PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE: LA FALTA DE INTERÉS CASACIONAL O EL DESESPERO DE LAS PERSONAS ENFERMAS

Creo que todos los operadores jurídicos estaremos de acuerdo en que, aunque el Tribunal Supremo no es realmente una tercera instancia ni el recurso de casación una verdadera "apelación", en la práctica abogados y graduados sociales intentamos, cuando la normativa procesal nos lo permite, agotar todos los recursos disponibles, entendiendo que se trata de una acción plenamente legítima en un estado de derecho. Además, si el recurso es infundado, como dice el dicho, "ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar".

Así las cosas, y con anterioridad a la Ley de Procedimiento Laboral del año 1995 no eran infrecuentes, y ahora ya me centro en el acceso al recurso de casación en materia de declaración de incapacidad permanente, las sentencias del Tribunal Supremo en dicha materia, dando lugar a jurisprudencia que aún hoy es citada, por ejemplo, para la valoración de cardiopatías, ceguera o declaración de gran invalidez en quien se desplaza en silla de ruedas. Sin embargo, desde hace años, el Alto Tribunal viene negando el acceso de los beneficiarios de seguridad social al recurso de casación para la unificación de doctrina si el objeto del recurso era la declaración de incapacidad permanente o de un grado de invalidez determinado, en base a, dice el T.S., "la falta de interés casacional". No olvidemos, y creo que es importante remarcarlo, que ni la anterior Ley de Procedimiento Laboral, ni la actual Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, vetan el acceso de tal cuestión al conocimiento del T.S. Recordemos que el art. 218 LRJS establece que "Son recurribles en casación para la unificación de doctrina, las sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia", es decir, no se excluye la declaración de incapacidad permanente del acceso al recurso de casación U.D. Y es importante remarcarlo, por que la actual norma procesal -recordemos que está en vigor desde hace poco más de un año-, ha elevado las cuantías para acceder a los recursos de suplicación y/o casación, o impedido directamente el acceso al recurso, como podría ser en materia de impugnación de altas médicas. Es más, la nueva regulación del recurso de casación U.D. permite incluso que, más allá de la tradicional utilización de las sentencias de los diferentes TSJ y del propio TS como sentencias de comparación o contraste, permite ahora que la doctrina de contradicción se encuentre establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España.

Resumiendo, nuestra esperanza era que el Tribunal Supremo, ante la nueva normativa, se declarase competente y entrase a valorar vía R.C.U.D. la declaración de incapacidad permanente y sus diferentes grados. Pero no ha sido así, y en reciente sentencia de fecha 4 de marzo de 2.013, ha abordado el tema para decidir reiterar la doctrina de "la falta de interés casacional", declarando expresamente:

"La falta de interés casacional de las pretensiones sobre incapacidad permanente ha sido declarada por esta Sala en múltiples sentencias, cuya doctrina han concretado con detalle dos sentencias de Sala General de 23 de junio de 2005 (Rcud. 1711/2004 y 3304/2004 ), cuyo contenido damos por reproducido aquí. Resumidamente, en esas sentencias y otras posteriores se dice: " Es criterio jurisprudencial constante que: "la calificación de la incapacidad permanente no es materia propia de la unificación de doctrina, tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general". SSTS: 18/4/2007 (Rec.4757/2005 ); 13/11/2007 (Rec.81/2007 ); 15/11/2007 (Rec.4687/2006 ); 22/1/2008 (Rec.3890/2006 ), entre otras muchas. En este sentido, las SSTS de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ); 23/06/2005 (Rec.1711/2004 ); y de 2 de noviembre de 2.005 (Recurso 3117/2004 ) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo - sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990 ), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996 ), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001 ), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002 ), 11 de febrero de 2004 (4390/2002 ) y 9 de julio de 20004 (R. 3145/2003)".

Estas son las objeciones que realizamos ante esta decisión del Alto Tribunal:

1. Insistimos, la Ley 36/2011 no excluye esta materia de aquellas que no pueden ser objeto de recurso.

2. También el recurso de suplicación se establece como un auténtico recurso extraordinario -y no como una segunda instancia ni una verdadera apelación-, veniendo a tener un carácter "cuasi-casacional", y sin embargo no solo entra en esta materia, sino que además ofrece una copiosa doctrina que permite a los operadores jurídicos valorar adecuadamente la declaración de incapacidad permanente ante la "indefinición" de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Materias como, a título de ejemplo, si los trabajadores de Altadis tienen derecho al "tabaco de fuma" -es decir, a que les entregue su empresa 10 cigarros diarios- o cual es el importe de la horas extraordinarias de los vigilantes de seguridad, sí son objeto de resolución por parte del T.S. por la vía del recurso de casación para unificación de doctrina, cuando afecta a muchísimos menos ciudadanos que la materia que nos ocupa, que además afecta a personas enfermas y, en mayor o menor grado, discapacitadas.

4. Existen mecanismos que ya limitan el acceso del ciudadano a este recurso, casi todos económicos, como son las tasas, el coste -no lo olvidemos- del abogado y el procurador, y si el recurso fuese manifiestamente infundado, con la posibilidad de establecer multa por temeridad.

En definitiva, una nueva oportunidad perdida para avanzar en el desarrollo de un verdadero "Estado Social de Derecho", que se nos escapa, gracias a los recortes sociales del Gobierno del PP y a decisiones de los Tribunales como ésta, como el agua entre las manos.....¿reaccionamos?.