28 octubre 2024

5 AÑOS SIN INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE OCUPACIÓN NO PERMITEN EL ACCESO A LA IPT. STS 4724/2024.

Ya he comentado en alguna entrada anterior la necesidad de cumplir con el requisito de la situación de alta o asimilada a la de alta -aquí  o aquí-. Y la excepción, que es la aplicación del principio humanizador o flexibilizador, no es nada fácil.

Pues bien la sentencia del Tribunal Supremo (STS) 4724/2024, con referencia ECLI:ES:TS:2024:4724, aborda nuevamente esta cuestión, y señala la necesidad de estar en alta o en situación asimilada para acceder a la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. El resumen del CENDOJ es este: Situación asimilada al alta IPT. Inscripción ininterrumpida como demandante de empleo. No se cumple este requisito.

Contexto del Caso:

  • La sentencia se origina en un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
  • Se trata de una trabajadora, Dª. Tamara, que solicitó la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.
  • El INSS argumenta que Dª. Tamara no cumplía con el requisito de estar en alta o en situación asimilada al momento del hecho causante.

Normativa Aplicable:

  • El INSS basa su recurso en los artículos 138 y 124 de la anterior Ley General de la Seguridad Social de 1994, que corresponden a los actuales artículos 164, 166 y 195 de la LGSS 2015. Allí se establecen los requisitos para el acceso a la prestación de incapacidad permanente, incluyendo la necesidad de estar en alta o en situación asimilada.

Sentencias Referenciadas:

  • STS 335/2021, de 23 de marzo (rcud. 3953/2018): Esta sentencia previa del Tribunal Supremo, emitida en el mismo caso, anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y devolvió el caso a la Sala de procedencia para que se pronunciara sobre el requisito de estar en alta o en situación asimilada.
  • STS 416/2021, de 20 de abril (rcud. 4668/2018): Esta sentencia define las "situaciones asimiladas al alta" como aquellos supuestos legales en los que, a pesar de haberse cursado la baja en la Seguridad Social, se considera que el trabajador debe conservar la situación de alta previa para el reconocimiento de determinadas prestaciones. La sentencia menciona como ejemplos la situación legal de desempleo y el paro involuntario, siempre que se mantenga la inscripción como desempleado.
  • Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de junio de 2019, rec. 1800/2018: Esta sentencia es la utilizada por el INSS  de contraste en su recurso de casación.

Decisión del Tribunal Supremo:

  • El TS estima el recurso del INSS y casa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo que supone, sin analizar el alcance invalidante o no de las lesiones, denegar el derecho a ser declarada en situación de IPT por no cumplir con uno de los requisitos de acceso.
  • El Ponente insiste en la importancia del requisito de estar en alta o en situación asimilada en momento del hecho causante para acceder a la incapacidad permanente total por enfermedad común.

Puntos Clave:

  • Las dos sentencias sustentan sus contradictorias conclusiones en la diferente valoración de la incidencia de los periodos en los que no hay inscripción como demandante de empleo. Y así las diferencias, que son notables, entre ambas son:
  •  En la sentencia referencial:
  1. Cesó en su actividad en el RETA en una fecha similar a la recurrida, febrero de 2010. Se inscribe como demandante de empleo el 20/2/2012, interrumpe la inscripción el 24/6/13, para volver a inscribirse el 29/7/13, manteniéndola ininterrumpida hasta la presentación de la solicitud el 28 de diciembre de 2015. A lo que debe añadirse, que vuelve a estar de alta en el RETA desde junio de 2016, regentando un quiosco de chucherías.
  2. Además, en la referencial la última inscripción es de 29 de julio de 2013, y se mantiene ininterrumpidamente hasta la presentación de la solicitud de incapacidad permanente el 28 de diciembre de 2015. Tras lo cual hay incluso nueva alta en el RETA desde junio de 2016.
  3. De esta forma, la inscripción como demandante de empleo en el caso de la referencial se ha interrumpido un total de 755 días en varios periodos, el equivalente a dos años.

  • Sin embargo, en la sentencia recurrida:

  1. En el supuesto de la recurrida ha quedado probado que la actora cesa en su última actividad laboral el 31 de mayo de 2010, sin llegar a inscribirse como demandante de empleo hasta el 18 de marzo de 2015, en fecha coincidente con la solicitud de la incapacidad permanente que le es denegada el 28 de mayo de 2015. Es decir, un total de cinco años ininterrumpidos.
  2. En la recurrida la inscripción se formaliza por primera vez en marzo de 2015, en coincidencia con el momento de solicitar la incapacidad permanente -mayo de 2015-.
  3. Mientras que en el supuesto de la recurrida han sido un total ininterrumpido de cinco años sin inscripción alguna como demandante de empleo.

Conclusión:

Sencillo, que cinco años ininterrumpidos sin inscripción como demandante de empleo, entiende el Supremo, que evidencian con toda nitidez una clara voluntad de apartarse voluntariamente del mundo laboral. Circunstancias en las que afirma el Ponente no es posible admitir que se acredite el requisito de encontrarse en situación de asimilada al alta en la fecha del hecho causante.

Consejo: En fin. Mucho cuidado con las solicitudes de IP sin haber comprobado antes 1) la situación de alta o asimilada, 2) cotización acreditada, 3) valoración del posible grado de IP. Y si la interrupción como demandante de ocupación ha sido larga e injustificada, la inscripción sobrevenida, no subsana la falta de concurrencia de la situación "asimilada a la de alta", que es lo que ocurre en el caso analizado por la STS.

¡Ah!, y en el RETA, hay realizar una aproximación a la posible base regulador, no pase como en el procedimiento de IP que se refiere en esta otra STS, a 15 de octubre de 2024 - ROJ: STS 4986/2024, sobre la (no) aplicación del art. 197.4 LGSS para la integración de lagunas de cotización en el RETA -la sentencia es desestimatoria por falta de desarrollo del motivo casacional ¿entonces por qué se admitió a trámite?-, pero, y esta es la cuestión que quiero poner de manifiesto, sobre una pensión, su BR: "Que estimando la demanda formulada por Dª Enma ,representada y asistida por el Letrado D. David Bou Avellana, contra el INSS-TGSS, DECLARO que la actora se halla afecta de Incapacidad Permanente en grado de Absoluta, con derecho a percibir de la demandada, INSS, una pensión mensual equivalente al 100% de su base reguladora mensual de CERO euros con las revalorizaciones legales que procedan y efectos económicos desde el 11/10/19". Sí, tiene derecho, seguramente, al complemento por mínimos, pero recordemos que en cuantía máxima de la PNC.

Y es que, seguramente en ambas procedimientos, la derivación a la pensión de invalidez no contributiva, habría sido la solución más correcta y efectiva.



24 octubre 2024

SEGUIMOS CON LAS PAREJAS DE HECHO Y EL REQUISITO DE INSCRIPCIÓN FORMAL. NOVEDADES.

 Pues no lo voy a negar, pero es un jarro de agua fría para las parejas de hecho no registradas formalmente. El Auto del TC nº 89/21 de fecha 24/09/2024 inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7368-2023, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en relación con el segundo párrafo del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Y es que, en definitiva, el TC no aprecia vicio de inconstitucionalidad, en referencia a cuestión planteada contra el art. 221.2 párrafo segundo LGSS, que exige la formalización de la pareja de de hecho mediante inscripción registral o documento público para acceder a la pensión de viudedad. De forma esquemática:

I. Antecedentes

  • La cuestión de inconstitucionalidad lo es en relación con la denegación de una pensión de viudedad a una mujer que convivía con su pareja desde hacía 30 años y tenían dos hijos en común. La denegación se basa en la falta de formalización de la pareja de hecho.
  • Se detallan los argumentos de la Sala, que plantea dos dudas de constitucionalidad:
    • Vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) en relación con la protección de la familia (art. 39 CE) y el acceso a las prestaciones de Seguridad Social (art. 41 CE).
    • Discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE) al impactar el requisito de formalización en una prestación mayoritariamente percibida por mujeres.
  • Se exponen las alegaciones del INSS y del Ministerio Fiscal, que consideran la cuestión de inconstitucionalidad notoriamente infundada.
  • El fiscal general del Estado se pronuncia a favor de la inadmisión de la cuestión.

II. Fundamentos jurídicos

  • Se reiteran los argumentos de las partes.
  • Se transcribe el art. 221.2 TRLGSS en su redacción original.
  • Se analiza la primera duda de constitucionalidad, concluyendo que es notoriamente infundada -discrepo al respecto- por dos motivos:
    • El TC ya ha validado la exigencia de formalización de la pareja de hecho en relación con el principio de igualdad.
    • La diferencia de trato entre cónyuges viudos y convivientes supérstites está justificada por los arts. 32 y 10.1 CE.
    • La exigencia de formalización ad solemnitatem no es arbitraria y se justifica en la seguridad jurídica, la prevención del fraude (¿?) y la coordinación del sistema de Seguridad Social.
    • No se vulneran los arts. 39 y 41 CE, ya que la no formalización de la pareja es una libre elección de los convivientes.
    • El requisito de formalización es proporcionado y de fácil cumplimiento.
  • Se analiza la segunda duda de constitucionalidad, concluyendo el TC, y discrepo respetuosamente, que también es notoriamente infundada:
    • Se expone la doctrina constitucional sobre la discriminación indirecta por razón de sexo.
    • Se argumenta que el requisito de formalización no perjudica más a las mujeres que a los hombres.
    • Se rechaza la idea de que la falta de formalización se deba a una relación de subordinación de la mujer.
    • La exigencia de formalización se justifica en factores objetivos ajenos al sexo.

III. Fallo

  • El Pleno del TC acuerda inadmitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad.

O sea, el Auto 89/2024 del TC confirma la doctrina previa sobre la constitucionalidad del requisito de formalización de la pareja de hecho para el acceso a la pensión de viudedad, ya que entiende que la diferencia de trato entre cónyuges viudos y convivientes supérstites está justificada y que la exigencia de formalización no supone una discriminación indirecta por razón de sexo.


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No hay mejores noticias desde un punto de vista político para esta cuestión. Y es que las compañeras de la asociación Viudedad Igualdad están intentando que lo que no se ha solucionado por el TC, se haga en sede Parlamentaria. a través de la Ley de Familias...pero parece que por ahí tampoco va a haber solución. Acceso a la noticia en ABC. Creo que el titular ya es elocuente.


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Pero, cuando ya daba esta lucha por perdida, viene el TSJ Madrid y dicta la sentencia nº 721/2024 (RS 62/2024) de fecha 13/09/2024 -lo siento, aún no está en el CENDOJ, o yo no he sabido localizarla- de la que es Ponente la Magistrada Alicia Catalá, y el abogado es el compañero Enrique Gallo -aquí hace referencia a la sentencia en su web- al que felicito por su labor. Pues bien, la muy novedosa sentencia, se puede resumir esquemáticamente de la siguiente forma, anticipando que estima el recurso de suplicación interpuesto por una mujer a la que se le denegó la pensión de viudedad por no haber inscrito formalmente su relación de pareja de hecho, ya que interpreta el art. 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) a la luz de las recientes reformas legislativas que han eliminado el requisito de formalización para las parejas de hecho con hijos en el acceso a otras prestaciones, como el subsidio por desempleo y el ingreso mínimo vital (en el RDLey 2/2024). Vamos con el resumen:

I. Antecedentes:

  • La actora solicita una pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja, con quien convivía more uxorio y tenía un hijo en común.
  • El INSS deniega la pensión por falta de inscripción formal de la pareja de hecho, de acuerdo con los artículos 219, 220 y 221 de la LGSS.
  • La sentencia del Juzgado de lo Social confirma la denegación.

II. Argumentos del recurso:

  • La representación legal de la actora argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) permite flexibilizar la forma de acreditar la existencia de la pareja de hecho para el acceso a la pensión de viudedad. Recuerda la famosa sentencia de la sala contencioso administrativa que se "saltó" el requisito formal de inscripción ante una dilatadísima y acreditada convivencia.

III. Análisis del TSJ de Madrid:

  • La Sala de lo Social del TSJ de Madrid reconoce la jurisprudencia consolidada del TS, que exige la inscripción formal de la pareja de hecho para el acceso a la pensión de viudedad.
  • Sin embargo, la sentencia destaca la reciente reforma de la LGSS introducida por el Real Decreto-ley 2/2024, que elimina el requisito de formalización para parejas de hecho con hijos en el acceso al subsidio por desempleo y al ingreso mínimo vital.
  • La Sala considera que esta reforma, aunque no sea aplicable al caso por razones temporales, constituye una "pauta interpretativa" relevante que apunta hacia una flexibilización de los requisitos para el acceso a la pensión de viudedad en casos similares.
  • El TSJ de Madrid argumenta que resulta ilógico e incoherente que la LGSS, tras la reforma, condicione el acceso a tres prestaciones diferentes (subsidio por desempleo, IMV y pensión de viudedad) a exigencias distintas para parejas de hecho con hijos.
  • La Sala defiende una interpretación de la ley que sea coherente con la intención del legislador de "homogeneizar" el concepto de pareja de hecho en el acceso a las prestaciones.

IV. Fallo:

  • El TSJ de Madrid estima el recurso de suplicación, revoca la sentencia de instancia y reconoce el derecho de la actora a percibir la pensión de viudedad.

V. Conclusiones:

  • La Sentencia 721/2024 del TSJ de Madrid introduce una nueva -e inesperada- perspectiva en la interpretación del requisito de formalización de la pareja de hecho para el acceso a la pensión de viudedad.
  • La Sala considera que las recientes reformas de la LGSS, que eliminan este requisito para parejas de hecho con hijos en el acceso a otras prestaciones, deben tenerse en cuenta como "pautas interpretativas" para flexibilizar el acceso a la pensión de viudedad en casos similares.
  • Cabe pensar que puede sentar un precedente para futuros casos en los que se solicite la pensión de viudedad sin la formalización de la pareja de hecho, siempre que existan hijos en común. Lo veremos, pero es evidente que ha abierto una puerta.

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A modo de conclusión. Es evidente que la nueva STSJ Madrid, con un nuevo argumento y eso no puede ser esquivado, supone a mi modesto entender, que deban reinterpretarse tanto la doctrina  del TC como la jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, que no son ignoradas y así se expone en la STSJ de Madrid, pero es que, en definitiva, el TSJ de Madrid considera que la reciente reforma de la LGSS por el RDLey 2/2024, que elimina el requisito de formalización para parejas de hecho con hijos en el acceso al subsidio por desempleo y al ingreso mínimo vital, debería tenerse en cuenta como "pauta interpretativa" para flexibilizar el acceso a la pensión de viudedad en casos similares. Es decir, un "soplo de aire fresco" después de tantos jarros de agua fría...

PD: sí, he utilizado #IA para este post, con supervisión, con comentarios propios, pero sí, con #IA.

18 octubre 2024

GUÍA PRÁCTICA Y MUY BREVE SOBRE EL RECURSO DE SUPLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: PARA ESTUDIANTES Y JÓVENES ABOGADOS

Esta pequeña guía, sin ninguna vocación doctrinal, ha sido elaborada - con un poquito de ayuda de la #IA- pensando en estudiantes de los grados de relaciones laborales,  derecho y del máster de abogacía y procura. El objetivo es brindar una visión rápida, clara y concisa sobre el recurso de suplicación en la jurisdicción social, para facilitar su comprensión, y aunque en menor medida, su aplicación práctica. No diré que es una guía para "dummies", pero lo es. Es una reflexión que hago en público por algo que apuntan en linkedin mis compañeros, uno joven y otro un poco menos joven, pero a los que admiro por diferentes razones, Ramon Salvat y Bernat Miserol (aquí el motivo de mi entrada) sobre el desconocimiento de este recurso. Vamos con ello:

I. Pequeña introducción al Recurso de Suplicación

El recurso de suplicación es un recurso ordinario que permite a las partes impugnar sentencias - y también determinados autos, pero en eso no voy a entrar- dictadas por los Juzgados de lo Social. Su finalidad es que un tribunal superior, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la CC.AA que por territorio corresponda, revise la sentencia y corrija los posibles errores y/o defectos que contenga.

II. Requisitos del Recurso de Suplicación

Para que el recurso de suplicación sea admitido a trámite, es necesario que se cumplan una serie de requisitos, tanto de fondo como de forma:

A. Requisitos de Fondo:

  • Sentencia recurrible: No todas las sentencias son susceptibles de ser recurridas en suplicación. El artículo 191 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), establece los casos en que procede este recurso.
  • Cuantía: En general, se requiere que la cuantía del litigio supere los 3.000 euros.
    • Sin embargo, existen excepciones a esta regla, por ejemplo, cuando se trata de la vulneración de DD.FF.
    • En las reclamaciones sobre prestaciones económicas de seguridad social periódicas o diferencias sobre ellas, la cuantía se determina por el importe anual de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, sin tener en cuenta actualizaciones, mejoras o intereses.
  • Legitimación: Solo quienes hayan sido parte en el proceso y se vean afectados por la sentencia podrán interponer el recurso. Hay cuestiones interesantes, como por ejemplo en determinación de contingencia profesional, en que se permite a la empresa recurrir ya que sí tiene interés indirecto, por futuros procesos de recargo de prestaciones o indemnización civil.

B. Requisitos de Forma:

  • Anuncio: El recurso debe anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. Este anuncio puede hacerse de forma oral al recibir la notificación -yo no lo he llegado a hacer nunca, me imagino que es cuando se dictaba alguna sentencia "in voce"-, por comparecencia o mediante escrito, muy sencillo, presentado ante el Juzgado.
  • Interposición: Si el recurso ha sido anunciado correctamente, el LAJ judicial pondrá los autos a disposición del letrado del recurrente para que interponga el recurso dentro de los diez días siguientes (aquí ojo que si ya están "colgados" en el expediente judicial, no hay nada que recoger), y a tener especialmente en cuenta que el plazo se inicia al día siguiente de la notificación, no desde que recogemos las actuaciones. Y en los procesos, como despido, DD.FF., altas médica y algún otro, agosto es hábil.
    • El escrito de interposición se presentará ante el Juzgado, con tantas copias como partes recurridas (bueno, lo presentamos por la plataforma que toque y ya nos dirán si tenemos que presentar o no copias en papel).
    • En el escrito se expresarán de forma individual cada uno de los motivos del recurso, citando las normas o jurisprudencia que se consideren infringidas.
  • Aquí me detengo, porque este es núcleo fundamental del recurso. Solo existen tres motivos por los cuales se puede interponer un recurso de suplicación (aunque dentro de cada uno de esos "motivos" pueden desarrollarse varios. Es lo que lo diferencia de los recursos de apelación civiles o penales, y lo convierte en un recurso "cuasi-extraordinario", en tanto en cuanto, solo el desarrollo detallado de cada uno de los tres posibles motivos permiten al Tribunal entrar en la cuestión debatida:
    • a) Infracción de normas o garantías procesales: Este motivo se utiliza para impugnar la sentencia cuando se ha producido una infracción de las normas procesales o de las garantías del procedimiento, que haya causado indefensión a la parte recurrente. Algunos ejemplos de estas infracciones podrían ser la admisión de pruebas ilícitas, la denegación del derecho a la defensa o la falta de motivación de la sentencia. Ojo, exige, 1) que se haya efectuado protesta en forma oportuna y 2) que realmente cause indefensión. Así, por ejemplo, si en el acto de juicio oral el Magistrado/a me deniega la realización de una testifical o no me admite un documento, he de indicarle oral y expresamente que presento "protesta" a efectos del posterior recurso. Y la indefensión ha de ser real. E TS ha declarado por ejemplo, que la falta de grabación del acto de juicio no lo provoca. El resultado de este motivo comporta la nulidad de la sentencia, que es devuelta al juzgado para subsanar el defecto -a veces ha comportado la repetición del juicio, o de la prueba denegada- y que dicte nueva sentencia.  Este es el remedio procesal típìco cuando se produce incongruencia omisiva, es decir, no se dan respuesta a todas las cuestiones planteadas -ej. pido incapacidad permanente absoluta, subsidiariamente total, me contestan que no procede la absoluta, pero hay silencio sobre la petición subsidiaria-.
    • b) Revisión de los hechos probados: A través de este motivo se pueden revisar los hechos que el Juez/a de lo Social ha declarado probados en la sentencia, pero solo a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas -no, las testificales no permiten la revisión de los hechos probados-. Para que la revisión prospere, es necesario que el recurrente identifique el documento o la prueba pericial, que demuestre el error del Juez, y proponga una formulación alternativa de los hechos probados. ¡Ah! , y que no sea reiterativo y que sea pertinente y útil para el pleito. 
    • c) Infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia: Este motivo se utiliza para impugnar la sentencia cuando se considera que el Juez/a ha aplicado incorrectamente una norma sustantiva, como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley General de la Seguridad Social, o que ha interpretado erróneamente la jurisprudencia aplicable al caso. En el escrito de interposición del recurso se deben citar las normas o sentencias que se consideran infringidas, y argumentar por qué la interpretación del Juez es incorrecta.
    • Es importante tener en cuenta que la Sala de lo Social no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar todo el Derecho aplicable al caso, sino que debe limitarse a las cuestiones concretas planteadas por las partes en sus escritos de interposición e impugnación. Insisto, no es un recurso de apelación.
    • Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sienta doctrina sobre la aplicación de las normas procesales, recuerda que el recurso de suplicación tiene una naturaleza extraordinaria, como ya he apuntado antes, por lo que no se debe interpretar de forma flexible los requisitos de acceso -por favor, mucho rigor jurídico-. Y es que, ampliar el acceso al recurso de suplicación podría perjudicar el derecho de la parte que ha obtenido un fallo favorable en el Juzgado, a que la sentencia adquiera firmeza lo antes posible.
    • No obstante, no lo desarrollo, es importante conocer el funcionamiento de la ejecución provisional en dos temas muy importantes, como son los despidos y las prestaciones de seguridad social. Pero eso lo dejo para que el "alumnado" de este post lo estudie por separado -o que me pida otra entrada....-.

III. Traslado a las Partes Recurridas

●
Traslado del Recurso: Una vez interpuesto el recurso en tiempo y forma, el LAJ lo trasladará a las partes recurridas para su impugnación en un plazo común de cinco días.
●
Contenido del Escrito de Impugnación:
○
Alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso (por ejemplo que se trata de una materia no susceptible de recurso, como pueda ser vacaciones).
○
Rectificaciones de hecho -sí, también cabe pedir por esta vía la revisión de hechos probados- o causas de oposición subsidiarias (ej. prescripción)
●
Traslado de Alegaciones: Se dará traslado a las partes del escrito o escritos de impugnación, incluido el recurrente. Si se alega la inadmisibilidad del recurso o se formulan motivos subsidiarios, las demás partes podrán presentar alegaciones en un plazo de dos días.

IV. Elevación de Autos al Tribunal Superior de Justicia
●
Remisión de las Actuaciones: Y es que todos los trámites que hemos explicado se han realizado ante el Juzgado de lo Social que dictó la sentencia. Y es ahora, transcurrido el plazo de impugnación y alegaciones, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y los escritos presentados.

V. Inadmisión del Recurso
●
Causas de Inadmisión: La Sala puede inadmitir el recurso por incumplimiento manifiesto e insubsanable de los requisitos o por la existencia de doctrina jurisprudencial unificada del Tribunal Supremo en el mismo sentido que la sentencia recurrida. Hay que tener especial cuidado el recurrente en efectuar los depósitos y consignaciones obligatorios.
●
Trámite de Audiencia: Antes de declarar la inadmisión, la Sala puede oír al recurrente sobre las causas de inadmisión en un plazo de tres días.
●
Auto de Inadmisión: Si la Sala estima que concurre alguna causa de inadmisión, dictará un auto declarando la inadmisión y la firmeza de la resolución recurrida. Este auto es irrecurrible.

VI. Resolución del Recurso

La Sala de lo Social resolverá el recurso mediante sentencia, que podrá:

  • Estimar, parcial o totalmente, el recurso: Revocando la sentencia del Juzgado y dictando una nueva resolución. De hecho, y concretando un poco más, si se estima el recurso, la Sala puede:

○ Reponer los autos al estado en que se encontraban al cometerse la infracción procesal, lo que supone la devolución de las actuaciones al juzgado de lo social.

○ Revisar los hechos declarados probados, basándose en las pruebas documentales y periciales.

○ Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.


  • Desestimar el recurso: Confirmando la sentencia del Juzgado.

VII. Consideraciones Finales

El recurso de suplicación es complicado, porque como aquel estudiante que fuí, y como el profesor que soy hoy, no se explica en la Universidad, muy poquito en los Máster, y existen muy pocas publicaciones prácticas al respecto. Y los #viejunos como un servidor, nos olvidamos que también las hemos pasado canutas con nuestros primeros recursos de suplicación.

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Extended Play. 

 Y, recordando aquel chaval que fuí, y lo grandes que eran las "caras B" de muchos discos, ya para todos los públicos, incluso los más avanzados en la materia, una breve recopilación de sentencias y resumen de cuestiones del Recurso de Suplicación abordadas por el TS, extraídas de las Crónicas de Jurisprudencia.

Sentencia

Resumen

STS (Pleno) de 20 de noviembre de 2019 (Rc. 3255/2018) [ECLI:ES:TS:2019:4226]

Aunque la cuantía no alcanzaba el mínimo para la suplicación, se admitió el recurso por la existencia de afectación general al haber 8000 asuntos pendientes sobre la cuestión.

STS 18-9-18 (Rec 69/2017 ECLI:ES:TS:2018:3580)

Se enumeran los requisitos para que prospere la revisión de los hechos probados en suplicación.

STS 12-9-18 (Rec 607/2017 ECLI:ES:TS:2018:3285)

El “día de gracia” del art. 45.1 LRJS, que permite presentar el escrito hasta las 15h del día siguiente hábil, también se aplica a la obligación de consignar para recurrir.

STS 23-6-20 Rec. 229/2018 ECLI:ES:TS:2020:2003

Las sentencias firmes incorporadas según el art. 233 LRJS son documentos válidos para modificar los hechos probados en suplicación.

STS 2-10-19 Rec 153/2018 ECLI:ES:TS:2019:3343

Se reiteran los requisitos para que prospere el motivo del art. 207 d) LRJS, sobre error en la apreciación de la prueba, en suplicación.

STS 24-1-20 Rec. 3962/2016 ECLI:ES:TS:2020:321

Un informe de funciones realizado por jefes no es documento válido para la revisión fáctica en suplicación, ya que su naturaleza procesal es más propia de una prueba testifical.

STS 14-5-2021, R. 3870/18

Se establece el cómputo del plazo para la interposición del recurso de suplicación para las entidades mencionadas en el artículo 60. 3 LRJS.

SSTS 70/2021, de 202 de enero de 2021 (Rec. 618/2019) [ECLI:ES:TS:2021:37] y 530/2021, de 14 de mayo de 2021 (Rec. 3283/2018) [ECLI:ES:TS:2021:2071]

Se establece que las sentencias de instancias no eran recurribles en suplicación por razón de la cuantía.

STS 09/12/2021, R. 776/19, (ECLI:ES:TS:2021:4872)

La sentencia destaca la insuficiencia del escrito de formalización del recurso de suplicación y cómo afecta al derecho de defensa de la contraparte.

STS 06/04/2022, R. 1289/21, (ECLI:ES:TS:2022:1426)

A pesar de que inicialmente se negó la afectación general, la reiteración de recursos similares sobre la cuestión del subsidio de IT lleva a la Sala a reconsiderar su postura.

STS 07/04/2022, R. 112/19 (ECLI:ES:TS:2022:1474)

Se declara incongruente por omisión la sentencia de suplicación que no resuelve sobre los motivos de revisión fáctica.

STS 06/04/2022, R. 516/21 (ECLI:ES:TS:2022:1486)

Se declara incongruente la sentencia que no se pronuncia sobre la vulneración de la garantía de indemnidad, considerándola una cuestión nueva cuando era una de las pretensiones principales de la demanda.

STS 05/04/2022, R. 2848/19 (ECLI:ES:TS:2022:1429)

Se establece que no cabe deducir una respuesta tácita de la falta de pronunciamiento sobre las solicitudes de revisión fáctica.

STS 15/03/2022, R. 869/19 (ECLI:ES:TS:2022:1126)

Se declara incongruente por omisión la sentencia de suplicación que no se pronuncia sobre uno de los motivos de recurso (reclamación salarial), resolviendo solo el principal (extinción causal).

STS 20/4/2023, R. 1239/20 (ECLI:ES:TS:2023:1824)

Se aplica la doctrina flexibilizadora para solventar una discordancia entre el cuerpo del escrito y el suplico, considerando que un error mecanográfico no puede impedir entrar al fondo del asunto.

STS 24-1-2023, R. 3851/2019 (ECLI:ES:TS:2023:627)

Se establece que la falta de cita y fundamentación de la infracción legal en la interposición del recurso de suplicación es insubsanable y conlleva la desestimación del recurso.

SSTS Pleno 19-10-2022, R. 1363/19 (ECLI:ES:TS:2022:3879)

Se aclara que, en un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo individual, la sentencia de instancia es recurrible solo en relación con la vulneración de derechos fundamentales. Las cuestiones de legalidad ordinaria solo se consideran si están estrechamente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales.

STS 6-7-2022, R. 1419/21 (ECLI:ES:TS:2022:2796), STS 15-11-2022, R. 3206/21 (ECLI:ES:TS:2022:4124)

Se confirma la recurribilidad por afectación general en las reclamaciones de médicos internos residentes sobre diferencias en pagas extras, tras inicialmente haberse negado.

STS 9-5-2023, R. 1222/20 (ECLI:ES:TS:2023:2435)

Se recuerda que el correo electrónico es prueba documental válida para la revisión fáctica en suplicación.

STS 21-12-2023 (Rc 1554/22) (ECLI:ES:TS:2023:5856)

Se confirma que los efectos de la absolución de una empresa condenada solidariamente en suplicación alcanzan a la empresa que no recurrió.

STS 14-11-2023 Rc 4153/20 (ECLI:ES:TS:2023:5040)

Se reitera la doctrina de que, en un proceso de impugnación de sanciones laborales, la sentencia de instancia es recurrible en suplicación solo en relación con la vulneración de derechos fundamentales.

STS 30-5-2024 (Rc 3574/22) (ECLI:ES:TS:2024:3010)

Se reitera la doctrina de que no son recurribles en suplicación los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelven sobre los honorarios del Letrado del ejecutante.

STS 11-10-2023 (Rc 1044/21) (ECLI:ES:TS:2023:4173)

Se establece que es recurrible en suplicación el auto que acuerda el embargo de una subvención a una Embajada, al no estar comprendido entre los casos del art. 191.4.d LRJS y pronunciarse sobre cuestiones sustanciales no debatidas en el pleito.

Nota: Esta tabla no es exhaustiva y el resumen es muy breve....




15 octubre 2024

PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS ¿DERECHOS O CARIDAD? JORNADA ACASS 15/11/2024.

¿Derechos o caridad? Esta es la pregunta que se plantea en la jornada sobre prestaciones no contributivas de la Seguridad Social que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2024, de 9:30h a 13:15h, en el Aula Ronda de Barcelona. El Aula Ronda se encuentra en las oficinas del Col·lectiu Ronda, en la calle Sant Pere Més Alt, 59, bis.

Acceso a las ponencias: AQUÍ

Acceso al vídeo de la jornada: AQUÍ

En un contexto donde cada vez más personas se ven abocadas a la pobreza y la exclusión social, creemos que es fundamental reivindicar el acceso a unas prestaciones sociales suficientes y justas que garanticen una vida digna a todos los ciudadanos. La jornada, organizada por la Associació Catalana per a la Seguretat Social (ACASS) y la ayuda de  Col·lectiu Ronda, busca precisamente poner el foco en esta problemática y abrir un debate sobre la necesidad de fortalecer el sistema de protección social.

Ponentes y temas a tratar:
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Jaume García Vicente, Vicepresidente de ACASS, se encargará de la presentación de la jornada. Puedes conocer más sobre ACASS en su página web: https://acass.cat/.

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Isabel Macarulla Mercadé, trabajadora social de la Federació de persones amb discapacitat d'ECOM, y miembro muy activo de ACASS, hablará sobre las dificultades y retos de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. 

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Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado, abogada y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UB, expondrá sobre el Ingreso Mínimo Vital. Es, sin ningún género de duda, una gran experta y divulgadora de la prestación del IMV. 

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Sixte Garganté Petit, profesor de Derecho del Trabajo en la UPF, cerrará la jornada con una ponencia sobre los retos inmediatos de la Generalitat en la gestión de la IMV y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

También participará Miguel Arenas Gómez, abogado del Col·lectiu Ronda, profesor asociado de Derecho del Trabajo en la UAB, y presidente de ACASS, que abordará la temática de las prestaciones asistenciales, y en concreto de los subsidios de desempleo. 

Almuerzo solidario:
Durante la pausa, se ofrecerá un almuerzo a cargo de Abarka, una cooperativa sin ánimo de lucro de iniciativa social, formada por personas migrantes y racializadas.  Abarka busca generar oportunidades laborales de calidad, al tiempo que empodera a las personas de la comunidad, poniendo en valor la riqueza de las culturas africanas a través de la gastronomía Puedes visitar su página web para conocer más sobre ellos: https://www.abarkacoop.com/.

Asistencia gratuita:
La asistencia a la jornada es gratuita y no requiere inscripción previa. ¡Anímate a participar en este espacio de debate y reflexión sobre los derechos sociales de las personas más desfavorecidas!