PENSIÓN DE VIUDEDAD EN PAREJAS DE HECHO. ¿EL REQUISITO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA ES DISCRIMINATORIO?

El supuesto es ciertamente novedoso: entendemos que, exigir a las parejas de hecho que exista “dependencia económica” para poder causar derecho a la pensión de viuedad es discriminatorio por razón del estado civil, y atenta contra el principio de igualdad ante la ley, con respecto a las parejas casadas.

Nuestro punto de partida es el parágrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, según redacción efectuada por la Ley 40/2007, que establece, a efectos del reconocimiento de la prestación de viudedad en parejas de hecho, ciertos requisitos económicos en término de dependencia del superviviente respecto al fallecido. Requisito que en absoluto es exigible en los supuestos de uniones matrimoniales, a los que les basta con acreditar la existencia del matrimonio y la cotización del causante. Esta diferencia de trato entre ambas formas de unión incluso se justifica en el Preámbulo de la Ley 40/2007, cuando señala:

“La ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación, intentando con ello una aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial. No obstante, habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad”.

Y la diferencia de trato se plasma, entre otras, en la necesaria acreditación de un prolongado periodo de convivencia -así como la formalización de la pareja de hecho (sic)- y en la dependencia económica, objeto de este recurso.

El artículo 174.3 LGSS distingue entre si la pareja tiene hijos o no, exigiendo unos requisitos diferentes. Si la pareja tiene hijos (siempre y cuando tengan derecho a la la pensión de orfandad) es necesario que los ingresos del superviviente durante el año anterior al fallecimiento no superen el 50% de la suma de los ingresos de ambos convivientes. En otras palabras, el causante tenía que aportar más de la mitad de los ingresos de la pareja para que se genere el derecho a la pensión.

Así, por ejemplo, en una pareja de hecho con hijos, donde los ingresos fueses de 1.500 € y 1.400 € respectivamente, solo el segundo tendría, eventualmente, el derecho a la pensión de viudedad, ya que sus ingresos son inferiores a la mitad de la suma de ambos. Si fuesen matrimonio causaría el derecho a la pensión sin importar las percepciones económicas de uno y otro.

Por otra parte, en las parejas sin hijos la pensión solo se obtiene si los ingresos del superviviente durante el año anterior no sobrepasan el 25 % de la suma de ingresos de la pareja.

Así, por por ejemplo, si los ingresos de la pareja fueron de 3.100 € y 1.000 € respectivamente, el segundo tendría derecho a la pensión de viudedad ya que cumple el requisito de ingresos mínimos, ya que de la suma de ingresos (4.100€) multiplicado per 0,25 (1.025 €), no supera el límite. Pero, solo con que el primero ganase 100 € menos, es decir, 3.000 €, el sobreviviente ya no tendría derecho a la pensión, ya que sus ingresos superarían el 25% del total de la suma de ambos (1.000 €). La situación es paradójica, injusta y, entendemos, inconstitucional, en tanto en cuanto, si se tratase de un matrimonio, en cualquier caso percibiría la pensión, sin importar la cuantía de los ingresos, que podría ser para el supérstite incluso superior al ejemplo que señalamos.

Por tanto, la configuración en dichos términos de la pensión de viudedad para parejas de hecho queda reservada para aquellos casos en que exista una gran asimetria de ingresos entre los convivientes.

En cualquier caso, la ley únicamente garantiza la pensión en situaciones que rallan la pobreza, al reconocer el derecho a la pensión de viudedad si los ingresos del sobreviviente son inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Entendemos que esta diferente -e injustificada a día de hoy- regulación en términos econòmicos y de modelo, entre la pensión de viudedad para las parejas de derecho -casadas- y las parejas de hecho -no casadas- presenta una serie de problemas de orden constitucional y legal, especialmente teniendo en cuenta la interpretación que el TC ha realizado de esta prestación. Es cierto, el legislador era libre en su decisión de no conceder la pensión de viudedad a las parejas de hecho, pero al instaurar el derecho no puede hacerlo de forma claramente discriminatoria, ya que -tomada la decisión- no existe justificación para la diferencia de trato entre ambos tipos de unión.

La STC 184/1990, de 15 de noviembre, ya consideró que el fundamento de la pensión de viudedad no es la situación de necesidad del viudo/a para asegurarle un renta mínima, sino para remediar el daño que producía la disminución de ingresos en la familia a causa de la muerte del cónyuge. Es por ese motivo que la concesión de una pensión de viudedad para las “parejas de derecho” es independiente de los ingresos del viudo/a, aunque eso sí, la pensión se cuantifica en función de la cotitzación que se efectuó a la Seguridad Social por parte del causante. Ahora bien, con la regulación de la Ley 40/2007, a las parejas de hecho sí que se les exige la concurrencia de ciertos requisitos econòmicos para causar la pensión. Esta es una decisión claramente arbitraria y que provoca desigualdades difícilmente, por no decir imposibles, justific desde un punto de vista constitucional. Un ejemplo. Pensemos en una pareja sin hijos, y con unos ingresos de unos 1.000 €/mensuales cada uno de ellos. En este caso, ninguno podría causar el derecho a la pensión, mientras que si uno tiene unos ingresos de 4.000 €/mensuales y el otro de 4.500, teniendo un único hijo en común con derecho a pensión de orfandad, el primero de ellos sí que tindria derecho a la pensión de forma vitalícia. Conclusión: el requisito de ingresos mínimos del superviviente en relación a los ingresos totales de la pareja causan desigualdad entre las parejas de hecho y las parejas matrimoniales, pero también entre las mismas parejas de hecho. Y ello sin olvidar que las parejas de hecho del mismo sexo, si se trata de hombres, difícilmente podrán verse “privilegiadas” en cuanto al factor del porcentaje de ingresos teniendo hijos en común, ante la imposibilidad biológica de tener hijos y las dificultades sociales para adoptarlos (cuestión por otra parte debatida por este Tribunal en reciente sentencia 41/2013, de 14 de febrero, en referencia a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, considerando el TC que aquel precepto vulnera el principio de igualdad ante la ley, por lo que establece la nulidad del precepto legal que supedita el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes).

 

En definitiva, el TC consideró en su momento que la diferencia de trato entre parejas casadas -de derecho- y no casadas -de hecho- era una decisión del legislador que no vulneraba el art. 14 CE, pero ahora, tras la aprobación de la Ley 40/2007, reconociendo por fin el derecho a la pensión de viudedad a las parejas de hecho, ¿qué razón justifica la diferencia de trato entra ambos tipos de unión, cuando resulta que las necesidades son idénticas en ambos tipos de familia?, ¿o es que pretende el legislador que creamos que las parejas matrimoniales deben tener una especial protección que no merecen las parejas de hecho?.

No olvidemos que incluso la STC nº 154/2006, entiende que una interpretación respetuosa con el principio de igualdad y no discriminación debe reconocer el derecho de acrecimiento a los huérfanos extramatrimoniales, ya sean huérfanos absolutos o relativos. Cuestión diferente a la que ahora debatimos, pero evidentemente conexa.

Es en el art. 174.3 LGSS donde se regulan las condiciones de carácter económico para acceder, como pareja de hecho, a la pensión de viudedad. Literalmente establece:

“Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por 100 de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por 100 en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente”.

La aplicación estricta de lo dispuesto literalmente en el artículo transcrito, discrimina sin ningún tipo de razón objetiva a las personas viudas de una pareja de hecho con respecto a las personas viudas de un matrimonio-, y supone entender que no tienen derecho a la pensión de viudedad.

Como ya hemos señalado, consideramos que la redacción de los párrafos segundo y tercero del art. 174 LGSS en la redacción efectuada por la Ley 40/2007, es discriminatoria o contraria al principio de igualdad, ya que trata de forma diferente al causante de la pensión de viudedad de una pareja de hecho con respecto al causante de la misma prestación de un matrimonio civil. Y, entendemos, esa diferenciación, que hace de peor condición a quienes acceden o pretenden acceder a la pensión como pareja de hecho, deben acreditar una dependencia económica que no se exige a quien contrajo vínculo matrimonial. Y no existe razón objetiva que avale ese diferente tratamiento.

Insistimos, no existe justificación razonable para este trato discriminatorio que sufren las parejas de hecho, por razón de su estado civil,  en clara vulneración del principio de igualdad ante la ley.