PUBLICADO EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DEPENDENCIA

Resolución de 27 de agosto de 2026, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 13 de agosto de 2026, para el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2026 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

• Departamento: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Publicación: BOE nº 223 de 09/09/2026, p. 120769 a 120802 (34 páginas)
• Ver documento: BOE-A-2026-18897
• Documento de referencia: Resolución de 27 de agosto de 2026.docx

Ya expliqué en entradas anteriores las “mejoras” económicas en materia de dependencia que se han producido a nivel estatal, como no, subrayando lo que ocurre en mi territorio, Catalunya (aquí: Actualización de las ayudas por dependencia, RD ley 17/2026. Especial incidencia en Catalunya).

Pues bien, la resolución de 27 de agosto de 2026 sigue en esa dirección apuntada por las normas de rango legal y señala expresamente:

IV. Determinación de los compromisos financieros de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas

1. La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Las cuantías del nivel mínimo para el año 2026, tras la actualización efectuada por el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, son las siguientes:

Grado de dependencia	Nivel mínimo de protección garantizado (Euros/mes)
Grado III + Dependencia Extrema.	4.930,00
Grado III Gran Dependencia.	660,00
Grado II Dependencia Severa.	260,00
Grado I Dependencia Moderada.	90,00

2. Para la financiación del nivel de protección acordado, previsto en el artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por el que se establecen los diferentes niveles de protección del sistema, en el ejercicio presupuestario de 2026, la AGE contribuye a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con un crédito presupuestario de 904.197.420,00 euros que se distribuirá de conformidad con los criterios anteriormente señalados.

3. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra que corresponda, según lo previsto en el artículo 32 de la citada Ley, a la Administración General del Estado con cargo a su presupuesto de gastos se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.

4. Anualmente, en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) se consignarán las cantidades necesarias para la financiación del SAAD y la atención a las personas en situación de dependencia en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Dichos créditos se suplementarán con la parte correspondiente, para ambas ciudades autónomas, procedente del fondo de acreditación y calidad de centros y servicios.

5. Tal y como se establece en el artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, las Comunidades Autónomas contribuirán a la financiación del SAAD con una cantidad al menos igual a la aportada por la AGE para el nivel mínimo y acordado.

¿Qué significa todo esto? Traduciendo el BOE

Este texto del BOE detalla cómo se van a repartir y pagar los fondos para la Ley de Dependencia (el SAAD) durante el año 2026 en España. En resumen, establece las "reglas del juego" financieras entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. O sea, en un lenguaje más sencillo, lo que indica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es:

1. El dinero fijo por cada persona dependiente (Nivel Mínimo) El Gobierno de España (la Administración General del Estado) garantiza y paga todos los meses una cantidad fija a las Comunidades Autónomas por cada persona que tenga reconocida la dependencia. Cuanto mayor es la gravedad, más dinero aporta el Estado. Para 2026, las cifras mensuales por persona son:

• 4.930 € para el Grado III + Dependencia Extrema (una nueva categoría introducida en 2026).
• 660 € para el Grado III (Gran Dependencia).
• 260 € para el Grado II (Dependencia Severa).
• 90 € para el Grado I (Dependencia Moderada).

2. La "bolsa" extra a repartir (Nivel Acordado) Además de ese pago fijo por persona, el Estado destina un fondo global de algo más de 904 millones de euros. Este dinero extra se reparte entre las Comunidades Autónomas para ayudar a sostener la infraestructura del sistema de dependencia (residencias, ayuda a domicilio, profesionales, etc.).

3. La excepción fiscal de País Vasco y Navarra Como estas dos comunidades recaudan sus propios impuestos a través de su régimen foral (Concierto y Convenio Económico), el Estado no les transfiere el dinero directamente como al resto. En su lugar, el coste de su dependencia se descuenta de lo que estas regiones tienen que pagarle anualmente al Estado (el "Cupo" vasco y la "Aportación" navarra).

4. La gestión en Ceuta y Melilla Al ser Ciudades Autónomas, las competencias no están transferidas del mismo modo. Por tanto, es directamente el IMSERSO (un organismo del Estado central) quien reserva el dinero en sus presupuestos para pagar y gestionar la dependencia allí.

5. La regla de la cofinanciación (El esfuerzo autonómico) Es una norma clave del sistema: exige que cada Comunidad Autónoma ponga de sus propios presupuestos, como mínimo, la misma cantidad de dinero que pone el Estado. Por cada euro que aporta el Gobierno central (sumando el punto 1 y el punto 2), el gobierno autonómico correspondiente está obligado legalmente a poner al menos un euro más para financiar los servicios en su territorio.

Las personas en situación de dependencia necesitan que se ejecuten ya las ayudas.