Antes abogado laboralista, ahora profesor en los Estudios de Derecho y Ciencia Política UOC. Especialista en Seguridad Social.
Esta entrada es la respuesta a un comentario en el blog que se produce, sin tanta complejidad, en diversas ocasiones. Por ello, ante la extensión y al ser recurrente, respondo aquí de forma amplia.
De hecho, es una cuestión que ya abordé en esta entrada en mi blog: ¿Qué ocurre con la pensión de Incapacidad Permanente cuando el beneficiario cumple la edad ordinaria de Jubilación?
Hola, Miguel. Te expongo mi caso pues no tengo nada clara la información de la que dispongo.
Me fue reconocida una incapacidad permanente absoluta por enfermedad durante un periodo de 13 años, la cual el INSS revirtió al darme de alta como autónomo y comenzar una actividad laboral. Al informar de mi alta al INSS, me dijeron que podría hacerlo sin ningún problema y que ellos revisarían el caso y optarían por emitir una resolución. Así lo hicieron, retirándome la prestación, y me informaron de que, llegado el momento de jubilarme, podría optar por la prestación de jubilación o la correspondiente a la incapacidad, puesto que esta tenía carácter vitalicio.
Veintidós años cotizando como autónomo y vuelvo a tener un reconocimiento de incapacidad permanente total con un 55% para la actividad que desarrollaba, y el INSS me da de baja de oficio en el régimen de autónomos, quedando en situación de pensionista por incapacidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, sigo siendo titular de mi actividad económica, con mi hijo como autónomo familiar dentro, realizando tareas de gestión y no aquellas por las cuales se reconoció la incapacidad. Este hecho lo informé al INSS y a Hacienda en carta certificada una vez tuve conocimiento de ello, a lo cual el INSS volvió a decir que podía hacer lo que quisiera y que ellos revisarían y actuarían según consideraran oportuno. El resultado es que desde hace ocho años soy titular de una actividad legalmente operativa y pensionista por incapacidad.
Llegado este punto y con sesenta y seis años, a falta de 14 meses para llegar a la edad de jubilación, yo me pregunto cuál es el paraguas legal al cual puedo acogerme, porque en las simulaciones que hago en la web del INSS por ningún lado aparecen estos hechos. Simplemente se tienen en cuenta los días/años cotizados en el régimen general y de autónomos, que son 29 años y 2 meses, y la prestación que percibo ahora, dada mi situación personal, se presenta más que justa para vivir.
Me disculpo de antemano por la extensión del escrito, no he sabido sintetizarlo más, y agradezco cualquier aporte que me pueda dar un poco de luz en este tema. ¡Muchas gracias!
Estimado Antonio:
Se trata de un supuesto práctico de gran riqueza técnica en el que confluyen diversas contingencias, reglas de compatibilidad y derechos de opción prestacional. Procedo a arrojar luz sobre su situación, estructurando la respuesta en las tres fases clave de su vida laboral y pasiva para que conozca exactamente cuál es el "paraguas legal" que le ampara.
En primer lugar, menciona que el INSS le "retiró" la IPA al darse de alta como autónomo, pero indicándole que podría recuperarla al jubilarse puesto que tenía carácter "vitalicio". Jurídicamente, la prestación económica por incapacidad permanente absoluta consiste, en efecto, en una pensión vitalicia. Sin embargo, la normativa establece expresamente que si el pensionista realiza un trabajo o actividad que dé lugar a su inclusión en un régimen de la Seguridad Social, la entidad gestora procederá a suspender el pago de la pensión, reanudándose la misma cuando se produzca el cese en el trabajo o actividad, todo ello sin perjuicio de la eventual revisión del grado.
Por tanto, si el INSS aplicó la figura de la suspensión (que es lo que se deduce de la información que le facilitaron), su derecho a la IPA quedó "latente" o "dormido" mientras usted trabajaba en su nueva actividad. Cuestión distinta sería si, al tramitar su alta, el INSS hubiera incoado un expediente de revisión por mejoría y le hubiera declarado "apto para trabajar", lo cual sí habría extinguido definitivamente la pensión inicial. No puedo saber cuál es la situación, me imagino que lo que hizo el INSS es retirar el derecho a la IPA definitivamente.
Tras 22 años de cotización en el RETA, usted sufrió nuevas dolencias y el INSS le reconoció una IPT al 55% para su actividad habitual, cursando su baja de oficio en el régimen de autónomos. Su preocupación aquí versa sobre la legalidad de mantener la titularidad del negocio realizando meras labores de gestión.
Debe estar usted totalmente tranquilo: la pensión vitalicia de incapacidad permanente total es plenamente compatible con el salario que pueda percibir en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las nuevas funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad. Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, mantener la mera titularidad del establecimiento o negocio, realizando únicamente funciones residuales de gestión o administración (mientras su hijo, como autónomo colaborador, asume la carga fundamental), es una situación perfectamente lícita y compatible con la percepción de la IPT.
Como apunte dogmático adicional, debe saber que el único efecto colateral de mantener dicha titularidad mercantil es que le inhabilita para acceder al incremento del 20% de la pensión (la llamada IPT "Cualificada" que eleva la base al 75% para mayores de 55 años). La jurisprudencia y la norma exigen como requisito especial para lucrar ese incremento que el pensionista no ostente la titularidad de un establecimiento mercantil o industrial como propietario. Al mantener usted la titularidad operativa, percibe correctamente el 55% estándar.
Ya llegamos al final. Usted indica que tiene 66 años, está a 14 meses de la jubilación y acumula 29 años y 2 meses de cotización en total. En este punto, debemos fijar matemáticamente su edad ordinaria de jubilación: al acreditar menos de 38 años y 6 meses cotizados, la ley exige que (a partir del año 2027) la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación sea forzosamente la de 67 años.
¿Qué ocurrirá al alcanzar esos 67 años? Nuestro sistema de Seguridad Social se rige por el principio de pensión única e incompatibilidades, según el cual las pensiones concurrentes son incompatibles entre sí cuando coinciden en un mismo beneficiario, quien deberá ejercer su derecho de opción por una de ellas. Llegado el momento, el simulador web no le muestra toda la imagen porque no cruza los datos de sus incapacidades. Usted tendrá ante sí un abanico con tres opciones legales:
Para tener absoluta seguridad sobre esta última "Opción C", le aconsejo como que solicite formalmente al INSS información de antecedentes sobre el estado exacto de aquel primer expediente de Incapacidad Permanente Absoluta originario. Si se le confirma su estado de "suspensión", sabrá con certeza que cuenta con una tercera y valiosa carta que jugar al cumplir los 67 años. Si aquella IPA no estaba suspendida, entonces hay que intentar la opción B cuando cumpla los 67 años.
Espero haber arrojado algo de luz... Un saludo.
| Opción | Descripción | Acción Requerida |
|---|---|---|
| Opción A: Mantener IPT | Pasa a llamarse "jubilación" sin modificar condiciones (salvo posible incremento al 75%). | Ninguna (Automático). |
| Opción B: Jubilación Ordinaria | Pensión calculada por sus 29 años y 2 meses cotizados. Aplicable si es económicamente superior. | Solicitar cálculo y optar si interesa. |
| Opción C: Recuperar IPA | Levantar la suspensión de la pensión original si nunca fue extinguida. Podría ser la más beneficiosa. | Solicitar informe de antecedentes al INSS. |
Antes abogado laboralista, ahora profesor en los Estudios de Derecho y Ciencia Política UOC. Especialista en Seguridad Social.
Se acaba de publicar el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, es una norma cuyo objetivo principal es el fortalecimiento y la consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a través de un incremento, creo que sin precedentes, en su financiación. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2026/06/23/17
A continuación, analizo la norma, pendiente de su convalidación parlamentaria, pero creo que ningún partido político puede oponerse a la misma. Omito el apartado III de la exposición de motivos (relativo a la justificación constitucional de la urgencia de la medida). A saber:
El texto reconoce que, casi veinte años después de su creación -sí, fue ZP quien creó este sistema, creo que vale la pena recordarlo-, el sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y se ha convertido en un pilar del estado de bienestar, pero ha quedado parcialmente desbordado por el envejecimiento demográfico y los cambios en las estructuras familiares. Además, la reforma responde al reciente mandato del artículo 49 de la Constitución Española, que exige a los poderes públicos impulsar políticas para la vida independiente y la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad.
Desde la perspectiva del empleo, el RD-ley destaca que la dependencia es un motor económico que emplea a más de 500.000 personas (un 80% mujeres, lo cual desgraciadamente no nos sorprende), y prevé que será necesario incorporar entre 261.400 y 639.400 nuevos profesionales al sistema antes del año 2030 para hacerlo sostenible.
La norma hace balance de la financiación estatal: tras años de recortes (a partir de 2011), el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 logró revertir la situación con fuertes inyecciones presupuestarias. Esto ha tenido un impacto directo en el llamado "limbo de la dependencia", es decir, el número de personas en lista de espera se ha reducido en más de un 51,28%, mientras que el número de personas recibiendo prestaciones efectivas ha crecido un 55,2%. El objetivo de este nuevo RD-ley es consolidar esta mejora asumiendo el Estado una mayor corresponsabilidad financiera.
La principal medida es la modificación de los Presupuestos Generales del Estado (¡prorrogados desde 2023!) para actualizar al alza las transferencias del nivel mínimo de protección garantizado que el Estado paga por cada persona beneficiaria del sistema. Las nuevas cuantías mensuales quedan fijadas de la siguiente manera:
| Grado de Dependencia | Nueva Cuantía Mensual | Cuantía Anterior (2023/2025) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Grado III (Gran Dependencia) | 660,00 € | 290,00 € (2023) | Importante subida |
| Grado II (Dependencia Severa) | 260,00 € | 130,00 € (2023) | Se dobla la prestación |
| Grado I (Dependencia Moderada) | 90,00 € | 76,00 € (2023) | Subida más modesta |
| Grado III+ (Dependencia extrema) | 4.930,00 € | 4.930,00 € (2025) | Se mantiene (ELA y análogas) |
Para poder pagar estos incrementos, el Gobierno aprueba un suplemento de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales:
Como es habitual por su régimen fiscal específico, estas transferencias de crédito no son de aplicación para la Comunidad Autónoma del País Vasco ni para la Comunidad Foral de Navarra.
La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero es de aplicación a las prestaciones devengadas a partir del 1 de julio de 2026.
Aquí comenté el Decret-llei en cuestión: https://miguelonarenas.blogspot.com/2026/06/medidas-urgentes-en-materia-de.html
Ahora, de forma sobrevenida- podemos observar que la norma autonómica actúa como el engranaje perfecto para aplicar de forma práctica y urgente las grandes reformas estatales (Ley 3/2024, RD-ley 11/2025 y el recientísimo RD-ley 17/2026). El impacto y la interrelación entre este Decreto-ley catalán y el marco estatal se materializa en los siguientes puntos clave:
El Decreto-ley 4/2026 establece unas "garantías económicas mínimas" mensuales (100 € para Grado I, 150 € para Grado II y 200 € para Grado III) para las personas que están atascadas esperando la resolución de su Programa Individual de Atención (PIA). Esta medida de la Generalitat es viable gracias a la masiva inyección económica del Real Decreto-ley 17/2026 estatal, que incrementa drásticamente lo que el Estado transfiere a Cataluña por cada dependiente: 90 € por Grado I, 260 € por Grado II y 660 € por Grado III. Además, los plazos encajan a la perfección. El Estado empezará a aplicar estas nuevas cuantías desde el 1 de julio de 2026, lo que dota de liquidez a la Generalitat para cumplir su compromiso de iniciar los pagos efectivos antes del 30 de octubre de 2026, incluyendo los atrasos retroactivos.
La Ley 3/2024 y el RD-ley 11/2025 estatales crearon el Grado III+ y ordenaron que se resolviera en un máximo de 3 meses, pero no detallaron el "cómo" administrativo. El Decreto-ley catalán soluciona esto mediante sus artículos 1, 2 y 3 ya que establece una tramitación prioritaria para estos expedientes y permite que la valoración de la dependencia y la elaboración del PIA se integren en un trámite abreviado y simultáneo. De este modo, los pacientes con ELA en fase avanzada podrán acceder de forma exprés a la prestación máxima estatal de 9.850 € mensuales sin quedarse bloqueados en la burocracia.
Uno de los aspectos más criticados de la Ley 3/2024 estatal fue su Disposición Transitoria Única, que prohibió expresamente que los beneficios económicos se aplicaran con carácter retroactivo. El Decreto-ley 4/2026 catalán mejora esta desprotección, ya que en sus disposiciones transitorias 1, 2 y 3 establece que los expedientes pendientes identificados como potencial Grado III cobrarán las cuantías de forma prioritaria y con efectos retroactivos desde el mes natural siguiente a la entrada en vigor de la norma (es decir, desde el 1 de mayo de 2026).
Por último, el artículo 5 y las disposiciones transitorias del decreto catalán introducen un régimen excepcional que perdona las deudas si la resolución final otorga un grado inferior al que se estimó para abonar los mínimos de buena fe. Esta medida palía el riesgo de que el ciudadano asuma el coste del cuello de botella burocrático (que en Catalunya afectaba a más de 64.000 expedientes).
En fin, las cuantías a abonar de forma “cautelar” por el Departament de Drets Socials tras la declaración del grado de dependencia y antes de establecer el PIA son incluso muy inferiores a las nuevas ayudas, por lo que las cuantías a abonar de forma anticipada por la administración se deben incrementar para ajustarlas a la nueva dotación. Veamos en el cuadro las diferentes cuantías -todas mensuales-:
| Grados de Dependencia | Adelanto Generalitat | Ayuda 2026 actualizada | Ayuda 2025 | Ayuda 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Grado I | 100 € | 90 € | 76 € | 76 € |
| Grado II | 150 € | 260 € | 130 € | 130 € |
| Grado III | 200 € | 660 € | 290 € | 290 € |
| Grado III + (ELA) | Preferente | 4.930 € | 4.930 € | No existía |
Seguimos…
Antes abogado laboralista, ahora profesor en los Estudios de Derecho y Ciencia Política UOC. Especialista en Seguridad Social.
La automatización de los procesos administrativos en general, y de los relativos a prestaciones de seguridad social en particular, se está “normalizando” a marchas forzadas. La implantación de la Inteligencia Artificial ya es una realidad en nuestra administración. Y las AAA (Actividades Administrativas Automatizadas) un hecho real y constatado.
Si hace muy pocos días en el marco de las Jornadas laborales de CC.OO en Catalunya abordaba la cuestión, ya podemos añadir una nueva resolución automatizando decisiones sobre prestaciones “sin humano al volante”, mediante la Resolución de 15 de junio de 2026, del Instituto Social de la Marina, por la que se regula la automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para el reconocimiento de determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del mar.
Así, esta nueva resolución oficial, establece el marco legal para automatizar trámites administrativos vinculados a las prestaciones de los trabajadores del régimen especial del mar (REMAR). Detalla cómo el Instituto Social de la Marina empleará sistemas informáticos y sellos electrónicos para gestionar de forma eficiente pensiones, incapacidades y ayudas por nacimiento sin intervención humana directa. Se especifican los programas tecnológicos utilizados, como PRESMAR, ALFA e INCA, asegurando que los procesos cumplan con las normativas vigentes de administración electrónica. Asimismo, la normativa identifica a las autoridades responsables de supervisar el software y determina el procedimiento para que los ciudadanos puedan impugnar las decisiones generadas automáticamente. Este reglamento busca “modernizar” la gestión pública y entrará en vigor el 1 de julio de 2026.
Así, de forma esquemática, establece:
La Resolución de 15 de junio de 2026 ha sido dictada por el Instituto Social de la Marina (ISM) y consolida la Administración electrónica dentro del sistema de Seguridad Social, ahora con respecto al REMAR. Este cambio de paradigma no responde únicamente a una modernización tecnológica, sino a un ejercicio de potestad autoorganizativa orientado a cumplir con los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. En un entorno de creciente complejidad técnica, la automatización se erige como la fórmula indispensable para agilizar la gestión pública, permitiendo que los recursos humanos se concentren en tareas de mayor valor añadido mientras el sistema garantiza una respuesta rápida y uniforme al ciudadano.
"O sea, vamos a ser francos, automatizar procesos es reducir los recursos humanos necesarios para la gestión de las prestaciones. Peligrosa decisión…"
El despliegue de esta norma se sustenta en una arquitectura jurídica tripartita que garantiza su validez y transparencia, y que es idéntica a la que ya ha sido utilizada para las AAA de otras prestaciones del RGSS, del SEPE o de la propia TGSS, como se recoge en mi ponencia realizada en CC.OO. A saber:
La necesidad de esta nueva norma, que deroga la anterior de 17 de enero de 2022, radica en el vertiginoso desarrollo de nuevos instrumentos informáticos. Desde 2022, la realidad técnica ha superado el marco legal previo; por ello, la resolución de 2026 es imprescindible para otorgar cobertura jurídica a procedimientos que ahora pueden ser gestionados de forma automatizada, buscando una simplificación de trámites que dote al sistema de una robustez acorde a la tecnología vigente.
Esta sólida base normativa permite proyectar la automatización sobre un catálogo específico de prestaciones que integran la acción protectora de los trabajadores del mar.
La delimitación y enumeración de las prestaciones sujetas a automatización es un presupuesto inexcusable para garantizar la seguridad jurídica de los administrados. Al definir aquellas, el ISM asegura que las personas trabajadoras del mar conozcan con exactitud qué derechos serán objeto de un tratamiento reglado y automatizado, evitando cualquier atisbo de arbitrariedad en la gestión.
"Claro, y perdón por la ironía, es evidente que todas las personas trabajadoras, y especialmente las del mar, examinamos cada día el BOE para tener absoluta certeza de las actuaciones administrativas automatizadas que afectan a nuestras futuras prestaciones de seguridad social. Por favor…"
El sistema abarca las siguientes prestaciones económicas del Régimen Especial -salvo error o despiste mío-, solo faltan desempleo y cese de actividad, pero ya están automatizadas en otras resoluciones anteriores:
La operatividad técnica se articula a través de tres aplicaciones, destacando la dualidad en la gestión de la jubilación:
| Aplicación Informática | Prestaciones y Funcionalidades | Referencia Normativa |
|---|---|---|
| PRESMAR | Tramitación y cálculo de pensiones de jubilación contributiva. | Res. de 1 de septiembre de 2008. |
| ALFA | Gestión, tramitación y cálculo de jubilación, muerte y supervivencia, e incapacidad permanente. | Res. de 15 de junio de 2026. |
| INCA | Gestión de prestaciones de corta duración (IT, nacimiento, riesgos durante embarazo/lactancia y cuidados de menores). | Res. de 15 de junio de 2026. |
"Una vez identificados los aplicativos, es necesario desglosar la mecánica procedimental que rige el flujo de estos datos hacia el acto administrativo final. Realmente no alcanzo a entender la dicotomía entre PRESMAR y ALFA, aunque seguramente el segundo acabe sustituyendo íntegramente al primero."
La resolución establece una distinción funcional entre los actos de trámite y las resoluciones definitivas, una dicotomía esencial para inyectar agilidad al procedimiento. Esta estructura permite que el sistema actúe de forma autónoma en fases donde la decisión no requiere “subjetividad”, eliminando esperas innecesarias y asegurando que el flujo administrativo sea ininterrumpido.
El sistema está facultado para la generación de:
Es crucial subrayar que nos encontramos ante actos reglados. La "inteligencia" del sistema no es discrecional; se basa en el cruce de datos del solicitante con las bases de datos corporativas y de otras administraciones. El sentido de la resolución se determina exclusivamente mediante parámetros predefinidos que verifican el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la norma de seguridad social.
Para que estos procesos tengan plena validez, deben estar revestidos de garantías de autenticidad que vinculen legalmente al organismo con el documento emitido.
En el marco de la actuación automatizada, el sello electrónico sustituye la firma manuscrita o electrónica del funcionario, actuando como el garante de la integridad del acto administrativo. Su uso asegura que la autoría del documento corresponde fehacientemente al Instituto Social de la Marina, dotando al proceso de la misma validez que si hubiera intervenido un empleado público.
De conformidad con la Resolución de 2 de julio de 2021, el ISM emplea su sello electrónico institucional. Cada documento generado debe incluir obligatoriamente:
La transparencia del sistema se garantiza mediante el Código Electrónico de Autenticación (CEA). Este código no es solo una referencia de consulta, sino una exigencia del Art. 42.b de la Ley 40/2015 para asegurar la integridad. Permite al ciudadano cotejar el documento en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, verificando que la resolución no ha sufrido alteraciones desde su generación.
"La integridad del documento es la base que tenemos como administrados para articular nuestra defensa legal en caso de discrepancia."
La determinación de un órgano responsable es una exigencia ineludible para el ejercicio del derecho de defensa en procedimientos carentes de intervención humana directa, en que la ley exige identificar a una autoridad física o jurídica ante la cual el ciudadano pueda reaccionar, evitando cualquier situación de indefensión.
La responsabilidad de los actos automatizados recae en la persona titular de la dirección provincial del ISM correspondiente. Las reglas de competencia territorial se definen de la siguiente manera:
Toda resolución debe especificar los recursos procedentes, los órganos administrativos o judiciales ante los que deben interponerse y los plazos legalmente previstos. Este rigor procesal garantiza que la automatización no suponga, bajo ninguna circunstancia, un menoscabo en los derechos de defensa del trabajador.
"Evidentemente, no lo dice la resolución, pero estamos en materia prestacional, la vía de recurso es la reclamación previa del art. 71 LRJS."
El buen funcionamiento de este modelo reside en la separación entre la definición de las reglas de actuación y la ejecución técnica. Esta gobernanza asegura que el algoritmo siempre sea un reflejo fiel de la voluntad del legislador.
La resolución establece los hitos temporales para la transición definitiva hacia este nuevo marco operativo de gestión automatizada:
SISTEMAS PRESMAR/ALFA/INCA ¿ESTAMOS CONTROLADOS?
Antes abogado laboralista, ahora profesor en los Estudios de Derecho y Ciencia Política UOC. Especialista en Seguridad Social.
"Esta es mi entrada 1.000 en el blog. Ya son unas cuentas, sí, el tiempo pasa inexorable. Y además estoy copiando a otro blogero, lo que reconozco sin ningún rubor. Pero es que se trata de mi compañero, el doctor Antonio Fernández García, director del webinar que aquí destaco, y del que estoy muy orgulloso en poder participar, no solo junto a él, sino también con mi compañera la profesora Eugènia Revilla, y como no, con Ignasi Beltran, además de un elenco de ponentes, lo podréis ver, excelente. No me parece mal para mi entrada milenaria..."
Me complace presentaros un proyecto nacido de los cuatro laboralistas que prestamos servicios en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y que pretende ofrecer propuestas formativas especializadas, conectadas con la evolución jurisprudencial y con los debates más recientes, combinando rigor académico y práctica profesional. Se trata de los “Ciclos UOC-Lab” que inauguramos este año con el seminario online que dirijo “Retos actuales en la extinción del contrato de trabajo: más allá de la norma”.
El seminario es un laboratorio de práctica jurídica dirigido a profesionales del ámbito laboral que necesitan comprender y anticipar la evolución interpretativa en materia de despido y extinción contractual. No se trata de un conjunto aislado de conferencias, sino de un espacio estructurado de trabajo en el que se combinan reflexión académica, experiencia jurisdiccional y ejercicio profesional para abordar de manera crítica y aplicada las transformaciones más relevantes en este ámbito.
Cualquier laboralista se ha percatado de que la lectura estrictamente normativa resulta hoy insuficiente para comprender la evolución de la extinción del contrato de trabajo. La creciente influencia del Derecho de la Unión Europea, la centralidad de los derechos fundamentales, el debate abierto en torno al caso Obadal y las transformaciones en la práctica procesal y en la cuantificación indemnizatoria están redefiniendo el marco tradicional.
En este seminario no vamos únicamente a exponer contenidos, sino que pretendemos generar un espacio de diálogo cualificado que facilite la comprensión de tendencias jurisprudenciales emergentes, identifique riesgos interpretativos y permita anticipar escenarios futuros en un ámbito especialmente sensible del Derecho del Trabajo contemporáneo.
El seminario se desarrollará en formato síncrono en línea, estructurado en cuatro sesiones. Cada sesión combinará una exposición técnica con un diálogo moderado. Tras cada sesión, se habilitará un espacio virtual asociado que permitirá prolongar la reflexión entre sesiones y consolidar los contenidos trabajados.
La matrícula puede hacerse de forma individual para cada sesión (asistencia y acceso al vídeo) o en modalidad completa (incluye acceso al espacio virtual y materiales asociados durante el curso y hasta un mes después).
Ponente: Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UOC).
Moderación: Antonio Fernández García, profesor agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UOC).
Ponentes: Ana Alós Ramos, abogada laboralista (Uria Méndez) y Eugènia Prados Correas, abogada laboralista (Colectivo AIDE).
Moderación: Miguel Arenas Gómez, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UOC).
Ponentes: Adrián Todolí Signes, catedrático (Universitat de València) y Jesús Gómez Esteban, magistrado del TSJ de Cataluña.
Moderación: Eugènia Revilla Esteve, profesora lectora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UOC).
Ponente: Eva Desdentado Daroca, catedrática de Derecho Administrativo (Universidad de Alcalá de Henares).
Moderación: Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UOC).
Creo que puede ser una excelente herramienta para:
"Y, en definitiva, por el excelente abanico de ponentes, profesionales contrastados, magistrados y académicos que, entiendo, son la conjunción perfecta para abordar las cuestiones que proponemos."
Antes abogado laboralista, ahora profesor en los Estudios de Derecho y Ciencia Política UOC. Especialista en Seguridad Social.
Nuestra jurisdicción social se está desangrando, si se me permite la expresión, dura, lo sé. Pero es que está sufriendo un deterioro, como servicio público que es, comparable con el que está padeciendo nuestro sistema público de educación -ya estamos viendo las condiciones muy lamentables de algunas aulas y las de nuestros docentes-, el transporte de pasajeros -no hace falta que explique a nadie que sea usuario de cercanías en este país de qué estoy hablando-, y cada vez más similar a nuestra sanidad pública, con menos efectivos sanitarios, menos recursos económicos, y con una población cada vez más enferma y más envejecida. Y es que estamos sufriendo las listas de espera en el orden social.
Un post en LinkedIn, un día cualquiera:
Tener por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno procedimiento, registrándose en el libro registro correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 24/04/2028, a las 10:50, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la C/ Princesa, 3 , Planta 8 - 28008, debiendo citarse a las partes, con entrega al/los demandado/s y en su caso a los demás interesados de copia de la demanda y documentos aportados.
Y ya son frecuentes señalamientos en el año 2030. ¿No se lo creen? Miren esta entrada el LinkedIn de la abogada de CC.OO y profesora de la UAB, Montse Arcos: ver publicación. Sí, lo han visto bien, es un juicio señalado para el 13/02/2030.
Pues sí, las listas de espera han llegado a la jurisdicción social. Al respecto traigo a colación el Informe que hace ya tiempo emitió CC.OO sobre el estado de la jurisdicción social “Sin justicia no hay derechos” del que destaco este párrafo:
“La desagregación por materias muestra que la demora no afecta de forma homogénea a todos los procedimientos. En los Juzgados de lo Social, las materias con mayor duración estimada en 2024 son accidentes de trabajo, enfermedad profesional y prevención de riesgos laborales, con 19,8 meses; los procedimientos de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, con 16,3 meses; las reclamaciones de cantidad, con 14,5 meses; y Seguridad Social, con 12,8 meses. También los despidos, pese a su naturaleza preferente, presentan una duración estimada de 8,2 meses, y los derechos fundamentales y libertades públicas alcanzan 7,7 meses”.
Con lo que, según la “especialidad”, la lista de espera puede ser muy, pero que muy lejana. Y no es que esté mejorando la situación.
La administración de justicia en España, y muy particularmente en su orden jurisdiccional social, atraviesa una crisis de dimensiones sistémicas que ha desbordado los cauces de lo coyuntural para enquistarse como un defecto estructural del Estado. Las demoras excesivas en los señalamientos judiciales han dejado de ser una mera disfunción administrativa para convertirse en una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Resulta imperativo analizar esta problemática a través de una doble óptica: la estrictamente jurídica, relativa a la quiebra de las garantías constitucionales, y la dimensión social, que evidencia el desamparo material de los justiciables.
El artículo 24.2 de la Constitución Española (CE) consagra el derecho fundamental a un proceso público sin retrasos, o mejor dicho, sin dilaciones indebidas, lo que además se reitera en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, tanto en la exposición de motivos como en el artículo 3.2:
“El derecho de defensa incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los tribunales de justicia, a un proceso sin dilaciones indebidas…”
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) ha sido categórica al establecer que las carencias organizativas, la falta de medios personales y materiales, o la sobrecarga endémica de trabajo que sufren los juzgados no son causas que legitimen ni neutralicen la lesión de este derecho. Como bien señalan recientes resoluciones, como las SSTC 31/2023 y 135/2024, el ciudadano es absolutamente ajeno a las deficiencias estructurales del Estado, por lo que el elevado número de asuntos no justifica que un señalamiento para un juicio laboral o de prestaciones de Seguridad Social se fije a tres años vista.
Sin embargo, desde una óptica jurídica crítica, la respuesta del propio Tribunal Constitucional resulta, en la práctica, insuficiente para la restitución in natura del derecho. Ante la constatación de demoras de carácter estructural, el Alto Tribunal deniega sistemáticamente el adelantamiento de las vistas o la nulidad de los señalamientos tardíos, argumentando que alterar el orden cronológico agravaría la situación de terceros justiciables que se encuentran en idéntica lista de espera.
De este modo, el único mecanismo real de reparación que se ofrece al ciudadano es acudir, a posteriori, a la exigencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE). Esta solución dogmática obliga a quien ya ha sido víctima de la lentitud judicial a iniciar un nuevo peregrinaje legal y administrativo para ser indemnizado, lo que resulta a todas luces ineficaz y desalentador para la protección real de los derechos.
Si el análisis jurídico revela una fractura constitucional, el impacto social de las dilaciones judiciales es devastador. La jurisdicción social dirime controversias que afectan al núcleo de la subsistencia ciudadana: despidos, impagos de salarios, prestaciones por desempleo, ingreso mínimo vital o pensiones de incapacidad y jubilación.
Según datos recientes, los litigios vinculados a prestaciones de la Seguridad Social alcanzan demoras medias estatales de 15,7 meses hasta el señalamiento del juicio, mientras que las reclamaciones salariales se demoran unos 15 meses de media. En territorios especialmente colapsados como Andalucía, Catalunya o la Comunidad Valenciana, los tiempos de espera pueden superar ampliamente el año y medio, alcanzando los 20 meses o más en provincias concretas.
Esta demora no opera de forma aséptica, sino que altera drásticamente el equilibrio de las relaciones laborales. Frente a un empleador o una Administración pública que pueden soportar el paso del tiempo, el trabajador despedido o privado de prestaciones se encuentra en una situación de asfixia financiera. Sociológicamente, el retraso judicial ejerce un efecto disuasorio sobre la reclamación de derechos e incentiva la aceptación forzosa de acuerdos económicos a la baja (conciliaciones) por la simple necesidad de supervivencia o necesidad económica. En definitiva, la lentitud judicial incentiva la arbitrariedad empresarial y desactiva la función protectora intrínseca del Derecho del Trabajo.
El atasco es multicausal. A una litigiosidad disparada tras la pandemia y la reforma laboral, se suma un déficit endémico de recursos. España cuenta con apenas 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 18. Esta carencia estructural se ha visto agravada no hace mucho por las huelgas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y funcionarios, que dejaron cientos de miles de juicios paralizados y un embalse procesal del que el sistema es incapaz de recuperarse, ya “herido” en la pandemia.
El legislador ha intentado atajar esta sangría mediante la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor en 2025 y apuesta, especialmente en el orden social, por sustituir los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, fomentar las sentencias in voce e imponer la aportación anticipada de pruebas. No obstante, los operadores jurídicos y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierten con firmeza que la reforma es materialmente inasumible con las plazas judiciales previstas. Las deficiencias organizativas, la altísima interinidad de las plantillas y el fracaso de los sistemas informáticos evidencian que el nuevo modelo corre el riesgo de ser una mera reforma cosmética o "de papel" si no se acompaña de una inyección presupuestaria y de personal acorde a las necesidades reales.
La firmeza de los operadores jurídicos frente a estos retrasos debe ser absoluta, ya que la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Consentir que la ciudadanía deba esperar tres años o más para que se declare la fijeza de su relación laboral o más de un año para acceder a una prestación del ingreso mínimo vital, atenta no solo contra el artículo 24.2 de la Carta Magna, sino contra los cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho. Urge superar la retórica de la "reforma organizativa" e inyectar de manera inmediata medios personales, materiales y técnicos que rescaten a la jurisdicción social del colapso en el que agoniza.
Y es que, en la justicia en el orden laboral, las listas de espera no se pueden arreglar acudiendo a la medicina privada. Mientras, se sigue desangrando.
Cito a las partes partes a los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria; el primero, ante el Letrado de la Administración de Justicia y el segundo ante la Jueza, en la sede de este Órgano judicial el día 13/02/2030 a las 11:00 horas.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos a la parte demandada, a quien se cita también para los actos señalados.
Tiempo restante para el juicio señalado el 13 de Febrero de 2030 a las 11:00h
Antes abogado laboralista, ahora profesor en los Estudios de Derecho y Ciencia Política UOC. Especialista en Seguridad Social.
