05 enero 2023

CRÍTICA AL RD 1060/2022. SOBRE LA NO EMISIÓN DE PARTES MÉDICOS PARA EL EMPRESARIO.

Pues sí, el RD 1060/2022 ha modificado diversos aspectos en cuanto a la gestión de los procesos de incapacidad temporal, pero lo primero que hay que advertir es que es con efectos desde el 1 de abril de 2023.

Así, los artículos modficados del RD 625/2014, son los números 2, 6 y 7. Pero antes de analizar los cambios, creo que es conveniente recordar que supuso aquel RD de 2014 respecto a la gestión de la IT. A saber:
1. Con aquella norma se adaptó el desarrollo reglamentario a un nuevo control reforzado de las situaciones de IT, ya que a partir de los 365 días dejaban de expedirse partes de confirmación, y pasaba a ser el INSS, independientemente de la contingencia del proceso, el único organismo competente para dictar resolución extinguiendo la situación de IT, iniciando un proceso de incapacidad permanente o prorrogando hasta 180 días más la situación de IT.

2. Desaparece el automatismo en la emisión de los partes médicos de confirmación, que tenían carácter semanal, salvo el primero, para adecuarse su emisión a la calificación del procedimiento de IT y la gravedad de la patología.

3. Se reforzaba el control de las mutuas colaboradoras mediante la regulación de un procedimiento de "propuesta motivada de alta médica" (aquí lo comentaba).

4. Estableció un "novedoso" ya hasta entonces no regulado, procedimiento de determinación de contingencia (aquí lo explico).

La pandemia por una parte, la falta de personal administrativo en el INSS, e incluso me atrevería decir la "desidia" de las mutuas en el control de la gestión de la ITCC -yo creo que hace ya mucho tiempo que han dado por perdida la batalla, y consideran que es una prestación que siempre es deficitaria, por más que se apliquen en el control de las mismas-, nos han llevado a un panorama actual en que el control de la gestión de la ITCC (contingencias comunes, dejo al margen las profesionales) ha sido muy poco efectivo. No es inusual en estos dos últimos años, procedimientos de IT que han superado ampliamente los 24 meses de duración, sin que se hubiese emitido, no ya resolución de demora de calificación, sino sin que el INSS se pronunciase tan siquiera sobre la necesaria prórroga a los 365 días. Pero, como si de un laboratorio se tratase, el experimento ha enseñado que es hoy día absolutamente innecesario la emisión continua de partes médicos de baja -con la sobrecarga burocrática de los Médicos de Familia- y que las empresas ya se han acostumbrado a seguir con el pago delegado sin necesidad de emisión de aquellos partes -situación que ya comentamos en octubre de 2020-. E fin, estos son los cambios:

A. Modificación del art. 2, apartado 3. Partes de confirmación.
Se sigue estableciendo que "los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite" y siguen siendo cuatro grupos de procesos:

a) duración inferior a 5 días. Se emite parte médico de baja y alta en el mismo acto. Cabe que el trabajador solicite nueva revisión médica para prolongar la baja, y en ese caso se emitirá el primer parte de confirmación. 

b) duración estimada de entre 5 y 30 días naturales. Primer parte de confirmación a los 7 días, y el resto en un plazo máximo de 14.

c) duración estimada de entre 31 y 60 días naturales.  Primer parte de confirmación a los 7 días, y el resto en un plazo máximo de 28.

d) duración estimada de 61 o más días naturales. Primer parte de confirmación a los 14 días, y el resto en un plazo máximo de 35.

Hasta aquí no hay cambio alguno, salvo muy pequeños matices, y es que la única novedad es que, para evitar el automatismo en la emisión de los partes de confirmación, se añade ahora que "En cualquiera de los procesos contemplados en este apartado, el facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrá fijar la correspondiente revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso". En el caso de los procesos de IT por contingencias profesionales ya era así, en los de enfermedad común/accidente no laboral, creo que esta medida poca efectividad va a tener.

B. Modificación del art. 6, apartado 3. Propuesta motivada de alta.
Ninguna novedad, lo que se hace es adaptar la remisión, que antes se hacía a la LGSS 1994, al actual texto articulado de la LGSS que es de 2015.

C. Nueva redacción del art. 7. Tramitación de partes médicos.
1. Ahora el facultativo solo expide una copia del parte médico de baja, confirmación y alta, que es para el trabajador. Desaparece la obligación del trabajador de remitir aquellos partes a su empresa, pero permanece la obligación, que ya existía, por parte del servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

2. Desaparece la obligación de la empresa -lógico- respecto a la comunicación al INSS de los partes médicos de baja, confirmación y alta. Al contrario, es ahora obligación del INSS comunicar a las empresas, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, de los datos necesarios para que la empresa, que sigue manteniendo intacta como obligación, comunicar al INSS en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica, y a través del sistema RED, de los datos para tramitar el proceso de IT.

3. Este apartado tercero, relativo a las comunicaciones INSS-TGSS-Mutuas, para el control del pago delegado asociado a los procedimientos de IT, sigue igual.

4. Establece el procedimiento de comunicación de las altas médicas emitidas por los facultativos del INSS, a las mutuas y a los SPS, para que adopten acuerdo de extinción de la prestación y aquellas notifiquen a la empresa la decisión. Se emitirá copia del parte de alta para el trabajador.

5. Desaparece el antiguo apartado 5, que ahora tiene la redacción del anterior apartado 6, en relación a la competencia de los facultativos del INSS a efectos de dictar nueva baja médica si fueron ellos quienes emitieron el alta en los anteriores 180 días.


Y, a partir de 01/04/2023 se aplicarán los cambios aquí señalados, incluso a los procesos de IT ya en marcha, siempre y cuando, claro, no hayan superado los 365 días de duración.


Como conclusión, y teniendo en cuenta la situación del trabajador, pero también de la empresa, y para evitar problemas, que ya se ven venir, entiendo que es "aconsejable" comunicar al empresario el inicio del periodo de IT, y posteriormente de la continuidad del proceso de IT, y evidentemente del alta médica. Ojo, no digo proporcionar copia de los partes médicos, ni decir cual es la enfermedad, no, no, pero sí, hacerlo saber, y nos podemos evitar, por ejemplo, burofaxes respecto a posibles bajas voluntarias que no existen, falta del pago delegado, y problemas para reincorporarse. A mí, tal y como están funcionando ahora los servicios públicos de salud y el INSS, me da que las comunicaciones telemáticas ni serán rápidas ni eficaces...aviso a navegantes.

Finalmente, añadir que quizás sería conveniente tener en cuenta las peticiones que efectúa la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria: Comunicado del Foro de Atención Primaria en relación al modelo de Incapacidad Temporal.







03 enero 2023

PAGO DIRECTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIA COMÚN POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. MEJORAS EN EL 2023.

Comentaba recientemente que la LPG introducía mejoras en materia de protección de desempleo, son las siguientes:

1. Nueva redacción al apartado 2 del artículo 270, que queda redactado como sigue:

«2. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los siguientes porcentajes: el 70 por ciento durante los ciento ochenta primeros días y el 60 por ciento a partir del día ciento ochenta y uno.». Se recupera así uno de los recortes efectuados en el 2012 por Rajoy, recuperando el mayor porcentaje de prestación en desempleo contributivo.

A tener en cuenta que la Disposición transitoria novena Régimen transitorio aplicable a la prestación por desempleo. Los porcentajes a que se refiere el artículo 270 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se aplicarán también a quienes, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran percibiendo la prestación por desempleo.

2. Se determina el nuevo importe del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2023, que será de 600 euros mensuales. Es positivo, en tanto en cuanto es el parámetro que determina el importe de los subsidios de desempleo, así como los topes de las prestaciones contributivas de desempleo.

Pues bien, dichas modificaciones afectan a la prestación de IT derivada de contingencias comunes en los supuestos en que el trabajador extingue la relación laboral. ¿Como afecta?. Lo explico a continuación.

En primer lugar, hemos de recordar lo que establece el art. 283.1 LGSS, "Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación". O sea, cuando iniciada la baja médica con contrato en vigor, finaliza el mismo, ya sea por despido, expiración del periodo convenido o por no superar el periodo de prueba, se "recalcula" la prestación de IT, que deja de ser el porcentaje habitual (60% de la base reguladora, calculada sobre la cotización del mes anterior, del día 4º al 20º y el 75% en adelante, sin topes de prestación) para percibirse como si fuera desempleo, es decir, se establece una nueva base reguladora que será el promedio de los 180 días anteriores a la extinción de la relación laboral, y se aplican los porcentajes de la prestación de desempleo, con los topes máximos de prestación según IPREM. Por tanto, la reforma de la LPG afecta al pago directo del trabajador, de forma favorable, en el siguiente sentido:

1. Ahora, el trabajador en IT tiene derecho a percibir desde el día 181 el 60% de la base reguladora, es decir incrementa su prestación diaria. Y, además, es de aplicación, no solo a prestaciones nuevas, sinto también a quien ya lo venía percibiendo.

2. Se actualizan al alza los topes máximos de prestación, que se establece en función del IPREM, al ser actualizado, supone, no en todos los casos claro, incrementar el importe diario que se percibe (listado actualizado de prestaciones desempleo según IPREM 2023). 

3. Pero también se incrementa la cuantía mínima de la prestación de IT, tanto para el supuesto del art. 270.3 LGSS que señala que la cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 107% o del 80% del IPREM según que el trabajador tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo, como en el supuesto del art. 283.2 párrafo segundo LGSS: "Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo total y pase a la situación de incapacidad temporal que no constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación por desempleo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual". Por tanto, incrementado el IPREM, también la prestación de IT a percibir, tanto para hechos causantes iniciados en 2023, como para los anteriores, que deberán actualizarse.

Así, que, si te encuentras en alguno de los anteriores supuestos, y no te actualizan automáticamente la prestación de IT, remite escrito al INSS o Mutua Colaboradora, para que regularice tu situación.





29 diciembre 2022

JUBILACIÓN EN EL 2023. ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

NOTA: Aprovecho una entrada que publico cada año sobre las disposiciones transitorias de la Ley 27/2011 -y posteriores reformas- sobre la regulación de la pensión de jubilación, adecuando aquella al año actual y a la redacción del nuevo texto refundido de la LGSS (RDL 8/2015).

Después de haber publicado más de 600 entradas y haber alcanzado 2.980.000 visitas en este blog (algo más de 200.000 visitas durante el año 2022) -nunca pensé que podría a llegar a tener un "tráfico" tan alto- y habiendo superado los 14.700 comentarios publicados, de los que la mitad son preguntas efectuadas por los lectores, reedito una entrada que es ya clásica en mi página, los aspectos prácticos que se han de tener en cuenta en cada nuevo ejercicio con respecto a la pensión de jubilación. Realmente hace ya cuatro años debió finalizar el tránsito desde la antigua regulación de las pensiones de jubilación hasta el nuevo sistema establecido por la Ley 27/2011 y el Real Decreto Ley 5/2013, pero finalmente el RDL 18/2019, prorrogó lo establecido para el año 2019 mediante el RDL 28/2018, y permitió la coexistencia de ambas normas en determinados casos hasta el 31/12/2020. Finalmente la Ley 21/2021 ha establecido aquella "cláusula" con vigencia indefinida. Sin embargo, en la mayoría de supuestos ya será de aplicación la nueva normativa, por lo que realizamos una breve pincelada de aquellas cuestiones que entendemos básicas en referencia a las pensiones de jubilación que se causen en este ejercicio 2023. Veamos cuales....

1) Coexistencia de dos normativas. Recordemos que el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en la redacción efectuada por el Real Decreto Ley 5/2013, señalaba expresamente que se seguiria aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de dicha Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en diversos supuestos (OJO! Aquella DF 12 se encuentra hoy recogida en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 5, del RDL 8/2015). Sin embargo, primero el RDL 28/2018 y después el RDL 18/2019, han modificado aquella fecha, estableciendo dos prórrogas extraordinaria para aquellas pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2021, (aquí explico con más detalle dichas prórrogas), luego nuevamente prorrogado durante todo el 2021, y ahora ya, mediante la nueva redacción del a DT 4ª, apartado 5 de la LGSS según la Ley 21/2021, con vigencia indefinida pero solo en los siguientes supuestos:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, y que aquellos estén debidamente registrados  en INSS o en el ISM.

En todo caso, recordar que quien se encuentre en alguna de las situaciones del la DT 4ª, apart. 5 LGSS no es solo que puede jubilarse con la antigua ley, es que, si reúne también los requisitos de acceso con la nueva ley, la entidad gestora tiene la obligación de aplicar la legislación que resulte más favorable al trabajador. 

Destacar que ya no cabe efectuar la jubilación parcial de acuerdo a lo dispuesto en la antigua ley, sin perjuicio, para algún sector de actividad que denomina "manufacturera" -básicamente automoción- del acceso con una regulación más favorable, según lo dispuesto den el RDL 20/2018 (aquí lo explico) y que el RDLey 20/2022 ha prorrogado durante el ejercicio 2023 (ver aquí).

2) Edad ordinaria de jubilación. Para quien acceda a la pensión este año 2022, su edad ordinaria de jubilación será la siguiente (Disposición Transitoria Séptima del RDL 8/2015):

- 65 años, para quien se jubile con la ley anterior de la Ley 27/2011 o, siendo la actual ley, haya cotizado al menos 37 años y 9 meses.

- 66 años y 4 meses para quien, jubilándose de acuerdo a la nueva normativa, haya cotizado menos de 37 años y 9 meses.

Ya nos vamos acercando al 2027, en que las edades de jubilación ordinaria serán 65 y 67 años, en función de una cotización de 38 años y 6 meses, o inferior.

3) Periodo para el cálculo de la base reguladora.  (Art. 209.1 y Disposición Transitoria Octava, apartado 1º del RDL 8/2015): Nuevamente, diferenciamos para quien se jubile con la anterior normativa, al que se le efectuará el cálculo con los 15 años anteriores a la fecha del hecho causante (180 meses); mientras que quien se jubila con las normas actuales el cálculo se efectuará ya con los últimos 25 años (300 meses). Es importante recordar que, para quien tenga periodos sin cotización, la integración de lagunas no tiene límite en la antigua normativa, quedando limitada a 48 mensualidades en la nueva para aplicar la base completa, y el resto al 50% de la base mínima -y cuidado, no se aplica en todos los regímenes- (precisamente, se ha vuelta "dejar fuera" de la aplicación de dicha figura a las empleadas del hogar, que tampoco se incluye en el RD 16/2022, y a los trabajadores autónomos).

Habrá que estar atentos, no obstante, porque en la agenda del Ministerio está el incremento del periodo de cálculo de la pensión con más de 25 años.

4) Porcentaje de base reguladora según los años de cotización. Si se accede con la antigua ley serán 35 años los necesarios para conseguir el 100 % de la pensión, mientras que con la nueva ley, de momento, son precisos 36 años y 6 meses (en 2027 serán 37 años). En ambos casos, la cotización mínima para acceder a la pensión es de 15 años. Art. 210.1 b) y DT 9ª LGSS.

5) Edad mínima para acceder a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa. El acceso a esta modalidad de jubilación prevista en la nueva ley -a la que puede acceder quien sea despedido, entre otras, por causas objetivas ETOP, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, o en supuesto de violencia de género, o extinción por concurso de la empresa- será con una antelación de 4 años con respecto a la edad ordinaria de jubilación. Eso comporta que se apliquen dos posibles edades de jubilación:

- 61 años, para quien haya cotizado al menos 37 años y 9 meses o más.

- 62 años y 4 meses, para quien haya cotizado menos de 37 años y 9 meses.

Importante señalar que la Ley 21/2021 ha ampliado los supuestos de extinción de la relación laboral que permiten el acceso a dicha modalidad, así por ejemplo a cualquier despido objetivo, incluida la ineptitud sobrevenida, o por extinción por voluntad del trabajador en supuestos de movilidad geográfica, modificación susntacias de condiciones de trabajo o en aplicación del art. 50 ET.

6) Edad mínima para acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Esta modalidad, desvinculada de las vicisitudes de la relación laboral del beneficiario, será con una antelación de 2 años con respecto a la edad ordinaria de jubilación. Eso comporta, nuevamente, que se apliquen dos posibles edades de jubilación:

- 63 años, para quien haya cotizado al menos 37 años y 9 meses.

- 64 años y 4 meses, para quien haya cotizado menos de 37 años y 9 meses.

7) Reducción en los supuestos de jubilación anticipada. Es importante recordar que, si bien con la antigua ley la reducción por anticipar la edad de jubilación se efectuaba por años completos -siendo equiparable la fracción de un año a un ejercicio completo-, desde la Ley 27/2011 se producía por trimestres. Pero, ahora con la reforma efectuada por la Ley 21/2021, nos encontramos con dos situaciones diferentes:

- Respecto a la modalidad involuntaria o forzosa, la reducción por anticipación de la edad ya no es por trimestres, sino por meses o fracción del mismo, según la nueva escala del art. 207 LGSS. Aquí, si aplicando el porcentaje a la base reguladora la pensión resultante no podrá superar el importe de aplicar la reducción del 0,5% por trimestre que se anticipe la jubilación sobre la pensión máxima.

- En la modalidad voluntaria también se realizará por meses o fracción del mismo, de acuerdo al cuadro que figura en el art. 208 LGSS. Ahora esta concreta modalidad hemos de tener en cuenta que de momento (*) se aplica lo mismo que para la "forzosa", o sea, la pensión resultante no podrá superar el importe de aplicar la reducción del 0,5% por trimestre que se anticipe la jubilación sobre la pensión máxima.

Una cuestión interesante, también para la modalidad "voluntaria" es que si se accede percibiendo el subsidio de mayores de 52 años durante al menos tres meses, se aplicarán los coeficientes reductores de la modalidad "forzosa".

(*) Digo de momento, porque la previsión normativa es que a partir de 1/1/2024, si la base reguladora  es superior a la pensión máxima, los coeficientes reductores se aplicarán sobre ésta última, pero ajustando los coeficientes en un periodo de 10 años. Así que, en 2023, tranquilos de momento.

8) Desempleo para mayores de 52 años. Es importante que los perceptores de esta prestación tengan en cuenta que, de acuerdo a los cambios en la regulación de esta prestación:

- Independientemente de cuando se reconoció el subsidio, es el beneficiario el que puede optar por jubilarse anticipadamente en caso de cumplir con los requisitos, o hacerlo con la edad de jubilación ordinaria.

No está de más recordar que el TS ha sido absolutamente tajante con el tema de los ingresos que superen el umbral de ingresos fijados en la ley (75% SMI), ya que aunque sea esporádico, ha declarado en sentencia dictada en pleno que la no comunicación de dicha circunstancia al SPEE supone la extinción del derecho, sin que dicha decisión sea contraria al principio de proporcionalidad que ha de respetar todo procedimiento sancionador. La decisión es a mi modo de ver profundamente injusta y desproporcionada, pero ha sido avalada por el TC (aquí explicamos esa sentencia, con voto particular muy contundente). 

Afortunadamente, el TC anuló la disposición del RDL 5/2013 relativa al cómputo de la unidad familiar para determinar el umbral de ingresos, volviendo a la determinación individual. Algo es algo, y en otras entradas del blog ya lo expliqué con mayor detalle.

Nuevamente poner de manifiesto que en la modalidad de jubilación anticipada "voluntaria", si se accede percibiendo este subsidio -también en otros- durante al menos tres meses, se aplicarán los coeficientes reductores de la modalidad "forzosa".

9) Jubilación parcial. Se considera jubilación parcial aquella en que de forma simultánea se realiza un contrato de trabajo a tiempo parcial y se vincula con un contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Desde el del 01/04/2013, se modificaron los requisitos de acceso a esta modalidad de jubilación, y desde el año 2019 ya no es posible acceder con la normativa antigua.

Aspectos a tener en cuenta este año 2023 (todos ellos establecidos en la DT 10ª del RDL 8/2015):

- Quien sea "mutualista" puede acceder con 60 años.

- Partiendo que la cotización mínima es de 33 años, los "no mutualistas" podrán jubilarse parcialmente con 63 años y 8 meses. Se reduce a 62 años y 4 meses para quien alcance este año 2023 una cotización de al menos 35 años y 9 meses o superior.

- Durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa. No obstante, en 2023 el porcentaje es ya del 100%.

Insisto en que el RDL 20/2018 permite el acceso a la jubilación parcial en condiciones más favorables, pero limitado a un sector muy concreto de actividad (automoción, básicamente), sin que tenga carácter general, y que ha sido prorrogada al 2023 por el RDLey 20/2022.

10) Complemento de brecha de género. Antes llamado complemento de la pensión para las mujeres que han contribuido al incremento demográfico, y regulado en el art. 60 LGSS, fue modificado por el RDLey 3/2021, tanto en sus condiciones de acceso, como en su cuantía. Ahora está dirigido casi en exclusiva a las mujeres, para cualquier tipo de pensión, y por un importe de 30,40 euros mensuales por hijo (y un máximo de 4).

11) Derogación del factor de sostenibilidad.  El temido "factor de sostenibilidad de las pensiones, del cual nadie sabía como se efectuaba el cálculo -o al menos desconocíamos los parámetros reales para calcularlo-, ha ido quedando en suspenso, (la Ley 6/2018, no lo derogó con carácter definitivo, sino que "en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023"). Pero la Disposición derogatoria Única de la Ley 21/2021 lo ha expulsado definitivamente de nuestro ordenamiento. Sí ha entrado en vigor este 2023 el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que supone una cotización adicional del 0,6%.


12) Revalorización de las pensiones según el IPC interanual. El legislador también derogó el factor de revalorización del anterior art. 58 LGSS, y en el nuevo redactado del artículo como en la actual Ley de Presupuestos se ha determinado que se aplicará un incremento igual al "porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior". O sea, un 8,5% y sin que luego haya revisión alguna aunque hubiese desviación del IPC.

13) Pensiones mínimas. De acuerdo con la LPG se determinan las siguientes pensiones mínimas en cómputo anual para el 2023 en jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad:



En cómputo mensual, algunos ejemplos:

- Jubilación con 65 años con cónyuge no a cargo: 743,30 €.
- Incapacidad permanente absoluta con cónyuge no a cargo: 743,30 €.
- Incapacidad permanente total con 65 años y con cónyuge no a cargo: 743,30 €.
- Incapacidad permanente total menor 60 años y con cónyuge no a cargo: 572,30 €.
- Viudedad con 65 años o discapacidad del 65%: 783,10 €.
- Orfandad: 239,50 €.

No está de más recordar que el importe de la pensión máxima se fija para 2023 en 3.058,81 euros/mes por 14 pagas.

14) Y que parece que no habrá tregua este año, ya lo hemos visto con la Ley 21/2021... y el Pacto de Toledo puede aportar novedades importantes.... estaremos (muy) atentos.


JUBILACIÓN ANTICIPADA Y LA EXIGENCIA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. STS 22/11/2022.

La STS a la que hago ahora referencia tiene por objeto determinar si, para causar derecho a la pensión de jubilación anticipada, constituye requisito imprescindible haber mantenido la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo. Al respecto hay que tener en cuenta que hace referencia a la modalidad de jubilación anticipada por causa ajena al trabajador en la redacción anterior a la Ley 27/2011, pero que entiendo perfectamente extrapolable a la actual regulación de la jubilación anticipada forzosa o involuntaria del actual art. 207 LGSS. Lo 

Así, en la antigua redacción, y en la actual, uno de los requisitos ineludibles para acceder a la prestación es "Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación". El INSS entiende que el  alcance de la exigencia respecto a la inscripción es el de permanecer ininterrumpidamente inscrito como demandante de empleo para el acceso a la pensión de jubilación anticipada. En el supuesto de hecho de la STS se produce la situación de falta de inscripción ininterrumpida -desde 2011 hasta 2016 el trabajdor no estuvo inscrito como demandante de empleo, pero sí lo estuvo en los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud- y el cese en el trabajo es por causa no imputable al trabajador. O sea, al margen de esa necesaria inscripción en los 6 meses anteriores, el INSS interpreta que solo está el beneficiario en situación asimilada a la de alta si mantuvo, desde la finalización de la obligación de cotizar, la situación de inscripción como demandante de empleo de forma ininterrumpida, entendiendo que es de aplicación lo dispuesto en el antiguo 161.bis 2 LGSS 1994 (redacción anterior a la Ley 27/2011) o actual art. 207.1 b) LGSS 2015 -insisto, inscripción de al menos 6 meses anteriores a la solicitud-, pero también la situación de "asimilada al alta" del antiguo art. 124.1 LGSS 1994, actual art. 165.1 LGSS.

Pues bien, el TS resuelve a favor de entender cumplido con el requisito ya que:

En consecuencia, el demandante cumplía con los requisitos exigidos legalmente en lo relativo a la inscripcióncomo demandante de empleo. No resulta de aplicación preferente, como señala la sentencia de contraste, elrequisito general que para acceder a las prestaciones recoge el artículo 124 de ese mismo texto legal cuandoseñala que: "Las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán derecho alas prestaciones del mismo cuando, además de los particulares exigidos para la respectiva prestación, reúnanel requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en situación asimilada al alta, al sobrevenirla contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario,". Por ello la denegaciónde la prestación vendría dada por considerar que el demandante no está en situación asimilada a la de alta,cuando el transcurso del tiempo sin inscripción pone de manifiesto que ya no subsiste la búsqueda de empleo.Al contrario, los requisitos del artículo 161 LGSS 1994 (actual artículo 207) , aplicables al caso constituíannorma especial frente a una hipotética norma general de suerte que el cumplimiento de los allí establecidosconstituía fundamento suficiente para tener derecho a la prestación solicitada.

En consecuencia, para esta modalidad concreta de jubilación anticipada -involuntaria-, para considerar al trabajador en situación asimilada a la de alta:

1) No es preciso cumplir con la situación de inscripción como demandante de ocupación de forma ininterrumpida.

2) Es situación asimilada a la de alta, como requisito específico, la inscripción, al menos, en los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud.

Conclusión: Hace mucho tiempo que soy muy crítico con la exigencia de la situación "asimilada al alta" para el acceso a determinadas prestaciones de seguridad social. Así, en viudedad o incapacidad permanente, el acceso desde "no alta" implica acreditar carreras de cotización muy exageradas. Pero es que, además del desconocimiento de la población en general respecto a este requisito, hoy asimilar que la no inscripción como demandante de empleo supone una salida voluntaria del mercado laboral, creo que es exagerada. Por cierto, ¿alguien conoce algún ciudadano que haya obtenido trabajo a través de los servicios públicos de empleo?. Estoy seguro que no.

Y dicho lo anterior, entiendo que el alcance de la anterior sentencia hoy es muy limitado, quien es despedido, en la matoría de ocasiones pasará por desempleo y posteriormente por el recuperado subsidio de desempleo para mayores de 52 años, por lo que permanecerá con toda certeza siempre inscrito como demandante de ocupación...pero en fin, nos permitirá "rescatar" a algún despistado.

Buena lectura.

STS, a 22 de noviembre de 2022 - ROJ: STS 4505/2022

  • ECLI:ES:TS:2022:4505 
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  • Sala de lo Social 
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  • Nº de Resolución: 927/2022 
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  • Municipio: Madrid 
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  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
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  • Nº Recurso: 4281/2019
RESUMEN: PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA.- Alcance de la exigencia de permanecer ininterrumpidamente inscrito como demandante de empleo para el acceso a la misma, en supuestos en los que el cese en el trabajo no resultaba imputable al trabajador. Reitera doctrina.