¿Son sostenibles las pensiones? Debate entre actuarios, economistas, juristas y el público asistente.
El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas es uno de los más presentes en nuestra sociedad, generando posturas enfrentadas y una notable preocupación social. La reciente jornada organizada por la Associació Catalana per la Seguretat Social (ACCAS) y Col·lectiu Ronda reunió a economistas, juristas y actuarios para diseccionar la viabilidad del sistema desde múltiples y diferentes ángulos, algunos muy contrapuestos. Este es nuestro resumen.
La visión actuarial: un problema estructural
Ponente: Enrique Devesa Carpio (economista y actuario)
Enrique Devesa presentó la visión más técnica y crítica sobre el estado actual del sistema, dibujando un panorama de desequilibrio estructural.
Déficit estructural y "generosidad"
Sostiene que el sistema no tiene un problema coyuntural, sino un déficit estructural. Utilizando el "factor de equidad actuarial", argumenta que el sistema es excesivamente "generoso", dando de media un 55% más en prestaciones de lo que recibe en cotizaciones (un factor de 1.55). Este desequilibrio lo cifra en unos 30.000 millones de euros anuales de déficit contributivo.
Falta de equidad interna
Más allá de la sostenibilidad, Devesa criticó duramente la falta de equidad interna del sistema. Defendió que, bajo las reglas actuales, personas con esfuerzos de cotización muy similares pueden recibir pensiones radicalmente distintas (algunos reciben solo un 20% más de lo aportado, mientras otros reciben más del doble).
Rechazo a la capitalización pura
Descartó una transición a un sistema de capitalización privado (como el chileno) por ser inviable. Calculó que la "deuda" o los derechos acumulados que el Estado tendría que pagar para hacer esa transición ascienden a 8 billones (millones de millones) de euros, el equivalente a cinco veces el PIB español.
La propuesta: cuentas nocionales
Como alternativa, Devesa propone adoptar un sistema de cuentas nocionales, similar al de Suecia. Aclaró que *no* es un sistema de capitalización, sino que sigue siendo un sistema de reparto. Sin embargo, funciona con "aportación definida":
- Cada trabajador tiene una cuenta individual virtual (nocional) donde se anota todo lo que cotiza.
- Al jubilarse, la pensión se calcula dividiendo el total acumulado en esa cuenta por la esperanza de vida de su generación.
Según Devesa, este sistema garantiza la sostenibilidad actuarial (se equilibra por definición) y la equidad (cada uno recibe en proporción a lo aportado), eliminando la necesidad de coeficientes reductores complejos.
La visión socio-política: sostenibilidad como decisión
Ponente: Antonio González González (economista, Consejo Económico y Social)
Antonio González ofreció una visión radicalmente opuesta, centrando el debate en el contexto político y social.
Sostenibilidad como elección política
Argumentó que la sostenibilidad "no es un concepto técnico, sino una decisión política y social". Comparó el gasto en pensiones con el gasto militar, señalando que es la sociedad la que decide qué nivel de gasto es "sostenible" o prioritario.
La deuda histórica con el baby boom
Recordó que la generación del baby boom, que ahora se jubila, generó durante décadas enormes superávits en la Seguridad Social. Ese dinero "sobrante" no se guardó (porque el sistema es de reparto), sino que el Estado lo utilizó para financiar otras grandes partidas del estado de bienestar, como la totalidad del sistema público de sanidad.
Crítica a las previsiones catastrofistas
Criticó duramente los informes (como el Ageing Report de la Comisión Europea) que proyectan un gasto desbocado. Sostuvo que esas proyecciones son "catastróficas" porque se basan en supuestos irreales, como un crecimiento negativo del empleo en España durante los próximos 20 años.
El papel clave de la migración
Afirmó que estos informes subestiman deliberadamente el impacto de la migración. Argumentó que si se aplican supuestos migratorios realistas (necesarios para mantener la fuerza laboral), el PIB (el denominador) crece mucho más de lo previsto, y el gasto en pensiones (el numerador) como porcentaje del PIB se reduce drásticamente, haciendo el sistema perfectamente sostenible.
Otras visiones clave de la jornada
La visión jurídica: confianza y contradicciones
Ponente: Mónica González Díaz, Letrada de la Administración de la Seguridad Social y profesora asociada de la UPF.
Mónica González se centró en la confianza en el sistema público. Afirmó que la viabilidad del sistema depende del "sustento social" y la confianza pública. Esto se basa en la "ley de la percepción": el equilibrio entre el esfuerzo que el ciudadano siente que hace (cotización) y la expectativa de lo que recibirá. Señaló alguna contradicción clave en la legislación reciente (RDL 2/2023): la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) declara en su propio informe que las métricas que el gobierno le impone para medir la sostenibilidad no son el parámetro adecuado.
El caso práctico: el fracaso de la Mutualidad de la Abogacía
Ponente: Jaume García Vicente (abogado)
Jaume García bautizó el caso de la Mutualidad de la Abogacía como una "crónica de una muerte anunciada". Cita datos de la propia mutualidad de 2023 que reconocen que más del 90% de sus futuros pensionistas (abogados) no alcanzarán la pensión mínima pública. Acusa a la mutualidad de saber que las cuotas mínimas eran insuficientes para una pensión digna, pero no las subió de forma obligatoria por "factores comerciales": si subían las cuotas, los nuevos colegiados se irían al sistema público (RETA), que era financieramente mejor. Denuncia que la mutualidad usó "propaganda engañosa" durante años, algo que su presidente actual tuvo que admitir. Concluyó que no se puede confiar en entidades privadas o mutualidades para gestionar derechos básicos públicos como las pensiones, porque el "factor comercial" siempre se impondrá al objetivo social.
Temas clave del debate final
La jornada concluyó con un intenso debate lo que tuve el placer de moderar personalmente, donde surgieron varios temas candentes:
- Brecha de género: Se destacó la enorme brecha de género en las pensiones (casi 500€ de media), que deja además a una de cada tres mujeres pensionistas cobrando complementos de mínimos.
- Gastos impropios: Varios asistentes y ponentes exigieron una auditoría de las cuentas, argumentando que el déficit es artificial. Reiteraron que la Seguridad Social ha pagado "gastos impropios" (sanidad, políticas de empleo, etc.) que no le correspondían. Antonio González estimó que aún quedan entre 8.000 y 9.000 millones anuales que se pagan indebidamente con cotizaciones.
- La "pasarela" al RETA: Los afectados por la mutualidad exigieron una "pasarela" legal para poder transferir sus fondos y derechos al sistema público (RETA), argumentando que no es "comprar" un derecho, sino el reconocimiento de un sistema fallido.
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