LA CRISTALIZADA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO RESPECTO A LA RETROACTIVIDAD TRIMESTRAL DE LAS MEJORAS VOLUNTARIAS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y ALGUNA VOZ DISCREPANTE

El efecto retroactivo máximo de tres meses respecto a las mejoras voluntarias de seguridad social es francamente injusto respecto a las prestaciones "cortas", como puede ser la incapacidad temporal, el nacimiento y cuidado de menor o situaciones de determinación de contingencia, en que, a pesar de ser declarado el derecho, con un larguísimo plazo de prescripción de 5 años, al limitarse el efecto a los tres meses anteriores a la fecha de solicitud, puede producir, como de hecho está ocurriendo, que quede vacío de contenido la prestación reconocida, es decir, sin ningún efecto económico. Pero es la senda que el TS ha adoptado desde hace mucho tiempo, en "cristalizada" doctrina, pero algunas voces se alzan, con interesantes argumentos jurídicos, en contra de la misma. Los ponemos de manifiesto, a través del voto particular de esta reciente sentencia, y de un artículo doctrinal.

STS 5338/2025 - 24 de Noviembre de 2025

ROJ: STS 5338/2025

ECLI: ES:TS:2025:5338

Órgano: T.S. Sala de lo Social

Nº Resolución: 1112/2025

Ponente: Excma. Sra. D.ª Isabel Olmos Parés

Recurso: 2433/2024 (Unificación Doctrina)

Resumen del Fallo: Incapacidad temporal: Efectos económicos. Se aplica el art. 53.1 TRLGSS y los efectos se retrotraen a tres meses antes de la solicitud de determinación de la contingencia.

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Doctrina Actual del Tribunal Supremo: Mejoras Voluntarias

Actualmente, la Sala IV del Tribunal Supremo mantiene una doctrina consolidada respecto a las mejoras voluntarias de la acción protectora (como las mejoras de IT a cargo de la empresa). El criterio mayoritario establece que:

• Se aplica el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 53.1 de la LGSS (antes 43.1).
• Sin embargo, se aplica también el límite de retroactividad de tres meses desde la fecha de la solicitud para los efectos económicos.
• Esto implica que, aunque el derecho no haya prescrito, si el beneficiario reclama tardíamente, solo podrá cobrar los atrasos correspondientes a los tres meses anteriores a su reclamación.

ANÁLISIS DEL VOTO PARTICULAR: MAGISTRADO D. RAFAEL ANTONIO LÓPEZ PARADA

El Magistrado disiente de la mayoría, argumentando que la limitación de efectos retroactivos a tres meses no debe aplicarse a prestaciones regidas por el "principio de oficialidad" (como la IT) ni a las mejoras voluntarias. A continuación, se expone el desarrollo lógico y legislativo de su argumentación:

1. Origen Histórico: Prescripción vs. Retroacción (1966-1972)

El voto particular analiza la génesis de la norma para entender su finalidad:

• Ley General SS 1966: Solo establecía prescripción (3 años). La retroacción de 3 meses aparecía en una Orden de 1967 vinculada a la fecha de solicitud.
• Ley 24/1972: Solucionó el problema diferenciando claramente dos conceptos:
  • Prescripción: Pérdida del derecho (5 años).
  • Retroacción (3 meses): Penalización por presentar la solicitud fuera del plazo reglamentario.
• Conclusión lógica: La limitación de retroacción solo tiene sentido si existe un plazo de solicitud obligatorio que se ha incumplido.

2. Inaplicabilidad en Incapacidad Temporal (IT)

La IT se rige por el principio de oficialidad (automaticidad). El pago debe ser directo tras la baja médica, sin necesidad de solicitud previa del beneficiario.

• Si no hay obligación de presentar solicitud inicial, no se puede penalizar al trabajador con la regla de los 3 meses de retroacción.
• El procedimiento de determinación de contingencia (RD 1430/2009) es un cauce para resolver discrepancias, no una "solicitud de prestación" que active el límite de los 3 meses.

3. El Régimen de Prescripción Correcto (Ley 33/1987)

El Magistrado argumenta que existe un régimen dual de prescripción basado en la Ley General Presupuestaria (LGP), aplicable vía Ley 33/1987:

1. Prestaciones que requieren reconocimiento (Acto Administrativo): Se aplica el Art. 53 LGSS. Prescripción de 5 años + retroacción de 3 meses (porque hay solicitud tardía).
2. Prestaciones de pago automático (IT): Se aplica el Art. 25.1.b LGP (obligaciones reconocidas).
   • Plazo: 4 años (no 5, ni 1).
   • Retroacción: Total (sin límite de 3 meses).
   • Esto equipara el plazo del beneficiario con el plazo que tiene la Administración para reclamar cobros indebidos (4 años), evitando un trato desigual.

4. Crítica a la Doctrina sobre Mejoras Voluntarias

El Voto Particular insta explícitamente a corregir la doctrina sobre las mejoras de empresa, argumentando que no deberían regirse por normas presupuestarias públicas (LGSS) si provienen de empresas privadas. Propone el siguiente esquema:

• No aplicación de la retroacción de 3 meses: Al ser mejoras de IT (oficialidad) o acuerdos privados, no cabe este límite administrativo.
• Régimen de Prescripción propuesto:
  • Si se asegura (Póliza de Seguros): 5 años (Ley de Contrato de Seguro).
  • Si es Plan de Pensiones: 5 años (Código Civil / Planes de Pensiones).
  • Mejora directa de la empresa (Nómina): 1 año (Art. 59 Estatuto de los Trabajadores), al ser una obligación derivada del contrato de trabajo.

En consecuencia:

"La conclusión por tanto es que, a mi juicio, en el caso del abono de las prestaciones de incapacidad temporal del Régimen General de la Seguridad Social, que se rigen por el principio de oficialidad y no requieren de la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a su previo reconocimiento, no se aplica el artículo 53 LGSS, tampoco el plazo de retroacción de tres meses, sino solamente un plazo de prescripción de cuatro años al pago de cada una de las mensualidades, computado desde la fecha en que debió ser abonada. Este régimen prescriptivo debe aplicarse tanto al abono de la completa prestación como al abono de diferencias, incluso de aquellas que vengan motivadas por una incorrecta calificación inicial de la contingencia determinante de la baja médica."

📚 Referencia Doctrinal

Para profundizar en la materia y en los argumentos expuestos, recomendamos la lectura del artículo publicado en la Revista Jurisdicción Social.

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Autor: Miquel Àngel Falguera i Baró.
Comentario del Autor:

Urge, por tanto, que también el legislador se ponga las pilas y desarrolle de una vez la parte final del artículo 41 de nuestra Constitución. Por tanto, que se legisle sobre el sistema de prestaciones complementarias, que no se limite, como hasta la fecha, a los fondos y planes de pensiones, integrando en un único texto normativo ese disperso universo que hoy llamamos "mejoras voluntarias", que, aunque interrelacionadas, son ajenas al sistema público de seguridad social.