10 julio 2018

INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. 7 AÑOS DESPUÉS SE CUMPLE EL MANDATO DE LA LEY 27/2011


La Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, en sede de “pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública” estableció el incremento de determinadas pensiones de viudedad, con el objetivo de elevar aquellas por encima del porcentaje del 52% de la base reguladora. Los requisitos que establecía aquella norma eran:

“1. El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos:

a) Tener una edad igual o superior a 65 años.

b) No tener derecho a otra pensión pública.

c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

2. La aplicación del porcentaje señalado en el apartado 1 se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012.
….....”
Sin embargo, con la llegada del Partido Popular al Gobierno, desde el primer momento fue suspendiendo la entrada en vigor de dicho incremento mediante las siguientes leyes:  

Disposición adicional 28 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. 

Disposición adicional 29 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre.

Disposición adicional 27 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.

Disposición adicional 83 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. 

Disposición adicional 26 de la Ley 2/2012, de 29 de junio. 

Disposición adicional 9 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre


Y, más vale tarde que nunca, la actual Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por fin, ha incrementado la prestación de viudedad, insisto, para pensionistas de 65 o más años, en las que ésta sea la única prestación pública que perciban. Dice así, literalmente, la Disposición adicional cuadragésima cuarta:

“Incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad en determinados supuestos.
El porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, regulado en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, será del 56 por ciento desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley. Este incremento alcanzará el 60% el 1 de enero de 2019”.

Entiendo que la actualización de las pensiones de viudedad se efectuará de forma automática, pero por desgracia no será de aplicación a todas las pensiones de este tipo -no ya solo por los requisitos de edad y ser la única prestación- sino porque la realidad configura esta pensión, percibida mayoritariamente por mujeres, con unos importes medios tan bajos que es probable que el incremento del porcentaje que subsumido por el complemento de mínimos de la propia pensión. De esta forma (acceso a la estadística del INSS),

a fecha de 1 de junio de 2018 hay declaradas en nuestro país 2.359.486 pensiones de viudedad, casi todas en favor de mujeres, y de ellas más de 1.500.000 son inferiores a 650 € mensuales, lo que supone, o bien que concurren con otra pensión -por lo tanto ya no habría derecho al incremento- o bien se perciben con complemento de mínimos, con lo que el incremento del porcentaje no serviría para absolutamente nada. Y es que la pensión mínima, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2018, para la pensión de viudedad en mayores de 65 años se ha establecido en 656,90 € mensuales (acceso a las cuantías mínimas de las pensiones para 2018).
Un ejemplo puede ser significativo. Imaginemos a un señor que fallece, y que la base reguladora para el cálculo de la pensión de viuedad es de 1.100 €. La viuda tendría derecho a las siguientes cuantías:

- Antes del incremento, al 52%: 572 €/mes.
- A partir de la Ley de Presupuestos 2018, al 56%: 616 €/mes.
- Desde 2019, al 60%: 660 €/mes.

Siendo la pensión mínima para el 2018 de 656,90 €, el incremento en este ejercicio hasta el 56% no tiene ningún efecto sobre su pensión. Y en cuanto al aumento del porcentaje en 2019, en la que mejora apenas 3 €/mes, es más que probable que quede absorbida por la revalorización de las pensiones en 2019.

En fin, una buena noticia, pero creo que con una repercusión económica real más bien pequeña.

Fuente: www.e-faro.info



08 julio 2018

SUBSIDIO PARA MAYORES DE 55 AÑOS: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA EL CÓMPUTO DE LOS INGRESOS EN UNIDAD FAMILIAR.

Muy buena noticia, que hay que extender rápidamente a todas aquellas personas -parados de larga duración- que puedan beneficiarse de esta resolución del Tribunal Constitucional. Y es que, gracias a la reciente sentencia del TC que anula diversos preceptos del RDL 5/2013, el cómputo de los ingresos de los posibles beneficiarios del subsidio para mayores de 55 años ya no se realizará según la unidad familiar sino en la situación anterior a la reforma de 2012, es decir, sólo computan los ingresos individuales del desempleado. Este es el resumen, y a continuación desarrollamos la reforma del subsidio de desempleo, el recurso de inconstitucionalidad, la STC y el resultado práctico.

04 julio 2018

AHORA SÍ: SUSPENDIDA LA ENTRADA EN VIGOR DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD.

Por fin. El temido "factor de sostenibilidad de las pensiones, del cual nadie sabía como se efectuaba el cálculo -o al menos desconocíamos los parámetros reales para calcularlo-, ha quedado en suspenso, y no entrara en vigor el 01/01/2019. Así, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su Disposición final trigésima octava, apartado cinco, establece:

Se añade una nueva disposición final que modifica la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos:

«Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el 2 de enero de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social regulado en el artículo 60 del Texto Refundido será de aplicación, cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir de 1 de enero de 2016.

La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto Refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.

No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.»

Fuente: laicismo.org

18 junio 2018

GUÍA MUY BREVE DE ACCESO A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. MODELOS DE RECLAMACIÓN.

Actualización de esta guía: 19/03/2020.

Las siguientes normas han modificado algunos aspectos concretos de la RGC:

  • Article 4 Apartat 4 modificat per l'article 1 de la LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

  • En concreto, dónde antes decía:

    "Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania".

    Ahora establece (en rojo la novedad):

    "Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries) i les que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania. Tampoc no es computen com a ingressos per a determinar el llindar econòmic els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que siguin acreditats degudament."

    Comentario: Por fin, las ayudas puntuales de familiares, hasra cierta cantidad, no computan como rendimientos.
  • Article 7 Apartat 1 lletra d modificada per l'article 2 de la LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

  • En concreto, dónde antes decía:

    "Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
    1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les persones que compleixen els requisits següents:
    ......
     No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació."

    Ahora establece (en rojo la novedad):

    "d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació."

    Comentario: Ya no se computan los rendimientos de los 6 meses anteriores, sino exclusivamente de los 2 meses anteriores a la fecha de solicitud.

  • Article 8 Apartat 1 lletra c i Apartat 2 lletra b modificats per l'article 3 de la LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

  • En concreto, dónde antes decía:

    "Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a la renda garantida de ciutadania
    1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit que estableix l'article 7.1.d són els següents:
    ...................
    c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de les administracions públiques o d'entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l'article 4.
    ...................
    2. Els ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l'apartat 1 s'acrediten amb la documentació següent:
    ...................
    b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers sis mesos dels comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s'han obert amb posterioritat a aquesta declaració o que no hi són declarats."

    Ahora establece (en rojo la novedad):

    "Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a la renda garantida de ciutadania
    1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit que estableix l'article 7.1.d són els següents:
    ...................
    c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de les administracions públiques o d'entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l'article 4 i que s'han de computar de manera prorratejada per cada mes en què es perceben, independentment que s'abonin de manera acumulada per períodes superiors.
    ...................
    b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers dos mesos dels comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s'han obert amb posterioritat a aquesta declaració o que no hi són declarats."

    Comentario: En coherencia con lo anterior, solo hay que certificar las cuentas bancarias de los dos últimos meses. Además las ayudas percibidas que sí computen como rendimiento, han de ser valoradas, si se perciben en un solo pago, prorrateándolas al periodo que se han generado.

  • Disposició addicional Quarta Apartat 1 lletra b modificat per l'article 4 de la LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

  • En concreto, dónde antes decía:

    "Disposició addicional quarta. Dret dels refugiats a la renda garantida de ciutadania
    ...................
    b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra no es tenen en compte per al compliment del requisit d'insuficiència d'ingressos i recursos durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania."

    Ahora establece (en rojo la novedad):

    «b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra no es tenen en compte per al compliment del requisit d'insuficiència d'ingressos i recursos durant els dos mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania.»

    Comentario: La regla de reducción a dos meses también se aplica personas refugiadas que han recibido ayudas condicionadas a esa condición.

  • Article 7 apartat 1.e modificat per art. 1 de la LLEI 3/2018, del 23 d'octubre, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

  • En concreto, dónde antes decía:

    " Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania

    1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les persones que compleixen els requisits següents:
    ...............
    e) No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat."

    Ahora establece (en rojo la novedad):

    "e) No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat, amb el benentès que el caràcter de permanència del servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàncies personals dels destinataris de la prestació i no pas pel tipus de servei. En conseqüència, com a excepció al requisit d'accés establert per aquesta lletra, i sempre que compleixin la resta de requisits exigits per aquest article, poden accedir a la renda garantida de ciutadania, si segueixen un pla de treball vinculat a un procés d'emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini de no més de dotze mesos, d'acord amb l'informe corresponent dels professionals del treball social i de suport social al servei residencial, les persones que es trobin en alguna d'aquestes circumstàncies:

    — Persones sense llar.
    — Dones víctimes de violència masclista.
    — Persones beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.»

    Comentario: Ampliación importante ya que si la prestación que provoca la incompatiblidad es temporal sí se reconocerá el derecho a la RGC.
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    Fecha publicación de esta guía: 18/06/2018. (Actualizada a 19/03/2020 con las normas indicadas más arriba).

    Regulada en la Llei 14/2017, la Renda Garantida de Ciutadania ha supuesto un avance importantísimo en la lucha contra la pobreza en nuestro país, aunque la aplicación práctica está dejando bastante que desear, ya que la percepción es que “de facto” se está bloqueando desde la administración el reconocimiento a las prestaciones derivadas del mismo. El que efectuamos ahora es un breve análisis de los requisitos y condiciones de acceso, sin ánimo de ser exhaustivos. Y algunas herramientas para luchar contra la denegación injustificada. 


    1. ¿Qué es? 

    Es un derecho cívico y social, dirigido a la protección de personas y familias en situación de pobreza, para poder asegurarles unos ingresos mínimos que le permitan una vida digna, promoviendo su autonomía y participación activa en la sociedad (art. 1). 

    Se configura como un derecho subjetivo, siendo una prestación económica periódica para quienes, o no disponen de ingresos, o los tienen en cuantía inferior al Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). (art. 3 en relación a la DT. 3ª). 

    Se establece un periodo transitorio de incremento de las prestaciones hasta llegar al 100% del IRSC en fecha de 01/04/2020, que serán, según los miembros de la unidad familiar son -en doce pagas-: 

    1 persona 664 €/mes. 

    2 personas 996 €/mes. 

    3 personas 1.096 €/mes. 

    4 personas 1.196 €/mes. 

    5 ó mas personas 1.208 €/mes. 

    En el cómputo del nivel de ingresos de la persona o unidad familiar computan todos los ingresos de sus miembros -IRSC según número de miembros- (art. 6.3). Y la prestación no es puede ser objeto de cesión, embargo o retención (arts. 3 y 7.1.d). 

    2. ¿Quienes tienen derecho? 

    Siempre que se tengan ingresos inferiores a los establecidos en el IRSC y por tanto acrediten la insuficiencia económica: 

    Quienes ya percibían la RMI en la fecha de entrada en vigor de la Llei, de forma automática. 

    Personas o unidades familiares. 

    Pensionistas y perceptores de prestaciones económicas estatales de cuantía inferior a la prestación de RGC. En este caso se trata de una prestación complementaria. 

    Trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial si se trata de familia monoparental.

    Refugiados. 

    E, incluso de forma provisional, trabajadores despedidos con derecho a indemnización (art. 7.2 b). 

    Cabe apreciar situaciones no previstas en circunstancias extraordinarias. (art. 7.3) 

    3. No tienen derecho a la RGC (art. 7.2): 

    Quien cesó voluntariamente en su actividad laboral en los 12 meses anteriores a la solicitud. 

    Trabajadores despedidos con derecho a indemnización. 

    Perceptor de prestación pública en los 5 años inmediatamente anteriores que fue declarada indebida por resolución administrativa firme. 

    Titular de pensión de alimentos y/o compensatoria que no la ha reclamado. 

    Titulares de bienes suficientes que garanticen los mínimos de una vivienda digna, con excepción de la vivienda habitual. 

    Beneficiarios de prestaciones públicas o privadas de servicio residencial. Art. 7.1 e). 

    Internos en un centro penitenciario (en régimen ordinario o cerrado) Art. 7.1 e). 

    4. Requisitos (art. 7): 
    • mayor de 23 años, 
    • o mayor de 18 años y además: 
    - con menores o personas discapacitadas a su cargo. 

    - Huérfano absoluto. 

    - Víctima de violencia de género. 

    - Otras (pendiente de desarrollo reglamentario). 
    • Residencia en Catalunya efectiva y con empadronamiento de al menos 24 meses anteriores a fecha solicitud. Excepción: mujer con reagrupación familiar y refugiados. Cabe, por efecto “llamada” incrementar a 36 meses. 
    • No ser beneficario de prestación de carácter residencial. 
    • No disponer de rendimientos económicos superiores a la prestación de RGC en los 2 meses anteriores a la sol·licitud. Insuficiencia económica que se ha de mantener durante la percepción de la prestación. Excepción: refugiados. No computan los ingressos por dependencia, becas públicas, ayudas de comedor, cuantías para evitar desahucios. ayudas puntuales de familiares.... 
    5. Unidad familiar. Art. 6. 

    Una o más personas con vinculación familiar por consanguinidad o afinidad hasta 2º grado. Se incluye la convivencia estable como pareja. 

    El grado se establece desde el titular y cónyuge o pareja de hecho. 

    Hijos, nietos, padres, hermanos, abuelos del titular. 

    5. La RGC no está condicionada. Art. 2. 

    Excepción: Los 150 € del «complemento por inserción social y laboral», sujeto a un plan de inserción laboral, revisable cada 12 meses. Cabe prolongarlo 6 meses si se inicia un trabajo a tiempo completo. Y cabe percibir complemento si se trabaja a tiempo parcial, sin límite. 

    6. Duración. Art. 10. 

    Mientras se acredite la situación de necesidad y se cumplan con los requisitos. 

    Es renovable cada dos años. El silencio sobre la prórroga es positivo. 

    7. Solicitud. 

    Perceptores RMI, o de PNC + complemento: automáticamente. 

    Resto: SOC/Gencat/Benestar i Família. 

    8. Compatibilidades. Complemento de pensiones y prestaciones de desempleo. 


    9. Obligaciones. Principales: 

    - Comunicar cualquier cambio en las condiciones que permitieron el accceso. 

    - Inscripción en el SOC. 

    - No rechazar oferta de empleo. 

    - Mantener la residencia. Existe posiblidad de salida por un periodo inferior a 1 mes en un total de 12 meses. 

    10. Resolución 

    El siencio sobre la solicitud – 4 meses- es positivo. Cabe, en ese supuesto, exigir a la Administración el pago de la prestación. Acceso al modelo. 

    En caso de denegación expresa cabe recurso de alzada en el plazo de 1 mes desde la notificación. Acceso al modelo.

    Acceso al texto consolidado de la Llei 14/2017 (AQUÍ)
    Acceso a la web de la Comissió Promotora