jueves, 19 de julio de 2018

A VUELTAS CON EL SUBSIDIO DE MAYORES DE 55 AÑOS Y LA STC 61/2018. ¿PERVIVE EL REQUISITO DE RENTAS EN UNIDAD FAMILIAR?

Realizo esta entrada, con mi personal reflexión sobre una cuestión relativa a la reciente STC 61/2018, ya que han sido ya diversos "operadores jurídicos" los que me han hecho llegar su reflexión -hoy sin ir más lejos, un antiguo letrado del SPEE, y muy buen jurista y compañero- en relación a la posibilidad que el antiguo art. 215. 3 LGSS 1994. según redacción del RDL 5/2013, esté ahora incorporado en el art. 275.2 del actual texto de la LGSS, aprobado por Real Decreto legisltativo 8/15, que no se vería afectado por la sentencia del TC. Es más, y eso es cierto, la nulidad del precepto es por motivos exclusivamente formales, es decir por la falta de habilitación legal para al procedimiento normativo de urgencia, lo que podría llevar a interpretar que el actual 275.3 LGSS 2015 sigue manteniendo el cómputo de rentas en unidad familiar. Mi interpretación es contraria, a continuación lo desarrollo.

martes, 17 de julio de 2018

GUÍA DE URGENCIA PARA RECLAMAR CONTRA LA DENEGACIÓN DEL SUBSIDIO DE MAYORES DE 55 AÑOS POR SUPERAR EL NIVEL DE RENTAS EN UNIDAD FAMILIAR TRAS LA STC 61/2018

Sin saber aún como aplicará el SPEE la STC 61/2018, pero teniento en cuenta que el TC matiza el alcance de la nulidad declarada en su sentencia, declarando que no cabe la revisión de la situaciones jurídicas consolidadas, intentamos establecer una guía de actuación de los posibles beneficiarios para reclamar su derecho. Dice, literalmente, la sentencia:

"En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, hay que señalar que la nulidad que, como regla y de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sigue a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, debe ser matizada en este caso concreto. En efecto, debemos limitar los efectos de las anteriores declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de parte de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013, en el sentido de que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), sino también, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9: 27/2012, de 1 de marzo, FJ 10; 86/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 206/2013, de 5 de diciembre, FJ 3)".

Por tanto, la primera conclusión es que no cabe revisar, a pesar de la nulidad del precepto:

1) Aquellas denegaciones o extinciones en que se haya dictado sentencia firme. En estos casos, en consecuencia, las resoluciones judiciales ya dictadas y que, o bien fueron recurridas y el resultado fue negativo para el beneficiario, o bien no fueron recurridas y han adquirido firmeza, son inatacables. Ahora bien, ello no impide:

- Que los procedimientos judiciales en curso, sí se verán afectados por la inconstitucionalidad del precepto, debiendo, si se cumplen el resto de requisitos, resolver a favor del demandante/recurrente.

- Que, una vez firme la resolución judicial denegatoria, ello no impide instar una nueva solicitud del derecho, sin efecto retroactivo, pero sí de presente y futuro. El problema es que habrá que reunir nuevamente todos los requisitos, y aquí no tengo solución jurídica. Esperemos que el Gobierno tomé una decisión "justa" al respecto para remediar estas situaciones.

2) Las denegaciones/extinciones/suspensiones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes. Aquí tenemos que realizar una aproximación a qué debemos entender como "actuación administrativa firme" -y aquí entendemos que el TC hace referencia a resoluciones administrativas no impugnadas judicialmente-. La solución viene de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala en su artículo 114 cuando se pone "fin a la vía administrativa", indicando, en lo que aquí nos interesa, "las resoluciones a los recursos de alzada". Por tanto, una resolución emitida por el SPEE no será firme hasta que se haya resuelto expresamente el recurso administrativo contra la misma o bien el ciudadano haya dejado pasar el plazo de formalización del recurso administrativo que correspondiese.

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social establece (art. 71) que "será requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, que los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad gestora de las mismas". A estos efectos, hemos de recordar que el SPEE es la entidad gestora de las prestaciones de desempleo, y que la reclamación previa es -que no deja de ser un recurso administrativo, quizás más próximo al de reposición que al de alzada- un trámite pre-procesal obligatorio para acudir a la vía judicial. Añade el apartado segundo del art. 71 que "la reclamación previa deberá interponerse ante el órgano competente que haya dictado resolución sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo".

Por tanto, será firme en vía administrativa a los efectos de la STC la resolución administrativa del SPEE cuando, o bien se ha desestimado expresamente o por silencio la reclamación previa contra la misma, o bien ha dejado transcurrir el ciudadano el plazo de 30 días para formalizar aquella.

- Sin embargo, a pesar de lo dicho hasta ahora, hay que tener en cuenta que el subsidio de desempleo no tiene un plazo específico de prescripción, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el art. 53 del actual Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que viene a establecer: "El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud".

Por tanto, podemos ahora preguntarnos ¿Si el SPEE me denegó, extinguió o suspendió mi derecho a percibir el subsidio de desempleo para mayores de 55 años por superar el limite de rentas en unidad familiar y, o bien presenté reclamación previa, o bien dejé transcurrir el plazo de 30 días, es firme aquella resolución administrativa? La respuesta es tajante: NO, ya que, según hemos expuesto, el derecho a aquel subsidio prescribe a los 5 años de su posible nacimiento. ¿Y que solución cabe, volver a solicitar el derecho o formalizar reclamación previa?. Mi consejo, en caso de denegación, extinción o suspensión (*) es presentar nueva reclamación previa -reiteración de la misma- que se permite más allá de los 30 días si el derecho no ha prescrito -recordemos, 5 años-. Dice así el art. 71.4 Ley 36/2011: "Cuando en el reconocimiento inicial o la modificación de un acto o derecho en materia de Seguridad Social, la Entidad correspondiente esté obligada a proceder de oficio, en el caso de que no se produzca acuerdo o resolución, el interesado podrá solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa. Del mismo modo podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma.

(*) No incluyo en estos supuestos las posibles situaciones de extinción del derecho por no comunicación, ya que estaríamos en el ámbito del procedimiento sancionador, lo cual impide la formalización de reclamación previa más allá de los 30 días o reiteración de la misma, siendo firme la resolución administrativa. Así lo entiende el TS de 5 de julio de 2017 (RCUD 3869/2015).

En esta vía que señalamos se pronunció el TS, en sentencia de 29 de marzo de 2016, Ponente Fernando Salinas, (RCUD Nº 2996/2014), en que recoge la doctrina de la sala respecto a las reclamaciones previas más allá de los 30 días:

"Hemos de partir de la base de que conforme a muy pacífica -hasta la fecha- doctrina de la Sala, el defectuoso agotamiento de la vía administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, por inobservancia del plazo de treinta días que establece el art. 71.2. 71.2 LRJS [antes, el art. 71.2 LPL ], no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripción alguna, sino que únicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa pérdida del trámite, por lo que tal defecto no resulta obstáculo para el nuevo ejercicio de la acción, siempre que la misma no estuviese ya afectada por el instituto de las referidas prescripción o caducidad. Así lo viene entendiendo unánimemente la doctrina jurisprudencial desde la STS 07/10/74 ..., dictada en interés de ley, y en la que se entendió que la indicada caducidad limita sus efectos a cerrar un procedimiento individualmente considerado y no afecta a las acciones para reivindicar los derechos de Seguridad Social objeto del expediente "caducado", que pueden promoverse de nuevo en cualquier momento siempre que la acción no haya decaído por el transcurso del tiempo, puesto que resulta inadmisible que el incumplimiento de un plazo preprocesal puedan comportar la pérdida de acción para hacer valer un derecho sustantivo cuya prescripción se determina por años (así, entre otras muchas anteriores, 19/10/96 -rcud 3893/95; 21/05/97 -rcud 3614/96; 03/03/99 -rcud 1130/98; 25/09/03 -rcud 1445/02; y 15/10/03 -rcud 2919/02).

Y esta doctrina -como con acierto destaca el Ministerio Fiscal ... - se ha positivizado en el art. 71.4 de la vigente LRJS , a cuyo tenor «... podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho... ».


Volvemos, hechas estas precisiones, a la apreciación efectuada por el TC respecto a las "actuaciones administrativas firmes", y podemos afirmar que, no prescrito el derecho, cabe efectuar reclamación previa contra aquellas decisiones.


En fin, las situaciones en que nos podemos encontrar son las siguientes:

1. Actuales perceptores del subsidio para mayores 52/55 años. Ninguno de ellos, independientemente de la fecha en que se les reconoció el derecho, deberá acreditar que la unidad familiar no supera el límite de rentas, ni por tanto deberá comunicar al SPEE las variaciones que afectan a aquella, sino solo las que sean de carácter individual.

2. Futuros perceptores. Sencillo, sólo computan los ingresos individuales a efectos del cómputo de ingresos inferiores al 75% del SMI. Las posibles variaciones de la unidad familiar o los ingresos de los miembros de la misma, no les afecta a su derecho.

3. Antiguos perceptores a los que se les suspendió el derecho por superar en cómputo de unidad familiar el nivel de ingresos hace menos de 12 meses. Pueden pedir inmediatamente la rehabilitación de su derecho, en aplicación del art. 279.2 LGSS, que establece: "Asimismo el subsidio se suspenderá por la obtención, por tiempo inferior a doce meses, de rentas superiores a las establecidas en el artículo 275 y por dejar de reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares cuando hubiese sido necesario para el reconocimiento del derecho. Tras dicha suspensión, el trabajador podrá reanudar la percepción del subsidio siempre que acredite el requisito de carencia de rentas y, en su caso, el de responsabilidades familiares, en los términos establecidos en el artículo 275". También cabe formalizar reclamación previa en los términos expuestos más arriba.

4. Antiguos perceptores a los que se extinguió el subsidio por  superar en cómputo de unidad familiar el nivel de ingresos durante un periodo superior a 12 meses. Pueden pedir inmediatamente la rehabilitación de su derecho, o formalizar reclamación previa según lo expuesto anteriormente, ya que la extinción se produjo en aplicación del art. 279.3 LGSS. cuando, sin embargo, a la luz de la sentencia del TC, en realidad no hubo incumplimiento. Ahora bien, conlleva efecto económico desde la fecha de la nueva solicitud o reclamación previa.

5. Beneficiarios a quien se les denegó el derecho desde el principio, y que no pudieron acceder en virtud de la norma derogada. Pueden solicitar el derecho en aplicación del 276.1 LGSS, si bien, al superar el límite legal de 15 días desde el nacimiento del derecho, el mismo "nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud". También cabe, lógicamente la reclamación previa que ya hemos explicado.

6. Beneficiarios que no llegaron ni tan siquiera a solicitar el subsidio, bien porque ellos mismos consideraban que incumplían el requisito de rentas, bien porque en el SPEE se les informó verbalmente en tal sentido. Como en el supuesto anterior,  pueden solicitar el derecho en aplicación del 276.1 LGSS, si bien, al superar el límite legal de 15 días desde el nacimiento del derecho, el mismo "nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud".

Una última cuestión relativa al transcurso de 12 meses desde la fecha de denegación, suspensión, extinción o nacimiento del derecho sin haberlo solicitado, ya que se está informando en el sentido que, transcurrido aquel plazo anual, sería necesario volver a causar todos los requisitos nuevamente para acceder al subsidio de mayores de 55 años, lo que incluiría volver a generar la situación legal de desempleo a través de un trabajo por cuenta ajena de, según los casos, 3 ó 6 meses -lo cual puede llegar a ser muy complicado-. Pero  entiendo que no es así, aunque hayan transcurrido 12 meses, sí cabe causar nuevamente el derecho en función de lo que hemos explicado anteriormente. Me explico:

- El art. 275.5 LGSS establece: "Los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de existencia de responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento del hecho causante y, además, en el de la solicitud del subsidio, así como en el momento de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y durante la percepción de todas las modalidades del subsidio establecidas en el artículo anterior.

Si no se reúnen los requisitos, el trabajador solo podrá obtener el reconocimiento de un derecho al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior y reúna los requisitos exigidos, salvo en el caso de que dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante se acredite que se cumplen los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de responsabilidades familiares, en que el trabajador podrá obtener el subsidio que corresponda a partir del día siguiente al de su solicitud sin reducción de su duración".

- Y el art. 279.3 LGSS que: "Se producirá la extinción del subsidio en el caso de que la obtención de rentas superiores a las establecidas o la inexistencia de responsabilidades familiares se mantenga por tiempo igual o superior a doce meses. Tras dicha extinción, el trabajador solo podrá obtener el reconocimiento de un derecho al subsidio si vuelve a encontrarse de nuevo en alguna de las situaciones previstas en el artículo 274 y reúne los requisitos exigidos".

Por tanto:

- En referencia a lo establecido en el 275.5 LGSS lo que establece es que si no ha transcurrido más de un año desde la situación en que pudo acceder al subsidio -a cualquier modalidad, por cierto- y no puedo hacerlo por no cumplir algún requisito -en el supuesto que analizamos ahora, el requisito de rentas en unidad familiar-, deberá volver a trabajar y cesar involuntariamente en la relación laboral. Pero, entiendo, si no se reconoció el derecho por causa de superación de los rendimientos en cómputo familiar, ¿hay que interpretar rigurosamente la ley y entender que actúa el plazo de un año ya que el beneficiario se encontraba en el supuesto de "Si no se reúnen los requisitos", o por el contrario hemos de interpretar que es de aplicación el artículo 276.1 LGSS, si bien, al superar el límite legal de 15 días desde el nacimiento del derecho, el mismo "nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud"?. Ya lo avancé en el punto 5 y 6, y considero que, con la nueva STC, en realidad el desempleado siempre cumplió con los requisitos de acceso al subsidio, por lo que no es de aplicación el art, 275.5.

- Con respecto al art. 279.3, idéntico razonamiento que el efectuado anteriormente. Si, en aplicación de la sentencia del TC nunca existió el requisito de rentas familiares, tampoco cabe interpretar que deba causarse nuevamente el derecho desde una nueva situación de protección, sino que debe rehabilitarse el que ya se reconoció en su momento, sin perjuicio de la irretroactividad de la nueva petición. Y la forma de rehabilitar el derecho sería la reclamación previa, aún pasados 30 días, ya explicada anteriormente.


Esta fotografía pertenece a la web del SPEE



martes, 10 de julio de 2018

INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. 7 AÑOS DESPUÉS SE CUMPLE EL MANDATO DE LA LEY 27/2011


La Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, en sede de “pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública” estableció el incremento de determinadas pensiones de viudedad, con el objetivo de elevar aquellas por encima del porcentaje del 52% de la base reguladora. Los requisitos que establecía aquella norma eran:

1. El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos:

a) Tener una edad igual o superior a 65 años.

b) No tener derecho a otra pensión pública.

c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

2. La aplicación del porcentaje señalado en el apartado 1 se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012.
.....”
Sin embargo, con la llegada del Partido Popular al Gobierno, desde el primer momento fue suspendiendo la entrada en vigor de dicho incremento mediante las siguientes leyes:  

Disposición adicional 28 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. 

Disposición adicional 29 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre.

Disposición adicional 27 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.

Disposición adicional 83 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. 

Disposición adicional 26 de la Ley 2/2012, de 29 de junio. 

Disposición adicional 9 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre


Y, más vale tarde que nunca, la actual Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por fin, ha incrementado la prestación de viudedad, insisto, para pensionistas de 65 o más años, en las que ésta sea la única prestación pública que perciban. Dice así, literalmente, la Disposición adicional cuadragésima cuarta:

Incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad en determinados supuestos.
El porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, regulado en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, será del 56 por ciento desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley. Este incremento alcanzará el 60% el 1 de enero de 2019”.

Entiendo que la actualización de las pensiones de viudedad se efectuará de forma automática, pero por desgracia no será de aplicación a todas las pensiones de este tipo -no ya solo por los requisitos de edad y ser la única prestación- sino porque la realidad configura esta pensión, percibida mayoritariamente por mujeres, con unos importes medios tan bajos que es probable que el incremento del porcentaje que subsumido por el complemento de mínimos de la propia pensión. De esta forma (acceso a la estadística del INSS),

a fecha de 1 de junio de 2018 hay declaradas en nuestro país 2.359.486 pensiones de viudedad, casi todas en favor de mujeres, y de ellas más de 1.500.000 son inferiores a 650 € mensuales, lo que supone, o bien que concurren con otra pensión -por lo tanto ya no habría derecho al incremento- o bien se perciben con complemento de mínimos, con lo que el incremento del porcentaje no serviría para absolutamente nada. Y es que la pensión mínima, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2018, para la pensión de viudedad en mayores de 65 años se ha establecido en 656,90 € mensuales (acceso a las cuantías mínimas de las pensiones para 2018).
Un ejemplo puede ser significativo. Imaginemos a un señor que fallece, y que la base reguladora para el cálculo de la pensión de viuedad es de 1.100 €. La viuda tendría derecho a las siguientes cuantías:

- Antes del incremento, al 52%: 572 €/mes.
- A partir de la Ley de Presupuestos 2018, al 56%: 616 €/mes.
- Desde 2019, al 60%: 660 €/mes.

Siendo la pensión mínima para el 2018 de 656,90 €, el incremento en este ejercicio hasta el 56% no tiene ningún efecto sobre su pensión. Y en cuanto al aumento del porcentaje en 2019, en la que mejora apenas 3 €/mes, es más que probable que quede absorbida por la revalorización de las pensiones en 2019.

En fin, una buena noticia, pero creo que con una repercusión económica real más bien pequeña.

Fuente: www.e-faro.info



domingo, 8 de julio de 2018

SUBSIDIO PARA MAYORES DE 55 AÑOS: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA EL CÓMPUTO DE LOS INGRESOS EN UNIDAD FAMILIAR.

Muy buena noticia, que hay que extender rápidamente a todas aquellas personas -parados de larga duración- que puedan beneficiarse de esta resolución del Tribunal Constitucional. Y es que, gracias a la reciente sentencia del TC que anula diversos preceptos del RDL 5/2013, el cómputo de los ingresos de los posibles beneficiarios del subsidio para mayores de 55 años ya no se realizará según la unidad familiar sino en la situación anterior a la reforma de 2012, es decir, sólo computan los ingresos individuales del desempleado. Este es el resumen, y a continuación desarrollamos la reforma del subsidio de desempleo, el recurso de inconstitucionalidad, la STC y el resultado práctico.

miércoles, 4 de julio de 2018

AHORA SÍ: SUSPENDIDA LA ENTRADA EN VIGOR DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD.

Por fin. El temido "factor de sostenibilidad de las pensiones, del cual nadie sabía como se efectuaba el cálculo -o al menos desconocíamos los parámetros reales para calcularlo-, ha quedado en suspenso, y no entrara en vigor el 01/01/2019. Así, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su Disposición final trigésima octava, apartado cinco, establece:

Se añade una nueva disposición final que modifica la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos:

«Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el 2 de enero de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social regulado en el artículo 60 del Texto Refundido será de aplicación, cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir de 1 de enero de 2016.

La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto Refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.

No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.»

Fuente: laicismo.org

lunes, 18 de junio de 2018

GUÍA MUY BREVE DE ACCESO A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. MODELOS DE RECLAMACIÓN.

Regulada en la Llei 14/2017, la Renda Garantida de Ciutadania ha supuesto un avance importantísimo en la lucha contra la pobreza en nuestro país, aunque la aplicación práctica está dejando bastante que desear, ya que la percepción es que “de facto” se está bloqueando desde la administración el reconocimiento a las prestaciones derivadas del mismo. El que efectuamos ahora es un breve análisis de los requisitos y condiciones de acceso, sin ánimo de ser exhaustivos. Y algunas herramientas para luchar contra la denegación injustificada. 


1. ¿Qué es? 

Es un derecho cívico y social, dirigido a la protección de personas y familias en situación de pobreza, para poder asegurarles unos ingresos mínimos que le permitan una vida digna, promoviendo su autonomía y participación activa en la sociedad (art. 1). 

Se configura como un derecho subjetivo, siendo una prestación económica periódica para quienes, o no disponen de ingresos, o los tienen en cuantía inferior al Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). (art. 3 en relación a la DT. 3ª). 

Se establece un periodo transitorio de incremento de las prestaciones hasta llegar al 100% del IRSC en fecha de 01/04/2020. De momento, hasta 14/09/2018 las prestaciones de RGC, según los miembros de la unidad familiar son -en doce pagas-: 

1 persona 564 €/mes. 

2 personas 846 €/mes. 

3 personas 921 €/mes. 

4 personas 996 €/mes. 

5 ó mas personas 1.071 €/mes. 

En el cómputo del nivel de ingresos de la persona o unidad familiar computan todos los ingresos de sus miembros -IRSC según número de miembros- (art. 6.3). Y la prestación no es puede ser objeto de cesión, embargo o retención (arts. 3 y 7.1.d). 

2. ¿Quienes tienen derecho? 

Siempre que se tengan ingresos inferiores a los establecidos en el IRSC y por tanto acrediten la insuficiencia económica: 

Quienes ya percibían la RMI en la fecha de entrada en vigor de la Llei, de forma automática. 

Personas o unidades familiares. 

Pensionistas y perceptores de prestaciones económicas estatales de cuantía inferior a la prestación de RGC. En este caso se trata de una prestación complementaria. 

Trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial si se trata de familia monoparental.

Refugiados. 

E, incluso de forma provisional, trabajadores despedidos con derecho a indemnización (art. 7.2 b). 

Cabe apreciar situaciones no previstas en circunstancias extraordinarias. (art. 7.3) 

3. No tienen derecho a la RGC (art. 7.2): 

Quien cesó voluntariamente en su actividad laboral en los 12 meses anteriores a la solicitud. 

Trabajadores despedidos con derecho a indemnización. 

Perceptor de prestación pública en los 5 años inmediatamente anteriores que fue declarada indebida por resolución administrativa firme. 

Titular de pensión de alimentos y/o compensatoria que no la ha reclamado. 

Titulares de bienes suficientes que garanticen los mínimos de una vivienda digna, con excepción de la vivienda habitual. 

Beneficiarios de prestaciones públicas o privadas de servicio residencial. Art. 7.1 e). 

Internos en un centro penitenciario (en régimen ordinario o cerrado) Art. 7.1 e). 

4. Requisitos (art. 7): 

  • mayor de 23 años, 
  • o mayor de 18 años y además: 
- con menores o personas discapacitadas a su cargo. 

- Huérfano absoluto. 

- Víctima de violencia de género. 

- Otras (pendiente de desarrollo reglamentario). 

  • Residencia en Catalunya efectiva y con empadronamiento de al menos 24 meses anteriores a fecha solicitud. Excepción: mujer con reagrupación familiar y refugiados. Cabe, por efecto “llamada” incrementar a 36 meses. 
  • No ser beneficario de prestación de carácter residencial. 
  • No disponer de rendimientos económicos superiores a la prestación de RGC en los 6 meses anteriores a la sol·licitud. Insuficiencia económica que se ha de mantener durante la percepción de la prestación. Excepción: refugiados. No computan los ingressos por dependencia, becas públicas, ayudas de comedor, cuantías para evitar desahucios.... 
5. Unidad familiar. Art. 6. 

Una o más personas con vinculación familiar por consanguinidad o afinidad hasta 2º grado. Se incluye la convivencia estable como pareja. 

El grado se establece desde el titular y cónyuge o pareja de hecho. 

Hijos, nietos, padres, hermanos, abuelos del titular. 

5. La RGC no está condicionada. Art. 2. 

Excepción: Los 150 € del «complemento por inserción social y laboral», sujeto a un plan de inserción laboral, revisable cada 12 meses. Cabe prolongarlo 6 meses si se inicia un trabajo a tiempo completo. Y cabe percibir complemento si se trabaja a tiempo parcial, sin límite. 

6. Duración. Art. 10. 

Mientras se acredite la situación de necesidad y se cumplan con los requisitos. 

Es renovable cada dos años. El silencio sobre la prórroga es positivo. 

7. Solicitud. 

Perceptores RMI, o de PNC + complemento: automáticamente. 

Resto: SOC/Gencat/Benestar i Família. 

8. Compatibilidades. Complemento de pensiones y prestaciones de desempleo. 


9. Obligaciones. Principales: 

- Comunicar cualquier cambioe en las condiciones que permitieron el accceso. 

- Inscripción en el SOC. 

- No rechazar oferta de empleo. 

- Mantener la residencia. Existe posiblidad de salida por un periodo inferior a 1 mes en un total de 12 meses. 

10. Resolución 

El siencio sobre la solicitud – 4 meses- es positivo. Cabe, en ese supuesto, exigir a la Administración el pago de la prestación. Acceso al modelo

En caso de denegación expresa cabe recurso de alzada en el plazo de 1 mes desde la notificación. Acceso al modelo.

miércoles, 6 de junio de 2018

SUBSIDIO DE MAYORES DE 55 AÑOS, COTIZACIÓN Y ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA: CARECE DE VALIDEZ PARA ACREDITAR EL PERIODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN.

La reciente sentencia del TS, de fecha 19/04/2018 (RCUD 2036/2016), aborda una cuestión específica en relación a la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años, y es que ha declarado que aquellas no pueden ser utilizadas para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigible para causar la jubilación anticipada. No estaba en discusión, creo que la norma es clara, que nunca pudo exigirse por parte del beneficiario que las cotizaciones efectuadas por el SPEE en ningún caso podían ser utilizadas para cumplimentar el periodo mínimo de cotización exigible para causar la jubulación ordinaria, pero no se había planteado si ocurría lo mismo con los periodos de cotización exigibles para las diferentes modalidades de jubilación anticipada. La respuesta del alto tribunal ha sido negativa. La comentamos.

miércoles, 2 de mayo de 2018

A VUELTAS CON LA JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA, LOS TRABAJOS "IRRELEVANTES" Y LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANTERIOR A LA LEY 27/2011.

En el momento actual, próxima la entrada en vigor en fecha de 01/01/2019 de la regulación de la jubilación que diseñó el legislador en la Ley 27/2011 y en el posterior RDL 5/2013, la norma transitoria sobre aplicación de una u otra normativa dejará de tener relevancia práctica. Pero a día de hoy, y hasta aquella fecha, son innumerables los trabajadores que, en aplicación de la actual DT 4ª, apartado 5ª LGSS (RDL 8/2015), reclaman que su jubilación ha de efectuarse de acuerdo a la anterior normativa, toda vez que "extinguieron su relación laboral antes de 1 de abril de 2.013". Pues bien, no hay conflicto si el trabajador que extinguió su contrato de trabajo antes de aquel 1/4/2013 no ha vuelto a trabajar -ni por cuenta ajena ni por cuenta propia- ya que no tendrá problema para acceder a la jubilación anticipada con 61 años -que con la antigua normativa permite acceder a la anticipada independientemente de cual sea el tipo de despido-. Sin embargo, no pocos trabajadores han retornado al mercado laboral con posterioridad a aquella fecha, lo cual está suponiendo que esa nueva inclusión en el sistema de seguridad social sea un obstáculo para acceder a la jubilación anticipada involuntaria del art. 207 LGSS. El supuesto de hecho "tipo" con que nos encontramos es el siguiente:

- Trabajador que extinguió su contrato de trabajo con anterioridad al 1/4/2013. Aquella extinción trae su causa de causa de "reestructuración empresarial", usualmente despido objetivo. 

- Desde aquella extinción accedió a prestaciones de desempleo y posterior subsidio.

- Reúne al menos 30 años de cotización.

- Con posterioridad a 1/4/2013 ha vuelto a causar alta en el sistema de seguridad social, ya sea mediante un contrato de trabajo por cuenta ajena o realizando actividad por cuenta propia. En todo caso, esa nueva prestación de servicios no ha superado el año.

La cuestión es que de acuerdo a la antigua ley reunía todos los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, interpretando que esa nueva actividad posterior a 1/4/2013 tiene la consideración de trabajos "irrelevantes". (Aquí y aquí, explicamos el concepto). Así, aunque el contrato de trabajo con anterioridad al 1/4/2013 no fue por causas de "reestructuración empresarial" -por ejemplo, un despido improcedente o disciplinario-, no obstaría para jubilarse anticipadamente.

Pero creo que la doctrina de los diferentes TSJ no está yendo por dicho camino, y hasta donde yo sé el TS no se ha pronunciado. Así, las siguientes resoluciones judiciales han resuelto de forma contraria al concepto de trabajos irrelevantes:


Roj: STSJ AND 500/2016 - ECLI: ES:TSJAND:2016:500
Id Cendoj: 18087340012016100092
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Granada

El actor trabajó desde el 4 de noviembre al 25 de noviembre de 2013 para el Ayuntamiento de Atarfe, en virtud de contrato de duración determinada a tiempo parcial 90% de la jornada. Se le deniega la jubilación anticipada con 61 años y de acuerdo a la antigua ley ya que:

"La norma invocada, no distingue cuanto tiempo debe quedar incluido en un Régimen de la Seguridad Social para dejar de ser beneficiario de la prestación de jubilación anticipada. Es por ello, que no cabe interpretaciones integradoras de un precepto, cuya literalidad de los términos empleados son claros y no dejan lugar a dudas sobre su finalidad, atendiendo a los criterios hermenéuticos que se exponen en el artículo 3.1 CC , y cuyo principio de legalidad obliga a aplicar la norma, por cuya causa no se produce injusticia alguna, dado que no se esta produciendo interpretación rigorista, sino interpretación literal del precepto, siguiendo el mandato del legislador. Lo contrario conllevaría una inseguridad jurídica en la aplicación de aquel precepto, al no poderse determinar los límites cuantitativos temporales en alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, para entender aplicable la norma".




Roj: STSJ CAT 9978/2016 - ECLI: ES:TSJCAT:2016:9978
Id Cendoj: 08019340012016106790
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Barcelona

La actora cesó en el trabajo por finalización del contrato el día 30.4.13 y ha cotizado por Convenio especial de la Seguridad Social desde el 28.5.14 hasta la fecha del hecho causante, el 13.6.14

Igualmente deniega la jubilación anticipada, porque:

"Plantea el escrito de recurso que para mitigar la dureza de la norma, en la "jurisprudencia menor" se viene entendiendo que los trabajos de " corta duración " tendrían la consideración de " irrelevantes " y no impedirían el acceso a la jubilación anticipada, aun cuando se hayan realizado después del 1-4-13; hace también referencia a los criterios de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y explica que la misma ha definido los "trabajos irrelevantes" y ha establecido:

"El criterio 22/2000 RJ 97/2014 se refiere, como bien indica su título, a los hechos causante entre el 1 de abril de 2013 y 2019, y cese en trabajo por cuenta ajena antes de aquella fecha. Legalidad aplicable", es decir, se centra en la aplicación de la DF 12º 2. de la ley 27/2011 , y en una de sus versiones, establece el criterio de considerar trabajos irrelevantes a aquellos trabajos que tengan una duración inferior a 30,41666 días."
Textualmente dicho criterio establece lo siguiente:
En términos generales y sin perjuicio de las aclaraciones complementarias que más adelante se lleven a cabo, de entrada conviene advertir lo siguiente: cualquier trabajo, realizado a partir de abril de 2013 por el beneficiario de prestación o subsidio de desempleo derivados de un cese leboral anterior que, desde que se comenzó (antes o después de dicha fecha) alcance o exceda el límite de los 30,41666 días, impedirá la aplicación de la regulación que en materia de jubilación estaba vigente el 31 de diciembre de 2012.

En definitiva y llegados a este punto, podemos afirmar, en relación a los trabajos irrelevantes, lo siguiente:
-Ningún texto legal define el concepto de trabajos irrelevantes.
-Que la dirección general de ordenación de la Seguridad los definió, en su día, los trabajos irrelevantes como aquellos trabajos que tengan una duración inferior a 30,41666 días.
-Que estos criterios y definiciones de la DGSS son internos y no difundidos pero, en teoría, deben ser acatados por las Direcciones provinciales del INSS que resuelven las solicituddes de jubilación.
-Por todo ello, con la aplicación del criterio para definir los trabajos irrelevantes como aquellos trabajos que tengan una duración inferior a 30,41666 días en la aplicación de la disposición final 12ª 2. de la Ley 27/2011, de 1 de Agosto , sobre actualización, adecuación y modernización de la Seguridad Social, comportaría que la Sra. Remedios accediera a la jubilación anticipada por la via de dicha disposición final, pues desde que entraba en vigor el Real Decreto- Ley 5/2013 solo estuvo de alta 30 día, es decir, trabajo de corta duración que debería ser calificado como "trabajo irrelevante, por tener una duración inferior a 30,41666 días."
Pero es de reseñar que se está refiriendo a documentos que no son de general conocimiento y tampoco han sido aportados al proceso. En todo caso debemos recordar que la ley es clara yen tal caso, no cabe interpretaciones de clase alguna. Como señala la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de 21 de enero de 2016, Recurso 1871/2015 , "la norma invocada, no distingue cuanto tiempo debe quedar incluido en un Régimen de la Seguridad Social para dejar de ser beneficiario de la prestación de jubilación anticipada. Es por ello, que no cabe interpretaciones integradoras de un precepto, cuya literalidad de los términos empleados son claros y no dejan lugar a dudas sobre su finalidad, atendiendo a los criterios hermenéuticos que se exponen en el artículo 3.1 CC , y cuyo principio de legalidad obliga a aplicar la norma, por cuya causa no se produce injusticia alguna, dado que no se esta produciendo interpretación rigorista, sino interpretación literal del precepto, siguiendo el mandato del legislador. Lo contrario conllevaría una inseguridad jurídica en la aplicación de aquel precepto, al no poderse determinar los límites cuantitativos temporales en alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, para entender aplicable la norma"
........
"Vemos pues que las decisiones de los distintos TSJ apuntan todas en idéntica dirección, y nosotros compartimos dichas decisiones. En definitiva, la demandante, ahora recurrente, no reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación anticipada y por tanto la Resolución administrativa es correcta, lo que implica la confirmación de la sentencia y la desestimación del recurso".



Y, en idéntico sentido, las siguientes resoluciones judiciales:

Roj: STSJ GAL 1754/2017 - ECLI: ES:TSJGAL:2017:1754
Id Cendoj: 15030340012017101357
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Coruña (A)

Roj: STSJ M 9116/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:9116
Id Cendoj: 28079340012017100744
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Roj: STSJ M 8245/2016 - ECLI: ES:TSJM:2016:8245
Id Cendoj: 28079340042016100612
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Roj: STSJ NA 215/2017 - ECLI: ES:TSJNA:2017:215
Id Cendoj: 31201340012017100205
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Pamplona/Iruña

Roj: STSJ PV 290/2017 - ECLI: ES:TSJPV:2017:290
Id Cendoj: 48020340012017100178
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Bilbao



En fin, creo que la interpretación de los "trabajos irrelevantes", salvo mejor criterio del Tribunal Supremo, ha llegado a su fin....


Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
, Sede: Pamplona/Iruña

sábado, 28 de abril de 2018

ESQUEMA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

RDL 8/2015 (LGSS) TÍTULO III Protección por desempleo

CAPÍTULO I Normas generales

- Protección a quienes: 1) pudiendo -en edad laboral o sin derecho a jubilación- y 2) queriendo trabajar -compromiso de búsqueda de actividad e inscripción como demandante de ocupación-
- Supuestos protegidos: Pérdida o suspensión del empleo o reducción de la jornada.
- Desempleo: Total si el cese es con carácter temporal o definitivo y se ve privado de su salario.
(por días completos, continuados o alternos, al menos 1 jornada, o reducción temporal de jornada por decisión empresarial según art. 47 ET -causas objetivas-)
- Desempleo Parcial: reducción temporal de la jornada entre un 10 y un 70% -y reducción del salario-, por decisión empresarial según art. 47 ET -causas objetivas-

- Doble: contributivo y asistencial. Públicos y obligatorios.
- Contributivo: sustitución salario en supuestos del art. 262 LGSS.
- Asistencial -no contributivo y complementario-: protección en determinados supuestos (los del art. 274 LGSS).

- Obligatorio: que haya cotizado por esta contigencia. Cabe ampliar los supuestos (¿para cuando las empleadas del hogar?).
a) trabajador por cuenta ajena RGSS.
b) otros trabajadores por cuenta ajena incluidos en RGSS.
c) emigrantes retornados; liberados de prisión.
d) personal administración en régimen laboral por AAPP.
e) personal de ciertas corporaciones públicas -cabildos, etc.-; y representantes y cargos sindicales con retribución.
f) altos cargos AAPP que no sean funcionarios con derecho a indemnización por cese.

- Contributivo:
1. Prestación desempleo total o parcial.
2. Abono cuota empresarial SS.

- Asistencial:
1. Subsidio.
2. Abono cuota empresarial SS para mayores de 55 años.
3. Asistencia sanitaria.
- En ambos niveles: acciones de formación, inserción y orientación profesional.
- Trabajadores UE o con convenio: acudir a dicha regulación.

CAPÍTULO II Nivel contributivo

- Requisitos:
a) Afiliación y alta o asimilada al alta.
b) Cotización mínima de 360 días en los 6 años anteriores a situación legal de desempleo o cese en la obligación de cotizar. Si es pluriempleado, solo computa la relativa al trabajo perdido, suspendido o reducido.
c) Situación legal de desempleo; disponibilidad búsqueda activa de empleo; aceptar colocación adecuada.
d) No haber cumplido edad ordinaria de jubilación -salvo que no tenga la cotización mínima para acceder a la misma-. Excepción: suspensión o reducción de jornada.
e) Inscripción como demandante de empleo.

- Trabajadores en los siguientes supuestos:
a) extinción relación laboral.
1º Despido colectivo art. 51 ET .
2º Muerte, jubilación o IP empresario individual -salvo sucesión empresarial-.
3º Despido. También en declaración de improcedencia con opción empresarial por indemnización mientras se sustancia el recurso de suplicación.
4º Extinción por causas objetivas.
5º Resolución voluntaria por parte del trabajador, 40, 41.3, 49.1m) y 50 ET.
6º Expiración del tiempo convenido o de la obra o servicio -salvo denuncia del trabajador-.
7º Resolución en periodo de prueba a instancia del empresario, si la anterior extinción fue por uno de los supuestos anteriores o han transcurrido desde entonces más de 3 meses.


b) suspensión del contrato de trabajo.
1º Decisión empresarial al amparo del 47 ET.
2º Violencia de género.


c) reducción temporal de la jornada ordinaria vía art. 47 ET.

d) periodo inactividad trabajador fijo discontinuo.

e) retornados a España por extinción relación laboral en el extranjero sin derecho a desempleo allí, pero con cotización suficiente aquí.

f) cese involuntario y definitivo de los miembros de cabildos, etc., cargos sindicales y altos cargos.

- No es situación legal de desempleo:

a) cese voluntario.

b) no hay búsqueda activa de empleo o se rechace oferta adecuada.

c) despido nulo o improcedente con opción por reincorporación si no ejerce el derecho al mismo.

d) no solicitar el reingreso.

- Acreditación según el caso:
- Comunicación escrita del empresario.
- Acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial definitiva.
- Etc...

- Solicitud + compromiso de actividad + inscripción demandante de empleo: En 15 días siguientes a la situación legal de desempleo, ante el SPEE: efectos desde el inicio. Y mantener inscripción todo el periodo de prestación.
- Si posterior a 15 días: efectos desde solicitud y pérdida de días transcurridos.
- Vacaciones anuales retribuidas -devengadas y no disfrutadas-: a su finalización se produce el la situación legal de desempleo y el nacimiento del derecho.
- Despido o extinción no exige impugnación. Si se realiza no impide su nacimiento.
- Resoluciones en procedimientos de despido o extinción relación laboral. Supuestos:
a) Improcedente + indemnización: sigue percibiendo desempleo o inicia su percepción desde cese efectivo. Fecha inicial la del acta de conciliación o fecha opción por indemnización o resolución judicial.
b) Readmisión: Prestaciones indebidas y se revoca el derecho reconocido. Responsable de la devolución es el empresario que lo descontará de los salarios debidos.
c) Auto extinción por readmisión imposible: Desde el auto es situación legal de desempleo, salvo que ya lo estuviese percibiendo.
- salarios dejados de percibir computan a efectos de desempleo.


- Computan todas las cotizaciones no utilizadas ni en el nivel contributivo ni en el asistencial.
- Derecho de opción en caso de extinción del derecho por trabajo superior a 12 meses. Las nuevas cotizaciones ya no pueden generar otro derecho.
- Vacaciones devengadas es periodo de cotización y situación asimilada a la de alta.
- Desempleo parcial: la consunción es por horas, no por días.








- BR: promedio 180 días naturales anteriores. Exclusión HE a pesar de su cotización.
- Tiempo parcial: regla especial. Incidencia jurisprudencia TJUE.
- Cuantía: 70% BR los 180 primeros días. Resto al 50% BR. (*)
- Cuantía máxima: 175 % IPREM (1.098,09 €); 200% con un hijo a cargo (1.254,96 €); 225 % si dos o más hijos (1.411,83 €). (*)
- Cuantía mínima 80% IPREM (501,98 €); 107 % con hijos a cargo (671,40€). (*)
- (*) incrementado en una sexta parte IPREM.
- Parcialidad: minora las cuantías mínimas y máximas. Promedio jornadas en horas 180 últimos días.
- Pluriempleo parcial y pérdida de un empleo: BR y % cuantía máximas y mínimas según promedio todos los trabajos.
- Si reducción jornada por cuidado de hijos: BR se incrementa hasta el 100% y cuantías según jornada sin reducción.

- Causas suspensión. Interrumpe y no consume derecho, salvo sanción:
a) Sanción leve.

b) Maternidad y paternidad.

c) Condena privativa de libertad. Salvo cargas familiares rentas familiares inferiores a SMI.

d) Trabajo por cuenta ajena inferior a 12 meses. O por cuenta propia inferior a 24 meses -hasta 60 meses si acredita causas objetivas, violencia de género, TRADE, ETC…-.

e) Ejecución de sentencia de despido con readmisión no firme.

f) Traslado al extranjero por periodo inferior a 12 meses, comunicada, autorizada para búsqueda o
realización de trabajo, perfeccionamiento o cooperación internacional.

g) Estancia en el extranjero hasta 90 días en un año natural. Comunicada y autorizada. No computa una salida anual por periodo inferior a 15 días.

- Cabe suspensión si se incumple alguna obligación “formal” y se interrumpe inscripción como demandante de empleo.

- Reanudación (en plazo de 15 días o consume prestación):
1) de oficio en supuesto de sanción.
2) en el resto a solicitud de parte.

- Supuestos:
a) Agotamiento del plazo.

b) Sanción.

c) Trabajo por cuenta ajena superior a 12 meses. O por cuenta propia superior a 60 meses.

d) Cumplimiento edad ordinaria de jubilación y reunir los requisitos de acceso.

e) Situación de jubilación (anticipada) o IPT o grado superior, pero existe derecho de opción para la IP.

f) Traslado residencia al extranjero por tiempo superior a 90 días.

g) Renuncia voluntaria.
- Trabajos de colaboración social son compatibles con desempleo.

- SPEE efectúa cotización empresarial y beneficiario la del trabajador.
- Reducción o suspensión: cotización es de la empresa.
- No cotiza SPEE ni por desempleo, ATEP, FGS ni FGS.


CAPÍTULO III Nivel asistencial
- Son beneficiarios los desempleados, demandantes de empleo, con periodo de espera de 1 mes, que no hayan rechazado oferta de empleo y que carezcan de rentas y además:

a) Agotó prestación de desempleo y tiene responsabilidades familiares.

b) Agotó prestación de desempleo, no tiene responsabilidades familiares y es mayor de 45 años.

c) Español emigrante retornado de país no UE o sin convenio bilateral, que haya trabajado allí al menos 12 meses en los 6 últimos años y no tiene derecho a desempleo.

d) Revisión de grado de IP que queda sin incapacidad alguna.

e) Liberados de prisión -subsidio de excarcelación-, sin derecho a desempleo, y prisión superior a 6 meses. Igual menores en centros de internamiento que sean mayores de 16 años y sustitución de la pena por drogadicción (art. 87 CP). Exige, en delitos de terrorismo, violencia de género, etc..satisfacción RC y perdón de la víctima.

f) Haber cotizado al menos 3 meses y tener responsabilidades familiares.

g) Haber cotizado al menos 6 meses aún sin responsabilidades familiares.

h) Mayores de 55 años, aún sin responsabilidades familiares, con 6 años cotizados a desempleo y todos los requisitos para la jubilación salvo la edad. La edad y requisitos se han de reunir en la fecha de agotamiento del desempleo o subsidio anteriores.

-Son requisitos en todos los casos:
1. Inscripción como demandante de empleo.
2. Carencia de rentas individual o en unidad familiar: 75% SMI sin PE (551,93 €) por miembro. Al inicio y durante toda la prestación. Son integrantes de la unidad familiar: cónyuge y/o hijos menores de 26 años o hijos mayores incapacitados. Son “a cargo o responsabilidad familiar” aquellos que perciben rentas inferiores al 75% SMI. En mayor de 55 años se computan todas las rentas de la unidad familiar.
3. Computan todos los rendimientos brutos. Excepción: indemnización legal por despido, convenio especial, becas, prestación por hijo a cargo. Patrimonio: 3%.
4. Obligación de comunicar cualquier variación. En caso de suspensión puede reanudar el derecho antes de los 12 meses si varía la situación.

- Nacimiento: tras el mes de espera.
- En subsidio por haber cotizado al menos 3 o 6 meses no hay periodo de espera.
- Solicitud en 15 días o descuento. Prórrogas, también en 15 días siguientes a vencimiento.
- Mayor 55 años: declaración anual de rentas. No sustituye a variación de rendimientos.

- Agotamiento de prestación de desempleo:

















- Por pérdida de empleo:

















- En liberados de prisión, emigrantes retornados y revisión grado IP: 18 meses.

- 80% IPREM (430,27 €). Se reduce si hay parcialidad.

- Son los mismos supuestos de la prestación contributiva de desempleo.
- Se añade la suspensión por plazo de 12 meses si se superan las rentas o se deja de tener el requisito de responsabilidades familiares (cabe reanudar el subsidio). Más allá de 12 meses supone la extinción (solo cabe causar un nuevo derecho).

- A efectos de la contingencia de jubilación y solo para mayores de 55 años. No pueden utilizarse para el mínimo de cotización reglamentario de jubilación.

CAPÍTULO IV Régimen de las prestaciones

- Automaticidad por parte del SPEE incluso en caso de incumplimiento de alta y cotización del empresario. Sin perjuicio sanciones y responsabilidad empresarial en la prestación.

- Con trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena -salvo parcialidad-.
- Con prestaciones de seguridad social, salvo que fuesen compatibles con el trabajo que generó el derecho a desempleo.
- Cabe excepción en programas de fomento del empleo.

- 1. ITCC consume desempleo. Supuesto especial si pasa a jubilación, IP o prestaciones de muerte y supervivencia. ITAT no consume prestación.
- 2. Desempleo e IT por recaída: sigue percibiendo igual prestación hasta alta médica. Si no es recaída: 80% IPREM tras agotar el desempleo.

- En maternidad/paternidad y pase a desempleo: percibe prestación INSS hasta extinción y después el desempleo íntegro. Sin descuento.
- Si percibe desempleo y pasa a maternidad/paternidad: suspensión y posterior reanudación sin descuento.

- Extinción si tiene derecho a jubilación en cualquier modalidad. Si no: certificado INSS negativo en tres meses y reanudación.

CAPÍTULO V Disposiciones especiales aplicables a determinados colectivos

Sección 1.ª Trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios
Sección 2.ª Otros colectivos

CAPÍTULO VI Régimen financiero y gestión de las prestaciones

- Por cotización empresario y trabajador.


DESEMPLEO
EMPRESA
TRABAJADORES
TOTAL
Tipo General
5,50
1,55
7,05
Contrato duración determinada Tiempo Completo
6,70
1,60
8,30
Contrato duración determinada Tiempo Parcial
6,70
1,60
8,30


- SPEE para prestaciones y SOC para políticas de empleo.
- Empresa: Puede asumir pago delegado.

- Es competencia del SPEE. Plazo: 4 años (55.3 LGSS)

- SPEE por resolución motivada reconoce o deniega el derecho.
- Por entidad financiera.

- SPEE. Auxilio ITSS y AEAT.

CAPÍTULO VII Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones

a) Cotización.
b) Ingreso cuotas.
c) Proporcionar documentación.
d) Remisión certificado de empresa.
e) Abono a SPEE de las prestaciones de que sea responsable por incumplimiento.
f) Pago delegado, en su caso.
g) Comunicar readmisión trabajador.
h) Variaciones en los supuestos de suspensión o reducción del art. 47 ET.

a) Cotización.
b) Proporcionar documentación relevante para el derecho.
c) Inscripción demandante de empleo.
d) Renovación demanda de empleo.
e) Búsqueda activa de empleo.
f) Participación en actividades de formación, etc..
g) Justificar comparecencia en servicios de empleo.
h) Solicitar la baja en la prestación.
i) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

- Las de la LISOS.

- Competencia del Orden Social.
- Obligación de reclamación previa art. 71 LRJS.

CAPÍTULO VIII Derecho supletorio

- La propia LGSS.