siguientes:

• Expresamente se indica que la declaración de aquellos grados de incapacidad permanente, por la ubicación sistemática del nuevo epígrafe 41.1 n), solo sería ¿automática? en tres supuestos 1) cuando no sea posible realizar los ajustes razonables por constituir una carga  excesiva para la empresa, 2) cuando no exista un puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora o 3) cuando existiendo dicha posibilidad la persona trabajadora rechace el cambio de puesto de trabajo adecuadamente propuesto. Ya empezamos con los problemas, ¿qué perfil profesional ha de valorarse? Si la persona trabajadora es graduada en derecho y fue contratada como teleoperadora, ¿se ha valorar esa cualificación para ofrecer otro puesto de trabajo?. En cuanto a que sea "adecuadamente propuesto", ¿a qué hace referencia?, ¿a la adecuación del procedimiento de propuesta o al contenido de la misma, o ambas cosas?

• Para determinar si la carga es excesiva dice que se tendrán particularmente en cuenta el coste de las medidas de adaptación en relación con el tamaño, los recursos económicos, la situación económica y el volumen de negocios total de la empresa. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas. Indefinición absoluta que no hace más que reproducir el Considerando 21 y el art. 5 de la Directiva 2000/78, y los arts. 2 m) y 40 RDLeg. 1/2013. No parece que se hayan esforzado mucho al respecto, la verdad.

• Si se han esforzado en determinar que en empresas con menos de 25 personas trabajadoras sí se establecen parámetros "objetivos" para considerar cuando es excesiva la carga. Entiendo la protección de las pequeñas empresas, pero ¿por qué el límite en menos de 25? En todo caso, en esas empresas, cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo supere la cuantía mayor de entre las siguientes, 1) indemnización que correspondiera a la persona trabajadora en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 ET o 2) seis meses de salario de la persona trabajadora que solicita la adaptación. Pero, me pregunto, ¿entonces protegemos la situación de discapacidad o a las personas trabajadoras con mayor antigüedad y/o salario? 

• Y el trabajador es el que, por el redactado de la norma, tiene que activar el procedimiento, en "... un plazo de diez días naturales desde la fecha en que se le notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente... para manifestar por escrito a la empresa su voluntad de mantener la relación laboral". Y, ¿si no lo hace por escrito, pero si lo manifiesta de forma fehaciente?, ¿y si lo efectúa después de aquellos 10 días?, ¿y por qué naturales, no es más lógico que sean hábiles?

• Activado el procedimiento por el trabajador, la empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que se le notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente, para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo. Hemos de entender que el INSS comunique correctamente la resolución -en el caso de la empresa es un "oficio", ya que no se informa ni de grado, ni de base reguladora, ni de las lesiones-, ¿los tres meses no deberían ser desde la petición del trabajador?, ¿y si la empresa sí realiza el procedimiento de ajustes pero finaliza, comunica y/o efectúa con posterioridad, se entiende como incumplimiento y provoca que nos encontremos ante una extinción?

• Y finaliza el artículo, que 1) cuando el ajuste suponga una carga excesiva o 2) no exista puesto de trabajo vacante, la empresa dispondrá del mismo plazo, o sea 3 meses, para proceder a la extinción del contrato. Ya tenemos el coctel perfecto para el litigio judicial. Por escrito, alegando la/s causa/s -pueden concurrir ambas- y si que se anude efecto a dicha extinción -¿se vehicula como un despido objetivo por ineptitud sobrevenida o es automática?-. Y en empresas de menos de 25 trabajadores, si la "carga excesiva" es porque el despido improcedente o 6 mensualidades son  inferiores al coste del ajuste, ¿no estamos abocando a la declaración de improcedencia?, ¿o podría el trabajador realizar un reconocimiento de derecho para obtener el ajuste razonable y su derecho a la empleabilidad? En fin, creo que volvemos a la casilla de salida de Ca Na Negreta.

• Finaliza el artículo señalando que los servicios de prevención determinarán, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y previa consulta con la representación de las personas trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales, el alcance y las características de las medidas de ajuste, incluidas las relativas a la formación, información y vigilancia de la salud de la persona trabajadora, e identificarán los puestos de trabajo compatibles con la nueva situación de la persona trabajadora. En fin, y ¿qué ocurre cuando no exista representación de los trabajadores?, ¿y si es el empresario el que asume la prevención en la empresa, ha de tener conocimiento de las lesiones? Más problemas. 

2.2) Ley General de la Seguridad Social.

• Se modifica el apartado 5 del artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. En realidad lo que hace es añadir un nuevo párrafo con el siguiente contenido, dejando inalterada la redacción anterior -es el artículo que regula la fecha de efectos de la declaración de IP, y finalización del subsidio de IT-: "En aquellos casos en los que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1.n) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la declaración de incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran incapacidad no determine la extinción de la relación laboral, por llevar a cabo la empresa la adaptación razonable, necesaria y adecuada del puesto de trabajo a la nueva situación de incapacidad declarada o por haber destinado a otro puesto a la persona trabajadora, la prestación de incapacidad permanente se suspenderá durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible con la percepción de la pensión que corresponda, de acuerdo con el artículo 198". O sea, establece que, en caso que sí se realicen ajustes razonables o  cambio de puesto de trabajo, ocurrirá, entiendo y es mi opinión, lo siguiente con respecto a la pensión de incapacidad permanente, teniendo en cuenta lo que actualmente establece el artículo 198 LGSS, ya adaptado a la STS 11/04/2024 (aquí lo explico):

- Declaración de IP en grado de total, y realización de ajustes razonables y desempeño del mismo puesto de trabajo: Incompatibilidad del salario del puesto de trabajo y de la pensión. Suspensión de la pensión mientras se realice el trabajo adaptado.

- Declaración de IP en grado de total, y realización o no de ajustes razonables y desempeño de un puesto de trabajo compatible con el estado de salud: Compatibilidad del salario del nuevo puesto de trabajo y de la pensión -el 55% incluso si es mayor de 55 años-, mientras se realiza esa nueva actividad, "siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total".

- Declaración de IP en grado de absoluta, y realización o no de ajustes razonables, y desempeño del mismo puesto de trabajo o de cualquier otro: Incompatibilidad del salario del puesto de trabajo y de la pensión. Suspensión de la pensión mientras se realice la actividad laboral.

- Declaración de IP en grado de Gran Incapacidad, y realización o no de ajustes razonables, y desempeño del mismo puesto de trabajo o de cualquier otro: Incompatibilidad del salario del puesto de trabajo y de la pensión. Suspensión de la pensión mientras se realice la actividad laboral. Ahora bien, sí seguirá percibiendo el complemento por necesidad de tercera persona.

2.3) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

• Se numera el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 2 al artículo 120 de la Ley 36/2011. O sea, si al párrafo ya existente, en sede de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, que ya señalaba que ese tipo de extinciones se regían por lo dispuesto en el capítulo de la LRJS relativo a los procesos por despidos, se añade un punto segundo que ahora dirá "en los supuestos de extinción de contrato de trabajo previsto en el artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores el procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente", es que ya tenemos claro que las discusiones sobre esta cuestión quedan abocados al procedimiento de despido. Pero, ¿el objetivo de la reforma no era proteger a las personas con discapacidad?

3. Conclusión. 

Muy breve, esta reforma lo único que deja claro, al menos para mí, es que 1) el trabajador ha de realizar solicitud al respecto de la realización de ajustes razonables en 10 días, 2) que la empresa tiene un plazo de 3 meses para realizar los ajustes razonables, 3) y que si no los realiza deberá comunicar por escrito  y motivar la decisión. A lo que podemos añadir que 4) tenemos un criterio objetivo de carga excesiva para empresas de menos de 25 trabajadores y 5) que SPP/SPA  y RLT deben participar, aunque no sabemos cómo, en el procedimiento. Lo que sí está claro es que, salvo declaración de IPT y cambio de puesto de trabajo con requerimientos distintos a la que fue su profesión habitual, en todos los demás supuestos se suspende la pensión. Y que esto va a seguir acabando en procedimientos de despido en la jurisdicción social. Ojalá en el Senado se reoriente esta reforma, que puede ser admitida o no, pero creo que debería abocar, si no se pueden realizar los ajustes razonables o si existe carga excesiva al despido objetivo, pero indemnizado en consecuencia, mediante una nueva modalidad, que sería diferente a la actual ineptitud sobrevenida. Ahora, en esta circunstancias, la solicitud de declaración de improcedencia/nulidad está servida. 

A VUELTAS CON LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE IPA/GI Y ACTIVIDAD LABORAL. REFORMA DEL ART. 198.2 LGSS EN LA LEY 7/2024, DE 20 DE DICIEMBRE

 No voy a insistir más en las consecuencias de la STS 11/04/2024, ya que he dedicado diversas entradas en el blog (esta es la primera) -incluso a sentencias posteriores- al criterio /11/2024 del INSS, y ahora publicado en Iuslabor, el artículo que he compartido con el profesor y compañero de la UAB, Ricardo Esteban Legarreta.

Pero me ha pasado inadvertido, y creo que a la mayoría de operadores jurídicos, la reforma del art. 198.2 LGSS, en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias.

Y he tenido conocimiento gracias a la magnífica revista mensual "Ciudad del Trabajo" que realiza el Magistrado del TSJ Catalunya, Miquel Àngel Falguera. ¡Gracias! 

Pues bien, la Disposición final décima tercera de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, establece:

Se modifica el apartado 2 del artículo 198 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente redacción:

«Artículo 198.

[…]

2. Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

En el supuesto de que el pensionista realice un trabajo o actividad que de lugar a la inclusión en un régimen de la seguridad social, la entidad gestora suspenderá el pago de la pensión. La entidad gestora reanudará el pago de la misma cuando se produzca el cese en el trabajo o actividad. Todo ello sin perjuicio de la eventual revisión del grado de incapacidad permanente.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el complemento de gran invalidez destinado a que la persona beneficiaria pueda remunerar a la persona que le atienda no se suspenderá por la realización de un trabajo incompatible con la pensión.»

En vigor desde 22/12/2024, por cierto.

¿Qué cambia respecto a la redacción anterior? Vamos con ello:

- El primer párrafo del art. 198.2 LGSS, es decir, "Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión", es idéntico a la anterior redacción, por lo que la conclusión es muy clara: no se modifica el alcance de la STS 11/04/2024, por lo que IPA/GI son incompatibles con cualquier actividad laboral y/o retribuida.

- El siguiente párrafo, "En el supuesto de que el pensionista realice un trabajo o actividad que de lugar a la inclusión en un régimen de la seguridad social, la entidad gestora suspenderá el pago de la pensión. La entidad gestora reanudará el pago de la misma cuando se produzca el cese en el trabajo o actividad. Todo ello sin perjuicio de la eventual revisión del grado de incapacidad permanente", es lo    que ya el INSS aceptó como  consecuencia de la nueva jurisprudencia, y es que el pensionista sí puede trabajar, pero el efecto, que no se establecía en la STS, es la inmediata suspensión de la pensión y reanudación tras el cese en el trabajo o actividad. Y no hacía falta decirlo, ya estaba previsto legalmente, cabe de forma paralela, que se inicie expediente de revisión de grado.

- Y, el último y también nuevo párrafo del nuevo art. 198.2 LGSS establece que "Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el complemento de gran invalidez destinado a que la persona beneficiaria pueda remunerar a la persona que le atienda no se suspenderá por la realización de un trabajo incompatible con la pensión". Por tanto, y me parece lógico y sensato, en caso de actividad incompatible con la pensión, se sigue percibiendo el complemento de necesidad de tercera persona de la Gran Invalidez.

En fin, es la positivización del Criterio 11/2024, pero hay una cuestión que no aborda, y es la fecha de "efectos" de la incompatibilidad. La norma está en vigor desde 22/12/2024, y el INSS en su criterio -que no es norma jurídica- establecía la compatibilidad de las situaciones anteriores al cambio de jurisprudencia... ¿y ahora, lo siguen siendo, o la fecha de entrada en vigor del nuevo art. 198.2 LGSS supone la incompatibilidad sobrevenida? Ya lo veremos...

BREVE ANÁLISIS DEL RDLEY 11/2024. ENÉSIMA, PERO SEGURO QUE NO ÚLTIMA, REFORMA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.

Actualización 23/01/2025: Convalidado en el Congreso. Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. BOE-A-2025-1138

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A pocos días de finalizar el año 2024 se publicó el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo (BOE, Núm. 309). Aunque en las redes existen ya diversos comentarios sobre la nueva norma, la mayoría reproducen la nota de prensa del Gobierno, pero es de obligada lectura el comentario, como siempre acertado, de nuestro admirado profesor, Eduardo Rojo (aquí).

Señala la exposición de motivos de la norma que el objetivo principal es mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, con la finalidad de prolongar la vida laboral de forma voluntaria y adaptándose a las necesidades individuales.

También se explicita que en la EM del Real Decreto-ley que se justifica por la "extraordinaria y urgente necesidad" de dar cumplimiento a la recomendación 12 del Pacto de Toledo y al Acuerdo Social del 18 de septiembre de 2024, suscrito por los agentes sociales y el Gobierno. Se argumenta que la demora en la implementación de estas medidas generaría incertidumbre entre los trabajadores y afectaría la economía. Es más, se afirma que la urgencia de la norma viene justificada en "... seguir garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones" y que "las medidas que se incluyen ahora en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social contribuyen también a la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social, por lo que interesa que comiencen a desplegar sus efectos cuanto antes y, por tanto, que sean adoptadas sin más demora".

En fin, con la excepción de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, en la última década todas las normas que han reformado el sistema de pensiones se han acordado por legislación de urgencia, y creo que ni es adecuado ni está justificado. Es más, creo que tiene la clara intención de evitar el necesario examen en las Cortes Legislativas, y el aún más necesario debate público que exigen este tipo de medidas, que tarde o temprano, nos afectan a todos.

Dicho lo anterior. Pasamos a su examen, que no es ni mucho menos exhaustivo, sino que pone de relieve las cuestiones más interesantes.

1. Incentivos para la permanencia en la actividad.

- Incremento del Complemento de Demora. Permanece el complemento económico del 4% por cada año trabajado después de la edad ordinaria de jubilación sobre la base reguladora. La novedad es que a partir del segundo año, se podrán computar periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año, a los que corresponderá un 2% adicional. Art. 210.2 a) LGSS. Ese incremento por "semestres" también es de aplicación para el cálculo del complemento a tanto alzado y de la figura mixta.

- Compatibilidad del Complemento de Demora con la Jubilación Activa. Se elimina la incompatibilidad previa que introdujo la Ley 21/2021, permitiendo a los trabajadores que retrasan su jubilación causar ambos beneficios -hay que tener en cuenta que tanto el acceso a la demora como a la jubilación activa exigen el retraso en la jubilación de al menos un año-. Ahora bien, en todo caso, mientras se mantenga la jubilación activa no se generará incremento alguno del complemento.

- Modificación del apartado 3, párrafo segundo, del art. 210 LGSS. Esta "pequeña" reforma no afecta la jubilación demorada, sino que tiene relación con la jubilación anticipada voluntaria del art. 208 LGSS, y según la propia EM obedece a un error de nomenclatura. Así, donde antes decía, en el  "No obstante, en el supuesto de que la base reguladora de la pensión calculada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 resultase superior al límite de la cuantía inicial de las pensiones, establecido en el artículo 57, los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite ", ahora dice "No obstante, en el supuesto de que el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los meses de cotización acreditados fuese superior al límite de la cuantía inicial de las pensiones, establecido en el artículo 57, los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite". En fin, no es fácil ser operador jurídico en estos tiempos, pero insisto, es que poca transcendencia tenía, porque ya lo aplicábamos así, en el sentido de establecer los coeficientes reductores por anticipación sobre la pensión máxima.

- Modificación del art. 213.1 LGSS. Habrá que ver el desarrollo reglamentario, aunque esa compatibilidad ya existía, la jubilación con el trabajo a tiempo parcial. Lo que desaparece de la norma es el apartado que establecía "Durante dicha situación, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable". Veremos que se dirá en el reglamento y como se regulará la "minoración" o no, de la pensión.

2. Flexibilización de la Jubilación Activa.

- Eliminación del requisito de tener derecho al 100% de la base reguladora. Se elimina la necesidad de haber cotizado lo suficiente para obtener el 100% de la base reguladora para acceder a la jubilación activa -cuestión que había sido abordada por el TS, resolviendo en el sentido que era en la fecha de cumplimiento de la edad ordinaria cuando se debía cumplir con el mismo-. Ahora el nuevo art. 214.1 LGSS establece que "Siempre que en la fecha de cumplimiento de la edad [...] se hubiera reunido el periodo mínimo de cotización [...], la percepción de la pensión de jubilación [...] será compatible con la realización de cualquier trabajo [...]". Es decir, desaparece la referencia a "El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por ciento". Como se señala en la EM, esta reforma facilita el acceso a esta modalidad de jubilación compatible con el trabajo, y además tiene una incidencia positiva desde la perspectiva de género, ya que es indudable que era un requisito muy difícil de cumplir para las mujeres, con carreras de cotización inferiores a los hombres.

- Nuevo porcentaje variable en función de la demora en la Jubilación. El porcentaje de la pensión percibida en jubilación activa se establece en una escala gradual, superior por cada año de retraso en el acceso, y que va desde el 45% (un año) al 100% (cinco o más años), en función de los años de demora en acceder a la pensión. Una vez se accede a dicha situación, el incremento del porcentaje por permanecer en jubilación activa es de 5 puntos porcentuales por cada 12 meses continuos, sin poder superar el 100% de la base reguladora, claro. Así, ya no se accede directamente al 50% con un año de retraso -que es ahora el 45%- pero el porcentaje es superior a aquel 50% si se demora dos o más años. A lo que hay que añadir que se "premia" con incremento del porcentaje en un 5% adicional cada año que se permanezca en jubilación activa. 

- Permanece el beneficio que permite percibir un mayor porcentaje de la pensión para los trabajadores del RETA que contraten a un trabajador adscrito a su actividad profesional. Ahora bien, se ha de tratar de un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido y con una antigüedad mínima de 18 meses, o si se contrata con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 75% (antes era del 100%) cuando la demora en el acceso a la pensión de jubilación haya sido de entre uno y tres años, aplicándose el porcentaje general desde el cuarto año de demora (es decir el 80%, etc...)

3. Nueva regulación de la Jubilación Parcial.

- Jubilación Parcial sin contrato de relevo. Se permite a los trabajadores que han cumplido la edad ordinaria de jubilación acceder a la jubilación parcial con una reducción de jornada entre el 25% y el 75% (antes era el 50%) sin necesidad de un contrato de relevo.

- Requisitos para la Jubilación Parcial antes del cumplimiento de la edad ordinaria. Para quienes no han alcanzado la edad ordinaria de jubilación, se establecen requisitos como una edad máxima 3 años menor a la ordinaria, 33 años de cotización, 6 años de antigüedad en la empresa y la celebración de un contrato de relevo. La novedad es, está claro, que se permite acceder antes, ya que la anterior normativa solo permitía anticipar como máximo 2 años respecto a la edad ordinaria. Ahora bien el primer año, si se accede con anterioridad de 3 años, la reducción  en ese exclusivo ejercicio, solo será de entre un 20 y un 33% de la jornada. 

- Modificación de las condiciones del contrato de relevo. Los contratos de relevo para jubilación parcial anticipada serán indefinidos y a tiempo completo, y deberán mantenerse al menos dos años después de la extinción de la jubilación parcial. La reforma conlleva también la modificación del artículo 12, apartados 6, 7 y 8, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, para adaptar el nuevo contrato del relevista y el de trabajo a tiempo parcial del trabajador relevado. 

- Extensión de la modalidad de jubilación parcial  a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en los términos previstos en el nuevo apartado 6 del artículo 215.

- Jubilación parcial en la industria manufacturera. Se amplía hasta el 31/12/2029 el régimen transitorio de la DT 4ª, apartado 6º LGSS -que hasta ahora se prorrogaba año a año. Ahora bien, y eso lo hace menos "atractivo" para los empleadores, se introduce un nuevo apartado g) en aquella DT (con un incremento progresivo), con la obligación de empresa y trabajador de cotizar por el 80% de la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido al jubilado parcial de seguir trabajando este a jornada completa, aunque es cierto que es un porcentaje inferior al que establece el artículo 215.2.f) LGSS como norma general.

- Precisiones en relación con la acumulación de jornada. Ahora el art. 215.3 LGSS positiviza lo que ya permitió el TS, "...la compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión permitirá, la acumulación del tiempo de trabajo en periodos de días en la semana, semanas en el mes, meses en el año u otros periodos de tiempo...".

4. Mejoras para los Trabajadores Fijos-Discontinuos.

- Recuperación del Coeficiente Multiplicador de 1,5. Se reintroduce el coeficiente multiplicador de 1,5 para el cálculo del periodo de carencia y la base reguladora de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia para los trabajadores fijos-discontinuos. Y es que, tras la reforma de la cotización de los trabajadores a tiempo parcial del RDLey 2/2023, de 16 de marzo, quedó en evidencia que el nuevo y más favorable trato a los trabajadores a tiempo parcial -todo los días de alta son días de cotización- perjudicaba a los Fijos-Discontinuos, en tanto en cuanto los periodos de inactividad, salvo que tuviesen derecho a desempleo contributivo o subsidio de mayores de 52 años, quedaban fuera del ámbito de protección del art. 247 LGSS. Este coeficiente, les dota de mayor protección.

- Complemento de Demora. El nuevo art. 248.4 LGSS establece la forma de cálculo para los trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos del complemento de la pensión de jubilación previsto en el artículo 210.2, previendo para los primeros que se tendrán en cuenta los periodos de cotización establecidos en el artículo 247.1, en tanto que para los trabajadores fijos-discontinuos se tendrán en cuenta los periodos de cotización aplicando lo previsto en el artículo 247.2, es decir, aplicando el coeficiente del 1,5.

5. Reforma del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Y, concretamente, de los apartados 1 a 4 de su artículo 33, a fin de extender a los empleados públicos encuadrados en el Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado las mejoras introducidas para el resto de los regímenes en materia de compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad del pensionista del art. 214.1 LGSS, además de incluir algunas modificaciones que mejoran su régimen jurídico a esos efectos.

6. Evaluación y Seguimiento.

- Evaluación de la Jubilación Parcial. Se establece una evaluación del impacto de la reforma de la jubilación parcial en 2028, considerando factores como la edad, la antigüedad en la empresa y las condiciones de los relevistas.

- Comisión de Seguimiento de Convenios de Mutuas y Servicios Públicos de Salud. Se crea una comisión para supervisar la ejecución de los convenios entre mutuas y servicios públicos de salud, así como para analizar la incapacidad temporal. Es curioso, y casi se ha hecho con "alevosía y nocturnidad", pero llevo tiempo denunciando que existe mucho "ruido de fondo" con respecto al supuesto incremento del coste de las prestaciones de IT por contingencias comunes (aquí, una reflexión sobre las "bajas flexibles"). Y cuando en este RDLey dicen que van a estudiar la situación, por la puerta de atrás, pocos días después, se publica la Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024 ¿Y qué ha establecido? El incremento de la fracción de cuota que perciben las MCSS en la gestión de la ITCC, que pasa, con efectos de 1/1/2024 -retroactividad máxima- desde el 0,06 al 0,07 (si se acredita insuficiencia financiera), al 0,081 (si el resultado es negativo), tanto para el RGSS como para el RETA. Y con incremento también para el Régimen Agrario. En fin, todo se arregla con dinero. El nuestro, por cierto.

- Se procederá a la modificación del Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre. Es evidente que a más de 20 años de su promulgación, es necesario para adaptarlo a la nueva regulación. Lógico.

 - También se procederá a a modificación del Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo. y es que, si en él se regulan las condiciones respecto al calculo de la demora de jubilación, en cualquiera de sus modalidades -incremento de la pensión, tanto alzado o fórmula mixta-, habrá que adaptarlo a la actual reforma.

7. Entrada en vigor. Con carácter general su vigencia se inicia el 25/12/2024. Pero, y así se puede ver en la nueva redacción de la LGSS en el BOE, dicha fecha es exclusivamente para el determinado contenido del artículo primero del RDLey, que son los apartados ocho (seguimiento convenios IT entre MCSS y SPS) y nueve (jubilación parcial industria manufacturera), así como los artículos segundo (reforma ET) y tercero (Reforma Ley Clases Pasivas). El grueso de la norma comenzará su vigencia el día 1 de abril de 2025.

8. A modo de conclusión.

El Real Decreto-ley 11/2024 introduce cambios importantes, pero a mi juicio no trascendentes, en el sistema de pensiones, con el objetivo de fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. A mayor retraso en el acceso a la jubilación, menor coste para el sistema. Y es cierto que se incentiva la permanencia en la actividad a través del complemento de demora, la flexibilización de la jubilación activa y se "renuevan" las condiciones para la jubilación parcial, pero, a falta de "memoria económica" en la norma, entiendo que en el Ministerio han calculado que los beneficios para el pensionista, en conjunto, son de un importe inferior al ahorro en el pago de pensiones de jubilación. Diferente consideración tiene la jubilación parcial, que aunque permita anticipar el acceso, lo hace mediante una reducción de jornada poco relevante a mi juicio, y endureciendo aún más las cargas empresariales, por lo que no sé si tendrá realmente algún tipo de repercusión positiva. Sí es muy positivo la mejora para  establecer los día de cotización de los trabajadores fijos-discontinuos. 

Ahora, a esperar a la próxima reforma...

PD. Detalle sobre la vigencia (01/04/2025) LGSS

EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE 52 AÑOS. REQUISITOS DE ACCESO Y MODIFICACIONES TRAS EL RDLEY 7/2023.

En Spotify: AQUÍ

ACTUALIZACIÓN 10/01/2024: El Congreso de los diputados no ha convalidado este RDLey 7/2023, por lo que no han entrado en vigor los cambios referentes al mismo.

Aunque en esencia no se ha modificado sustancialmente el subsidio de mayores de 52 años, sí ha sufrido algunos cambios tras la reforma genérica que ha efectuado el RDLey 7/2023 (aquí lo comento), por lo que creo que vale la pena realizar una visión de conjunto que nos permita apreciar como ha quedado definido en la actualidad.

1. ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA. PERIODO TRANSITORIO.

Cuidado, que la reforma del RDLey 7/2023, en lo que afecta a los subsidios de desempleo en general, y al de mayores de 52 años en particular, no entra en vigor hasta 01/06/2024. Por tanto, hasta que llegue esa fecha, a los subsidios ya reconocidos, o los que se puedan causar hasta dicho momento, quedan regulados por la normativa anterior a dicho RDLey (Aquí se puede acceder a la regulación vigente hasta 01/06/2024 y la evolución normativa de los últimos años).

Especial trascendencia tiene la cotización que se efectúa con respecto a la pensión de jubilación, que dará lugar a dos tipos de situaciones, en función de la fecha de reconocimiento del derecho. Así, a quien antes de 01/06/2024 tenga reconocido o se le reconozca que la fecha del hecho causante es anterior, cotizará por el 125 % de la base mínima de cotización, mientras que con posterioridad a la misma, para hechos causantes a partir de 01/06/202024, irá descendiendo paulatinamente, hasta establecerse en 2028 en el 100% de la BC mínima. Lo que se justifica en la EM por el incremento del SMI en los últimos años, que también incrementa la base mínima.

2. REGULACIÓN EN LA LGSS.

- En cuanto a los beneficiarios, teniendo en cuenta que ahora solo se reconocerán tres tipos de subsidio, el art. 274.3 establece que "serán beneficiarios del subsidio para trabajadores mayores de 52 años quienes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 280", ambos de la LGSS.

- En cuanto a la carencia de rentas, que son exclusivamente las propias del beneficiario, en el ar.t 275 LGSS.

- La suspensión, reanudación y extinción del derecho, por remisión del art. 279.3, serán las que se establecen en el art. 280 LGSS.

- El "grueso" de su regulación está ahora regulado ampliamente en el art 280 LGSS -nacimiento, cuantía, acceso, etc..-, lo que facilita su comprensión y alcance.

- El régimen de compatibilidad y la percepción del nuevo CAE -complemento de apoyo al empleo- se encuentran en el art. 282.3 LGSS.

- El acceso a la jubilación desde este subsidio se encuentra en el art. 285 LGSS.

- Aunque la cotización se recoge en el art. 280.9, no hay que perder de vista el art. 289.3 LGSS y la Disposición Transitoria 3ª del RDLey 7/2023.

3. REQUISITOS GENÉRICOS.

a. Inscripción como demandante de empleo. Art. 274.4 LGSS. Hay que mantener la inscripción durante todo el tiempo de percepción del subsidio, pero ahora su interrupción ya no es causa de sanción y pérdida de 1 mes, sino que es causa de suspensión que permite ser subsanada y su reanudación si pérdida del derecho. Y suscribir el acuerdo de actividad.

b. Tener la edad de 52 años, y en la fecha del hecho causante, así como acreditar todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, es decir, una cotización efectiva de 15 años durante toda la vida laboral, y de ellos 2, en los últimos 15.

c. Haber cotizado efectivamente en España durante al menos 6 años por desempleo a lo largo de su vida laboral.

d. Cabe acceder al subsidio, si se cumplen los anteriores requisitos y los demás exigibles, aunque no se tengan aún 52 años, si se permanece inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo desde la fecha del agotamiento de la prestación contributiva o de la situación legal de desempleo, hasta la fecha de la solicitud (cabe una interrupción de hasta 90 días naturales en dicha inscripción).

f. También se puede acceder desde el reconocimiento de otro subsidio durante el cual se cumplan los 52 años.

e. No se puede acceder desde la RAI ni desde un cese voluntario en la última relación laboral.

4. REQUISITO ESPECÍFICO: CARENCIA DE RENTAS, Y SU DINÁMICA.

Se ha de acreditar, en la solicitud y en todo momento, carecer de rentas propias, es decir, que los ingresos del beneficiario no superen el 75% del SMI sin inclusión de pagas extras, en el mes anterior natural a la solicitud. Es decir, solo computan sus rendimientos, no los de la unidad familiar.

Al respecto de la consideración de rentas o ingresos computables son las del art. 275.4 LGSS, y no se consideran como tales las del apartado 5 del mismo artículo. Muchas son las sentencias del TS, conformando una jurisprudencia que ahora se incorpora al redactado de la ley.

Por tanto:

a) Sí se consideran como rentas o ingresos computables (cito literalmente):

- Cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

- Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

- A tener en cuenta que las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

b) No se consideran rentas o ingresos computables:

- El importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social percibidas por la persona solicitante o beneficiaria.

- El importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica.

- El importe de las percepciones económicas obtenidas por asistencia a acciones de formación profesional o en el trabajo o para realizar prácticas académicas externas que formen parte del plan de estudios, obtenidas por la persona solicitante o beneficiaria o por cualquier otro miembro de la unidad familiar.

- A efectos de reanudaciones y prórrogas del subsidio, las rentas derivadas del trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o a tiempo parcial devengadas por la persona beneficiaria, durante el periodo de percepción del complemento de apoyo al empleo.

- Las rentas del trabajo y las prestaciones públicas percibidas por la persona solicitante que no se mantengan en la fecha de la solicitud.

En cuanto a la dinámica de la acreditación de rentas hay que tener muy presente las siguientes obligaciones:

- Inicialmente. Se ha de acreditar desde un primer momento, y aunque sería discutible si procede o no declaración responsable exigible en el resto de subsidios, me decanto porque es así, ya que difícilmente puede el SEPE comprobar inmediatamente las rentas del mes anterior, que solo podrá averiguar tras contrastar con otras AAPP´s la información aportada por el solicitante.

- Anualmente, aunque no haya variación de ingresos o no se supere el 75%SMI, se ha de presentar declaración anual de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corresponda. Dicha declaración se deberá presentar cada vez que transcurran 12 meses desde la fecha del nacimiento del derecho o desde la fecha de su última reanudación, en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que se cumpla el período señalado.

- En cualquier momento, si se obtienen rentas que superen el 75% SMI, existe obligación de comunicación al SEPE del incremento en sus rentas, ya que afecta al mantenimiento de su derecho, cuando que dicha circunstancia se produzca.

Dicho lo anterior, ya sabemos que lo que viene haciendo habitualmente la Entidad Gestora. Y así, detectada la superación de rentas, se suspende el subsidio, se declara la prestación indebida y se extingue por sanción el derecho. La diferencia con respecto a la regulación anterior, entiendo, es que permite, si el beneficiario no comunica en forma y plazo la superación de rentas, realizar la “comunicación” en la declaración anual de rentas, y entonces, si se ha realizado dicha comunicación antes que el SEPE detecte el incumolimiento salvar la extinción -quizás porque el legislador entiende que no es la misma actuación que quien se mantiene en la ocultación del ingreso. Y es que la norma establece ahora:

"Si el incumplimiento de los requisitos durante algún periodo dentro de los doce meses anteriores a la fecha en la que se ha de presentar la declaración anual de rentas no fuera comunicado por el beneficiario en el momento de producirse ni con ocasión de la primera declaración anual de rentas tras producirse dicha circunstancia, ni hubiera podido ser detectado durante la tramitación de esta primera declaración anual de rentas por la entidad gestora, una vez constatado por ésta, procederá a la regularización del derecho por el periodo que corresponda por incumplimiento de los requisitos, así como al inicio del correspondiente procedimiento sancionador por no comunicar la concurrencia de una causa de suspensión del derecho en el momento de producirse".

Atentos porque además se ha establecido, como nueva obligación de los perceptores de desempleo en general, y del subsidio, en particular, presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (art. 299.2 j) LGSS). Ahora bien, entiendo que la obligación solo nace si se tiene la condición de obligado tributario, y no es sancionable la falta de presentación, pero sí es motivo de suspensión del subsidio.

5. NACIMIENTO.

Al día siguiente de la fecha del hecho causante, si se pide en los 15 días siguientes. Solicitado fuera de ese plazo, nace el día de la solicitud. Recordar que ahora ya no existe el periodo denominado como "mes de espera".

6. CUANTÍA.

El 80% del IPREM vigente en cada momento. No le afecta el incremento de los otros subsidios durante los 360 primeros días.

7. CAUSAS DE SUSPENSIÓN.

Con carácter genérico son las del art. 271 LGSS para la prestación de desempleo -infracción LISOS, salida al extranjero más de 30 días, pero menos de 90, privación de libertad, realizar actividades laborales, incumplimiento de la inscripción como demandante de empleo, no cumplir el acuerdo de actividad, etc..-. Permite su reanudación cuando desaparece la causa suspensiva, ateniéndose a los procedimientos y plazos de aquel artículo.

Como causas de suspensión específicas de este subsidio se establece:

a) Cuando se cumplan doce meses desde la fecha de nacimiento del derecho o de su última reanudación, cuando no se haya presentado la declaración anual de rentas. No tiene mayor problema su reanudación, que se efectúa en cuanto se aporte.

b) En la fecha en que se deje de cumplir el requisito de carencia de rentas propias por tiempo inferior a 12 meses. No obstante se puede rehabilitar a partir de la fecha en que de nuevo se cumpla el requisito de carencia de rentas, y se pida en los 15 días siguientes, sino será en la fecha de su solicitud. Cuidado, porque se denegará si transcurren esos 12 meses -aunque cabe ampliación si se reanuda la actividad laboral-.

8. CAUSAS DE EXTINCIÓN.

Con carácter genérico son las del art. 272 LGSS para la prestación de desempleo - agotamiento del derecho, infracción LISOS, salida al extranjero más de 90 días, cumplir la edad y requisitos de acceso a jubilación ordinaria, etc..-. No permite la reanudación del derecho, teniendo que cumplir nuevamente con todos los requisitos para su nacimiento.

Es causa específica que transcurran 12 meses desde la causa de suspensión sin reanudación.

9. COTIZACIÓN.

El SEPE cotizará a los exclusivos efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada. La base de cotización será el 100% de la mínima del RGSS a partir del año 2028, reduciéndose desde 01/06/2024 desde el actual 125% hasta el año 2027 en un 5% anual.

10. INCOMPATIBILIDADES.

También los perceptores de este subsidio podrán acceder al denominado CAE, Complemento de Apoyo al Empleo, que permite compatibilizar el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, durante un máximo de 180 días, el salario, con el subsidio -aunque este va decreciendo paulatinamente durante los 6 meses de compatibilidad-.

11. PRESTACIONES INDEBIDAS.

Es de aplicación a este subsidio, el nuevo régimen de aplazamiento/fraccionamiento y compensación total o parcial de las prestaciones percibidas de forma indebida.

Seguro que me he dejado cosas en el tintero, pero creo que las fundamentales, las he reflejado. Eso espero...